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1.12.17

Finalizó el curso de actualización sobre Pericias Contables Penales Anticorrupción

Los contadores Quintino P. Dell´Elce y Alfredo Popritkin dictaron el curso de actualización sobre Pericias Contables  Penales Anticorrupción, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia creó hace un tiempo el Cuerpo de Peritos Anticorrupción, que se viene integrando en forma gradual, por profesionales de diferentes especialidades, entre ellos, por contadores públicos.

Durante el corriente año se llevó a cabo la selección de nuevos integrantes a formar parte de este cuerpo pericial, razón por la cual resultaba oportuno reunir a los profesionales interesados en estas materias y trasmitir la experiencia acumulada y en particular, las novedades que se sucedían entre clases y clase, paso a paso.

Es por ello que se llevaron a cabo dos cursos, dado que el primero de ellos cubrió la totalidad de las vacantes disponibles. Durante las reuniones que se fueron extendiendo a lo largo del segundo semestre del año, se analizaron casos de la realidad, normativas de la Corte Suprema en relación a los peritos, el funcionamiento de los cuerpos periciales, se relataron experiencias de los expositores mientras se desempeñaron como peritos contadores oficiales de la Corte Suprema, así como la experiencia reunida como miembros de "Contadores Forenses ONG", así como también la experiencia recogida como profesionales independientes.

Las reuniones estuvieron basadas en casos de la realidad, sobre temas del pasado y actuales, utilizando material de apoyo y se caracterizaron por el fluido intercambio y participación de los cursantes.

13.9.12

Una costosa y demorada pericia en la causa Schoklender

Un año después de haber sido anunciada, en octubre se pondrá en marcha una pericia que prometió el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en la que se investiga la gestión de Sergio Schoklender en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y a un costo de 605 mil pesos. Se trata de un estudio encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para establecer eventuales inconsistencias entre los montos pagados por Nación, provincias y municipios por las obras y su ejecución real.

El informe, que demandará cuatro meses, fue autorizado el 27 de agosto último por la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura con la partida presupuestaria correspondiente, y el mes que viene será aprobado por el plenario del cuerpo. La semana pasada la confirmación llegó a los tribunales federales.

Una de las razones que expuso Oyarbide en septiembre de 2011 para encargarles el trabajo a los técnicos de la UBA era la supuesta demora que había detectado por parte de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. Sin embargo, en ese organismo se encuentra en plena ejecución una auditoría similar, cuyos resultados serán volcados en un expediente paralelo que tramita el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En septiembre del año pasado, cuando habían pasado tres meses del inicio del expediente judicial, Oyarbide comunicó que había resuelto pedir dos estudios: uno, al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, para establecer la ruta del dinero público. Y el otro, a Ingeniería, para determinar si los montos pagados por las obras tenían correlato en los avances de obra en cada localidad en la que se hubiesen comenzado las tareas de construcción.

La pericia recién estará en condiciones de comenzar pasada la primera semana de octubre, una vez debatida y aprobada por el próximo plenario del Consejo de la Magistratura. En el cuerpo negaron ser responsables de la demora al afirmar que el tratamiento del pedido no demoró más de una semana una vez ingresado.

El pedido del juez generó debate en la Comisión de Administración. El consejero Daniel Ostropolsky, representante de los abogados, objetó los 605 mil pesos pedidos por la UBA, así como otro punto inusual que levantó suspicacias: los peritos exigieron el pago de sus honorarios por adelantado, según le informó a este diario Oscar Aguad, diputado radical e integrante político del consejo. Aunque no participó de la reunión de comisión, el legislador afirmó sin embargo compartir con Ostropolsky su preocupación por el valor tasado para el informe.

