Esta medida beneficia a los peritos judiciales a quienes les interesa estudiar las incidencias de los trabajos periciales en la resolución de los pleitos, y así re-alimentar los conocimientos tendientes a su mejoramiento técnico profesional. También recae en beneficio de la sociedad civil y los justiciables en general.
Se conocen casos en los cuales algunos tribunales han negado el acceso a los pronunciamientos, lo que constituye un exceso injustificable.
El Máximo Tribunal sostuvo que la transparencia y publicidad de la gestión de gobierno son pilares fundamentales de una sociedad democrática, y reconoció que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, tal como lo señalara en su fallo en la causa “Asociación Derechos Civiles c/ EN – PAMI”.
También aseguró que “el principio de publicidad de los actos de gobierno es inherente al sistema republicano establecido en la Constitución Nacional, por lo que su cumplimiento es una exigencia ineludible para las autoridades públicas”.
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