Los controles que no funcionan

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El Estado argentino cuenta con suficientes controles. Los encontramos en los tres poderes del Estado.

Poder Ejecutivo

Cantidad de contadores, economistas, auditores, inspectores e investigadores integran la Contaduría General de la Nación (CGN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Todos ellos dedicados al control interno y de gestión, de las transacciones que realizan las diferentes dependencias del Estado.

Además, se les suman otros organismos que coadyuvan a efectuar controles, análisis e investigaciones, tales como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA), la Sueperintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Poder Legislativo

El control externo se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el organismo que asiste al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, que resulte completa, clara y veraz.

Poder Judicial

Dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se trabaja en la investigación de hechos delictivos. Se hace a través de estructuras propias y también con la ayuda de oficinas auxiliares.

Los 12 juzgados federales de la Capital Federal y muchos otros diseminados por el territorio nacional están dedicados a la investigación de casos criminales contra el Estado. Asimismo, las dos salas de la Cámara Federal y 6 tribunales orales federales.

Asimismo, dentro del Ministerio Público funcionan entidades con dedicación específica a estos casos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina de control de Delitos contra la Administración Pública, así como otras especializadas como Unidad Fiscal de delitos Tributarios y Contrabando, la Unidad Fiscal de delitos de Lavado de Dinero, la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, la Unidad Fiscal de delitos de la Seguridad Social, la Unidad Fiscal de delitos contra el PAMI y la Unidad Fiscal de delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil.

En ayuda del Poder Judicial, colaboran el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Procuración del Tesoro Nacional.

A pesar de estas super-estructuras al servicios del control de la administración pública y de las investigaciones delictivas, los sistemas de administración y control del Estado Nacional y el sistema judicial de investigaciones de delitos contra el Estado, funcionan -en general- con serias deficiencias.

La Policía Federal presenta pericia contable en la causa Sckoklender

La información sobre los movimientos de dinero asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas fue entregada al juez en un informe técnico realizado por peritos de la Policía Federal.

El juez federal Norberto Oyarbide comenzó a analizar el extenso informe realizado por la División Patrimoniales de la Policía. El estudio de ese documento será tomado en cuenta para resolver el pedido del fiscal Jorge Di Lello de llamar a declaración indagatoria a más de 60 acusados.

Se trata del primer informe integral relacionado con las maniobras que se les achacan a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a varios socios y allegados de los exapoderados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Hasta ahora, Oyarbide contaba sólo con un estudio realizado por el Banco Central relacionados con determinadas cuentas bancarias, pero que no entrecruzaba los datos.

El juez le había encargado el 26 de octubre de 2011 a la fuerza de seguridad, la realización del estudio bajo la premisa de cruzar informes contables de la Fundación Madres, del Central, de la Inspección General de Justicia y de la AFIP, relacionados con movimientos financieros y cambios de cheques a cargo de los imputados en el expediente.

En paralelo el magistrado aguarda el resultado de una pericia contable, estudio que le encargó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema en conjunto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A través de ese peritaje, el juez espera establecer si hubo sobreprecios en la ejecución de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos, de Madres, o una eventual subejecución de las construcciones encargadas por el Gobierno nacional o las administraciones provinciales y municipales.

Oyarbide optó por reclamar los informes a la Policía Federal, la Corte y al Banco Centra,l en lugar de aguardar un estudio completo que preveía realizar la Auditoría General de la Nación (AGN).

En ese momento el juez hizo saber que prefería no estar sometido a los tiempos del órgano de control que maneja el radical Leandro Despouy. En cambio, la AGN arrancó con una auditoría a pedido del otro juez que estudia las obras de las Madres, Marcelo Martínez de Giorgi.

Hasta ahora, los informes del Central, los únicos incorporados a la causa, dieron cuenta de presuntos desvíos de fondos públicos por parte de socios o empleados de empresas cercanas a Schoklender, como Meldorek o Antártica Argentina.

El mecanismo detectado por la autoridad monetaria consistía en la supuesta derivación de recursos que salían del Estado nacional y que tenían como destino la fundación Madres, hacia compañías sospechadas de haber sido creadas al sólo efecto de absorber esos fondos. Y en el final de la cadena, el Central estableció que el dinero terminaba por ser cobrado por empresarios ligados a los Schoklender e incluso por empleados de escasos ingresos de las compañías señaladas.

Fuente: UBA y Ambito

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