Los controles que no funcionan

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El Estado argentino cuenta con suficientes controles. Los encontramos en los tres poderes del Estado.

Poder Ejecutivo

Cantidad de contadores, economistas, auditores, inspectores e investigadores integran la Contaduría General de la Nación (CGN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Todos ellos dedicados al control interno y de gestión, de las transacciones que realizan las diferentes dependencias del Estado.

Además, se les suman otros organismos que coadyuvan a efectuar controles, análisis e investigaciones, tales como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA), la Sueperintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Poder Legislativo

El control externo se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el organismo que asiste al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, que resulte completa, clara y veraz.

Poder Judicial

Dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se trabaja en la investigación de hechos delictivos. Se hace a través de estructuras propias y también con la ayuda de oficinas auxiliares.

Los 12 juzgados federales de la Capital Federal y muchos otros diseminados por el territorio nacional están dedicados a la investigación de casos criminales contra el Estado. Asimismo, las dos salas de la Cámara Federal y 6 tribunales orales federales.

Asimismo, dentro del Ministerio Público funcionan entidades con dedicación específica a estos casos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina de control de Delitos contra la Administración Pública, así como otras especializadas como Unidad Fiscal de delitos Tributarios y Contrabando, la Unidad Fiscal de delitos de Lavado de Dinero, la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, la Unidad Fiscal de delitos de la Seguridad Social, la Unidad Fiscal de delitos contra el PAMI y la Unidad Fiscal de delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil.

En ayuda del Poder Judicial, colaboran el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Procuración del Tesoro Nacional.

A pesar de estas super-estructuras al servicios del control de la administración pública y de las investigaciones delictivas, los sistemas de administración y control del Estado Nacional y el sistema judicial de investigaciones de delitos contra el Estado, funcionan -en general- con serias deficiencias.

La Policía Federal presenta pericia contable en la causa Sckoklender

La información sobre los movimientos de dinero asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas fue entregada al juez en un informe técnico realizado por peritos de la Policía Federal.

El juez federal Norberto Oyarbide comenzó a analizar el extenso informe realizado por la División Patrimoniales de la Policía. El estudio de ese documento será tomado en cuenta para resolver el pedido del fiscal Jorge Di Lello de llamar a declaración indagatoria a más de 60 acusados.

Se trata del primer informe integral relacionado con las maniobras que se les achacan a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a varios socios y allegados de los exapoderados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Hasta ahora, Oyarbide contaba sólo con un estudio realizado por el Banco Central relacionados con determinadas cuentas bancarias, pero que no entrecruzaba los datos.

El juez le había encargado el 26 de octubre de 2011 a la fuerza de seguridad, la realización del estudio bajo la premisa de cruzar informes contables de la Fundación Madres, del Central, de la Inspección General de Justicia y de la AFIP, relacionados con movimientos financieros y cambios de cheques a cargo de los imputados en el expediente.

En paralelo el magistrado aguarda el resultado de una pericia contable, estudio que le encargó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema en conjunto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A través de ese peritaje, el juez espera establecer si hubo sobreprecios en la ejecución de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos, de Madres, o una eventual subejecución de las construcciones encargadas por el Gobierno nacional o las administraciones provinciales y municipales.

Oyarbide optó por reclamar los informes a la Policía Federal, la Corte y al Banco Centra,l en lugar de aguardar un estudio completo que preveía realizar la Auditoría General de la Nación (AGN).

En ese momento el juez hizo saber que prefería no estar sometido a los tiempos del órgano de control que maneja el radical Leandro Despouy. En cambio, la AGN arrancó con una auditoría a pedido del otro juez que estudia las obras de las Madres, Marcelo Martínez de Giorgi.

Hasta ahora, los informes del Central, los únicos incorporados a la causa, dieron cuenta de presuntos desvíos de fondos públicos por parte de socios o empleados de empresas cercanas a Schoklender, como Meldorek o Antártica Argentina.

El mecanismo detectado por la autoridad monetaria consistía en la supuesta derivación de recursos que salían del Estado nacional y que tenían como destino la fundación Madres, hacia compañías sospechadas de haber sido creadas al sólo efecto de absorber esos fondos. Y en el final de la cadena, el Central estableció que el dinero terminaba por ser cobrado por empresarios ligados a los Schoklender e incluso por empleados de escasos ingresos de las compañías señaladas.

