El gobierno declaró la emergencia con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado.
Considera delitos complejos el narcotráfico, contrabando de armas y drogas, asociación ilícita, corrupción, trata de personas, financiación del terrorismo, prostitución de menores y pornografía infantil, extorsión, tributarios y previsionales.
En particular se dispone la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos
materiales y tecnológicos de la zona de fronteras, así como las
medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la frontera norte permita un eficiente
control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y tránsito diario que se
despliegue dentro del espacio aéreo soberano, vigilancia y control en el ámbito de la frontera fluvial e hidrovías.
Se dispone la automatización en las
comunicaciones, se actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas, las
medidas necesarias para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos en todo tipo de
transporte comercial y la identificación de su propietario, poseedor, tenedor o despachante, la coordinación de acciones e
intercambio de información con el objeto de reforzar los medios de seguridad en todos los medios de
transporte aéreo.
Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de aviones hostiles.
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