Los controles que no funcionan

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El Estado argentino cuenta con suficientes controles. Los encontramos en los tres poderes del Estado.

Poder Ejecutivo

Cantidad de contadores, economistas, auditores, inspectores e investigadores integran la Contaduría General de la Nación (CGN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Todos ellos dedicados al control interno y de gestión, de las transacciones que realizan las diferentes dependencias del Estado.

Además, se les suman otros organismos que coadyuvan a efectuar controles, análisis e investigaciones, tales como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA), la Sueperintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Poder Legislativo

El control externo se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el organismo que asiste al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, que resulte completa, clara y veraz.

Poder Judicial

Dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se trabaja en la investigación de hechos delictivos. Se hace a través de estructuras propias y también con la ayuda de oficinas auxiliares.

Los 12 juzgados federales de la Capital Federal y muchos otros diseminados por el territorio nacional están dedicados a la investigación de casos criminales contra el Estado. Asimismo, las dos salas de la Cámara Federal y 6 tribunales orales federales.

Asimismo, dentro del Ministerio Público funcionan entidades con dedicación específica a estos casos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina de control de Delitos contra la Administración Pública, así como otras especializadas como Unidad Fiscal de delitos Tributarios y Contrabando, la Unidad Fiscal de delitos de Lavado de Dinero, la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, la Unidad Fiscal de delitos de la Seguridad Social, la Unidad Fiscal de delitos contra el PAMI y la Unidad Fiscal de delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil.

En ayuda del Poder Judicial, colaboran el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Procuración del Tesoro Nacional.

A pesar de estas super-estructuras al servicios del control de la administración pública y de las investigaciones delictivas, los sistemas de administración y control del Estado Nacional y el sistema judicial de investigaciones de delitos contra el Estado, funcionan -en general- con serias deficiencias.