El imputado Leonardo Fariña hizo referencia a un “plan
sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la
obra pública”.
Explicó que existía una estructura para la adjudicación fraudulenta de obra pública que involucraba al Ministerio de Planificación
Federal, la Cámara Argentina de la Construcción y a la SIGEN, y que favorecían a las empresas de Lázaro Báez y de Carlos
Wagner –presidente de la C.A.C-, tales como Austral Construcciones, Gotti,
Kank y Costilla, Sucesión de Adelmo Biancalani, ESUCO, etc.
Añadió la
participación en el esquema de la AFIP, la UIF y el BCRA. No sólo ello, sino
que también sugirió que la complicidad se extendía hasta el Poder Legislativo,
pues allí se aprobaba el presupuesto de donde salía el financiamiento para las
obras.
También aludió a la asignación de áreas petroleras a empresas de
Lázaro Báez (Epsur y Misahar), a la licitación de la represa Cóndor Cliff, al
otorgamiento de créditos hacia las empresas de Báez por parte del Banco de la
Nación Argentina y a la emisión del fideicomiso financiero en Nación
Fideicomisos (asunto en el que sí habría tenido intervención directa).
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