El juez Oyarbide siguió la estrategia de encargar varios "informes técnicos" fraccionados y no una pericia contable en la causa que se le sigue a quienes administraron la construcción de viviendas en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Para establecer el recorrido de los fondos encargó al Banco Central, organismo que tiene a su alcance las herramientas para hacerlo. Tendrán que revisar los estados de cuentas, solicitar los cheques de las entidades y sociedades que intervinieron, partiendo desde luego, de los fondos suministrados por el Estado a las Madres.
A los técnicos de la Policía Federal les solicitó, entre encomendó otra labor. Establecer la envergadura del perjuicio económico ocasionado al Estado Nacional, es decir, les pidió cuantificar el monto del dinero desviado con fines extraños y no aplicados precisamente a la "misión sueños compartidos".
Estos dos organismos dependientes del gobierno nacional deberían garantizar que su tarea se realizó con absoluta independencia e imparcialidad, pero además, que no han dejado ninguna cuestión relevante en el camino, incluso aquéllas que pueden llegar a involucrar a funcionarios públicos.
Por último, el juez encargó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema realizar un informe tendiente a establecer la posible existencia de sobreprecios en la construcción de las viviendas, tarea inicialmente solicitada a la Auditoría General de la Nación, pero que esta entidad rehusó realizar ante la duda que el juez le estuviera entregando todas las evidencias de que dispone y permitirle relevar la información en la sede del juzgado.
La división de tareas técnicas en tres organismos con expertos contables requerirá una cuidadosa tarea de ensamble y complementación posterior.
La decisión de contar con simples informes, sin el control de las partes, brindará resultados en corto tiempo, pero adolece de no tener el aporte y participación de los posibles responsables.
Fuente: Diario La Nación
