16.9.23

Comunicado

Contadores Forenses ONG cuestiona y deplora la designación y actuación del ministro de economía Sergio Massa, quien no posee condiciones, formación ni experiencia en las ciencias económicas.

Dada la pésima gestión realizada por el abogado Sergio Massa, en su calidad de Ministro de Economía de la Nación, demostrada por los resultados que se observan en los principales indicadores económicos, señalamos nuestro cuestionamiento al designar en ese cargo a una persona inidónea, sin formación en la materia a su cargo, que solo ha tenido en la mira objetivos políticos y electorales durante el ejercicio del cargo.


Ello queda demostrado por los principales indicadores económicos producidos durante su gestión, que arrojan niveles deplorables, constante y sensiblemente agravados con el correr del tiempo. 

Nos referimos, especialmente, a la emisión monetaria descontrolada, los índices de inflación siderales, pobreza muy elevada y en crecimiento, desaparición de las reservas, fuerte y permanente endeudamiento interno y externo del país y toda clase de decisiones inapropiadas.


El ministro no implementa las medidas adecuadas y necesarias, por el contrario, puso en marcha iniciativas sin sentido, perjudiciales para la Nación, fuera de toda lógica y necesidad.


El ministro de economía ha demostrado ser una persona incapaz e irresponsable, inepto para el desarrollo de la función para la que fue designado. Más allá de su responsabilidad personal, también resulta responsable por su designación, el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández.


La República Argentina debería contar con una buena y sana administración, con expectativas de mejora, que no profundice más la crisis de la Nación ni la desesperanza de buena parte de los argentinos, con un claro rumbo hacia el crecimiento constante y duradero.


                    Quintino P. Dell´Elce                                                                Alfredo Popritkin

                      Secretario General                                                                       Presidente

 

 

contadoresforensesong@gmail.com








14.9.23

Los honorarios judiciales de los profesionales en ciencias económicas

PROPUESTA DE SOLUCION A UNA FORMA ANTICUADA Y ABSURDA DE EFECTIVIZAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES PERTENECIENTES A LOS PERITOS JUDICIALES

Dentro del conjunto de las principales dificultades  e  inconvenientes que posee la labor de los peritos designados de oficio –también denominados frecuentemente como “peritos de lista “ o simplemente como “peritos” a secas– pertenecientes a cualquier disciplina o título profesional  considerado durante el cumplimiento de su labor específica dentro del ámbito nacional  forense se refiere fundamentalmente  a la oportuna , justa y efectiva compensación por la realización de su tarea específica.


Efectivamente, esa situación comprende no solo la debida regulación de sus honorarios profesionales de parte del magistrado interviniente por la  actuación personal oportunamente  realizada. sino también el pertinente y efectivo  cobro por esa labor. Muy lamentablemente esa tramitación en el ámbito forense no sólo que demanda largos años de demora sino que también muchas veces  muy lamentablemente no se logra  concretar la misma.


Por medio de los organismos profesionales competentes que representan a esos peritos se aconseja promover las medidas para resolver definitiva y adecuadamente esa absurda  y anticuada situación.


1.- Situación existente en el ámbito judicial


A tales fines,  es oportuno  tener presente y recordar que en la inmensa mayoría de los conflictos que se presentan en el ámbito judicial para la debida resolución de los mismos de parte de la autoridad jurisdiccional pertinente es necesario que deban presentarse y requerirse diversos  elementos y medios de prueba ofrecidos por las propias partes litigantes y/o también indicados por la autoridad judicial actuante.  Dentro de esos medios de prueba se encuentra la denominada “prueba pericial “ o  también comúnmente llamada “ prueba de peritos “.


Para esta categoría de prueba judicial  y acorde al fuero específico del cual se trate pueden ser designados distintos tipos de peritos los cuales pueden  ser : peritos designados de oficio, peritos propuestos de parte, consultores técnicos, peritos “ ad- hoc”, peritos oficiales, etc.


De todas maneras es oportuno y conveniente destacar que  la gran mayoría de las actuaciones periciales en el ámbito judicial nacional son realizadas  por los mencionados  peritos  designados  de oficio -comúnmente denominados “peritos“ a secas- dado que son aquellos profesionales clasificados por disciplina o actividad específica que anualmente se inscriben en forma voluntaria   en ese ámbito para poder ser posterior y oportunamente  designados formalmente como tales  en las causas y actuaciones procesales  específicas  que pudieran corresponderles.


Dentro de las diversas  profesiones o disciplinas existentes merecen distinguirse como mayoritarias  a los médicos y a los ingenieros en sus diversas especialidades, a los contadores públicos y demás graduados en ciencias económicas, los calígrafos, a los arquitectos, a los expertos en drogadicción, en sistemas, en  balística y en explosivos, etc.


