Los sorteos de las causas a jueces federales serán publicados en tiempo real

Así publica el CIJ

En los últimos años se han acrecentado las dudas y sospechas sobre la regularidad de los sorteos. Estas dudas aumentaron cuando ciertos casos sensibles fueron asignados a jueces sospechados de imparcialidad.

El Centro de Información Judicial publicará en su sitio los sorteos. Al respecto, el CIJ señala:

La información a la que accederá en este sitio corresponde a la asignación de casos, por sorteo entre los Juzgados Federales Penales de la Capital Federal en turno. Dicho sorteo se realiza mediante la utilización del Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial de la Nación (Acordada 14/2013 C.S.J.N.) en la Mesa General de Entradas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sita en la Av. Comodoro Py 2002, 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La publicación que sigue tiene como única finalidad proveer al acceso a información pública desde un ámbito diferente del limitado espacio físico de la Mesa General de Entradas (Acordadas 37/2012 y 51/2012 C.C.C.Fed.).

Los datos consignados son los que se emplean para configurar la carátula de los expedientes para su identificación. Cualquier información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

ACLARACIONES 

1) El número de expediente se integra con las siglas que identifican la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

SIGLAS / CÁMARAS:

CFP   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

CCC   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CAF   Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

CPF   Cámara Federal de Casación Penal

FRO   Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

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Vínculo con los sorteos: http://www.cij.gov.ar/sorteos

El fiscal planteó el enriquecimiento injustificado del funcionario menemista Alberto Kohan

Una vez más la pericia contable es la base del juicio

En el comienzo del juicio oral la acusación da cuenta del enriquecimiento desmedido en $1.200.000 que no encuentran justificación.

Kohan no ha podido demostrar la forma en que llegó a acumular la cantidad de nueve inmuebles, tres automóviles, una embarcación y la cantidad de 93 armas de fuego.

La pericia contable realizada por una perito contadora oficial y peritos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fueron las pruebas clave que aportaron información para llevar adelante el juicio que se ha iniciado.

Pericias contables: una justicia temerosa

Caso Boudou

No es posible investigar nada si el "investigador" no tiene toda su energía puesta en llegar a los mejores resultados posibles, como dicen, a la verdad real.

Si esto ocurre, es decir, si no se trabaja con amplia libertad, los resultados y conclusiones son amorfas, no dicen nada, están llenas de "ni", de muchas dudas y pocas respuestas.

Esto ocurrió con la única pericia contable realizada en la investigación del patrimonio de los Kirchner. Ese peritaje es formalmente irreprochable, pero, poco claro, amañado, nada contundente en especial respecto de Néstor Kirchner, cuya conclusión introdujo una terminología ambigua, confusa, que sirvió para que el cuestionado juez Norberto Oyarbide lo tomara tal como deseaba desde antes de iniciar la investigación: sobreseimiento.

Ahora se viene el peritaje contable del vicepresidente Amado Boudou quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. ¿En qué coyuntura? La peor, veamos. El juez y el fiscal: desplazados a instancias del imputado (Boudou). Un Cuerpo de Peritos diezmado, con un plantel de la mitad de sus miembros, que suman una decena, nada más.

Si a ello agregamos el reciente paquete de leyes que pone contra la pared al Poder Judicial, mal llamadas de "democratización", en especial, aquella que elimina información patrimonial de los funcionarios y su posible "enriquecimiento" y tenemos en  cuenta los embates del Poder Ejecutivo al Judicial y el silencio de radio de la Corte Suprema, nos encontramos en el peor de los mundos.

Todas las condiciones indican que la investigación patrimonial del vicepresidente, no será como Dios manda. Creemos no equivocarnos en el pronóstico: es altamente probable que nada pase. Que volvamos a tener una pericia contable "lavada" y una sentencia con anunciado sobreseimiento. Si fuese así, ¿apelarán los fiscales?, quienes ya no están bajo la conducción de Righi, sino de un nuevo personaje que hasta ahora no respondió a las expectativas iniciales, la Procuradora Gils Carbó.

Hay una pieza del tablero cuya movida se desconoce. No está claro cómo resultará la pulseada entre los fiscales de "justicia legítima" y los restantes.

Las pericias contables y el testimonio del contador Alfredo Popritkin en la causa por el contrabando de armas contribuyeron a dictar la sentencia contra el ex presidente Carlos Menem, el ministro Oscar Camilión y varios funcionarios y personas involucradas

7 años de prisión para Carlos Saúl Menem y su desafuero como senador nacional. Además de las condenas y demás sanciones se dispuso el decomiso de fondos mal habidos.

Amenazas reiteradas al fiscal que investiga el más trascedente delito contra el estado

Los jueces y fiscales, al igual que los peritos y otros funcionarios que investigan delitos económicos sensibles y emblemáticos, como es el caso "Lázaro Báez", deben actuar con absoluta libertad e independencia.

El fiscal Guillermo Marijuán ha sido amenazado una vez más, él y su familia.

En la carta de lectores publicada por el diario La Nación expresamos:

AMENAZAS A UN FISCAL
Los fiscales acusan con libertad y los jueces resuelven con independencia. Esto debe ser lo normal, sin nada que lo afecte. A pesar de que las amenazas recibidas por el fiscal Guillermo Marijuan dieron origen a una investigación penal y de que hubo pronunciamientos y apoyos de referentes y organizaciones sociales y de la comunidad judicial y del derecho, nada se ha descubierto hasta el presente. Lo más grave es que hubo una nueva amenaza a la integridad de su familia y su persona.

Se hace necesario que esta situación concluya de manera urgente, porque cuando la amenaza se hace hábito, la impunidad del delito se torna realidad y la justicia que lo persigue se convierte en simulacro. Esta situación desnuda la impotencia de un Estado para garantizar que sus funcionarios cumplan con su labor, por lo que ya no es un fiscal el amenazado, sino el sistema republicano en su conjunto. Las cabezas de las áreas competentes de los tres poderes del Estado deberían pronunciarse sobre el tema, tomar cartas en el asunto y poner en marcha los mecanismos a su alcance, para un esclarecimiento total. No sólo es necesario dar con los responsables, sino que debe ser en breve plazo, pues, mientras tanto, Marijuan debe seguir investigando con la tranquilidad que se requiere y para ello se debe conocer el origen de las amenazas y saber con certeza que no volverán a producirse.