Los fondos podrán ser más reservados

Alfredo Popritkin
Investigador de Fraudes

Ha sido muy “inteligente” la ingeniería legislativa elaborada en agosto de 2006 por Ley 26.134.
Al derogarse las viejas leyes sobre fondos reservados en Argentina, ha cobrado importancia la ley de inteligencia que mantiene vigentes este tipo de gastos.
En modo alguno los fondos secretos dejarán de existir, por el contrario, no solo continúan vigentes, sino que se multiplicaron los organismos que los pueden recibir. El nuevo esquema legislativo eleva en 52 organismos los que pueden recibir fondos reservados, mientras que hasta ahora solo llegaron a un máximo de 13.
Entre los que se agregan están los 23 gobernadores de provincias, las 23 policías provinciales, Gendarmería, Prefectura, las comisiones de Defensa de ambas Cámaras del Congreso, el Consejo de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Si se le adicionan los 9 organismos que subsisten, hacen un de total 62, contando la SIDE, Presidencia, ambas cámaras del Congreso, los ministerios de Interior, Defensa y el de Justicia que reemplaza a Relaciones Exteriores, la Policía Federal y los Estados Mayores de Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La comisión bicameral será competente para supervisar y controlar los gastos reservados que fueren asignados a los integrantes del sistema de inteligencia nacional, sin necesidad de la rendición de cuentas que establecía la norma derogada. Todo lo que puede llegar a hacer la comisión legislativa es un mero “control de finalidad”, para conocer el destino dado a determinada partida, pero fuera de todo sistema contable o control riguroso alguno, lo que hace de por sí incompleta la única norma que quedó en pie.
La eliminación de controles y rendiciones, así como la supresión de la obligación de registrar las salidas de fondos, impedirá que los jueces puedan investigar posibles desvíos, por carecer de sustento jurídico para hacerlo. El retroceso de la nueva realidad legislativa, es significativo.
Sin perjuicio de ello, la eliminación de la norma de 1956 da paso a que estos fondos puedan ser autorizados por decretos o resoluciones, que sí pueden ser secretos. Pero, al no ser conocidos por el Congreso Nacional por quedar en la órbita del Ejecutivo, no le será sencillo proceder al control.
Como aspecto a favor se puede decir que la ley de inteligencia de 2001 que ahora adquiere relevancia, establece la elevación de un informe anual al Congreso Nacional por parte de la Comisión, pero lamentablemente, en los últimos cinco años no se ha presentado ninguno.

Links 2007
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