14.3.12

Ricardo Jaime: Con retraso se dispuso la pericia contable



Los peritos contadores de la Corte Suprema examinan sus cuentas y las de su familia para determinar si se enriqueció ilícitamente cuando fue secretario de Transporte.
El juez Norberto Oyarbide ordenó el inicio del peritaje contable para determinar, si como lo dijo el fiscal Carlos Rívolo, el círculo familiar y de negocios no pudo justificar bienes por una cifra cercana a los $12.000.000.
El juez les dio a los peritos 20 puntos de pericia para realizar una verdadera radiografía de los bienes que desde 2003 y hasta julio de 2011 (dos años más de lo que Jaime estuvo en el cargo) consiguieron tanto él como quienes lo rodeaban.
El peritaje deberá establecer si Silvia Reyss, ex pareja de Jaime, tenía ingresos para comprar tres autos, un yate, un departamento en Río Gallegos, una casa en un country en Córdoba, las acciones de la empresa que armó con sus hijas, un departamento en Florianópolis. También se debe explicar cómo hizo Julieta Jaime una de las hijas del ex funcionario para comprar una casa en Carlos Paz con sus magros ingresos. Se debe determinar cómo hizo María Filomena Pfaffen, 82 años, madre de Reyss y jubilada, para adquirir una casa en un country en San Isidro-que usaba Jaime- por un valor de $450.000. Un ejecutivo de la Terminal de Retiro, a la que Jaime debía controlar, compró en comisión esa casa en San Isidro para que la anciana descansara a más de 2000 km de su hogar en Río Gallegos.
De los 20 puntos que Oyarbide pidió que los peritos analicen hay varios que se relacionan con el empresario Claudio Cirigliano, quien tuvo con Jaime un vínculo muy cercano, a pesar de que el ex secretario debía controlar a las empresas del Grupo Plaza y Trenes de Buenos Aires (TBA). Por ejemplo, los peritos deben determinar cómo fue la compra de un yate de U$S 1.000.0000 que se investiga si es de Jaime:en esa operación participaron allegados a Cirigliano. Un auto y la lancha que estaban a nombre de Reyss tenían domicilio en una oficina ligada a Cirigliano. La compra de un avión de U$S 4.000.000 que Jaime usaba como propio y se cree que adquirido con el aporte de varios empresarios del transporte también entró en el peritaje.


10.3.12

Bonadio ordenó un peritaje para determinar cómo gastó la empresa los fondos recibidos



En casos excepcionales, trascendentes y complejos los jueces suelen designar más de un perito oficial de la Corte Suprema para actuar en las pericias.

En momentos en que el plantel del Cuerpo de Peritos Contadores está reducido a la mitad, dado que solo once contadores atienden todos los casos de delitos económicos que llegan a la justicia penal, ahora se suma éste mega peritaje, que además tiene el aditamento de la urgencia que le ha trasmitido la presidente y que requiere la sociedad, en especial las víctimas y familiares. Además el juez fijó un plazo de 30 días para su realización.

La pericia pide un análisis de cinco años de operaciones de fondos provistos por el Estado en concepto de subsidios, y de la aplicación que la empresa concesionaria realizó de esos recursos. El alcance de la pericia contable se extiende a la CNRT al solicitar información sobre la reacción del organismo de control en relación a los desvíos de fondos y las sanciones aplicadas.

La decisión de Bonadío colisiona con la acordada de la Corte que dispuso que los jueces no pueden indicar qué perito contador interviene en un determinado caso, sino que ello debe surgir de un sorteo informático, razón por la cual habrá que ver cómo se conforma la comisión pericial de peritos oficiales. Ello tiene su origen en la pericia que se realizó en la causa por enriquecimiento ilícito de los presidentes.

Seguidamente agregamos la nota del diario La Nación, que abordó este tema.

La Justicia investiga si existieron "desvíos" en los subsidios a TBA



El juez federal Claudio Bonadio ordenó determinar si hubo "desvíos" en los subsidios que recibió del Estado, desde 2007 hasta hoy, Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria que tenía a su cargo el tren de la tragedia de Once.


