21.9.09

Informe 21 NOV 2008

INDICE
Antecedentes
Alcance y objetivos
Falencias en el sistema de capacitación de investigadores
Encuesta de ACIJ
Apoyo primario de AVINA
Reuniones de trabajo y consensos iniciales
Programa de la carrera
Experiencia previa del curso
Resultados de la experiencia
Financiamiento del proyecto
Estructura de la EIF (Escuela de Investigadores de Fraudes)
Apoyos estratégicos
Socios en el proyecto
Riesgos y limitaciones
Conclusión final

Antecedentes
Tras una larga y rica experiencia judicial en la investigación contable y financiera de delitos económicos, en la búsqueda del mejoramiento en los resultados se conocieron de cerca las razones por las cuáles se conseguía exitosos en algunos casos, y otros que engrosaban las estadísticas de los fracasos.
La actividad profesional como perito contador oficial fue acompañada por el ejercicio de la docencia en la universidad y en diferentes organismos profesionales, tales como Consejos, Colegios y Federación de graduados en ciencias económicas, Colegios de Abogados y Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y otros ámbitos.
Asimismo se exploró y se sigue de cerca el desarrollo de la investigación de fraudes en latitudes distantes, en especial la experiencia realizada por la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
En 2002 se organizaron cursos sobre “El fraude en la empresa - Delitos económicos”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con buenos resultados. Se formaron 12 paneles de varios expositores especialistas en cada panel, disertando sobre cada temática y abriendo el debate.
Entre los expositores y asistentes se encontraban jueces, fiscales, expertos, abogados penalistas, contadores forenses, miembros de organismos de control (OA, AGN, UIF, AFIP, Policía, Fuerzas Armadas, firmas de investigadores de fraudes, etc.).
En razón de la repercusión e inscriptos, se repitió en el curso en la UBA para atender las expectativas de los inscriptos, y posteriormente se realizó en la Asociación de Magistrados, destinada a sus integrantes.

Alcance y objetivos
Las universidades forman abogados pero no investigadores.
Cuando un juez o fiscal penal le toca realizar una investigación sobre temas económicos o financieros, lo hace en función a su experiencia, su voluntad y su leal saber y entender, pero no por contar con una formación previa.
Las particularidades propias de la economía, la contabilidad, las finanzas tornan complejas las investigaciones. La presencia de las tecnologías en los delitos de cuello blanco aumentan aún más las dificultades.
Se hace necesario el estudio de casos, el debate, la discusión y la creatividad aplicados a esta iniciativa.
Si se pretende estar en condiciones de investigar los delitos económicos, los profesionales y funcionarios necesitan incorporar conocimientos específicos y actualizarlos periódicamente.
La realidad indica que los magistrados dedican poco tiempo a su perfeccionamiento, en algunos casos por falta de interés, en otros por propuestas de contenidos inadecuados.
Estamos convencidos que la oferta de conocimientos debe ser específica, interesante y tentadora, orientada a las necesidades del día a día.
Aquellos funcionarios convencidos de la necesidad de su perfeccionamiento, no encuentran respuestas adecuadas y suficientes a sus demandas de conocimientos.
Entendemos que se deben realizar esfuerzos para capacitar a los funcionarios de los primeros tres niveles de los organismos de investigación y también de los organismos de control de gobierno.
Si bien esta función debiera estar a cargo de las autoridades, la realidad indica que -por el contrario-, cuando se trata de gobiernos que se alejan de lineamientos de transparencia y apego a las normas, en lugar de alentar la capacitación y preparación de eficaces investigadores, actúan en sentido contrario.
Son muchos los ejemplos que en Argentina podemos marcar. No obstante, existen funcionarios no ´contaminados´, ávidos de conocimientos, dispuestos a formarse técnicamente y estar debidamente preparados y dispuestos para la oportunidad que les toque investigar.
La idea consiste en tratar de modificar el perfil de los integrantes de los organismos debilitados y vaciados, para prepararlos debidamente, con sigilo y eficacia.

Falencias en el sistema de capacitación de investigadores
Cuando se trata de delitos económicos, es indispensable que el investigador entienda el fenómeno que estudia, las características de la maniobra ya no en su encuadre jurídico, sino en sus aspectos técnicos, el procedimiento seguido, el circuito financiero, las herramientas bancarias o institucionales de aplicación, su registración contable, etc.
No basta con la designación de peritos y demás expertos, para realizar los estudios pertinentes; es imprescindible interpretar y sacar provecho del trabajo que estos realizan. Ahora bien, los expertos deben realizar sus trabajos de modo tal que los destinatarios de sus informes interpreten debidamente y a cabalidad sus contenidos.
La experiencia indica que el abismo que se forma entre los investigadores y los expertos, en muchas ocasiones hace fracasar los casos, por falta de entendimiento, por la utilización de lenguajes diferentes, insuficiente conocimiento de la interdisciplina, así como una insuficiente o inadecuada comunicación.
Es preciso trabajar en talleres en relación a todos estos aspectos, sobre la base de casos, de modo que se conozcan los problemas, como paso previo a la adopción y puesta en marcha de mejores métodos de investigación.

