Participamos en el Congreso de Trata y Crimen Organizado

La Alameda organizó un Congreso con expertos del país y del exterior

Especialistas judiciales, políticos, sindicales, religiosos y de organizaciones sociales tanto nacionales como de otros países debatirán durante tres días diagnósticos y políticas públicas para combatir efectivamente al crimen organizado, rescatar y reinsertar a las víctimas y avanzar hacia un país libre de mafias, esclavitud y exclusión.

En el panel de Lavado de Dinero y Crimen Organización disertarán Alfredo Popritkin, Presidente de Contadores Forenses ONG, Carlos Gonella, Fiscal General titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Eduardo Blanco Alvarez, experto contable que pasó por la AFIP, la OA y la FIA quien actualmente asesora en la UFASE.

El programa completo puede verse haciendo clic. El último día habrá talleres de debate y un plenario en el que todas las personas y organizaciones que deseen podrán confluir en la construcción de una red antimafia en base a conclusiones y consensos comunes para desarrollar acciones conjuntas en todo el país.

La Alameda considera que las redes de trata laboral y sexual, el narcotráfico, los gravísimos delitos ambientales, el lavado de dinero ilegal que es pasado fraudulentamente a la economía formal y el tráfico de bebes, entre otros delitos, forman parte de un entramado de crimen organizado. Esto es, la asociación de bandas criminales que operan junto a sectores del Estado ya sea policiales, políticos o judiciales complacientes con las mismas, sea mediante el cohecho o la participación directa en el ejecución de los delitos. 

Esa asociación configura una mafiosidad en el aparato del Estado y el crecimiento de mafias que actúan con libertad e impunidad seguras del encubrimiento que las respalda.

En la Argentina se estima en medio millón las personas esclavizadas en talleres clandestinos, campos, ladrilleras y diversas ramas de la economía. La mayoría de ellas han sido víctimas de trata con fines de explotación laboral y reducidas a la servidumbre. Miles y miles de chicos son sometidos a trabajo forzoso en el campo o en las calles,o son utilizados para redes de pedofilia o directamente vendidos desde su nacimiento mediante el tráfico de bebés. 

Alrededor de sesenta mil mujeres son esclavizadas en ocho mil prostíbulos en todo el país, muchas de ellas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hay también un crecimiento del tránsito, comercialización y distribución de cocaína al punto tal que nuestro país encabeza en latinoamérica el mayor consumo per capita según datos recientes de Naciones Unidas.

También son crecientes los numerosos casos de corrupción y malversación de fondos públicos alrededor de gravísimos delitos ambientales que se producen alrededor del negocio de las grandes mineras, las petroleras o las fumigaciones con agro-tóxicos que no sólo destruyen el medio ambiente, y enferman a poblaciones enteras.

Estos y otros delitos asociados al contrabando y la corrupción, generan millonarias masas de dinero en el circuito ilegal que luego son pasadas a la economía formal mediante el lavado de dinero, sea a través de sociedades anónimas o fideicomisos, sea a través del juego u otras maniobras fraudulentas ante un Estado que no persigue este delito y que solo tiene condenado por lavado a un carnicero cordobés.

En la Alameda sostienen que el incremento en los niveles de inseguridad está intimamente relacionado con el proceso de acumulación mafiosa del capital que está generando una casta empresarial de origen ilícito; que la mafiosidad que corroe al Estado lo atraviesa transversalmente y que involucra tanto a sectores del oficialismo como de la oposición en funciones ejecutivas; y que no se puede reducir el nivel de delito sin dar también en este campo una lucha despiadada contra las mafias. 

Si se persigue decididamente a las mafias desde sus guaridas más visibles hasta las oscuras sociedades off shore donde se lavan los activos del delito,se recuperarán miles de millones de pesos que podrían perfectamente servir para solucionar problemas de pobreza y exclusión y quebrar el espinazo de la mafia. Así también se reducirán significativamente los niveles de inseguridad que brotan de las mismas bandas liberadas del crimen organizado.

La Alameda ha demostrado en cientos de denuncias que han tomado estado público en estos años, que la mafiosidad que corroe al aparato estatal no es patrimonio de ningún partido y que lo atraviesa transversalmente en sus tres poderes. Pero también aprendimos en esta lucha que hay una transversalidad de ciudadanos honestos de diferentes creencias políticas y religiosas, que enfrentan como pueden a estas mafias desde su función o desde el territorio, la mayoría de lasveces aisladamente y a riesgo de sus vidas. La transversalidad de la mafia se organiza y disciplina alrededor de los negocios y el dinero.

Es hora de organizar la transversalidad de los que queremos un país sin mafias, esclavitud y exclusión y que más allá de las creencias políticas o religiosas, defendemos los valores de la libertad, la dignidad y el respeto por la vida. Es necesario comenzar a reunir voluntades de todos los que queremos un país sin trata, trabajo esclavo, narcotráfico, corrupción, lavado, contaminación y destrucción de los recursos naturales, más allá de las diferencias políticas o religiosas que podamos legítimamente tener.

El Congreso contra la trata y el crimen organizado se propone abrir un debate entre todos los sectores políticos, judiciales, sociales y religiosos que desean un país sin mafias y que han recorrido algunas experiencias en el combate contra estos flagelos y están dispuestos a socializarlas.

También se propone,para todos aquellos que voluntariamente lo deseen, comenzar a construir una red antimafia nacional en la que consensuemos puntos básicos de exigencias en materia de políticas públicas y de lucha en defensa de la vida y la libertad.