2. Problemas y dificultades


El presente comentario se refiere a las serias y molestas dificultades  que presenta el actual  trámite procesal de  regulación y consecuente retribución  de los honorarios profesionales  que poseen los profesionales precedentemente indicados.


Con relación a ello, es importante tener presente que en función a las normas procesales imperantes en las causas judiciales que se tramitan, la pertinente  regulación de honorarios de los profesionales que actúan  en el ámbito judicial  como auxiliares de la justicia  que normal y   generalmente se realizan -salvo circunstancias excepcionales-  al momento de dictarse la  sentencia en la causa procesal tramitada  en la que ellos hayan intervenido previa y específicamente.


En efecto, finalizado el período de prueba y presentados los respectivos alegatos por las partes litigantes, la causa procesal ya se encuentra ya en condiciones de dictarse sentencia.

 Consiguientemente a ello y con referencia a la regulación de los honorarios profesionales de los  peritos  designados de oficio en el ámbito judicial nacional y su pertinente efectivización pueden acontecer una serie diversa  de dificultades e inconvenientes provenientes de la debida tramitación de las causas en cuestión que demandan fácilmente años de duración y espera. Por otra parte, a la misma se le adiciona algún trámite por la presentación de algún  recurso ante el superior y luego de ello muy posiblemente se está en condiciones de accionar el posible cobro de los honorarios profesionales pertinentes pertenecientes al perito interviniente si  ellos han sido depositados a la orden del juzgado por las sumas oportunamente establecidas para  ese propósito.


Aparte de los inconvenientes procesales precedentemente indicados con anterioridad referidos   tanto al trámite de la regulación como también a la posterior y efectiva percepción de los importes oportunamente consignados, importa destacar que la vigencia  y persistencia de un alto contexto inflacionario local existente  unido a la conocida y habitual  lentitud en la  evolución del  normal proceso en la tramitación de las causas judiciales. Ambos aspectos indicados evidentemente conspiran  y agravan aún más y en forma negativa  el trámite respectivo de la debida regulación como también la efectiva  cancelación y pago de los honorarios profesionales respectivos a los peritos designados de oficio  intervinientes.


3. Propuesta de solución que se sugiere


Frente al enunciado de las situaciones que común y generalmente se presentan en el normal accionar profesional de los peritos designados de oficio que actúan en el ámbito forense ,se propone una alternativa válida de solución en el sentido de introducir dentro del ámbito procesal frente a los serios inconvenientes y principales dificultades indicados precedentemente que seguidamente se indica.


1. Al momento de ordenarse la realización de la evacuación y respuesta a los puntos periciales propuestos por las partes litigantes o bien de aquellos aspectos específicos   dispuestos de oficio por el propio juzgado interviniente,  el juez deberá disponer  el monto estimado correspondiente a  los honorarios profesionales que presumiblemente se deban  asignar y depositar  para hacer frente a los mismos para los peritos designados de oficio que deban ser designados para esa actuación específica.


2. Asimismo y en simultáneo con lo precedentemente  indicado, el juez dispondrá el inmediato depósito del  monto  de los honorarios profesionales  estimados a cargo de las partes litigantes proponentes  bajo la penalidad de no acceder ni  dar curso a la realización y contestación  de los puntos periciales propuestos por las partes peticionantes en forma similar a como actualmente  lo dispone el propio Código Procesal Civil y Comercial (artículo 463) con relación a  los denominados “anticipo de gastos”.


3. En efecto, una vez cumplido el trámite pericial ordenado en autos por el juez interviniente y luego que el mismo “haya quedado firme” (es decir, que se haya cumplido el trámite procesal referido a responder a la solicitud de  las eventuales aclaraciones, explicaciones, impugnaciones y observaciones) correspondiente al informe pericial encomendado para con el perito designado de oficio actuante, el juez deberá disponer sin más trámite el respectivo depósito del importe comprometido  para hacer frente a los honorarios profesionales del mencionado perito.


Finalmente y para el conocimiento y difusión del trámite sugerido precedentemente como principio de solución se indica que el señalado precedentemente no constituye un inédito descubrimiento sino que es similar al que se aplica procesalmente en la actualidad en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (artículo 48 referido a “Honorarios de los Peritos. Garantía“) y también al que opera en   el ámbito de la administración de la justicia ordinaria  perteneciente al vecino y hermano país  que constituye  la República Oriental del Uruguay.


Es notorio y evidente la firme necesidad de encarar concreta y evidentemente una debida solución al inconveniente y dificultad que se observa en materia de la debida regulación y efectiva liquidación y percepción del monto de los honorarios profesionales que en el ámbito judicial  regulan a los profesionales que común y habitualmente se registran y actúan como peritos designados de oficio. Esta acción debiera ser  naturalmente encarada con la activa participación y apoyo  protagónico de los distintos organismos profesionales  que nuclean a esos auxiliares de justicia.