Encuesta de ACIJ
La ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entrevistó a actores relevantes en el ámbito judicial, para conocer cómo es percibida la situación por cada uno de ellos desde el lugar que ocupan. Recoge las opiniones de jueces, fiscales, peritos, abogados defensores, denunciantes, miembros de organismos de control, doctrinarios, especialistas y empleados judiciales, acerca de los problemas que detectan en la investigación judicial de la corrupción.
Mencionan como un problema trascendente la falta de capacitación de los funcionarios frente a las causas complejas.
Todos los entrevistados tuvieron un punto de contacto respecto a la falta de idoneidad de los jueces y empleados judiciales para investigar los casos complejos de corrupción.
Muchas veces la voluntad de investigar existe, pero la capacitación de quienes investigan no es acorde a las circunstancias.
Debemos tener en cuenta que estas investigaciones requieren conocimientos específicos (sobre contabilidad, sistema bancario, lavado de dinero, fraude corporativo, etc.) y una preparación adecuada de quien investiga para llegar a dilucidar la verdad de hechos sumamente complejos.

Apoyo primario de AVINA
En octubre de 2006 tuvimos ocasión de comentar sobre la existencia de ´Contadores Forenses´, una ONG incipiente.
Los ´Contadores Forenses´ procuramos resolver los casos de fraudes y delitos económicos que contienen algún especial interés social.
Quienes participamos de este grupo buscamos aportar nuestro conocimiento en favor de la verdad y la justicia. En ciertos casos los magistrados necesitan, pero no cuentan, con apoyo técnico y asesoramiento suficiente. ´Contadores Forenses´ pone a disposición su mejor voluntad para asistirlos.
Esa colaboración y servicio también se extiende a otros organismos estatales y entidades no gubernamentales sin fines de lucro, que participan y luchan incansable y esforzadamente contra los delitos económicos que generan perjuicios evidentes de carácter patrimonial o financiero y que poseen un interés social y comunitario.
Se ha podido colaborar con asociaciones de consumidores, con ONG´s preocupadas por cuestiones económicas en la justicia, se ha asesorado en investigaciones periodísticas.
Entre las formas de ayuda se encuentra la formación de la Escuela de Investigadores de Fraudes, iniciativa por la que mostró interés AVINA.
Fue así que nos reunimos y conectamos con funcionarios, profesionales y representantes de entidades, con quienes cambiamos opiniones y mejoramos las ideas previas.

Reuniones de trabajo y consensos iniciales
Se efectuaron reuniones iniciales con la participación de Ezequiel Nino, Hugo Wortman Jofré, Alfredo Popritkin y Carlos March.
Se convocó a participar a diferentes personas y entidades, entre quienes se encontraron Carlos March (AVINA), Jorge Kukulas (Asociación de Administradores Gubernamentales), Héctor Ruiz Nuñez (Periodista), Néstor Baragli (Oficina Anticorrupción), Alfredo Popritkin (Asociación de Contadores Forenses), Hugo Wortman Jofré (Estudio Wortman Jofre, Isola y asociados), Manuel Garrido (Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas), Marcela Santos (Fundación Soporte), Damián Staffa (Auditoría General de la Nación), Ezequiel Nino (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Pedro Biscay (CIPCE).
Se analizaron en conjunto los objetivos de capacitar a actores públicos y trasmitir herramientas y conocimientos técnicos para llevar adelante investigaciones sobre delitos económicos, mediante un aporte multidisciplinario, en la investigación de fraudes relacionados con la actividad pública y privada.
Se hizo notar que, por lo general, los organismos de control dependen del humor político por lo que resulta interesante pensar esta formación desde afuera de los organismos estatales para darle cierto nivel de independencia y continuidad.
Se vio la posibilidad coordinar esfuerzos y recursos con alguna universidad que pudiera estar interesada en sumarse al proyecto.
Se sugirió la integración de una mesa de trabajo para el armado de la propuesta que pudiera trazar rasgos generales sobre los siguientes puntos, que nos permitirán avanzar en el diseño de la Escuela de Investigadores de Fraudes (resumen efectuado por Carlos March):
1) Que si bien el tema del fraude y la corrupción da para muchas aristas, comenzar a articularnos en torno a la Escuela es un inicio adecuado para conocernos, concretar una acción puntual y luego ver como se enriquece y amplía.
2) Que la Escuela no solo se concentre en fraude en el Estado, sino también en el fraude interno a las empresas.
3) Que la Escuela se sume a un espacio académico ya existente, ya que es imposible, al menos para el arranque si lo estamos pensando para el 2008, intentar armar infraestructura propia.
4) Pensar en otros actores a convocar.
5) Diseñar una curricula que tome como base la ya elaborada por Alfredo.
6) Dicha curricula no aspira a ser de puro contenido académico-teórico, sino por el contrario, basada en hechos prácticos y en las vivencias de los docentes e invitados. Se impulsará a los estudiantes a generar casos, que luego puedan ser presentados a los medios.

