1.6.11

Control de fondos públicos

Cada uno de los miembros de la Corte interrogó al titular del ACUMAR acerca del avance de los trabajos de saneamiento del Riachuelo.
Luego de exponer el Defensor del Pueblo y el Auditor General de la Nación, lo hizo el Secretario de Ambiente, Dr. Juan José Mussi.
La AGN informó acerca de las dificultades para acceder a la información necesaria para realizar los trabajos de auditoría y destacó que aún no ha podido avanzar durante la gestión del actual titular del ACUMAR.
En lo que hace a la materia contable y presupuestaria, el presidente de la AGN puso de manifiesto la escasa claridad de la información, la falta de identificación contable de las partidas y la necesidad de llevar cuentas separadas mediante una adecuada codificación de todo lo referido al saneamiento del Riachuelo y al ACUMAR.
En la audiencia pública realizada en el Palacio de Tribunales los ministros Dres. Lorenzetti, Highton, Argibay y Maqueda realizaron a Mussi preguntas puntuales sobre el avance de los trabajos, demostrando un amplio conocimiento del tema.
En términos generales, es de destacar la trascendencia que le ha dado la Corte Suprema a la atención personalizada del caso.
El Secretario de Ambiente se ha esmerado en destacar los "logros" durante su gestión, pero aún no se vislumbra cómo y cuándo se registitrarán mejorías en las condiciones de saneamiento de las aguas contaminadas.

8.5.11

Fraudes corporativos y financiamiento de los partidos políticos

La corrupción corporativa está fuera de control por dos razones. En primer lugar, las grandes empresas son multinacionales, mientras que los gobiernos siguen siendo nacionales. Las empresas son tan poderosas económicamente que los gobiernos tienen miedo de enfrentárseles. En segundo lugar, las empresas son las principales financiadoras de las campañas políticas, mientras que los políticos son a menudo copropietarios, o por lo menos beneficiarios silenciosos, de los beneficios empresariales.

Jeffrey D. Sachs, LA NACION, Domingo 08 de mayo de 2011

21.4.11

Suiza cambió en cinco años su tradición de país lavador de dinero sucio

El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) otorga un espaldarazo a la plaza financiera helvética al anunciarle que suspende su monitoreo permanente sobre las acciones para prevenir el lavado de dinero.


Durante los últimos cinco años la legislación helvética se ha transformado constantemente para ceñirse a las recomendaciones internacionales.


Pese a ello, aún necesita reforzar la declaración de operaciones sospechosas. El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI), que actúa como detective mundial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, suspendió el monitoreo permanente sobre Suiza.

Nota completa

19.4.11

La AGN debe precisar las irregularidades en el manejo de fondos destinados a la limpieza del Riachuelo

En la audiencia pública del 1° de junio la Auditoría General de la Nación deberá desarrollar 11 preguntas concretas que le formuló la Corte Suprema, que llevarán a conocer detalles de las desprolijidades en la utilización del presupuesto nacional, posibles maniobras, desvíos y sub-utilización de fondos destinados al saneamiento del Riachuelo.

17.4.11

Riachuelo. Las ong ofrecen colaborar



5.000.000 de "personas" afectadas, basurales, contaminación, más del 90% de los fondos sin rendir cuentas, son algunas de las cuestiones que se ventilaron en la audiencia pública en la Corte que hace 5 años está detrás del problema.

Salió a la luz que, en lugar de avances se registraron retrocesos. La cantidad de basurales están en aumento. Los datos estadísticos son deficientes y no ayudan para medir la evolución del problema.

La Corte Suprema está comprometida directamente en resolver la contaminación del Riachuelo, está haciendo un esfuerzo y trabajo importante.

Pero no es suficiente pues no se vislumbran progresos. Después de la audiencia subsistía un clima de amarga decepción.

No dudamos que la Corte continuará en la tarea. Ahora las entidades civiles queremos sumarnos apoyando al Poder Judicial, colaborando con lo que resulte necesario y se encuentre dentro de nuestras posibilidades.

Se nos ocurre que una forma posible podría ser que actuemos como "auxiliares de la justicia". Desde colaborar en el seguimiento y supervisión, hasta informar sobre el uso de los fondos, verificar las estadísticas, la recopilación de datos, o los aspectos que las autoridades judiciales estimen de utilidad.

Creemos que la causa amerita aportar nuestra colaboración y no solo la queja o el reclamo.

Por ejemplo, Contadores Forenses ONG podría trabajar sobre los fondos asignados y aplicados a los proyectos.

Sabemos de la preocupación e interés de otras OSC que invitamos a sumar ideas e iniciativas.

11.4.11

Auditores, peritos y contadores forenses

El auditor tiene una mirada general sobre la organización durante un período de tiempo, realiza los controles necesarios procurando comprender los hechos más relevantes, aplicando criterios selectivos.
El perito focaliza cuestiones puntuales a estudiar y las que se encuentran directamente relacionadas, da una opinión al juez sobre lo que le ha sido preguntado.
El contador forense, más allá que el perito, aplica todos sus sentidos y experiencia, relaciona y trabaja sobre las evidencias y las pistas que le permiten acercarse a la verdad. Hace ese ejercicio una y otra vez, y en ese proceso iterativo saca a la luz hechos subyacentes y arriba a conclusiones válidas, hasta a veces sorprendentes, dentro del campo de su especialidad.
Perito+Investigación=Contador Forense (AP)

8.4.11

Cómo transcurre el tiempo en las causas que terminan en prescripción

La ONG ACIJ realizó un análisis sobre la forma que distribuyó el tiempo para que la causa IBM-ANSES concluya recientemente por prescripción.

