Mostrando las entradas con la etiqueta Enriquecimiento Ilícito. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Enriquecimiento Ilícito. Mostrar todas las entradas
18.12.14
17.12.14
Las Declaraciones Juradas patrimoniales de los funcionarios brindan menos información y son más difíciles de entender, después de la reforma de la ley. Veamos el video
Idea: ACIJ / Locución: Ana Pichón Rivière / Programa: La Otra Trama
Las declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios públicos son instrumentos clave con los que cuenta la ciudadanía y los organismos especializados para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. El libre acceso a información clara y completa de las DDJJ resulta de especial relevancia para detectar presuntos desvíos de fondos y prácticas corruptas en la administración de la cosa pública, y garantizar no sólo la transparencia y la efectiva rendición de cuentas gubernamental, sino el ideal de construcción colectiva de una democracia de calidad.
Sin embargo, el sistema de DDJJ en Argentina ha dado retrocesos significativos en los últimos meses. En mayo de 2013 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Publicidad de las Declaraciones Juradas de los/as funcionarios/as públicos de todos los Poderes del Estado, que complementa la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. A partir de las normas reglamentarias dictadas por los distintos poderes del Estado, se han producido serios déficits en materia de transparencia, en tanto la información disponible en las DDJJ se restringe severamente: ya no es posible acceder a la información correspondiente a los bienes de cónyuges e hijos/as menores, ni de empleos anteriores de los/as funcionarios/as públicos/as.
Reducir la información accesible de las DDJJ quita herramientas para detectar enriquecimientos indebidos y para combatir actos de corrupción -incluyendo eventuales vinculaciones entre funcionarios/as públicos/as y actividades delictivas de criminalidad organizada, entre otras-.
Es por ello que, como organizaciones integrantes de “La Otra Trama”*, desde ACIJ y Contadores Forenses compartimos el siguiente video explicativo que presenta los principales problemas de la normativa vinculada a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as, y llama la atención sobre la necesidad del íntegro cumplimiento de la Ley de Ética Pública para prevenir y detectar prácticas corruptas.
*La Otra Trama" es un espacio colectivo de organizaciones de la sociedad civil que, a través de un enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno al problema del crimen organizado en la sociedad argentina. La Otra Trama se propone hacer visible la dinámica del crimen organizado en el país, por medio de la investigación, difusión, sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la incidencia pública. Actualmente, integran La Otra Trama: Fundación Avina,Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Foro de Periodismo Argentino,Fundación Cambio Democrático, Fundación La Alameda, Contadores Forenses yFundación Crear Vale la Pena.
27.11.14
Lavado de Dinero a través de la empresa Hotesur: reportajes sobre las maniobras
%2B12.05.31.png)
Con motivo de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, respecto de la sociedad Hotesur S.A. de la que es accionista la presidenta Cristina Fernández, el periodista Luis Majul realizó un reportaje a Conforen.
%2B12.06.17.png)
Por idéntica razón un medio radial de la provincia de Mendoza se puso en contacto con Contadores Forenses.
El periodista Marcelo Arce nos formuló una serie de preguntas relativas a los alcances y curso de investigación.
Una preocupación creciente está en las dificultades de acceso a los balances de la sociedad. No solo se omitió su presentación en la Inspección General de Justicia, sino que, además, se desconoce si esos estados contables existen o fueron confeccionados.
12.9.14
El patrimonio de los funcionarios públicos analizado por dos periodistas reconocidos
%2B11.57.25.png)
El periodista Oscar Gómez Castañón realizó una entrevista a Alfredo Popritkin con motivo de la difusión de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
La nueva legislación introdujo cambios que dificulta el conocimiento de los ciudadanos sobre la evolución del patrimonio.
Todo ello se analiza en el reportaje además de señalar casos puntuales de algunos importantes funcionarios.
Audio del reportaje
%2B19.32.00.png)
El periodista Daniel Santoro realizó un reportaje a Alfredo Popritkin por la misma temática. En este caso, centrado en el patrimonio de la presidenta Cristina Fernández y el vicepresidente Amado Boudou.
También se analizó el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción y el resultado de la aplicación de la recientemente reformada ley sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Todo ello es con motivo de la reciente aparición de las declaraciones juradas del año 2013, publicadas en internet.
Audio de la entrevista
El periodista Daniel Santoro realizó un reportaje a Alfredo Popritkin por la misma temática. En este caso, centrado en el patrimonio de la presidenta Cristina Fernández y el vicepresidente Amado Boudou.También se analizó el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción y el resultado de la aplicación de la recientemente reformada ley sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Todo ello es con motivo de la reciente aparición de las declaraciones juradas del año 2013, publicadas en internet.
