Irregularidades encontradas por la AGN

Informe de Gestión 2002 a 2012

Se detallan algunas de las irregularidades detectadas por la AGN y expuestas en los respectivos informes
FONDOS FIDUCIARIOS
El informe de auditoría sobre el Fideicomiso del SISVIAL evaluó en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la gestión del fideicomiso entre 2005 y 2008 y encontró omisiones e irregularidades en la normativa aplicable al SISVIAL. También, la falta de un Plan de Obras Viales financiadas con el SISVIAL –aunque hay fondos disponibles–, lo que impide saber cuáles son las obras que se prevé financiar con fondos provenientes del fideicomiso y medir el grado de gestión del SISVIAL entre lo planificado y ejecutado en el período y el potencial desvío entre lo planificado y obras nuevas encauzadas, e incumplimientos de la normativa aplicable sobre ejecución presupuestaria, con relación a la fuente de financiamiento utilizada.

Con respecto a las privatizaciones de las entidades financieras provinciales y municipales, los créditos auditados no se ajustaron a las Normas Programáticas y Operativas del FFDP, y para el caso de la emisión de LECOP, se destaca que en los expedientes auditados no se encontró información sobre el valor de la deuda de la Nación con las Provincias que debía ser cancelada con la emisión de LECOP. Se detectaron varias irregularidades en las registraciones referentes al financiamiento y, al momento de la finalización de las auditorías, el Fondo se encontraba desfinanciado.

El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional fue creado en 1998 con el objetivo de asistir a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social, y se nutre financieramente de acciones del Banco Hipotecario S.A. y de lo producido de su venta, de recursos que le asignen el Estado Nacional, las Provincias y los Organismos Internacionales, y de lo producido de los empréstitos que contraiga el Fondo. 

Durante la crisis económica de 2001 y luego de la devaluación del peso, se produjo un incremento significativo de precios en el rubro de la construcción, materiales y equipos, lo que provocó un desajuste en los costos. A raíz de ello, durante ese periodo, la mayoría de las obras financiadas por el Fondo debieron ser paralizadas y hubo que diseñar una nueva metodología de determinación de precios. Al margen de ello, muchas obras aún seguían con un grave retraso a pesar de haber normalizado la metodología. Se detectaron irregularidades en las solicitudes de asistencia financiera como resultado de la cuales muchas jurisdicciones recibieron un total de asistencia mayor que la determinada en base a los coeficientes de coparticipación o eventualmente respecto de algunos otros indicadores objetivos. Como en la mayoría de los casos, se presentan fallas en la documentación, ya sea porque es incompleta o porque es errónea, lo que dificulta el seguimiento de los proyectos, entre otros inconvenientes.

Debido a la necesidad de contar con un marco favorable para apoyar la actividad económica y promover el desarrollo de microempresas para reducir la pobreza y generar empleo, se creó el Fondo Fiduciario de Capital Social (Foncap), con el objeto de facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de menores recursos a nivel nacional. Las auditorías hallaron debilidades y falencias en los procedimientos empleados que afectan su accionar y la consecución de sus objetivos, además de mostrar irregularidades en el funcionamiento de su dirección. Debido a las políticas de otorgamiento de créditos y del nivel de gastos de acuerdo a los ingresos generados, el capital fideicomitido se vio disminuido en un 33% durante el periodo auditado, a la vez que se produjo un importante aumento en la cuenta de “honorarios a directores”. La información financiera y contable del Foncap muestra una excesiva concentración de la cartera crediticia en pocos prestadores de servicios, a la vez que la mayoría de las operaciones que comprenden la cartera crediticia están previsionadas por incobrabilidad en porcentajes significativos.

Deuda Pública Externa con Organismos Internacionales de Crédito

En cuanto a las observaciones que se realizaron sobre los distintos empréstitos, la principal causa de irregularidades en todos los años residía en los procedimientos administrativos-contables –fallas en el registro, en los procedimientos de selección o contratación de consultores, y en los procesos de adquisición de bienes y servicios–. Es decir que la gran mayoría de los proyectos mostraron diferencias en los registros y la ejecución real, desfases en los registros por demoras en rendiciones, gastos correctamente valorizados pero imputados en líneas erróneas, diferencias de cambio mal calculadas, e incumplimiento de normas, pautas o procedimientos establecidos por las instituciones financiadoras para la compra de bienes, equipos y servicios y la contratación de consultores.

