El juez federal Norberto Oyarbide comenzó a analizar el extenso informe realizado por la División Patrimoniales de la Policía. El estudio de ese documento será tomado en cuenta para resolver el pedido del fiscal Jorge Di Lello de llamar a declaración indagatoria a más de 60 acusados.
Se trata del primer informe integral relacionado con las maniobras que se les achacan a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a varios socios y allegados de los exapoderados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.
Hasta ahora, Oyarbide contaba sólo con un estudio realizado por el Banco Central relacionados con determinadas cuentas bancarias, pero que no entrecruzaba los datos.
El juez le había encargado el 26 de octubre de 2011 a la fuerza de seguridad, la realización del estudio bajo la premisa de cruzar informes contables de la Fundación Madres, del Central, de la Inspección General de Justicia y de la AFIP, relacionados con movimientos financieros y cambios de cheques a cargo de los imputados en el expediente.
En paralelo el magistrado aguarda el resultado de una pericia contable, estudio que le encargó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema en conjunto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A través de ese peritaje, el juez espera establecer si hubo sobreprecios en la ejecución de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos, de Madres, o una eventual subejecución de las construcciones encargadas por el Gobierno nacional o las administraciones provinciales y municipales.
Oyarbide optó por reclamar los informes a la Policía Federal, la Corte y al Banco Centra,l en lugar de aguardar un estudio completo que preveía realizar la Auditoría General de la Nación (AGN).
En ese momento el juez hizo saber que prefería no estar sometido a los tiempos del órgano de control que maneja el radical Leandro Despouy. En cambio, la AGN arrancó con una auditoría a pedido del otro juez que estudia las obras de las Madres, Marcelo Martínez de Giorgi.
Hasta ahora, los informes del Central, los únicos incorporados a la causa, dieron cuenta de presuntos desvíos de fondos públicos por parte de socios o empleados de empresas cercanas a Schoklender, como Meldorek o Antártica Argentina.
El mecanismo detectado por la autoridad monetaria consistía en la supuesta derivación de recursos que salían del Estado nacional y que tenían como destino la fundación Madres, hacia compañías sospechadas de haber sido creadas al sólo efecto de absorber esos fondos. Y en el final de la cadena, el Central estableció que el dinero terminaba por ser cobrado por empresarios ligados a los Schoklender e incluso por empleados de escasos ingresos de las compañías señaladas.
Fuente: UBA y Ambito
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