Audio de la entrevista
10.9.14
La presidenta CFK declara pasivos contra sí misma
%2B12.05.28.png) |
| Clarín 10/9/2014 |
En la declaración patrimonial del año 2013 la presidenta Cristina Fernández declara $5.000.000 de pasivos con empresas que le pertenecen a ella y su familia.
Cuando existen vínculos de control entre diferentes personas, los créditos y pasivos, así como los resultados recíprocos, deben eliminarse al momento de exponer la situación financiera y económica consolidada.
Estos criterios surgen de las normas contables profesionales de las ciencias económicas.
Esto ocurre en relación a las sociedades Hotesur S.A. y Panatel.
Además, cabe señalar la omisión en que incurrió la presidenta al no consignar en los años 2012 y 2013 el porcentaje de participación que posee en las sociedades Los Sauces, Hotesur, Panatel y CO.MA.SA.
Publicado en diario Clarín
Publicado en diario Clarín
8.9.14
Boudou rectificó los valores del Audi y sus motos
Un próximo peritaje contable deberá revisar el valor de compra del Audi A4 y de las dos motos importadas, pues las cifras fueron rectificadas en la declaración jurada, sin una razón que lo justifique.
Recalde cobra en Aerolíneas $ 183.000 por mes
La declaración jurada de Mariano Recalde permite establecer que percibe durante el año 2014 una retribución mensual superior a los $180.000.
Mientras la empresa Aerolíneas Argentinas pierde fortunas, de las que se hace cargo el estado nacional, sin que la gestión de Mariano Recalde pueda revertir la crisis, su responsable y titular cobra una remuneración muy elevada.
Recordemos que Recalde es un abogado que no tiene ninguna experiencia previa en empresas aéreas, sin embargo recibe retribuciones como si fuera un especialista en la actividad.
Patrimonio de los funcionarios públicos: su evolución mediante el análisis de las #DDJJ
 |
| Argentina para armar - TN 7/9/2014 |
Al segundo año de la reforma de la ley sobre declaraciones juradas de funcionarios se sigue avanzando, en cada vez menos transparencia.
Contadores Forenses está participando en una campaña nacional para difundir el retroceso de la reforma y para ello participamos de un informe elaborado por ACIJ, nos prestamos a los reportajes de algunas radios, dimos nuestra opinión a los diarios Clarín y La Nación. Además, este periódico se dedicó al tema en su editorial, tomando "Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por funcionarios denuncia "un preocupante retroceso" al comparar las exposiciones actuales con las de la ley de ética pública, de 1999. Si bien en la norma de hace un año se amplió la cantidad de funcionarios que deben realizar una declaración jurada, lo cierto es que desaparecieron varias exigencias que eran sumamente valiosas."
2.9.14
Clarín consulta a Contadores Forenses ONG por las DDJJ de funcionarios
.PNG) |
| Clarín 2/9/2014 |
Desde la presidenta Cristina Fernández a los miembros del gabinete todos presentan declaraciones juradas con menos información y la que se brinda es más difícil de interpretar.
El patrimonio de los funcionarios es cada vez más oscuro. Declaraciones juradas del año 2013
Confusión, dudas, opacidad, desinformación, tecnicismo, son algunos de los términos que nos vienen a la mente mientras analizamos algunas declaraciones juradas de funcionarios, subidas al sitio web de la Oficina Anticorrupción.
Su análisis para llegar a conclusiones pasó a ser una misión imposible.
Si lo viéramos desde la óptica de quienes impulsaron la reforma del año año pasado, diríamos: misión cumplida! Ahora sí que casi nadie podrá sacar muchas conclusiones, ni siquiera los más expertos.
Nos encontramos con rubros mezclados unos con otros, compleja
terminología tributaria, cálculos por diferencias o que siguen disposiciones
impositivas.
La propia presidenta Cristina Fernández explica al final de la
DJ 2013, explica de qué manera calculó el incremento en el valor de las sociedades que le
pertenecen y los criterios de valuación, basada en razones técnicas y escudada
en los impuestos a las ganancias y bienes personales, que no permiten
establecer con claridad el real incremento patrimonial de los funcionarios. Traducido: chino básico.
Antes de la reforma de la ley de declaraciones juradas, que
comenzó a regir el año pasado, la información brindada a los ciudadanos era
aceptable. En lugar de mejorar lo que ya existía, se degradó, a punto tal que
cada vez sabemos menos sobre el patrimonio de los funcionarios.
El formulario diseñado utiliza terminología tributaria por lo que el simple lector no entiende buena parte de lo que lee.
