Contadores Forenses junto a FORES y otras ONG participaron de una solicitud de audiencia a la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Mediante el accionar del gobierno nacional se producen constantes ataques contra la independencia judicial y del ministerio público en nuestro país tienen como objetivo lograr la cooptación de estas instituciones afectando el sistema democrático, la división de poderes y el estado de derecho, y de ese modo -entre otros objetivos- obtener impunidad en las investigaciones sobre graves hechos de corrupción.
La necesaria independencia de jueces y fiscales
La independencia es esencial para el ejercicio de la función judicial y debe ser garantizada por el Estado tanto en su faceta institucional como en la individual. También éste debe garantizar la apariencia de independencia que inspire legitimidad y confianza. La judicatura no puede estar subordinada a otros poderes ni pueden ejercerse sobre jueces y juezas presiones externas o restricciones por tribunales superiores.
Según ha expuesto la Corte Interamericana, el objetivo de la independencia judicial, “radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”. Lo mismo aplica para la actuación de los fiscales.
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