Fuente: UBA y Ambito

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Pericia contable en Paraguay define la causa contra un Ministro de la Corte

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Diario de Paraguay

Se reproduce la nota completa

Sugestivo peritaje de fiscalía para archivar investigación al ministro

Un sugestivo peritaje de las contadoras Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez, del Laboratorio Forense de la fiscalía, posibilitó el “archivo” de la investigación por enriquecimiento ilícito del ministro de la Corte Víctor Núñez, su esposa Julia Albertini y su hija Cathia Núñez. Además, la Contraloría General también dictaminó que “existe correspondencia de bienes”

La clave para que Núñez no posea “enriquecimiento ilícito” fue no atribuirle siete lujosos dúplex que la firma Animex -donde su esposa María Julia Albertini es directora- tiene en el barrio Villa Virginia de Lambaré y una casa de 300.000 dólares en el distrito de la Recoleta de Asunción, que está inscripta a nombre de la SA en los Registros Públicos.

Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez concluyeron que esa firma tenía recursos financieros y que solo poseía como saldo en caja poco más de G. 15 millones.

Las profesionales iniciaron la pericia contable a Animex SA el 14 de julio de 2011.

Esa pericia concluyó: “los recursos financieros que sirvieron para solventar las inversiones y gastos de la sociedad Animex SA provienen de los ingresos generados por las actividades de la sociedad, tales como la actividad comercial, alquileres de inmuebles, los ingresos provenientes de la actividad ganadera, préstamos obtenidos de terceros y aportes de los accionistas, capitalizados y a capitalizar, conforme se observa en el resumen general de saldo en caja, según balance general y flujo de efectivo al cierre del 31 de diciembre de 2009, de G. 15.829.151...”.

De esta forma se descartó el enriquecimiento ilegítimo, porque supuestamente Núñez posee correspondencia de bienes y, por ende, se descarta el  lavado de dinero a través de Animex.

El dictamen fue trascendental porque con ese aval más el examen del contralor Rubén Velázquez y sus auditores, el fiscal de Delitos Económicos, René Fernández, solicitó el 27 de diciembre del año pasado la desestimación de la causa.

El “archivo” fue concretado la semana pasada por el juez penal de garantías de feria, Hugo Sosa Pasmor, quien interina a Humberto Otazú, juez penal de Delitos Económicos.
   
De esta forma, el resultado pericial del Laboratorio Forense del Ministerio Público está en duda porque una investigación periodística reveló el crecimiento económico de la firma Animex, y que sus bienes serían los del ministro. La sociedad anónima compró una residencia de 300.000 dólares (donde vive el ministro), siete dúplex en Lambaré y un campo de 800 hectáreas en la zona de Villa Oliva, por más de G. 1.300 millones.   

La credibilidad de la perita Graciela Álvarez sigue en juego porque debe expedirse sobre la fortuna del senador Víctor Bernal.

Fuente: ABC Digital

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Concurso de Peritos Contadores Oficiales - Nota II

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El Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con una dotación de 22 Peritos Oficiales, que en la actualidad se encuentra reducido a la mitad, por las vacantes que se han venido produciendo.

Ante el cúmulo de causas penales que recibe este cuerpo y la complejidad de las mismas, el número de peritos resulta insuficiente, razón por la cual se hace necesario acelerar los pasos tendientes a cubrir los cargos.

El proceso de selección de peritos puede demandar aproximadamente un año, razón por la cual se prevé que la situación actual subsistirá durante todo el año 2012.

El concurso debe cumplir con una serie de pasos reglamentarios, tendientes a seleccionar a los mejores profesionales disponibles.

Resulta necesario, entonces, que la Corte Suprema realice la convocatoria para el llamado a concurso, para que se presenten los postulantes interesados.

En el informe de gestión del Alto Tribunal del año 2011, se anunció la realización del concurso, razón por la cual es de esperar que en breve plazo se anuncie el cronograma del concurso.
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Inscripción para el curso de Peritos Contadores Oficiales

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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal anunció el lanzamiento del Ciclo Anual para Aspirantes a Peritos Contadores Oficiales, que se realizará a partir del mes de marzo de 2012, en 9 clases mensuales.


El último lunes de cada mes, por la mañana tendrán lugar las clases a cargo de los ex peritos contadores oficiales Alfredo Popritkin y Quintino Dell´Elce.

Este curso de Actualización tiene por propósito analizar todos los temas relativos al concurso de peritos anunciado por la Corte Suprema, y pueden cursarlo todos aquellos contadores interesados en conocer las características del cargo de perito contador oficial, la bibliografía recomendada, los conocimientos previos que son requeridos, el reglamento de concurso de peritos, el reglamento de funcionamiento del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, así como también se analizarán casos de pericias contables penales y el funcionamiento y aplicación del Código de Procedimientos en Materia Penal, en la parte concerniente a la prueba de peritos.


En cada encuentro mensual se analizarán las novedades surgidas en relación al trámite del concurso y se responderán a todas las preguntas de los asistentes.


El Consejo tomará las inscripciones para el curso a partir del 25 de enero de 2012.


La Corte Suprema ha informado que el llamado a concurso será por 10 cargos vacantes que se necesitará cubrir.


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Fuente: Consejo Profesional de Ciencias Económicas