Programa de la carrera
Se analizó y depuró la idea inicial el programa, quedando de la siguiente forma.
Propósito del curso: Formar investigadores profesionales de fraudes. La complejidad de los delitos económicos y el avance de la criminalidad organizada requieren de expertos con una formación adecuada para la interpretación de los procedimientos criminales, con el objeto de combatirlos de manera eficaz.
Objetivos: La formación que reciban los preparará para llevar a cabo investigaciones tendientes a prevenir y en su caso detectar delitos o irregularidades, así como la obtención y preservación de pruebas a ser presentadas ante las autoridades correspondientes.
Requisitos: Quienes realicen este curso deben contar con algunas de las siguientes carreras universitarias: abogados, ciencias económicas (contadores, administradores, economistas), informática (ingenieros, analistas y licenciados en sistemas, informática y computación) y periodismo.
Áreas: El curso contará con tres áreas: Área I: Jurídica, Legal y Procesal, Área II: Finanzas y Contabilidad, Área III: Informática y Tecnologías
Módulos y carga horaria: Para completar el curso se realizarán 12 módulos o asignaturas. El curso completo tendrá una carga horaria total a establecer, pero que será aproximadamente de 500 horas. Al año se completará el curso de “analista en delitos económicos” y con el curso completo de dos años se alcanzará el grado de “investigador de fraudes”.
Sistema de enseñanza: Los docentes de las diferentes áreas y módulos actuarán en forma interrelacionada, es decir, coordinarán sus clases y temas, interactuando frente al curso docentes de las diferentes asignaturas referidas al tema que se está desarrollando. En especial, esta labor coordinada se realizará en el desarrollo de casos.
Estudio de casos: Se dedicará buena proporción del tiempo a trabajar sobre los casos más frecuentes y de mayor incidencia en perjuicio del Estado y los particulares. Se asistirá al desarrollo de juicios orales y se analizarán hipótesis de resultados frente al empleo de diferentes caminos investigativos. Se convocará a exponer a protagonistas de los casos de mayor interés, así como a autoridades judiciales e investigadores expertos.
Docentes: Deberán reunir las mayores condiciones de idoneidad y experiencia, y se les requerirá trabajar sobre planes interdisciplinarios y en coordinación con los docentes de las diferentes materias. En atención a los sistemas de enseñanza que se espera implementar, se designarán encargados y colaboradores docentes de áreas y de módulos y se propiciará la existencia de profesores permanentes e invitados del país y del exterior; también se incentivará la formación docente entre los egresados del curso.
Cursantes: Además de asistir regularmente a las clases, rendirán evaluaciones y prepararán trabajos individuales y grupales. También efectuarán investigaciones inéditas cuya publicación será propiciada, con el objeto de incentivar la utilización de nuevas técnicas.
Organismos patrocinadores: Aquéllos organismos que patrocinen el curso y que cuenten con convenios especiales con la “Escuela de Investigadores de Fraudes” podrán solicitar orientaciones complementarias y específicas.

Experiencia previa
A modo de experiencia, se realizó el “Curso sobre Investigación de Fraudes”, en el que un grupo de expertos abordó la cuestión de la complejidad de los delitos económicos y el avance de la criminalidad (lunes 15 y martes 16 de septiembre de 2008).

Los paneles desarrollados durante la jornada, fueron:
• Investigación Periodística
• Delitos contra el Patrimonio Cultural
• Fraude en la Empresa
• Delitos complejos – La prueba en el juicio oral
• Fraude y tecnologías
• Pericias Contables
• Cómo interpretar el Presupuesto Nacional
• Recuperación de Activos - Protección de Testigos
• Fraudes contra el Estado, investigación y prevención

Los expositores fueron:
• Oscar Amirante: Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal.
• Néstor Baragli: Subdirector de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción.
• Oscar Ciruzzi: Fiscal de Tribunal Oral del Fuero Criminal y Correccional.
• Federico Delgado: Fiscal de Instrucción del Fuero Criminal y Correccional Federal.
• Quintino Dell´ Elce: Ex perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Pablo Gasipi: Abogado especialista en Delitos contra el Patrimonio Cultural, Fiscal ante la Cámara Federal.
• Pablo Lanusse: ex Fiscal Federal Adjunto ante el Fuero Criminal y Correccional Federal, ex Fiscal del Crimen ante los juzgados Nacionales del fuero en lo Criminal de Instrucción. Fue interventor Federal en la Provincia de Santiago del Estero.
• Gustavo Presman: Ingeniero, Perito Judicial en Informática.
• Daniel Rafecas: Juez del Fuero Criminal y Correccional Federal.
• Luis Rajuán: Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de los Fideicomisos.
• Alicia López: (ex Presidente de la Unidad de Información Financiera que investiga Lavado de Dinero.
• Héctor Ruiz Nuñez: Periodista de Investigación.
• Daniel Santoro: Editor de la Sección Política del Diario Clarín.
• Roberto Tolosa: Licenciado en Economía- Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía a cargo del Presupuesto de las Fuerzas Armadas.
• Hugo Wortman Jofré: titular del Estudio Wortman Jofré & Isola- abogados (fundado por Luis Moreno Ocampo).
El curso se realizó en la Universidad de Palermo. Entre los asistentes se encontraban magistrados y funcionarios judiciales, integrantes de ONG´s, investigadores de organismos de control, profesionales del derecho y las ciencias económicas, abogados penalistas, contadores forenses, etc.

