Recordemos algunos
detalles que permiten entender el alcance y dimensión de este mega delito.
Trece organismos del estado recibieron, durante 14 años (1988 a 2001) la suma
de 4.152 millones de pesos/dólares en concepto de fondos reservados, para realizar
gastos en materia de seguridad e inteligencia, de los que nunca rindieron
cuentas.
La SIDE, fuerzas armadas,
policía, Sedronar, pero también las dos cámaras del Congreso, Cancillería,
ministerios del Interior, de Defensa y la Presidencia de la Nación.
Se sospecha que buena
parte de los fondos se desvió con diferentes destinos, pero no se ha rendido
cuentas, mínimamente, ni fueron investigado por organismos judiciales.
La justicia consideró
que el manejo de estos fondos reservados era un tema político y no criminal,
razón por la cual cerró la causa y la envió a archivo.
Los fondos reservados
desde 2002 a la fecha no recibieron controles de ninguna naturaleza.
En otra causa quedó
probado que 466 millones de pesos/dólares se pagaron en concepto de
sobresueldos al gabinete de Menem, sin recibo, en negro, en efectivo y sin
pasar por la contabilidad del estado.
Se puso en marcha un
sistema de sobresueldos, para reunir los fondos y terminar en los bolsillos de
los funcionarios, todos los meses.
Era tanta la cantidad
de dinero, que varios funcionarios debieron incluir una parte en sus
declaraciones de impuestos, para que les cierre la ecuación tributaria. Los
ministros llegaron a percibir solo de sobresueldos hasta cien mil pesos/dólares
por mes.
Todo ello se conoció
cuando la ingeniera María Julia Alsogaray se hallaba en prisión para ser
juzgada por enriquecimiento ilícito. Tras pasar varios meses en la cárcel dio a
conocer el sistema. Obró como una arrepentida, aunque en realidad solo buscaba
generar la presión suficiente para ser liberada. Emitió una declaración pública
y también declaró judicialmente, dando inicio a la causa conocida como
sobresueldos, donde ahora recibieron condenas el ex presidente y ex ministros
Menem, Cavallo y Granillo Ocampo.
También se supo que
cientos de funcionarios y jueces fueron beneficiados con los sobres, pero las
investigaciones no los alcanzaron. Jueces federales recibieron estos fondos,
situación que preocupó al juez Fayt, quien quiso conocer detalles de las
maniobras y las pericias. El Consejo de la Magistratura no abrió una
investigación y archivó una denuncia. Algunos de estos jueces sospechados aún
permanecen en sus cargos.
Mientras tanto, el
contador general de la nación, no controló, cuando debió hacerlo, pese a estar
obligado por indicación de la ley específica.
Una particularidad. El
impulso más fuerte en el acopio de las pruebas (testimonios, documentos y
peritajes contables) ocurrió cuando recién había comenzado la era Kirchner. El
propio ex presidente Néstor Kirchner dio la orden, me aseguró por entonces un
abogado de la Presidencia de la Nación. Así fue. Comenzaron a llegar pilas de
papeles con las evidencias.
Me pregunto si pasará
algo parecido en la actualidad, con el advenimiento del nuevo gobierno. La
historia de otra época está por comenzar a escribirse. Lo que ocurra con las
futuras investigaciones servirá de marco a las próximas generaciones de
políticos, tal como ocurre con la educación y los valores que se le trasmiten a
los niños durante su crecimiento.
La democracia
republicana nos da una nueva oportunidad. Está en nosotros aprovecharla.
Alfredo Popritkin
Contador forense