Veamos.


El tiempo que el Tribunal Oral identificó como “crítico” y en el que fundó la violación del “plazo razonable” fue el comprendido por los casi cuatro años entre la fecha en la que la Cámara confirmó los primeros procesamientos y la fecha en que el Juez instructor corrió vista a tenor del art. 346 C.P.P.N.

De ese tiempo, los primeros dos años y cuatro meses de ese período correspondieron al tiempo necesario para llevar a cabo dos pericias contables y una pericia informática, el Juez de grado recabó cincuenta testimonios, diecisiete indagatorias y veinticinco informes; cuatro meses después se dictó un nuevo auto de procesamiento. Casi todo el tiempo restante corresponde con las sucesivas prórrogas que demandaron las defensas para presentar los informes del art. 454 C.P.P.N., luego de haber apelado el procesamiento.

En el periodo de instrucción, que duró casi 10 años, se tomaron 36 indagatorias, más de 150 testimoniales, se practicaron 2 peritajes contables y 1 peritaje informático, se dictaron 3 procesamientos y las defensas interpusieron 45 apelaciones, 16 recursos de casación, 11 quejas ante la Casación y 5 recursos extraordinarios ante la Corte Suprema. Todos los recursos de casación, queja y extraordinarios fueron considerados inadmisibles.

Durante los dos años subsiguientes al auto de elevación a juicio, se formaron y tramitaron 18 incidentes, las defensas dedujeron 16 recursos de apelación, 8 recursos de casación, 5 presentaciones en queja y 5 recursos extraordinarios. Todos los recursos de casación, queja y extraordinarios fueron declarados inadmisibles.

El cálculo que realiza la Fiscal del caso en su Recurso de Casación es alarmante: “el trámite de los diversos planteos y apelaciones formuladas por las defensas insumió un total de, aproximadamente, 5 años y 5 meses. Ahora bien, si tenemos en cuenta la fecha de inicio de la causa, 29 de marzo de 1996 y la fecha de la efectiva elevación a juicio, 25 de octubre de 2006 podemos concluir que más de la mitad del tiempo lo “consumió” el estudio de los diferentes planteos y apelaciones de las defensas y que, por lo menos, 4 años y 5 meses la causa estuvo irremediablemente “parada” por dichos planteos”.

Al respecto y en un caso local visto ante la Corte IDH, ésta ya les había advertido a los jueces el peligro que constituía tolerar estas conductas, en dicho fallo señaló que la “manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa, ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable(…)El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad” (fallo Bulacio del 18/09/2003).


Más allá de las reformas procesales, se impone un criterio más restrictivo en la concesión de los recursos.

Además estas causas requieren de una adecuada programación estratégica, dentro de la cual se deben planificar las tareas que pueden ser simultáneas, unificar defensas, emplear medios de notificación electrónicos, poner en marcha las posibilidades que nos brindan la tecnología, la administración y otros conocimientos que tienden a lograr lo mismo en tiempos mucho más reducidos.

En lo referente a las pericias contables, también es posible evitar reuniones superfluas, establecer los requerimientos de documentación y gestionarlos en las etapas primarias, quizá antes de la llegada del expediente al cuerpo pericial, mejorar la comunicación del perito oficial con el juzgado tendiente a anticipar tareas, solo incluir puntos periciales necesarios y suprimir los que no lo son, etc.

Qué es Contadores Forenses ONG?

Cómo transcurre el tiempo en las causas que terminan en "prescripción"

La ONG ACIJ realizó un análisis sobre la forma en que se distribuyó el tiempo para que la causa IBM-ANSES concluyese recientemente por prescripción.
En lo referente a las pericias contables, es posible evitar reuniones superfluas, establecer los requerimientos de documentación y gestionarlos en las etapas primarias, quizá antes de la llegada del expediente al cuerpo pericial, mejorar la comunicación del perito oficial con el juzgado tendiendo a anticipar tareas, solo incluir puntos periciales necesarios y suprimir los que no lo son, redactar protocolos sobre procedimientos abreviados de trabajo en situaciones típicas, etc.

Extraña denuncia de un juez en el enriquecimiento ilícito de funcionarios de Presidencia

El juez Claudio Bonadío realizó una denuncia contra integrantes del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia.

Además dio amplia publicidad de la misma al hacer incluir la noticia en el Centro de Información Judicial (CIJ).

Esta publicación diseminó la noticia y estigmatizó al organismo pericial, sin conocerse aún los responsables ni la naturaleza del delito.

Los hechos se relacionan con la causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de secretarios privados de la actual Presidenta de la Nación y su esposo.

Nos parece correcto que se investigue la denuncia de Bonadío, pero este juez también debería explicar porqué ordenó dos cambios de peritos oficiales en corto tiempo, cuando los procedimientos y la Corte Suprema establecen pautas y formas que el juez no habría cumplido.

El Cuerpo de Peritos Contadores es un organismo que se encuentra en etapa de organización y fortalecimiento, siendo innecesario atribuirle genéricamente situaciones dudosas sin tener un mínimo de información cierta.

Esperamos que en la investigación de enriquecimiento ilícito se realice un correcto peritaje, pero también que el juez y los fiscales actúen en forma independiente. Todo ello nos hará recobrar la confianza en la justicia.