El crimen organizado en Argentina, pasa de la fase I a la fase II

Los argentinos vivimos un proceso de creciente criminalización. Estamos pasando de ser un país donde reina el crimen organizado a otro donde pueden imperar las mafias criminales. ¿Cuál es la diferencia? El salto de “calidad” lo da el involucramiento del poder político. Ambos buscan lucrar con el delito, pero las mafias, adicionan el apoyo de sectores políticos con poder.

por Alfredo Popritkin

Hasta ahora se habían cooptado, desde el propio gobierno, los organismos de control[1], la mayoría parlamentaria y parte de los medios de comunicación. También se neutralizó el sindicalismo y el empresariado[2]. A esta primera etapa la llamamos : fase I.

Durante el 2013 se avanzó sobre la justicia, con un nuevo reparto de organismos clave de la Procuración[3], con las llamadas leyes de democratización[4], sobre los grandes medios independientes[5] y las condiciones para la utilización de los organismos de inteligencia. Se encuentra en plena etapa de cumplimiento la fase II.

Dentro de esta misma fase II encontramos la siembra del “miedo”, que se aplica mediante correctivos por izquierda y por derecha dirigidos a magistrados[6]. A través de ellos se ha querido disciplinar a los cuadros judiciales con aspiraciones de crecimiento dentro del Poder Judicial.

El presupuesto del Estado es, a su vez, una herramienta funcional al plan de reunir votos[7] y adeptos[8], así como distribuir riqueza dirigida a los amigos del poder[9], que más tarde o más temprano invierten en aras de completar el plan trazado[10]. Las empresas altamente rentables operan como reservorios de capitales dispuestos a reinvertir en nuevas actividades funcionales a la acumulación de votos (poder), o bien nuevas oportunidades de adquirir empresas rentables, multiplicadoras de capital. Todo ello bajo una apariencia de licitud.

La cooptación y desnaturalización de los organismos de detección e investigación del lavado de activos, hacen virtualmente imposible reprimir los delitos que vinculan a las organizaciones y mafias dedicadas a la criminalidad económica en sus distintas formas.

La debilidad de la legislación tributaria, financiera y sobre lavado de activos, permite la adaptabilidad de esos capitales. Si se requiere dar cobertura a actividades delictivas, una legislación del perdón fiscal-penal es aprobada por la mayoría parlamentaria dominante, que obedece sin condicionamientos los mandatos de una estrategia central.

La criminalidad económica es profundamente perniciosa para los países que buscan despegar social y económicamente. La clase baja argentina, trabajadora, la clase media profesional, la de comerciantes y pequeño-empresaria, buscan los caminos del progreso, siguiendo las leyes del libre mercado. No les interesa recorrer el sendero fácil del delito, confían que la educación, el conocimiento y el trabajo conforman la base necesaria para acceder a una vida apacible.

Cuando a esta criminalidad se le agregan formas empresariales, más o menos complejas, se habla de “organizaciones criminales” cuyo desbaratamiento se dificulta en función de las estructuras que adquieren. Generalmente, solo se hacen visibles los miembros de la línea inferior, pero nunca se accede a los mandos medios y menos a las cabezas de cada organización. Ni hablar cuando estas organizaciones trasponen las fronteras del país, refugiando sus recursos mal habidos en paraísos fiscales, utilizando sociedades off shore o valiéndose de estrafalarios fideicomisos dúctiles para todo servicio de cobertura. A la distancia y bajo laxas legislaciones, se hace más difícil detectar, investigar, probar e incautar.

Cuando estas organizaciones tejen alianzas con el “poder político”, se transforman en mafias prácticamente invencibles, pues manejan enormes economías y altas cuotas de decisión, a todo nivel, que complementadas con penetraciones en la justicia y en los medios de comunicación, conforman un coctel invulnerable, que corroen hasta el último rincón de cualquier sociedad bien predispuesta.

Ni hablar si manejan información sensible. Cuando los sectores de “inteligencia” se desvirtúan y colocan al servicio del mal, todo es posible, nuestras vidas dejan de ser privadas y es el comienzo del fin, el acabóse de las libertadas individuales.

Todo indica que Argentina se dirige en esa dirección. Claros ejemplos de lo que nos puede pasar en un futuro próximo lo constituyen países como Colombia y México, y en cierta forma Venezuela. Todavía estamos a tiempo de detener el avance. Dentro del sistema democrático se impone una reacción de aquellos sectores conscientes del grado de desarrollo y peligrosidad en caso de continuar por ese camino.

Al ritmo que vamos, es posible que en el año 2014 se complete buena parte de la fase II, que dejará al país con muy escasas fuerzas de equilibrio verdaderamente democráticas. Que las elecciones nacionales previstas para el año 2015 nos encontrará débiles, si la sociedad civil no promueve medidas tendientes a frenar y revertir la degradación institucional que estamos padeciendo.

Paremos la arremetida a tiempo, utilizando las herramientas que nos brinda el sistema republicano. Necesitamos toda la lucidez y ayuda posibles. Que Dios nos ampare. 

Publicado en Agenda Oculta

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[1] UIF, Aduana, AFIP, ex ONCCA, OA, SIGEN, FIA, SEDRONAR, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, INADI.

[2] Excepto algunos sectores del campo.

[3] PROCELAC, organismo que creó la Procuradora General de la Nación, que coordina el lavado de dinero, delitos de corrupción, bancarios, económicos, tributarios y aduaneros, concursos y quiebras, del mercado de capitales y se puede inmiscuir en otros como narcotráfico y trata de personas, a través del área de asistencia técnica.

[4] Modificación del Consejo de la Magistratura, creación de tres cámaras de casación, limitación de las medidas cautelares contra el Estado, reducción de información en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, forma de ingreso de personal a la justicia y publicación por la Corte Suprema del trámite y resoluciones de las causas.

[5] Implementación estratégica de la ley de medios, pos fallo de la CSJN.

[6] Entre ellos los fiscales Guillermo Marijuán y José María Campagnoli y porqué no, Daniel Rafecas, entre los casos más conocidos.

[7] Subsidios, fondos fiduciarios, planes de ayuda, entre otros.

[8] Gobernadores e intendentes abrumados por la mayor o menor dosificación de recursos, en función a su grado de acatamiento a las directrices hegemónicas.

[9] Grupo Indalo, Grupo Lázaro Báez y Grupo liderado por Electroingeniería, entre otros.

[10] Recursos para adquirir medios de comunicación (C5N y radios), entretenimiento (Ideas del Sur), adquirir actividades estratégicas como energía (YPF y Petrobras), y las de alta renta asegurada como obra pública (Austral Construcciones y su grupo, como ejemplo) juegos de azar (casinos, bingos, máquinas tragamonedas).