La nueva norma omite datos y bienes de familiares, de
sociedades, posibilita negocios incompatibles y mezcla monedas no homogéneas.
Esta mayor complejidad y confusión dificulta el control, las comparaciones y favorece las irregularidades y el fraude.
5.8.14
La pericia contable fue la prueba fundamental para confirmar el procesamiento del ex secretario de transporte Ricardo Jaime
+07.18.55.png) |
| Ricardo Jaime |
La Cámara Federal Penal, Sala I, ratificó y amplió los argumentos que dieron lugar a la decisión judicial, en especial se resalta la validez y valor probatorio del informe contable emanado de los peritos contadores oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la falta de justificación patrimonial.
Valor probatorio
Señala que ha de tenerse presente el valor que el Alto Tribunal otorga a las experticias llevadas a cabo por los peritos oficiales en su carácter de auxiliares de la justicia e identifica tres antecedentes de la Corte.
Que el magistrado no se encuentra sujeto a seguir tales conclusiones (del perito propuesto por la parte) ni obligado a su valoración cuando existen otros informes periciales -entre ellos el realizado por el perito oficial- que, debidamente considerados y evaluados a la luz del resto de las constancias probatorias reunidas, brindan una visión distinta sobre los hechos.
Insuficiente justificación patrimonial
Si bien aportaron diferente documentación para intentar respaldar el origen del dinero con el cual habrían obtenido todos sus bienes, tal como surge de lo explicado por los peritos contadores, los mismos eran insuficientes para cubrir tales sumas. En este sentido, ni A.J. consus ingresos de kinesióloga y cosmetóloga, ni su hermana L.J., dedicada a la docencia, percibieron ingresos suficientes para afrontar la adquisición de los rodados, inmuebles y acciones societarias que registraron durante el plazo bajo examen.
La compra del Lote ## del Barrio C.R., sito en San Isidro, fue adquirido por la suegra de Ricardo Jaime en abril de 2006 por la suma de casi medio millón de pesos cuando los magros ingresos de una jubilada lejos están de resultar capaces de alcanzar dicha cifra, tal como los peritos lo consignaran en su informe.
29.7.14
Entrevista de una radio a Alfredo Popritkin por el retroceso en el contenido de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios públicos
+18.42.27.png) |
| La Oficina Anticorrupción ya no controla bien |
La radio FM Wox de la ciudad de Rosario realizó un reportaje a Alfredo Popritkin en el programa La Brújula de la Mañana sobre la disminución de la información.
Se analizaron aspectos tales como información de los cónyuges, otras actividades paralelas que realiza el funcionario, sociedades que posee, entre otras modificaciones.
Este análisis se realizó con motivo de cumplirse un año desde la vigencia de la reforma de la Ley de Ética Pública, donde se visualiza la degradación de la información, sobre la base de un informe que efectuó ACIJ y que compartió Contadores Forenses.
27.7.14
Las declaraciones juradas de los funcionarios facilitan más el fraude al estado desde la reforma. Se aprecia claramente en los casos CFK y Boudou
 |
| La Nación 27 de julio de 2014 |
La presidenta María Cristina de Kirchner y el vicepresidente son accionistas de varias sociedades y a través de ellas ocultan bienes y actividades.
A partir de la reforma de la ley que regula el contenido de las declaraciones de los funcionarios, ya no se informa nada respecto de estas sociedades.
A la par, el gobierno actual creó un cepo informativo al negar la entrega de información sobre sociedades que se llevan en el registro público de comercio, en Capital Federal a cargo de la Inspección General de Justicia.
De esta manera la presidenta y vice y otros funcionarios que se enriquecen, esconden su patrimonio por este mecanismo, creando sociedades, ocultando en ellas importantes patrimonios.
Esta práctica, el uso de testaferros, cuentas en el exterior y sociedades off shore, completan un combo que disimulan u ocultan el enriquecimiento ilícito. El broche de oro lo viene a poner la reforma tras el slogan de la "democratización de la justicia".
En lugar que la reforma perfeccione la normativa sobre declaraciones juradas, cerrando el camino a estas prácticas fraudulentas, ocurrió todo lo contrario, se produjo un retroceso en perjuicio de los ciudadanos y la información pública.
Es por ello y otros aspectos, que resulta necesario retrotraer la última reforma y arbitrar los mecanismos para retornar a la situación anterior, primero, y luego mejorar las herramientas para controlar a los funcionarios.
28.5.14
La Corte Suprema reglamentó la forma de presentar las declaraciones juradas patrimoniales
Mediante una acordada la Corte Suprema estableció la forma en que los magistrados, secretarios y funcionarios de rango jerárquico o con capacidad de decisión en contrataciones, que pertenecen a su ámbito, deben presentar la información patrimonial.