Deuda Pública Contingente por otorgamiento de avales del Tesoro Nacional

La Auditoría observó que la mitad de los avales presentaba irregularidades de tipo legal y/o económico, o bien avales cuya real situación no se pudo determinar. Es decir, los avales, en gran parte, carecen de marco normativo que legitime su existencia, se encuentran caídos por no haber sido canceladas las deudas según las condiciones originales, o el organismo no ha emitido una opinión sobre la real situación por no contar con documentación suficiente. Además, sólo el 18,57% del monto avalado cuenta con contragarantías a favor de la Secretaría de Hacienda, para el caso de que ese organismo tenga que afrontar el pago de la deuda ante el incumplimiento del deudor principal. En razón de ello, la AGN propuso condicionar en todos los casos el otorgamiento de avales a que el beneficiario ofrezca una contragarantía para la eventualidad de que incurra en incumplimiento.

ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

El dictamen de minoría se apoyó en el estudio del experto Jorge Lapeña, contratado a fin de analizar los costos de la obra de cada tramo y las causas objetivas (técnicas, económicas, legales y geográficas) que pudieran justificar diferencias entre los precios de cada unos de los tramos ejecutados con dos años de diferencia. También se tuvo en cuenta un trabajo suministrado por la entidad oficial contratante de las obras (CAF) a pedido del experto que no se contaba entre los papeles originalmente aportados por el auditado (la Secretaría de Energía); este documento correspondía al consultor de ingeniería que había preparado el precio máximo de referencia para la licitación. Ese precio máximo fue eliminado antes de la apertura de ofertas pero después del cierre de la venta de pliegos a los concursantes, en un procedimiento completamente irregular, que fue observado incluso por el propio oficialismo en su voto.

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En las DDJJ de los responsables del pago de regalías se observaron deficiencias formales (falta de sellos, etc.) que pueden esconder falsedades, no se adjuntan los comprobantes de pago de la regalía liquidada, hay casos en los que se incluyen liquidaciones incorrectas y no se verificaron acciones correctivas con relación a la modalidad y consistencia de la presentación de las DDJJ y algunas actividades tendientes a detectar irregularidades fueron ejecutadas en forma deficiente. Tampoco se constataron intimaciones o acciones correctivas de parte de la Secretaría de Energía ante los incumplimientos en la presentación en tiempo y forma de las DDJJ por los declarantes.

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Otras irregularidades: demora en la celebración del contrato de YPF para el desarrollo de un Banco de Datos, opacidad dentro de la empresa de la posible operación de compra de acciones para el control de Transener (compra de acciones de Citelec SA) sin intervención de la Comisión Fiscalizadora.

AYSA

En cuanto al nuevo ente de control, el ERAS, una auditoría señaló la demora del Ministerio de Planificación e Infraestructura en implementar el contrato de vinculación con el concesionario (firmado recién en 2010), la demora del ente en aprobar su reglamento interno (a dos años de su creación) y el régimen de sanciones al concesionario ante eventuales incumplimientos. El ente no recibió la propuesta de AySA para el reglamento de usuarios, no ha pulsado la opinión de los usuarios sobre su satisfacción por el servicio, ha efectuado una limitada publicación en la Web de sus resoluciones (sólo la mitad) y, en cuanto a su administración, se advierten diversas irregularidades en el sistema de compras y contrataciones.

SALUD

Los estados contables del PAMI han sido objeto de un regular seguimiento por la Auditoría, y también se realizaron estudios especiales para determinar debilidades y fortalezas de la gestión informática y comprobar la calidad y eficiencia en las prestaciones de salud y sociales –como salud mental, hemodiálisis, campañas de vacunación, el programa ProBienestar y la provisión de medicamentos ambulatoria–. En este sentido, se registraron irregularidades en el cumplimiento de formalidades varias, como las referidas a las transferencias de créditos y deudas del Instituto a la Tesorería General de la Nación.

Además:

• Las Unidades de Gestión Local (UGL) usualmente no dan cuenta de tiempos, formas y exposiciones de información, lo que dificulta la verificación interna; 
• existen varias omisiones o computaciones erróneas en los registros contables, se exponen deudas financieras de mucho tiempo atrás, de difícil exigibilidad;
• la previsión para juicios no es adecuada, ni tampoco se cuenta con normas y procedimientos que permitan fiscalizar el monto recaudado en concepto de aportes y contribuciones.

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En lo que respecta a las prestaciones de salud mental, se observaron irregularidades en el procedimiento de contratación de prestadores de los servicios de Salud Mental implementado por el PAMI y la estructura de pago establecida posibilita la existencia de distorsiones relevantes de precios.

El contenido del informe es el siguiente:

AGN: Informe de gestión 2002/2012