DOCUMENTO FARN
Legislación sobre tierras
la necesidad de un abordaje integral
El notorio aumento
en los últimos años de tierras en manos extranjeras ha causado la preocupación
de autoridades, legisladores y la comunidad en general. Esto motivó hace tiempo
el inicio de un debate sobre la necesidad o no de adoptar un régimen que limite
la posibilidad de compra de tierras a extranjeros. Dicho debate se vio
reactivado en abril de 2011 cuando el Poder Ejecutivo Nacional envío al
Congreso de la Nación un proyecto titulado “Protección al Dominio Nacional
sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
CONCLUSIONES
- • El proyecto tiene como objetivo primordial la protección y defensa de recursos naturales a los que considera como estratégicos, y se inscribe dentro de las tendencias del derecho comparado que cuenta con normativa que restringe la venta de tierras a extranjeros.
- • El instrumento normativo que sancione el Congreso de la Nación debe evitar incluir elementos que tiendan a discriminar a los extranjeros por su condiciones de tales o que puedan ser consideradas como xenófobas.
- • A todo evento se deberá tener presente que el artículo 20 de la Constitución Nacional protege los derechos de los extranjeros en nuestro país equiparándolos, con algunas restricciones, al de aquellas personas nacidas en el territorio nacional. Por ello, a la hora de establecer los criterios legales para estipular las prohibiciones de venta de tierras, deberá observarse el principio de razonabilidad, evitando vulnerar las previsiones dispuestas en el artículo 28 de la Constitución.
- • Si bien es cierto que el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional promueve un debate largamente postergado en nuestro país que es el vinculado con la tenencia de la tierra, es necesario tener presente que el mismo resultará insuficiente, en tanto no se aborde el tratamiento de otros aspectos que resultan íntimamente vinculados al mismo y que también tienen como objeto principal la protección de los recursos naturales, tales como el uso del suelo, el ordenamiento ambiental del territorio, la regulación de las unidades de producción y la extensión de la frontera agropecuaria, entre otros, los que reclaman la pronta sanción de instrumentos legales de similar alcance que el presente.
- • En esta línea, FARN considera imprescindible que el Parlamento avance en el análisis y tratamiento de una ley de Ordenamiento Ambiental del Territorio, tal como lo prevé la Ley N° 25.675, que permita al Estado contar con los instrumentos necesarios para ordenar y planificar las actividades económicas en el territorio y promover el desarrollo sostenible.
- • Resulta necesario efectuar un análisis pormenorizado de la legislación vigente relacionada con la temática abordada por el proyecto que se pretende aprobar en el Congreso Nacional. En este sentido, será necesario reformar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, plenamente vigente y, en referencia a la unidad económica de producción, se consideren las capacidades productivas de cada zona en particular y se respete la superficie mínima requerida para que la explotación sea rentable, ello con arreglo al Código Civil (artículo 2326).
- • De igual manera, sería deseable la creación de una normativa específica para la conservación privada que facilite el destino de predios en manos de privadas (sean nacionales o extranjeras) a la conservación.
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