Resultados de la experiencia
Además de exteriorizar y trasmitir sus conocimientos técnicos y experiencias en casos, los expositores plantearon a los asistentes los problemas cotidianos con que tropiezan al llevar a cabo sus investigaciones de fraudes y delitos económicos.
Cabe señalar que entre los cursantes se encontraban jueces, fiscales, funcionarios judiciales, integrantes de organismos de control e investigadores de fraudes privados, algunos pertenecientes a firmas consultoras y otros que ejercen la actividad en forma independiente.
Tanto los expositores como los asistentes participaron activamente en los debates, expresando sus opiniones y relatando sus propias experiencias.
El evento ha cumplido con las expectativas previstas:
• Sirvió para trasmitir conocimientos sobre investigación de fraudes
• Permitió comprobar el interés especial sobre los temas abordados
• Desnudó la problemática existente y sus falencias
• Se conocieron casos exitosos generados en ideas creativas e imaginativas
• Se dejó abierta la posibilidad de continuar el camino iniciado.
Al cierre se realizó un análisis y evaluación por parte de las personas encargadas de la organización y conducción del evento.

Financiamiento del proyecto
a) Organización académica
Durante el transcurso del corriente año se han sondeado entidades que se pudieren sumar al proyecto. La entidad educativa que actuó como marco fue la Universidad de Palermo.
Entre los aspectos positivos se destacan: cuenta con instalaciones adecuadas y un staff de personal, aunque no demasiado eficiente.
Entre los aspectos negativos al intervenir la UP, se ha observado lo siguiente: la universidad enmarca y subsume la actividad como si se tratara de un curso más de oferta, sin atender a especiales necesidades del curso, a los objetivos de existencia y la muy especial categoría de sus docentes. No se ha recibido una rendición de cuentas y el pago de los honorarios comprometido con los expositores ha sido un aspecto complicado.
En materia de difusión masiva, promoción y publicidad se quedó supeditado a la voluntad de la universidad, no se produjo el apoyo esperado de los diarios Clarín y La Nación.
Un paso importante es celebrar acuerdos o alianzas que mantengan la individualidad académica de la Escuela de Investigadores e Fraudes (EIF) y se cuente con los recursos necesarios para la difusión de sus proyectos.
En especial, teniendo en cuenta que la EIF constituye una carrera, cuyos docentes tendrán una intensa dedicación, aplicando criterios coordinados de enseñanza y en equipo, se debería contar con los recursos suficientes para poder tentar a los mejores especialistas en cada rama.
b) Captación de destinatarios
Dado que el objetivo principal es la buena capacitación de funcionarios y personas que se dedican a la investigación de fraudes y delitos económicos, de la administración pública y también de la actividad privada, resulta necesario crear las condiciones para que cuenten con el apoyo de las jerarquías y estructuras superiores.
Se cree conveniente celebrar acuerdos en tal sentido.
En caso de abordar la etapa de puesta en marcha de la EIF, se considera que el primer paso a dar sería resolver los diferentes aspectos relacionados al financiamiento del proyecto.

Estructura de la EIF: Operativa
Resueltos y encaminados los aspectos vinculados con el financiamiento, se entiende conveniente crear una estructura operativa inicial, de cuatro personas, pudiendo sugerir los siguientes:
1 Director, 2 Subdirectores, 1 Secretaria y 87 Docentes, con Edificios para aulas, Administración, Biblioteca y Equipamientos.



Apoyos estratégicos
Se cree conveniente crear un Comité Asesor o Consultor.

Socios del proyecto
Se recomienda buscar entidades, empresas privadas u organismos internacionales, que se encuentren identificados y convencidos de la conveniencia y necesidad de trabajar en apoyo de miembros de los organismos de control y judiciales, para recibir las prácticas, formación y conocimientos necesarios para una más eficiente tarea de investigación de irregularidades y delitos económicos.

Riesgos y limitaciones
En la forma que viene actuando el poder político, no basta con reunir condiciones académicas, posibilidad de convocatoria en los ámbitos judiciales y gubernamentales, pues resulta probable que el gobierno intente desbaratar cualquier actividad que procure promover el control de la actividad pública y las formas de investigar la delincuencia organizada. Esto ha ocurrido en la década de los ´90 y está ocurriendo en la actual.
Ante esta realidad y dado que entre los objetivos de la propuesta, se encuentran los de generar condiciones que coadyuven a una mejor y más eficaz investigación de los funcionarios públicos que cometen delitos, resulta conveniente crear hipótesis de reacción para que –cuando ocurra- no sorprendan y se cuente con mecanismos que garanticen continuidad y perdurabilidad en el tiempo.
El esquema diseñado cumple con estos requisitos.

