31/01/11 Según un peritaje de la Corte, no había un sistema transparente para repartir fondos.
El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, ex presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), quedó complicado judicialmente a partir del resultado de un peritaje ordenado por el juez Claudio Bonadio, quien investiga el otorgamiento de subsidios para la realización de películas entre 2001 y 2007.
Coscia fue presidente del INCAA desde 2002, cuando gobernaba Eduardo Duhalde, hasta que se retiró en 2005 para asumir como diputado nacional electo por las listas del kirchnerismo. También afrontan problemas judiciales José Miguel Onaindia y Jorge Álvarez, quienes estuvieron antes y después de Coscia en el INCAA.
Bonadio recibió antes de fin de año el resultado de un peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de la Nación en el que se determinó que no había un sistema transparente de rendición de los gastos de los filmes que se hacían mediante los subsidios llamados 3-J. El subsidio es una excelente medida para promocionar a los directores jóvenes o fomentar producciones que el circuito comercial no financia. Pero, según las fuentes judiciales, en este caso el dinero otorgado cayó, en muchas oportunidades, en un agujero negro .
El material acumulado en el expediente se divide en dos partes. La investigación que hizo Bonadio es sobre 189 subsidios 3-J, que el presidente del organismo otorgaba discrecionalmente para solventar entre el 40% y 60% de los costos de algunos filmes. El avance del caso ha demostrado que esos subsidios se daban sin demasiados requisitos, con argumentos pueriles y se controlaban poco. El dinero que daba el INCAA –coproductor de los filmes– no tenía que ser devuelto , a diferencia de lo que ocurre con otros subsidios.
Según investigó el juzgado, los montos de las películas oscilaban entre los 300 y 600 mil pesos. Hasta ahora se ha comprobado que de los 189 expedientes de subsidios otorgados, en cuatro casos se hizo una evaluación artística previa a firmar el acuerdo de coproducción. En un caso se hizo un estudio de evaluación previa de costos.
Sólo en un expediente hubo intervención jurídica previa al contrato de coproducción . Y en tres hubo intervención de otros sectores administrativos del INCAA; esto, para los investigadores, es un indicio del grado de arbitrariedad con que se daban los 3-J. En 79 expedientes hubo rendición de cuentas.
En 110 no se justificó ni un peso de los gastos .
Con los subsidios 3-J se hicieron películas de directores principiantes, de organizaciones sociales y de reconocidas productoras. Algunas tuvieron repercusión. Otras pasaron inadvertidas, tan inadvertidas que la Justicia no sabe si se terminaron : apenas en 68 de los 189 hay constancias firmadas de que las películas fueron finalizadas.
La segunda parte del expediente judicial se armó cuando se detectaron graves irregularidades y sobre esas películas se pidió a los contadores de la Corte un peritaje. Unas 15 carpetas de 3-J fueron analizadas por los peritos, quienes concluyeron que hubo fallas en las rendiciones de facturas, de gastos de movilidad, de sueldos del personal y de honorarios cobrados.
Bonadio ordenó un nuevo peritaje sobre otras ocho películas.
Una de ellas fue producida por Julio Raffo , legislador porteño del espacio de Pino Solanas. Cuando termine el último peritaje, el juez estará en condiciones de pedir explicaciones tanto a los funcionarios como a los que hicieron las películas. Para intentar conocer cómo se usó el dinero público que tenía la intención de fomentar la producción cinematográfica.
