Se trata de dinero, casi todo proveniente de las arcas públicas, que salió de las cuentas de la Fundación a través de 12.297 operaciones. En todos los casos sus beneficiarios figuran como "sin identificar" en el informe del Banco Central.
Este documento releva en cambio, entre los beneficiarios que sí se conocen, a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que recibieron en sus cuentas personales 1.900.000 pesos y 11.203.760 pesos, respectivamente, sólo entre 2009 y 2011.
El ranking que elaboró el Banco Central de los principales destinatarios de fondos de la Fundación muestra un dato llamativo: dos sociedades anónimas dedicadas a actividades agropecuarias figuran entre los cinco principales destinatarios de dinero de las Madres. Son Cabaña Agropecuaria Zonda y Agropecuaria Monte León, que cobraron, entre las dos, cheques por un total de 55 millones de pesos.
Estas empresas, que no habrían dado contraprestación alguna a la Fundación, ya habían despertado sospechas. Sus autoridades están en la lista de imputados que el juez Norberto Oyarbide citó a indagatoria.
En este expediente judicial, Sergio y Pablo Schoklender están imputados -y estuvieron presos- acusados de fraude y lavado de dinero por el presunto desvío de dinero que debía destinarse a la construcción de viviendas. La sospecha del juez es que se habrían desviado 283 millones de pesos. El informe presentado por el Banco Central en el expediente refuerza esta hipótesis.
Advierte que las firmas Meldorek (de Schoklender) y Antártica Argentina, sospechadas de ser "fantasmas", recibieron $ 3.432.367 y $ 2.922.900 cada una entre 2009 y 2011, pese a que no se conoce contraprestación que justifique esos pagos.
En cuanto al origen del dinero, el informe sostiene que más del 90% provino de organismos públicos. Menciona a la Municipalidad de Tigre, con $ 118 millones; al Instituto de la Vivienda porteño ($ 81 millones), y al Tesoro de la provincia de Chaco ($ 39 millones). Más lejos de los principales aportantes aparecen otros organismos, como Télam, origen de $ 1,2 millones.
El informe fue elaborado por dos funcionarias de la Gerencia de Análisis de Operaciones Especiales del Banco Central, Anabella Bernardi e Irene Paula Veisberg. Ellas respondieron al pedido de Oyarbide de determinar "la ruta del dinero que fuera aportado por el Estado" en las cuentas de la Fundación y otras vinculadas. Ambas advierten que esos fondos se destinaron "al pago de haberes y a distintas personas físicas y jurídicas sin poder determinar exactamente la actividad desarrollada por ellas".
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