Mediante una acordada la Corte Suprema estableció la forma en que los magistrados, secretarios y funcionarios de rango jerárquico o con capacidad de decisión en contrataciones, que pertenecen a su ámbito, deben presentar la información patrimonial.
Recordamos que tiempo atrás Contadores Forenses ONG se reunió con la Corte y allí se propusieron algunos cambios. De esas propuestas se acogió a la recomendación de publicar las declaraciones juradas en el CIJ (Centro de Información Judicial), a fin de mantener la independencia y distancia que deben tener los magistrados. Esta propuesta fue tomada por el Tribunal.
En cambio, no prosperó el pedido de mejorar la calidad de la información, tal como lo hemos expuesto en nuestra nota anterior publicada en este Blog (clic). Allí también publicamos la nota completa presentada en conjunto con otras organizaciones civiles.
Además, con la nueva acordada se requiere realizar un trámite de identificación para acceder a la información pública, mientras que solo se podrá acceder al legajo reservado mediante una orden judicial o una disposición de ambas cámaras del Poder Legislativo. Esta circunstancia aleja a los magistrados de los estándares adecuados de transparencia y de la posibilidad de ejercer el debido control ciudadano.
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