Conclusión final
Para que el proyecto tenga posibilidad razonable de éxito, entendemos que quienes participen en cualquier carácter y se vinculen a la EIF, deben reunir –al menos- los siguientes requisitos y características:
1. Creatividad
2. Conocimiento
3. Perseverancia
4. Coraje
5. Apoyo económico adecuado
6. Independencia
7. Fuertes convicciones
8. Libertad de acción
Es indispensable cubrir estos requisitos para contar con razonables posibilidades de éxito, para que la EIF cumpla la finalidad de su creación.
Estamos convencidos de la eficacia de este proyecto no convencional, para así colaborar con la justicia y con los funcionarios bien predispuestos, que es un camino apto que permitirá alcanzar los objetivos propuestos, y compensar algunas de las falencias que muestra el sistema.

Proyecto

Propósito del curso:
Formar investigadores profesionales de fraudes. La complejidad de los delitos económicos y el avance de la criminalidad organizada requieren de expertos con una formación adecuada para la interpretación de los procedimientos criminales, con el objeto de combatirlos de manera eficaz.

Objetivos:
La formación que reciban los preparará para llevar a cabo investigaciones tendientes a prevenir y en su caso detectar delitos o irregularidades, así como la obtención y preservación de pruebas a ser presentadas ante las autoridades correspondientes.

Requisitos:
Quienes realicen este curso deben contar con algunas de las siguientes carreras universitarias: abogados, ciencias económicas (contadores, administradores, economistas), informática (ingenieros, analistas y licenciados en sistemas, informática y computación) y periodismo.

Áreas:
El curso contará con tres áreas:
• Área I: Jurídica, Legal y Procesal
• Área II: Finanzas y Contabilidad
• Área III: Informática y Tecnologías

Módulos y carga horaria:
Para completar el curso se realizarán 12 módulos o asignaturas. El curso completo tendrá una carga horaria total a establecer, pero que será aproximadamente de 500 horas. Al año se completará el curso de “analista en delitos económicos” y con el curso completo de dos años se alcanzará el grado de “investigador de fraudes”.

Sistema de enseñanza:
Los docentes de las diferentes áreas y módulos actuarán en forma interrelacionada, es decir, coordinarán sus clases y temas, interactuando frente al curso docentes de las diferentes asignaturas referidas al tema que se está desarrollando. En especial, esta labor coordinada se realizará en el desarrollo de casos.

Estudio de casos:
Se dedicará buena proporción del tiempo a trabajar sobre los casos más frecuentes y de mayor incidencia en perjuicio del Estado y los particulares. Se asistirá al desarrollo de juicios orales y se analizarán hipótesis de resultados frente al empleo de diferentes caminos investigativos. Se convocará a exponer a protagonistas de los casos de mayor interés, así como a autoridades judiciales e investigadores expertos.

Docentes:
Deberán reunir las mayores condiciones de idoneidad y experiencia, y se les requerirá trabajar sobre planes interdisciplinarios y en coordinación con los docentes de las diferentes materias. En atención a los sistemas de enseñanza que se espera implementar, se designarán encargados y colaboradores docentes de áreas y de módulos y se propiciará la existencia de profesores permanentes e invitados del país y del exterior; también se incentivará la formación docente entre los egresados del curso.

Cursantes:
Además de asistir regularmente a las clases, rendirán evaluaciones y prepararán trabajos individuales y grupales. También efectuarán investigaciones inéditas cuya publicación será propiciada, con el objeto de incentivar la utilización de nuevas técnicas.

Organismos patrocinadores:
Aquéllos organismos que patrocinen el curso y que cuenten con convenios especiales con la “Escuela de Investigadores de Fraudes” podrán solicitar orientaciones complementarias y específicas.

5.2.07

Proyecto de ley sobre Recuperación de Activos Incautados

Artículo 1. Incorpórese al Libro Primero, Título II del Código Penal el siguiente artículo:

Art. 23 bis.
En los casos de delitos cometidos contra la administración pública o en aquellos delitos vinculados a la criminalidad económica, al narcotráfico o al crimen organizado, la simple comprobación del origen ilícito de los bienes o del hecho material al que están vinculados, el reconocimiento del imputado sobre el origen ilícito de ellos o cuando los bienes incautados sean de ilícita posesión, comercio, lavado de activos o provengan de actividades vinculadas a los hechos ilícitos señalados o de la venta de cosas o bienes de origen ilícito, procederá el decomiso.
Para hacer efectivo el decomiso de los bienes señalados en este articulo, no será necesaria condena penal, sin perjuicio de la fundamentación de la resolución que lo disponga.
Los bienes decomisados en procesos seguidos por los delitos indicados en el párrafo anterior, se destinaran a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado.
Sólo para cumplir con esas finalidades el ente administrador podrá darles a los bienes un destino específico.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa de recupero, ante el ente administrador o los beneficiarios de los bienes. Cuando el bien haya sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. En caso de devolución de los bienes, el Estado o los beneficiarios no pagarán costas ni intereses.


