Revelan un aumento en el movimiento de estupefacientes en el país como consecuencia del crecimiento del mercado local de usuarios.
Ello obliga a golpear el lavado de activos producto del narcotráfico.
Advierten que hay más actividad narco para la venta local.
En 2005 la Argentina reconocía un decomiso anual de 30 toneladas de marihuana, en promedio. En una década la cifra neta de secuestros de esa droga subió prácticamente un 500 por ciento.
El sector narco dedicado al transporte de la sustancia parece ser el más fácil de reemplazar. Incluso la pérdida de cargamentos está dentro de los parámetros aceptables de operación para las organizaciones narco con mejor logística. Así lo entendieron el año pasado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando incautaron 200 kilos de cocaína luego de varios meses de investigación. Un mes después de ese procedimiento, que incluyó allanamientos en varias provincias, los investigadores se sorprendieron al ver activadas nuevamente las comunicaciones de la banda, que recibió posteriormente otros tres golpes a su cadena de transporte y siguió firme con su tarea de introducir droga desde Bolivia.
Por eso, los investigadores oficiales consideran acertado frenar el ingreso de estupefacientes, pero con mayor énfasis en el ataque a las finanzas de las organizaciones.
Los principales referentes locales de la lucha contra el narcotráfico en los últimos 15 años coinciden en caracterizar a las bandas locales como "alejadas de los carteles internacionales", unidas más por lazos de sangre o de conocimiento personal y con estructuras financieras endebles y detectables. El clan de Los Monos es un ejemplo, para los analistas de fuerzas de seguridad, de esa clase de organización local, con capacidad de acción reducida a una zona específica de Rosario y maniobras poco sofisticadas de lavado de dinero.
En ese sentido, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tiene identificadas 29 causas con incautación de divisas del narcotráfico en diversos juzgados federales, con $7.568.486.130 embargados desde 2013. Además, en esos expedientes figuran el secuestro de 176 inmuebles y el procesamiento de 47 personas, de las cuales 31 están encarceladas con prisión preventiva por lavado de dinero en causas narco.
