La condena a tres años y seis meses de prisión, multa $ 50.000, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena e inmediata captura, una vez firme la sentencia.
Diversas irregularidades son la base de la decisión del tribunal oral:
La aprobación de adicionales sin
justificación alguna, numerosos incumplimientos en los plazos
de ejecución de las obras, inobservancia de los presupuestos
estimados, pago de precios superiores a los del mercado y el
cobro de honorarios por parte de los consultores ingenieros a
tasas superiores a las contractualmente establecidas.
El perjuicio patrimonial ocasionado al Estado Nacional es de al
menos 380.000 pesos/dólares de honorarios cobrados en
exceso.
A este perjuicio se debe sumar que se privó al
Estado Nacional de mejores precios o términos más
convenientes a los obtenidos, y ajenos a la discrecionalidad
de los agentes públicos que intervinieron en las
contrataciones, por haberse evitado en forma reiterada e
ilegal la licitación o concurso público.
Para entender la fraudulenta operación que generó un
daño económico al erario público de semejante magnitud,
corresponde ir desgranando las diversas y numerosas
irregularidades que me permiten afirmar que la constitución del fideicomiso en el Banco Ciudad de Buenos Aires se realizó
de manera irregular y que la contratación de los ingenieros
Bignoli y posteriormente de las empresas y personas
proveedoras de los bienes y servicios, fue realizada en forma
ilegal y orientada.