Las declaraciones juradas de los funcionarios facilitan más el fraude al estado desde la reforma. Se aprecia claramente en los casos CFK y Boudou

La Nación 27 de julio de 2014

La presidenta María Cristina de Kirchner y el vicepresidente son accionistas de varias sociedades y a través de ellas ocultan bienes y actividades.

A partir de la reforma de la ley que regula el contenido de las declaraciones de los funcionarios, ya no se informa nada respecto de estas sociedades.

A la par, el gobierno actual creó un cepo informativo al negar la entrega de información sobre sociedades que se llevan en el registro público de comercio, en Capital Federal a cargo de la Inspección General de Justicia.

De esta manera la presidenta y vice y otros funcionarios que se enriquecen, esconden su patrimonio por este mecanismo, creando sociedades, ocultando en ellas importantes patrimonios.

Esta práctica, el uso de testaferros, cuentas en el exterior y sociedades off shore, completan un combo que disimulan u ocultan el enriquecimiento ilícito. El broche de oro lo viene a poner la reforma tras el slogan de la "democratización de la justicia".

En lugar que la reforma perfeccione la normativa sobre declaraciones juradas, cerrando el camino a estas prácticas fraudulentas, ocurrió todo lo contrario, se produjo un retroceso en perjuicio de los ciudadanos y la información pública. 

Es por ello y otros aspectos, que resulta necesario retrotraer la última reforma y arbitrar los mecanismos para retornar a la situación anterior, primero, y luego mejorar las herramientas para controlar a los funcionarios.