Artículo 2. Órgano de custodia
La custodia, administración y entrega de los bienes incautados conforme a esta ley corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura en el orden federal y al ente de administración que designen los Tribunales Superiores de Provincia en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 3. Deberes
El órgano de custodia y administración respectivo deberá:

a. verificar el contenido, la cantidad, la naturaleza y estado de conservación de los bienes recibidos;
b. mantener los bienes en buen estado de conservación hasta su entrega, para lo cual podrá realizar todos los actos jurídicos que aseguren dicha conservación e incluso la venta parcial para obtener los fondos que permitan esa conservación. Si se tratare de dinero, títulos o documentos similares deberá disponer lo necesario para asegurar una inversión sin riesgos;
c. mantener un registro público de los bienes bajo su administración.
d. Presentar semestralmente, informes de evaluación de gestión y cumplimiento ante el órgano de control.
e. Cuando se trate de bienes de onerosa custodia o que puedan deteriorarse o depreciarse, el órgano administrador los podrá vender en pública subasta y custodiar y administrar el dinero producto de la venta, sin perjuicio de tomar los recaudos necesarios para preservar su valor probatorio.

Artículo 5. Control.
La Oficina Anticorrupción cumplirá las funciones de auditoria y control del funcionamiento del ente administrador federal. Los tribunales superiores determinarán el órgano de control que no podrá pertenecer al Poder Judicial. Estos órganos aprobarán anualmente la gestión de los entes administradores. Para ello tendrán las siguientes atribuciones:

a. Solicitar información y efectuar inspecciones al órgano de administración y custodia, siempre que lo estime necesario.
b. Verificar que se mantenga actualizado el registro de bienes incautados.
c. Encargar auditorias a entidades privadas u organismos no gubernamentales nacionales o extranjeros.
d. Aprobar las adjudicaciones de bienes
e. Autorizar la subasta de bienes de difícil o inconveniente administración.
f. Controlar que los bienes afectados hayan sido utilizados para las finalidades indicadas y en su caso revocar la adjudicación, entregando los bienes nuevamente al ente administrador.


Artículo 6. Procedimiento de asignación de bienes decomisados.
Cada tres meses, y por un plazo de 15 días hábiles, el ente de administración deberá dar a publicidad un listado de bienes decomisados, a los fines de determinar su asignación final. En ese plazo, los organismos del Estado centralizado o descentralizado, nacional o provincial y las entidades nacionales o provinciales sin fines de lucro, podrán formular su solicitud de asignación de bienes, indicando expresamente las razones por las que solicita la asignación, así como los propósitos y fines de utilidad a que afectará los bienes solicitados.
Examinadas las propuestas en sesión pública el ente de custodia y administración elegirá una o varias de ellas, según la naturaleza y cantidad de los bienes. Se podrán fijar condiciones para la entrega, siempre que ellas no desnaturalicen el fin propuesto o tornen imposible o gravosa la entrega.

Artículo 7. Fondo de Administración.
El Ente de administración asignará el diez por ciento del producto de los bienes subastados a conformar un fondo de administración que permita la conveniente custodia y conservación de los bienes y el mantenimiento de las operaciones administrativos y registros..

Artículo 8. Queja por arbitrariedad.
Contra el auto que ordene o rechace el decomiso, solo procederá recurso de queja por arbitrariedad, ante el tribunal superior de la causa.
Se encuentran legitimados las partes, el tercero que alegue tener un mejor derecho sobre los bienes decomisados, la oficina anticorrupción y las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la prevención de la corrupción o a la vigencia de los derechos fundamentales. El mismo deberá interponerse por escrito fundado dentro del plazo de cinco días hábiles de notificado el auto respectivo, directamente ante el tribunal de alzada. Dentro del plazo de diez días de su interposición, el Tribunal convocará a las partes a audiencia oral y pública en la que, previo contradictorio, se decidirá sobre la procedencia del decomiso.

Artículo 9. Búsqueda de bienes de origen ilícito.
Quien ejerza la acción penal, impulsara las investigaciones para la identificación, incautación y posterior decomiso de bienes de los que se sospeche su origen ilícito. Con este propósito, realizará las medidas que estime necesarias para averiguar la causa de adquisición de los bienes.
Podrán colaborar con esa tarea como terceros coadyuvantes la Oficina Anticorrupción, otras entidades del Estado nacional o provincial y organismos no gubernamentales especializados.

Art. 10. Costas.
En todos los incidentes, quejas o reclamos que se susciten por la aplicación de esta ley no se aplicarán costas ni se cobrarán tasas a ninguno de los intervinientes.

