1.3.11

Buena investigación del Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN

Coscia, complicado por subsidios para el cine.

Nota del diario Clarín - http://bit.ly/HEivT7
31/01/11 Según un peritaje de la Corte, no había un sistema transparente para repartir fondos.


El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, ex presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), quedó complicado judicialmente a partir del resultado de un peritaje ordenado por el juez Claudio Bonadio, quien investiga el otorgamiento de subsidios para la realización de películas entre 2001 y 2007.

Coscia fue presidente del INCAA desde 2002, cuando gobernaba Eduardo Duhalde, hasta que se retiró en 2005 para asumir como diputado nacional electo por las listas del kirchnerismo. También afrontan problemas judiciales José Miguel Onaindia y Jorge Álvarez, quienes estuvieron antes y después de Coscia en el INCAA.

Bonadio recibió antes de fin de año el resultado de un peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de la Nación en el que se determinó que no había un sistema transparente de rendición de los gastos de los filmes que se hacían mediante los subsidios llamados 3-J. El subsidio es una excelente medida para promocionar a los directores jóvenes o fomentar producciones que el circuito comercial no financia. Pero, según las fuentes judiciales, en este caso el dinero otorgado cayó, en muchas oportunidades, en un agujero negro .

El material acumulado en el expediente se divide en dos partes. La investigación que hizo Bonadio es sobre 189 subsidios 3-J, que el presidente del organismo otorgaba discrecionalmente para solventar entre el 40% y 60% de los costos de algunos filmes. El avance del caso ha demostrado que esos subsidios se daban sin demasiados requisitos, con argumentos pueriles y se controlaban poco. El dinero que daba el INCAA –coproductor de los filmes– no tenía que ser devuelto , a diferencia de lo que ocurre con otros subsidios.

Según investigó el juzgado, los montos de las películas oscilaban entre los 300 y 600 mil pesos. Hasta ahora se ha comprobado que de los 189 expedientes de subsidios otorgados, en cuatro casos se hizo una evaluación artística previa a firmar el acuerdo de coproducción. En un caso se hizo un estudio de evaluación previa de costos.

Sólo en un expediente hubo intervención jurídica previa al contrato de coproducción . Y en tres hubo intervención de otros sectores administrativos del INCAA; esto, para los investigadores, es un indicio del grado de arbitrariedad con que se daban los 3-J. En 79 expedientes hubo rendición de cuentas.
En 110 no se justificó ni un peso de los gastos .

Con los subsidios 3-J se hicieron películas de directores principiantes, de organizaciones sociales y de reconocidas productoras. Algunas tuvieron repercusión. Otras pasaron inadvertidas, tan inadvertidas que la Justicia no sabe si se terminaron : apenas en 68 de los 189 hay constancias firmadas de que las películas fueron finalizadas.

La segunda parte del expediente judicial se armó cuando se detectaron graves irregularidades y sobre esas películas se pidió a los contadores de la Corte un peritaje. Unas 15 carpetas de 3-J fueron analizadas por los peritos, quienes concluyeron que hubo fallas en las rendiciones de facturas, de gastos de movilidad, de sueldos del personal y de honorarios cobrados.
Bonadio ordenó un nuevo peritaje sobre otras ocho películas.

Una de ellas fue producida por Julio Raffo , legislador porteño del espacio de Pino Solanas. Cuando termine el último peritaje, el juez estará en condiciones de pedir explicaciones tanto a los funcionarios como a los que hicieron las películas. Para intentar conocer cómo se usó el dinero público que tenía la intención de fomentar la producción cinematográfica.

Dinamizar la causa contra Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito



Esta causa con dos años y medio de trámite está aletargada. Pero además de avanzar lentamente, contiene errores y omisiones que hacen pensar que se demorará por largo tiempo más.

La pericia contable que será particularmente compleja, ni siquiera está en los planes del juez. Será una pericia que llevará mucho tiempo por la diversidad y complejidad del patrimonio, si es que el magistrado aspira a realizar un buen trabajo, sin omisiones.

Todavía no se incluyeron en el requerimiento de descargo de justificación patrimonial los activos más importantes: el avión y el yate.

Si se pregunta sobre el resto de los bienes, tal como pidió el fiscal, habrá que hacerlo nuevamente, pues no es lo mismo justificar 6 millones de dólares que 1,5 millones como ocurrió en estos días. Solo servirá para confundir y dilatar, pues habrá que hacerlo nuevamente.

Tampoco se consideraron el equipamiento y contenido de viviendas y hoteles, expensas, impuestos, e innumerables aumento de riqueza necesarios para cubrir estas erogaciones. Los inmuebles, automóviles, inversiones, barcos y avión, viajes y demás, generaron costos y gastos de mantenimiento que implican más dinero presuntamente mal habido. Nadie dice nada al respecto. No se computaron los muchos viajes al exterior que realizaron Jaime y su numeroso grupo de allegagos, ni las sumas por alquileres de taxis aéreos y departamentos que abonaron las empresas concesionarias. Es preciso tener en cuenta las conclusiones de la causa por dádivas.

No se inició la investigación de lavado de dinero realizado en Brasil, que habrá que decidir si se realiza en la misma causa o en otra nueva.

La investigación está en ascuas y si no se organiza el proceso y se programa en forma debida, podrá ser otro fracaso de la justicia federal y una nueva frustración de la sociedad.

Contadores Forenses ONG ha pedido colaborar en la causa, la Cámara indicó al juez que considere la posibilidad, pero a pesar de la. Insistencia de nuestra parte, por el momento fuimos ignorados por Oyarbide.

Luego de nuestra presentación del pasado lunes el juez impidió a Jaime salir del país con destino a Brasil, pero por el momento no se conocen otras medidas.