Recordamos que tiempo atrás Contadores Forenses ONG se reunió con la Corte y allí se propusieron algunos cambios. De esas propuestas se acogió a la recomendación de publicar las declaraciones juradas en el CIJ (Centro de Información Judicial), a fin de mantener la independencia y distancia que deben tener los magistrados. Esta propuesta fue tomada por el Tribunal.
En cambio, no prosperó el pedido de mejorar la calidad de la información, tal como lo hemos expuesto en nuestra nota anterior publicada en este Blog (clic). Allí también publicamos la nota completa presentada en conjunto con otras organizaciones civiles.
Además, con la nueva acordada se requiere realizar un trámite de identificación para acceder a la información pública, mientras que solo se podrá acceder al legajo reservado mediante una orden judicial o una disposición de ambas cámaras del Poder Legislativo. Esta circunstancia aleja a los magistrados de los estándares adecuados de transparencia y de la posibilidad de ejercer el debido control ciudadano.
26.5.14
Los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires comienzan a presentar sus declaraciones juradas
De la lectura de esta ley publicada en enero pasado, comienza un período de organización del sistema, designación de las respectivas autoridades de aplicación y reglamentación.
Surgen algunas cuestiones que ya se deberían tener en cuenta o impulsar:
- Declaraciones juradas: quiénes y cuándo deben presentar las declaraciones juradas: empezar a cumplir.
- Integrar las respectivas Autoridades de aplicación (Art. 23.- Autoridad de Aplicación.- El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán designar su propia Autoridad de Aplicación).
Debe llamarse a concurso público (Art. 24 el representante máximo de cada uno de los poderes podrá reglamentar el funcionamiento de su Autoridad de Aplicación. La modalidad de designación del o de los miembros será mediante concurso público de oposición y antecedentes.
- Es de esperar que se dicte la reglamentación en un corto plazo.
- Se debe evitar que pase el tiempo. Si esto ocurre la autoridad de aplicación será -según la ley- la Auditoría General de la Ciudad.
25.5.14
Fraude de los funcionarios: se confirma el retroceso en la información sobre patrimonios
+20.22.50.png)
Al cumplirme un año de la creativa reforma de la ley, las declaraciones juradas de los funcionarios ocultan más información que antes de la modificación.
Tal como lo dimos a conocer desde que se conoció el proyecto, el cambio da como resultado que será más fácil enriquecerse en la función pública y más difícil demostrarlo.
Ello se debe a que los ciudadanos accedemos a menos información que antes de la reforma, sin que nada lo justifique.
Por el contrario, las reformas debieron haber mejorado la información, como por ejemplo en el detalle patrimonial de las sociedades que pertenecen a los funcionarios y sus familias o acerca de las cuentas o bienes que pudieren estar ocultos en entidades u otros países.
Nada de eso ocurrió, todo lo contrario, ahora ya no se conocerán más los bienes que los funcionarios adquieran a nombre de sus familiares, y acerca de los bienes inmuebles se dejan de conocer detalles fundamentales que hacen a su valor real.
Todo ello es resultado de una legislación tramposa impulsada desde el gobierno. En conclusión: hoy es un poco más fácil enriquecerse indebidamente sin ser detectado.
Por iniciativa de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo de Contadores Forenses ONG se impulsó una declaración y un minucioso trabajo que detalla los efectos de la reforma, así como lo que está sucediendo en cada uno del poderes del estado en materia informativa.
27.10.13
La pericia contable en la causa por enriquecimiento del ex juez Jorge Urso
 |
| Juez investigado por enriquecimiento ilícito |
Dos peritajes contables arrojaron resultados opuestos.
El primero, determinó que durante tres años el funcionario no pudo justificar el movimiento patrimonial.
El segundo, ha establecido que los gastos de los investigados (el ex juez y su cónyuge) han tenido correlato con su nivel de ingresos.
El perito contador oficial que participó del primer informe, ratificó su conclusión en una declaración testimonial que le fue tomada en el trámite de la causa.
Esa conclusión estableció que el imputado Urso no habría podido hacer frente a su mantención en base a los ingresos con que se ha contado, en los años 2001, 2002 y 2003, tal como puede advertirse de los saldos negativos que presenta el cuadro elaborado.
Luego del primer informe que comprometió a Urso, su perito de parte cuestionó el informe oficial. El juez Sergio Torres, a cargo de la investigación, dispuso una nueva pericia, que fue realizada por otro perito contador oficial junto al perito de parte de la defensa, que arrojó resultado favorable al imputado. Esta pericia fue tomada como base para sobreseer al ex magistrado investigado.