29.11.06

Los fondos podrán ser más reservados

Alfredo Popritkin
Investigador de Fraudes

Ha sido muy “inteligente” la ingeniería legislativa elaborada en agosto de 2006 por Ley 26.134.
Al derogarse las viejas leyes sobre fondos reservados en Argentina, ha cobrado importancia la ley de inteligencia que mantiene vigentes este tipo de gastos.
En modo alguno los fondos secretos dejarán de existir, por el contrario, no solo continúan vigentes, sino que se multiplicaron los organismos que los pueden recibir. El nuevo esquema legislativo eleva en 52 organismos los que pueden recibir fondos reservados, mientras que hasta ahora solo llegaron a un máximo de 13.
Entre los que se agregan están los 23 gobernadores de provincias, las 23 policías provinciales, Gendarmería, Prefectura, las comisiones de Defensa de ambas Cámaras del Congreso, el Consejo de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Si se le adicionan los 9 organismos que subsisten, hacen un de total 62, contando la SIDE, Presidencia, ambas cámaras del Congreso, los ministerios de Interior, Defensa y el de Justicia que reemplaza a Relaciones Exteriores, la Policía Federal y los Estados Mayores de Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La comisión bicameral será competente para supervisar y controlar los gastos reservados que fueren asignados a los integrantes del sistema de inteligencia nacional, sin necesidad de la rendición de cuentas que establecía la norma derogada. Todo lo que puede llegar a hacer la comisión legislativa es un mero “control de finalidad”, para conocer el destino dado a determinada partida, pero fuera de todo sistema contable o control riguroso alguno, lo que hace de por sí incompleta la única norma que quedó en pie.
La eliminación de controles y rendiciones, así como la supresión de la obligación de registrar las salidas de fondos, impedirá que los jueces puedan investigar posibles desvíos, por carecer de sustento jurídico para hacerlo. El retroceso de la nueva realidad legislativa, es significativo.
Sin perjuicio de ello, la eliminación de la norma de 1956 da paso a que estos fondos puedan ser autorizados por decretos o resoluciones, que sí pueden ser secretos. Pero, al no ser conocidos por el Congreso Nacional por quedar en la órbita del Ejecutivo, no le será sencillo proceder al control.
Como aspecto a favor se puede decir que la ley de inteligencia de 2001 que ahora adquiere relevancia, establece la elevación de un informe anual al Congreso Nacional por parte de la Comisión, pero lamentablemente, en los últimos cinco años no se ha presentado ninguno.

Links 2007
La Comisión que debe controlar los fondos reservados, no hace su trabajo
No se conoce en donde terminan $500 millones de fondos reservados

28.11.06


ACERCA DE LA ONG


Nuestro Compromiso

Quienes integramos y participamos en este grupo de graduados universitarios, vinculados con las ciencias económicas aplicadas dentro del ámbito judicial, intentamos buscar el aporte positivo de nuestra especialidad, conocimiento y experiencia profesional en apoyo de dos valores importantes y fundamentales que reclama nuestra comunidad social: que son la Verdad y la Justicia.
En efecto, en la actualidad es común observar que, en determinadas circunstancias los miembros que integran la magistratura, necesitan y no siempre cuentan ni tampoco poseen, el apoyo técnico directo en la asistencia y asesoramiento profesional suficiente para un adecuado análisis y posterior esclarecimiento de los diversos delitos económicos que se cometen en nuestra sociedad.



Alcance

“CONTADORES FORENSES” pone a disposición de Camaristas, Jueces, Fiscales y demás miembros de la Magistratura, su mejor predisposición, esfuerzo y voluntad para asistirlos oportuna y directamente en forma reservada, amplia y desinteresada.
Esa colaboración y servicio se extiende a otros organismos estatales y entidades no gubernamentales sin fines de lucro, que también participan y luchan incansable y esforzadamente contra los delitos que afectan a la propiedad (fraude, administración fraudulenta, defraudación, estafa, retención indebida, etc.), lavado de dinero, delitos contra la administración pública y la fe pública, delitos por evasión impositiva y previsional, como así también, otros diversos delitos de carácter económico que generan perjuicios de carácter patrimonial o financiero, y que poseen un evidente y notorio interés social y comunitario.



Catálogo de prestaciones
Organismos públicos
- Programa de Transparencia
- Auditoría de Fraudes
Administración de Justicia
La necesidad probatoria tiene diferentes variantes, veamos las alternativas disponibles:
Simples
a) Asesoramiento en entrevista personal en la sede del Tribunal o Fiscalía.
b) Emisión de informe sobre algún aspecto puntual o determinado, previo estudio de un expediente, documentación o registros contables. Clic para ver el catálogo completo



Recuperación de fondos

y otros activos

La función reparadora de los delitos económicos no solo alcanza a la investigación y juzgamiento de los responsables, sino a la recuperación del producto de los delitos, sean estos dinero o bienes. En este sentido los “CONTADORES FORENSES” tenemos una importante tarea en la determinación de los activos involucrados, su resguardo y devolución a los titulares, o al destino asignado por las autoridades.




