25.2.12

Tragedia en Once: empresas que se enriquecen, funcionarios que acompañan y controles que no funcionan




El choque del tren en la Estación Once de la ciudad de Buenos Aires dejó el luctuoso saldo de 51 argentinos muertos, más de 700 heridos, miles de amigos y familias afectadas, además de toda una sociedad indignada.

Desde este blog trataremos de aportar una mirada desde el manejo de los fondos públicos y las decisiones que inciden en las cuestiones económicas.


Subsidios: La Auditoría General de la Nación (AGN) anuncia la finalización de un informe que analiza el análisis del cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de la seguridad pública y operativa, verificación de los costos de referencia y evaluación de los controles realizados en el marco de la redeterminación de los subsidios, período 2007-2009.

El fiscal Delgado dirige su mirada hacia allí, hacia quienes desviaron dineros públicos.


Responsabilidades: Resulta que los informes de la AGN tienen como destinatarios los legisladores, que nada han realizado con ellos, ni siquiera los que pertenecen a partidos no oficiales. Todo lo demás ha funcionado igual que el resto de los controles, es decir, no han existido, se han eludido permanentemente.

Causa Judicial: Ya en el arranque de la causa el fiscal Delgado se diferenció del juez Bonadío. Delgado pide se investiguen los subsidios pagados y el destino que le dio TBA a dichas sumas, mientras Bonadío desentendió al conductor del tren luego de una declaración que aseguraba que los frenos fallaron y que ya venían con fallas de otra estación, y que los problemas de mantenimiento venían siendo advertidos.

Gobierno: Formaría parte de un esquema de entrega de subsidios sin control y se deja flotando la connivencia de funcionarios. La cercanía de la relación con el titular del concesionario y la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación, a punto de compartir viajes presidenciales al exterior, muestran vínculos muy aceitados a alto nivel, debiendo determinarse hasta dónde han llegado.

Pruebas:
AGN: En la página web señala que entre las audtorías en trámite tienen:
  • MPFIPyS y/o ST - Verificar la gestión y cont. realizados en los proced. de contrataciones de material rodante serv. ferrov.en el marco de los Tratados internacionales - 2004/2010 - y su posterior adm.
  • ST-CNRT- Est. Esp. transp. autom. pasaj. conformación empresarial y verificación estado  permisos explot. otorg.a las operadoras de transp. urbano de pasaj.-AMBA- a det - Estudio Especial
  • Secretaría de Transporte - Comisión Nacional Regulación del Transporte - CNRT - Trenes de Buenos Aires S.A.  - Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Gestión
Además, el Colegio de Auditores de la AGN, en el acta n° 22 del 27 de diciembre de 2011 señala:


Se encuentra en ejecución el proyecto de auditoría, Secretaría de Transporte, CNRT y TBA, cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de la seguridad pública y operativa, verificación de los costos de referencia y evaluación de los controles realizados en el marco de la redeterminación de los subsidios, período 2007-2009.


Se está realizando el análisis de la vista otorgada por el organismo auditado. El 19/12 ingresó el descargo.


El proyecto de informe contempla casi la totalidad de los items pedidos por la Comisión Parlamentaria Mixta.




El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, dijo el 27 de febrero de 2012:
Es posible que este hecho marque un punto de inflexión para el cambio.
El Estado debe controlar la afectación específica de los subsidios a los fines a que han sido aplicados en función de los objetivos previstos, tales como mantenimiento, seguridad, etc.
Con el informe de auditoría del año 2008 el Estado se encontraba en condiciones de rescindir el contrato de concesión del Ferrocarril Sarmiento, pero no lo ha hecho.

Esta nota continuará en los próximos días

15.2.12

Concurso para Perito Contador Oficial en Resistencia




El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco llamó a concurso abierto de oposición y antecedentes a fin de cubrir un cargo de jefe de división con funciones de perito contador oficial en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Resistencia.


Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado; tener 25 años de edad como mínimo; poseer título de contador público expedido por universidad nacional o privada reconocida oficialmente; matriculado con 5 años de ejercicio en la profesión; residencia efectiva en la I circunscripción judicial; carecer de antecedentes penales y de sanciones profesionales.
Las solicitudes de inscripción se recibirán hasta el 18 de noviembre en la Secretaría de Superintendencia, a través de la mesa de entradas del STJ.
 Para concretar la inscripción se deberá presentar una nota de pedido adjuntando: CV (con fotocopias simples de cursos, congresos, certificados, etc. que acrediten lo expuesto); certificado de domicilio de la provincia del Chaco; fotocopia del título de contador público; fotocopia de DNI, constancia de buena salud, certificado de conducta emitido por la policía del Chaco; constancias de matriculación, de antigüedad en el ejercicio profesional y de sanciones disciplinarias, extendidas por el órgano encargado del gobierno de la matrícula; además de cumplir con los demás requisitos exigidos por el Reglamento Interno del Poder Judicial. 


7.2.12

Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina



Constitución Nacional (art. 85)

El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.



La dirección se encuentra a cargo de un presidente, un colegio de seis auditores generales y las comisiones de supervisión.
El organismo cuenta con nueve gerencias, la auditoría interna y la secretaría de asuntos institucionales y legales.
Trabajan en el organismo 600 personas, entre profesionales y personal auxiliar.
Las gerencias son las siguientes:
  • Control de gestión del sector no financiero
  • Control financiero del sector no financiero
  • Control del sector financiero y recursos
  • Control de entes reguladores y empresas prestadoras de servicios públicos
  • Control de deuda pública
  • Control de transferencias de fondos nacionales
  • Control de cuenta de inversión
  • Planificación y proyectos especiales
  • Administración y finanzas
.

Los controles que no funcionan


El Estado argentino cuenta con suficientes controles. Los encontramos en los tres poderes del Estado.

Poder Ejecutivo
Cantidad de contadores, economistas, auditores, inspectores e investigadores integran la Contaduría General de la Nación (CGN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Todos ellos dedicados al control interno y de gestión, de las transacciones que realizan las diferentes dependencias del Estado.

Además, se les suman otros organismos que coadyuvan a efectuar controles, análisis e investigaciones, tales como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA), la Sueperintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Poder Legislativo
El control externo se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el organismo que asiste al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, que resulte completa, clara y veraz.

Poder Judicial
Dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se trabaja en la investigación de hechos delictivos. Se hace a través de estructuras propias y también con la ayuda de oficinas auxiliares.

Los 12 juzgados federales de la Capital Federal y muchos otros diseminados por el territorio nacional están dedicados a la investigación de casos criminales contra el Estado. Asimismo, las dos salas de la Cámara Federal y 6 tribunales orales federales.

Asimismo, dentro del Ministerio Público funcionan entidades con dedicación específica a estos casos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina de control de Delitos contra la Administración Pública, así como otras especializadas como Unidad Fiscal de delitos Tributarios y Contrabando, la Unidad Fiscal de delitos de Lavado de Dinero, la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, la Unidad Fiscal de delitos de la Seguridad Social, la Unidad Fiscal de delitos contra el PAMI y la Unidad Fiscal de delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil.

En ayuda del Poder Judicial, colaboran el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Procuración del Tesoro Nacional.

A pesar de estas super-estructuras al servicios del control de la administración pública y de las investigaciones delictivas, los sistemas de administración y control del Estado Nacional y el sistema judicial de investigaciones de delitos contra el Estado, funcionan -en general- con serias deficiencias.