13.6.11

La Corte Suprema podría hacer más en materia de corrupción y fraudes contra el Estado


La Corte Suprema acompaña eficientemente la política de derechos humanos del Gobierno y encabeza trascendentes iniciativas sobre el medio ambiente.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación a los fraudes contra el Estado, cuando sabemos que el Tribunal tiene a su alcance herramientas vitales y las mejores posibilidades.
La Corte tiene una deuda vencida al no prestar apoyo ni atención adecuada a la organización y capacitación del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales.

Tampoco promueve acciones eficientes de formación de jueces y funcionarios en materia de crimen organizado, lavado de dinero y demás delitos complejos que muestren cómo se dilapidan los fondos públicos.
El Cuerpo de Peritos Contadores que depende del máximo tribunal elevó hace más de un año una propuesta de reglamento que la propia Corte le solicitó. Las autoridades del organismo no tuvieron respuesta alguna y el tema cayó en el vacío, cuando el cuerpo pericial necesita tener sentadas las bases para introducir cambios y poder desarrollarse.
Este organismo elabora las pruebas contables que definen los principales fraudes al Estado, y es crucial que se encuentre con los reglamentos, capacidades e indpendencia necesarios para resolver los casos de manera eficiente y correcta.
El Dr. Lorenzetti reconoció, que los jueces, el Poder Judicial, está avanzando en muchas causas en todo el país, pero tiene dificultades para entender y desentrañar mecanismos financieros muy complejos, diario La Nación del 12 de junio de 2011.

Esto corrobora la necesidad que existan especialistas en la materia que puedan explicar a los magistrados las maniobras delictivas, de allí la importancia de un equipo de expertos de excelencia y bien organizados.
Tal vez el presidente de la Corte prefiere no encarar este delicado tema pendiente, para no generar roces con el poder de un gobierno ligero en el manejo de los fondos públicos, con muchas cuentas pendientes aún sin rendir.

El país necesita seguir sumando políticas públicas a través de un Poder Judicial que marque rumbos.