Antecedente

Esta idea se encuentra inspirada en el "Equipo Argentino de Antropología Forense" (EAAF), que tan efectiva y proficua labor viene realizando en el campo de su actividad.



Patrimonio Cultural

El cuidado del patrimonio cultural es otro de los objetivos complementarios que también comprende nuestra labor. En efecto, estos bienes generalmente de gran valor histórico, tradicional, afectivo y económico, suelen ser objeto de depredación y manifiesto descuido.
Por diferentes razones y causas se cometen y reiteran delitos que implican su pérdida o afectación y muy lamentablemente son escasos los recursos disponibles para su debido cuidado, protección o recuperación.
En la medida de lo posible, en cuanto se encuentre a nuestro alcance y disposición, también podemos aportar nuestros conocimientos y experiencia en esta materia, directamente ligados y relacionados con la investigación de los delitos económicos.




Problemática

actual

Gran parte de los delitos de carácter económico que se producen en nuestra sociedad, por su propia naturaleza y características, son difíciles de abordar, esclarecer y dilucidar con la debida celeridad y eficiencia que exigen la comunidad social y la opinión pública.
Ello es así debido al contexto económico en que se desenvuelven las diversas actividades productivas, comerciales y de servicios en que se desarrolla la inmensa y compleja cantidad de operaciones, movimientos y transacciones de carácter patrimonial y financiero en el mundo actual.
Si a esa circunstancia se le agrega la existencia de organizaciones y entidades empresarias constituidas bajo diversas formas societarias y asociativas, unido a la evolución de la tecnología de las comunicaciones y a la alta cantidad de transacciones y operaciones que se cumplen en la mayor parte de las actividades humanas, fácilmente puede advertirse la significativa importancia de la problemática actual vigente en esta materia.



Escuela de

Investigadores de

Fraudes

Para mitigar progresivamente la problemática de los fraudes en las organizaciones privadas o públicas, y esperar resultados cada vez más exitosos, es necesario contar con planteles de investigadores adecuadamente capacitados.
A través de la escuela de investigadores se procura contribuir a la formación de expertos, con la participación de los docentes que han acumulado mayor experiencia y se encuentran en condiciones de trasmitirla.
"CONTADORES FORENSES" busca dinamizar mecanismos de capacitación, ponerlos a disposición de quienes requieren los conocimientos, a cuyo fin realiza las alianzas necesarias para hacerlos duraderos en el tiempo.
Con el apoyo de la Fundación AVINA y la participación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se ha organizado el Curso de Investigación de Fraudes.



Perfil de un contador forense

No basta que el contador forense sea un perito o auditor con experiencia.
Además debe tener la firme decisión de llegar a la verdad y utilizar no solo sus conocimientos sino también toda su astusia y creatividad.
En los casos en que corre riesgo su estabilidad laboral o puede ser objeto de represalias o intimidaciones, el contador forense prioriza la profundidad de la investigación.



Reflexión de Eugenio Zaffaroni

Algunas veces hay cosas muy técnicas, por ejemplo: la denuncia de una explotación minera nos genera un riesgo tolerable o no es tolerable?, es común en el mundo, no es común?. (…) En esos casos sirven los amicus.
Nosotros normalmente estamos resolviendo cosas de las que no sabemos. En el problema del delito económico es ese, son los peritajes, es la investigación. Ver



Amicus curiae
(amigos del
tribunal)


En ocasiones los jueces y tribunales necesitan recabar opinión de la sociedad civil, referida a cuestiones eminentemente técnicas.
En un proyecto legislativo de reglamentación, se ha dicho que es importante tener en cuenta que ampliar el campo de actuación de los tribunales [...] con la presentación de memoriales de Amigos del Tribunal [...] los jueces están resolviendo sobre cuestiones que requieren de un conocimiento técnico que excede la función de la Magistratura. Si bien esto puede ser subsanado por la actuación de los peritos, la presentación de instituciones dedicadas específicamente a determinados asuntos enriquece, desde los aspectos técnicos, el conocimiento que el juez pueda tener sobre el asunto.
"CONTADORES FORENSES" está en condiciones de contribuir en tal sentido brindando su desinteresada opinión.
Dichas presentaciones no requieren necesariamente ser de carácter legal, pudiendo ofrecer otras perspectivas (histórica, económica, sociológica, etc.), pero ellas deben tener alguna incidencia jurídica (Wikipedia).



Asistencia a periodistas



Los periodistas de investigación suelen recurrir a fuentes especializadas, en cada ocasión que requieren orientar o chequear un trabajo.
En esa tarea los "CONTADORES FORENSES" estamos dispuestos, pues nos interesa que la sociedad se encuentre adecuadamente informada, incluso en aspectos que pueden ser de cierta complejidad técnica.



Pericias y arbitrajes internacionales
Los gobiernos u organismos multilaterales recurren a expertos, dispuestos a emitir opinión en casos que trascienden las fronteras de un país.
Razones de independencia, objetividad o seguridad justifican estas intervenciones con participación de especialistas de diferentes partes del mundo.






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