También que, de constatarse esos desvíos, se le informe cuál fue la reacción de la autoridad de control: si éstos fueron "observados" y si "se concretó alguna acción legal correctiva". Entre 2003 y 2010, TBA cobró 1924 millones de pesos en concepto de subsidios, que en los últimos años se convirtieron en los principales ingresos de la empresa.
Bonadio encomendó la tarea, anteayer, a un colegio de peritos, que, por orden del juez, deberá estar presidido por el decano del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, Héctor Chyrikins, y otros dos expertos oficiales que se designarán por sorteo. Bonadio pidió que lo hicieran ellos "en virtud de la excepcionalidad de la presente causa en razón del interés público comprometido en virtud del fallecimiento de 51 personas y la existencia de más de 700 personas heridas".
Se tratará de un gigantesco peritaje que deberá responder, en un plazo de 30 días, a 17 puntos detallados por el juez. Hasta ahora, Bonadio se había concentrado en averiguar cómo fue el choque, en qué estado estaba el tren y qué responsabilidad le cabía al maquinista. Para eso, dispuso el primer peritaje, que está en manos de un grupo de expertos en ingeniería ferroviaria.
El nuevo estudio que dispuso avanza, en simultáneo, en otra línea de investigación: las condiciones del servicio. Determinar, por lo pronto, si la empresa concesionaria manejó como debía los millones que recibió del Estado y, de no haber sido así, qué hizo el Gobierno al respecto.
Esta línea fue señalada, desde sus primeras presentaciones en la causa, por el fiscal Federico Delgado, que le había solicitado al juez que se hiciera de los documentos de TBA e investigara cómo gastó la empresa los fondos públicos que recibió.
Pero, entonces, para Bonadio aún no era el momento de pensar en los subsidios. Esta diferencia provocó el primer roce entre el juez y el fiscal, que hoy están abiertamente enfrentados. Hasta tal punto que esta semana Delgado acusó por escrito al juez de esconderle el expediente e impedirle cumplir con su "rol de acusador". El peritaje contable ordenado por Bonadio anteayer deberá elaborar una tabla con todos los subsidios, identificados uno por uno, que recibió TBA desde 2007, agrupados por mes y por línea ferroviaria; la norma legal que autorizó a entregarlos y el destino previsto.
También, los ingresos recibidos por la compañía "por otros conceptos" (por ejemplo, pasajes) y cada uno de los gastos en los que incurrió, con especial detalle en lo que respecta a los de mantenimiento.
Además, el juez pidió determinar si existieron distribuciones de dividendos entre los accionistas de TBA y si se pagaron honorarios a los miembros del directorio de la compañía. Cómo se aprobaron, cuándo y por qué montos.
También, que "informe si resulta cumplido el destino de los fondos conforme a los programas previstos y determine los desvíos observados, si los hubiere". De ser así, que se indague si tales desvíos fueron subsanados, si los observó la "autoridad de control" y si dispuso alguna sanción.
El juez notificó del peritaje a las partes del proceso que -según prevé la ley- podrán designar sus peritos. Como el Estado fue aceptado como querellante por Bonadio la semana pasada, el Gobierno tiene derecho a elegir a un experto de su confianza para participar del estudio.
Por Paz Rodriguez Niell
Fuente: La Nación

El Diario Tiempo Argentino abordó el tema:


El juez Bonadío ordenó investigar las cuentas y el patrimonio de TBA

El magistrado ordenó una pericia contable para conocer qué ingresos recibió la concesionaria en materia de subsidios estatales



En la causa caratulada “Córdoba, Marcos Antonio s/descarrilamiento”, está claro que para el juez el conductor del tren no es el principal responsable de la tragedia. De hecho, ordenó una pericia contable para determinar qué ingresos percibió la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) por subsidios estatales y tarifas por pasajes, para determinar la situación patrimonial de la firma de los hermanos Cirigliano. Con esos datos, el punto siguiente de la pericia será establecer cuánto invirtió en “mantenimiento del material rodante y sistema de vías”.

La ecuación tiene una tercera pata, que se desprende de documentación que el juez ya analizó: qué obligaciones asumió la empresa.

La pericia consta de 20 puntos. Si bien el juez aspira a que los resultados fluyan rápidamente, lo cierto es que el trabajo no comenzará de inmediato. Bonadío notificó a todas las partes y les informó que pueden designar peritos de parte para que intervengan en las experticias, con el objetivo de garantizar el control de la prueba.

Por su parte, el Diario Página12, agrega:


Hora de peritajes contables




Que los peritos informen para qué se usaron en cada caso y si cumplieron la finalidad establecida o si hubo “desvíos”; también solicitó que precisen otros ingresos y todos los egresos de dinero.

Requirió a la vez precisiones sobre los montos de dividendos y honorarios que distribuyó la empresa a accionistas y directores respectivamente; pidió determinar, por último, qué tipo de controles hubo sobre los subsidios desde la Secretaría de Transporte y si realizó observaciones o impuso sanciones de algún tipo. En total son 17 puntos de pericia.

Los investigadores cuentan con los libros contables de TBA, que la Justicia ya secuestró. Las cifras de subsidios se compararían con informes de la Jefatura de Gabinete.

