Un año después de haber sido anunciada, en octubre se pondrá en marcha una pericia que prometió el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en la que se investiga la gestión de Sergio Schoklender en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y a un costo de 605 mil pesos. Se trata de un estudio encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para establecer eventuales inconsistencias entre los montos pagados por Nación, provincias y municipios por las obras y su ejecución real.
El informe, que demandará cuatro meses, fue autorizado el 27 de agosto último por la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura con la partida presupuestaria correspondiente, y el mes que viene será aprobado por el plenario del cuerpo. La semana pasada la confirmación llegó a los tribunales federales.
Una de las razones que expuso Oyarbide en septiembre de 2011 para encargarles el trabajo a los técnicos de la UBA era la supuesta demora que había detectado por parte de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. Sin embargo, en ese organismo se encuentra en plena ejecución una auditoría similar, cuyos resultados serán volcados en un expediente paralelo que tramita el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
En septiembre del año pasado, cuando habían pasado tres meses del inicio del expediente judicial, Oyarbide comunicó que había resuelto pedir dos estudios: uno, al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, para establecer la ruta del dinero público. Y el otro, a Ingeniería, para determinar si los montos pagados por las obras tenían correlato en los avances de obra en cada localidad en la que se hubiesen comenzado las tareas de construcción.
La pericia recién estará en condiciones de comenzar pasada la primera semana de octubre, una vez debatida y aprobada por el próximo plenario del Consejo de la Magistratura. En el cuerpo negaron ser responsables de la demora al afirmar que el tratamiento del pedido no demoró más de una semana una vez ingresado.
El pedido del juez generó debate en la Comisión de Administración. El consejero Daniel Ostropolsky, representante de los abogados, objetó los 605 mil pesos pedidos por la UBA, así como otro punto inusual que levantó suspicacias: los peritos exigieron el pago de sus honorarios por adelantado, según le informó a este diario Oscar Aguad, diputado radical e integrante político del consejo. Aunque no participó de la reunión de comisión, el legislador afirmó sin embargo compartir con Ostropolsky su preocupación por el valor tasado para el informe.
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