En la resolución de sobreseimiento el juez Torres omitió señalar las razones justificativas válidas y suficientes por las que se apartó del primer peritaje y tomó como válidas las conclusiones del peritaje que favoreció al sospechado.
10.10.13
La Corte Suprema dispuso la cesantía de un perito contador oficial. Sostuvo la "ilogicidad" de las conclusiones de la pericia
+15.23.25.png)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación por primera vez ha declarado cesante a un perito oficial. Se trata del contador Alberto Alonso, quien se ha desempeñado en el cargo durante aproximadamente treinta años.
Realizamos esta publicación por la trascendencia de la sanción, por la riqueza del material al que hemos accedido y por el aprendizaje que podemos obtener de todo ello.
Hemos analizado la resolución de la Corte Suprema, a la que es posible acceder. Pero también analizamos el recurso planteado por el contador Alonso.
Resolución de la Corte
La Corte Suprema de Justicia sancionó al perito contador que actuó en la causa por enriquecimiento ilícito del ex juez Juan José Mahdjoubian.
Se cuestiona que el perito frustró el cometido por haber realizado una comparación con una pericia anterior cuando ello no fue lo requerido; que debió realizar un nueva tarea pericial; que conculcó los principios de integridad y claridad que exige la finalidad para lo cual se lo requiere; que el perito actuó con renuencia de brindar a la juez respuestas incuestionables a consultas concretas que le efectuó al ser citado a prestar declaración testimonial; que se abstuvo de trasmitir al juez las conclusiones que se le requiere.
1.10.13
Manipulación contable que señala "Contadores Forenses" en la causa por enriquecimiento de Kohan
+13.30.11.png)
Contadores Forenses realizó un estudio de la causa, el juicio y la sentencia. En la nota publicada en el diario Perfil se resumen los principales aspectos que llaman la atención.
_______________________________________________
A Kohan no le cierran los números
Por Alfredo Popritkin (*)
_______________________________________________
Alberto Kohan durante el gobierno de Menem se compró un piso en Avenida Del Libertador, otro en la Avenida Coronel Díaz y una mansión en Acasusso. Se trasladaba con su familia en autos Mercedes Benz, BMW y Land Rover, veraneaba en Punta del Este donde tiene un lujoso departamento en la exclusiva Torre Jefferson.
+13.26.22.png)
Invirtió en la compra de un edificio en Puerto Madero, mediante una sociedad que formó con amigos. Tampoco le faltó la sociedad uruguaya –llamada Kingston- propiedad de la familia, con la que realizaron las transacciones que permitieron sortear impuestos y valores abultados de bienes en ese país.
Los ingresos de su cargo público y del registro automotor de su esposa no le alcanzaron para comprar los siete inmuebles, diez autos, un barco, una moto de agua y un exclusivo teléfono satelital de 12.000 dólares para mantener la privacidad de sus conversaciones. Todo ello durante los años que estuvo ligado al ex presidente Carlos Menem. Y esto es lo que el propio Kohan incluyó en sus declaraciones juradas, pues no se hizo una profunda investigación para saber si hubo omisiones o activos no declarados.
23.9.13
Sin una adecuada pericia contable cierran la investigación a Kohan por enriquecimiento ilícito
Un trámite particularmente sospechoso ha tenido el juicio oral que concluyó con la absolución del ex secretario de la presidencia del primer mandatario Carlos Menem.
Se tomaron como válidas las declaraciones testimoniales, sobre la base de un estudio técnico del contador de la defensa y no se realizó una completa y actualizada pericia con todas las evidencias, con inclusión de los informes y documentos agregados hasta la etapa de juicio oral.
El peritaje oficial realizado muchos años antes se encontraba incompleto y desactualizado, pues no había considerado las pruebas sumadas durante los últimos años, entre las que se encuentran la sociedad uruguaya familiar propietaria de un departamento en la ciudad de Punta del Este.
No es habitual que se omita dar intervención a peritos independientes, cuando la Corte Suprema cuenta con un cuerpo especializado en la materia. Ellos debieron realizar un nuevo y completo estudio pericial con el control de las partes. En este estudio debieron considerarse todas las evidencias incorporadas, incluso las agregadas en el juicio oral.
Todo ello con la aplicación de procedimientos y criterios técnicos correctos, a fin de establecer los superávit o déficit, período por período. En lugar de ello la fiscal se excedió, tomó decisiones que no le competían, omitió considerar evidencias de cargo, descartó períodos completos, entre otras acciones irregulares. El tribunal oral, por su parte, avaló la actuación cuestionable de la fiscal y no puso límite al llamativo accionar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)