El juzgado también dispone de todos los informes de los últimos años de la AGN, que incluso el propio titular, Leandro Despouy, fue a explicarle en persona a Bonadío. En el más reciente, que abarca la gestión de TBA hasta 2010, la auditoría dice que en siete años recibió transferencias del Estado por 1924 millones de pesos; los subsidios, añade, aumentaron un 146 por ciento entre 2006 y 2010. En 2003 representaban el 33 por ciento de los ingresos de TBA y seis años después llegaron a representar el 75 por ciento.

Ahora los peritos de la Corte tendrán que sacar sus propias conclusiones y evaluar los mecanismos de control aplicados.

En una nueva nota Página 12, amplía:


Bonadío tendrá los peritajes contables de TBA en un mes

El juez federal Claudio Bonadío fijó un plazo de 30 días para que los peritos de la Corte Suprema presenten los resultados de los estudios contables sobre los “subsidios y tarifas percibidos” por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), desde 2007, y lo “invertido en mantenimiento del material rodante y sistema de vías”. 

Además, el juez solicitó que se determine si la asamblea de TBA aprobó el pago de dividendos y honorarios a los integrantes del directorio de la empresa, que preside Claudio Cirigliano.



“Dispóngase un plazo de treinta días para la realización del presente peritaje”, consignó el juez en la resolución dirigida al decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, Héctor Chyrikins, a quien encomendó la realización de los estudios. 

En los detalles a dilucidar, Bonadío también solicitó que se detalle cuáles fueron las integraciones del directorio de TBA, desde 2007 hasta la fecha.

Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado criticó a Bonadío por "una suerte de apropiación" de la causa penal "desde el 6 de marzo al menos". La acusación de la fiscalía apunta a que, desde ese día, el magistrado no responde a los pedidos de Delgado para ver la causa y obtener fotocopias de las fojas para "intervenir y asistir" en la investigación.


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23.8.11

YCRT: Una pericia contable realizada por el más antiguo de los peritos oficiales de la Corte


El perito oficial de la Corte Suprema Dr. Alberto Alonso es el más antiguo perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Alonso llevó a cabo un trascendente peritaje contable en una causa por posible vaciamiento de empresa, donde se investiga si hubo desvío de fondos de Yacimiento Carbonífero Río Turbio en favor de otras sociedades pertenecientes al grupo económico propiedad de Sergio Taselli.

Los detalles que se conocieron dan cuenta de un importante trabajo de análisis y conclusiones en que aparece afectada una tradicional empresa del extremo sur de la Provincia de Santa Cruz.

Más información sobre el caso

22.8.11

Las pericias contables definen la causa que se le sigue a José Albistur por asignarse a sí mismo publicidad oficial por $13 millones


En la causa iniciada por el ex fiscal Manuel Garrido que tiene a su cargo el juez Julián Ercolini se está realizando la ampliación de la pericia contable tendiente a determinar el flujo de pauta oficial que Albistur asignó a empresas de un grupo económico que sería de su propiedad.

Nuevamente el actual Fiscal de Investigaciones Administrativas, Enrique Noailles (sucesor de Garrido), estaría incumpliendo sus obligaciones, al no impulsar debidamente la investigación. Resulta que la FIA tiene en su plantel al menos tres excelentes expertos contables para actuar como peritos en estos casos y no los designó para participar de la pericia contable. Ello representa una visible ventaja para ex funcionario investigado.

Mientras tanto la defensa de Albistur, designó a dos peritos contadores para trabajar junto a la perito oficial. Se repite en este sentido la mecánica seguida en la causa por enriquecimiento ilícito de los presidentes Kirchner-Fernández que terminó en un verdadero escándalo.
Clarín

Grupo Albistur
Manejar la pauta oficial desde el gobierno y a la vez ser propietario de Grupo Al Sur, conjunto de empresas dedicadas a esa actividad, otorga claras ventajas. De esa manera resulta muy sencillo conseguir negocios en condiciones favorables.
Resumen sobre la situación judicial del funcionario y empresario publicitario

2.8.11

Schoklender: poco esperamos del juez Oyarbide


Si pensamos en el ridículo desenlace de la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, el lento trámite de la causa de Ricardo Jaime en libertad, donde desaparecen los principales bienes, es poco lo que podemos esperar en el caso Schoklender.
Una vez más le acercamos pacientemente nuestro aporte al juez, a través de un cuestionario pericial apropiado. Lo presentamos hoy en la causa, como la Cámara ha sugerido, es decir, bajo el formato de "Amigos del Tribunal".
Esperamos -muchos más descreídos- que Oyarbide acepte nuestras recomendaciones, aunque los antecedentes le juegan en contra. La esperanza: lo último que se pierde!
Para quien se interese por su contenido, puede verse en Pericia contable a realizar en la causa Schoklender.

