Bajo la apariencia de extender el sistema a los tres poderes del Estado y publicar las declaraciones en Internet, se retrocede en el detalle de los bienes e información que contienen. Además, se pierden los controles previstos en la legislación.
La nueva norma propuesta reemplaza los detallados formularios de la Oficina Anticorrupción, por globales y sintéticas DDJJ que se presentan ante la AFIP, lo que permitirá esconder buena parte de información trascendente.
En lugar de mejorar esa información agregando un detalle de los actividad de las sociedades que pertenecen a los funcionarios, nada de eso se consiguió, sino que se retrocede con datos sintéticos que no dicen nada a los analistas e investigadores.
Otro cambio sustancial que empeora el sistema, es la eliminación de la Comisión Nacional de Ética Pública, que debía ser integrada por reconocidos ciudadanos de prestigio y alta moral. Esta comisión nunca se puso en funcionamiento. En lugar de avanzar en ello, la nueva norma en estudio en el Congreso Nacional simplemente suprime esa comisión, eliminando así toda posibilidad de control serio e imparcial y despojada de partidismo político.
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