19.9.13

Comienza a aplicarse el nuevo régimen de DDJJs patrimoniales de funcionarios públicos

Entra en vigencia el nuevo régimen de DDJJ patrimoniales. En pocos días la OA publicará la información que reciba.

Poder Ejecutivo: menos información a los ciudadanos en formularios resumidos, en coincidencia con la AFIP.

Poder Judicial: no informará a la Oficina Anticorrupción, sino que mantendrá su propia oficina receptora. Las DDJJ públicas mostrarán menos información. Las publicarán en el sitio del Centro de Información Judicial, el año próximo. El Consejo de la Magistratura no se pronunció.

Poder Legislativo: aún no reaccionó, pero resulta de aplicación la nueva legislación, incluso a quienes son candidatos a legisladores.

Ministerio Público Fiscal: brinda información amplia y detallada a los ciudadanos y a la vez cumple con la nueva legislación sobre la materia.

Habrá que esperar a las próximas semanas para conocer detalles de la efectiva implementación por los distintos poderes del Estado.

18.9.13

Será más fácil ocultar el patrimonio de los funcionarios. Nuevo régimen de declaraciones juradas













Los funcionarios darán a conocer menos información en sus formularios de DDJJ


Quedó confirmado a través de la resolución del Ministerio de Justicia, que publicó los nuevos formularios a ser completados. Solo se conocerán los totales de activos y pasivos al inicio y el final del período, sin conocer cuál es su composición.

Lo mismo ocurre cuando se informa la llamada "evolución patrimonial", de donde no se sabrá su integración. De esta manera se garantizará el ocultamiento de información a la ciudadanía, que de ahora en adelante será un mero espectador ante las sospechas de enriquecimiento injustificado.

Así ha quedado consumada la maniobra legislativa aprobada en el paquete de leyes llamados de "democratización de la justicia", que logra aumentar el grado de impunidad de los funcionarios  públicos inescrupulosos.

El 19 de setiembre de 2013 vence la presentación del año 2012.


17.9.13

Por destrucción de prueba condenaron a un perito a un año de prisión y tres años de inhabilitación para ejercer la profesión

El perito fue imputado por la alteración de un objeto destinado a servir de prueba en el marco de la causa por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de Capital difundió los fundamentos de la sentencia que condenó al perito Licenciado Roberto Locles a un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial de tres años para desempeñar su profesión.

Locles arrojó intencionalmente el proyectil que servía como evidencia, contra una superficie dura, alterando su conformación, sin ser ello un procedimiento necesario ni habitual a realizar en un acto pericial.

14.9.13

Valiente actitud de la perito Contadora y Abogada María Eleonora Feser de la Procuración General de la Nación afectada a la causa en la que se investiga a Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito

La contadora designada por la Fiscalía de Carlos Rívolo se enteró de la sustracción de pruebas por parte del imputado Ricardo Jaime y reaccionó de inmediato alertando a las autoridades y realizando los procedimientos que derivaron en la condena penal del ex Secretario de Comercio de la Nación.

Feser, quien actúa como perito de la Fiscalía en la causa de enriquecimiento que se le sigue a Jaime, participó de los allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba, Capital.

Ni bien tomó conocimiento por información trasmitida por quienes participaron de las medidas, no dudó y adoptó los recaudos y dejó las constancias debidas, que derivaron en la realización de una causa penal por sustracción de pruebas y la condena a Jaime a seis meses de prisión.

13.9.13

Contadores Forenses ONG determinó anomalías contables en el contrato de compra de Petrobras

El diario La Nación recurrió a Contadores Forenses para analizar la operación de compra venta de la firma que pasó de pertenecer a la petrolera estatal brasileña Petrobras hacia el empresario Cristóbal López.

Dice el diario:
Las supuestas irregularidades se centran en los documentos que firmó el operador Jorge Rottemberg, que cobró al menos US$ 8,8 millones de López, pero que en 24 horas los transfirió mediante un "contrato de cesión de derechos al cobro".

Para el presidente de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, algunas de las "contradicciones" están en ese "contrato de cesión".

Rottemberg lo firmó con el estudio vinculado al operador João Augusto Henriques, quien admitió los sobornos ante la revista brasileña Época.

Para empezar, afirmó Popritkin, porque en ese contrato "no se describe el tipo de servicios y honorarios que generan comisiones y honorarios por hasta 10 millones de dólares, suma que representa más del 20 por ciento de la operación principal".

Ex perito contador de la Corte Suprema, Popritkin también remarcó que, según ese contrato de cesión, "cuanto más bajo resulte el precio de la transacción, mayores serán la comisión y los honorarios, lo que resulta inusual en operaciones legítimas". También, porque establece que Rottemberg no percibiría una retribución si no se concretaba la operación, "lo que hace pensar que no se trata de un trabajo profesional, sino de un pago con destino final a quienes aprueben la venta de la refinería y estaciones de servicio". Un segundo perito contador forense también expuso que en ese contrato de cesión falta la constancia de pago del impuesto de sellos en la ciudad de Buenos Aires, donde se consigna que se firmó, y que le daría fecha cierta.