22.7.11

Repercusiones de una mega-pericia en el caso Skanska


En el seno del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte se llevó a cabo una pericia contable con la participación de dos contadores oficiales integrantes del organismo, a los que se sumaron dos ingenieros designados por la Facultad de Ingeniería de la UBA y un número de peritos de parte de los contratistas y funcionarios imputados.

Si bien el juzgado que interviene aún no ha dado a conocer su resultado, el Ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, ha realizado una conferencia de prensa y se ha expresado en varios medios.

El ministro dijo que los peritos concluyeron que no hubo sobreprecios en las contrataciones, que por tal razón no existieron coimas. Que el caso se limitaría a delitos cometidos por privados, que las facturas "truchas" no eran para pagar coimas. También aclaró que se consultaron precios en todo el mercado.

Manifestó el ministro que los 29 peritos que firmaron la pericia se expresaron en igual sentido, que el peritaje es contundente en sus conclusiones.

Sin embargo, se conoce que existe un segundo informe contable con opiniones en disidencia, es decir, en sentido diferente al resto de los peritos.

18.6.11

El contador Blanco Alvarez




Hizo un trabajo excepcional, meticuloso y con gran rigurosidad. Es el experto contable que dictaminó sobre la pericia relativa al patrimonio de los presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner.

Le pidieron que revisara la pericia contable oficial en el enriquecimiento ilícito y detectó junto a otro experto un sinnúmero de irregularidades, aspectos sospechosos y falta de información.

Todo ello lo informó por escrito al reemplazante de Manuel Garrido en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles.

Noailles tenía todo lo necesario para apelar el sobreseimiento dictado por Oyarbide, contaba con el sustento técnico de Eduardo Blanco y con el tiempo suficiente como para elaborar un buen escrito de apelación. Sin embargo, algo o alguien lo hizo no apelar, e incumplir con su obligación.

La suerte de Blanco Alvarez estaba signada. Quien había arriesgado todo en la preparación de un impecable trabajo que comprometía a la más alta magistratura del Estado argentino, fue acallado y desarraigado.

12.6.11

Amigos del Tribunal en la causa de Jaime por enriquecimiento ilícito


Contadores Forenses ONG sigue la evolución de la causa que tramita en el juzgado del Dr. Norberto Oyarbide. Este seguimiento lo venimos haciendo en base a la información dada a conocer por el fiscal y el juez, así como por publicaciones periodísticas.
Dada la naturaleza del caso, de alto contenido económico, y por tratarse de un funcionario de importancia del actual gobierno, nos interesa participar del trámite judicial para velar por un procedimiento eficaz y transparente, con el aporte del conocimiento de los miembros de nuestra entidad.
La Cámara Federal sugirió al juez Oyarbide que tenga en cuenta nuestra opinión y colaboración, inclusive nuestra participación como Amigos del Tribunal.
Es por ello que nos presentamos con nuestra opinión y efectuamos sugerencias, que esperamos que el juez tenga en cuenta.
Tuvimos una mala experiencia en la causa por enriquecimiento de los presidentes Kirchner y Fernández, en la cual el juez resolvió después de realizar una forzada interpretación de un peritaje incompleto, no tuvo en cuenta las observaciones realizadas por los peritos contadores.
Además de ello el Dr. Oyarbide no había aceptado nuestras recomendaciones, las ignoró, en cambio tomó como válida la participación del perito de parte de los Kirchner, en violación de las normas vigentes, toda vez que el contador Manzanares carecía de la independencia que requiere la ley y no debió haber participado en el juicio como perito.
Esperamos que ello no ocurra en este proceso, que el trámite resulte correcto y con la celeridad necesaria para que la instrucción se clausure en corto plazo y que el expediente se remita a juicio, en caso de corresponder.
Existe una parte del patrimonio cuyo cómputo y adecuada valoración se ha omitido, es necesario que el juez fije pautas adecuadas, para que los expertos que sean designados realicen una buena labor pericial. La acción penal por enriquecimiento trae consigo el recupero en favor del Estado del patrimonio malhabido, y ello se debe realizar con un criterio contable adecuado, sin omisiones.
Esperamos que en esta ocasión Oyarbide tome en cuenta nuestras opiniones y actúe como debe hacerlo un juez.