Quintino P. Dell´Elce

2.9.23

Causa de los Cuadernos

Esta causa de corrupción está considerada como la más compleja y extensa. Se prevé que el juicio oral demandará mucho tiempo en razón de la cantidad de hechos a analizar (540), prueba testimonial solicitada (899) testigos y la cantidad de personas imputadas de delitos (159).

Además, aún se encuentran pendientes de realización antes de iniciarse el juicio oral de 13 peritajes y 136 medidas de instrucción suplementaria.








28.8.23

Murió un fiscal ejemplar: Federico Delgado

Valiente independiente, gran investigador. Un ejemplo para las siguientes generaciones de fiscales.


Lo persiguieron, y por eso promovimos una petición iniciada en junio de 2018, que recibió más de 16.000 adhesiones.


Lo tuvimos en nuestro programa de radio y nos dijo lo siguiente, clic

15.8.23

Exposición en el Congreso Anticorrupción realizado en la ciudad de Santa Fe


La corrupción viene aumentando vertiginosamente durante estas tres últimas décadas, y este es un gran problema para el país, en especial en la época de las campañas políticas presidenciales y de medio término.

La corrupción perjudica las finanzas de la nación, en tanto los niveles alcanzan límites significativos que afectan la economía del país y generan inequidades. El economista Ariel Corermberg, investigador del CONICET y miembro de Contadores Forenses, calculó el perjuicio del período kirchnerista solo en la causa de los "Cuadernos", en la suma de 36.000 millones de dólares.

Los organismos de control del Estado nacional no funcionan adecuadamente. Me refiero especialmente a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera. Resulta imprescindible que los procedimientos anticorrupción funcionen adecuada y eficazmente. Es evidente que los mecanismos institucionales para prevenir e investigar la corrupción se encuentran cooptados y neutralizados. En la actualidad no funcionan. Ante ello adquieren relevancia las organizaciones no gubernamentales independientes, que para nada resultan apoyadas con fondos provenientes del presupuesto nacional. Es por ello que sería adecuado y conveniente que las ONGs reciban apoyo de los sectores que poseen recursos bien habidos, me refiero especialmente al sector empresario independiente. 

Tomemos el ejemplo de la ONG que represento. Se llama Contadores Forenses, que inició sus actividades en el año 2006, es decir, que tiene 17 años de existencia y no ha recibido fondos que permitan facilitar el desarrollo de sus objetivos. Solo ha contado con escasos recursos humanos especializados. No obstante ello, la entidad ha producido cierto impacto social en el desarrollo de su actividad.

La ONG Contadores Forenses ha sido creada para colaborar eficientemente con la justicia y otros organismos administrativos del Estado, complementándolos en la investigación de fraudes y delitos económicos, con el propósito de probarlos y colaborar en las causas judiciales, en a medida que ello resultare necesario. 

Las organizaciones civiles que combaten la corrupción han tenido idas y vueltas en todos estos años. Las más importantes en envergadura han ido fluctuando en el cumplimiento de sus objetivos, modificando la profundidad e intensidad en la manera de enfrentar el fenómeno de la corrupción. 

En cambio, algunas organizaciones pequeñas han visto mermado su funcionamiento por la limitada disponibilidad de recursos humanos, materiales y especialmente económicos, necesarios para llevar a cabo sus objetivos. Creo que las organizaciones pequeñas, independientes que sobreviven en la actualidad son el reservorio que posee la nación para mantener viva la lucha anticorrupción. 

Es por ello que resulta menester apoyarlas, toda vez que poseen escasa o limitada disponibilidad de recursos para enfrentar el flagelo de la corrupción. Esta es la situación que atraviesa Contadores Forenses, y tantas otras pequeñas y legítimas organizaciones que buscan sobrevivir en todos estos últimos años. 

Otra forma de sobrevivencia y producción de impacto de las organizaciones en la corrupción, ha sido su alianza con el periodismo, con el objeto de exteriorizar y difundir sus pronunciamientos y accionar, contra los principales hechos de corrupción que afectan la normalidad institucional. Me refiero específicamente a denunciar los hechos que tienden a facilitar inequidades, acciones y delitos que impactan en el incremento de la corrupción.

Otra manera de enfrentar la corrupción con cierta eficiencia, consiste en la formación de entidades de segundo grado, que nuclean diversas organizaciones que combaten el delito el fraude y la corrupción. Esa unión de esfuerzos permite adquirir cierta potencia en el efecto buscado, cuando dan a conocer sus posiciones, iniciativas y posturas, frente a los hechos de corrupción. 

Una de estas organizaciones es REJIA, la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina, creada hace tres años y que nuclea a diez conocidas organizaciones civiles, más dos prestigiosos juristas, que accionan coordinadamente frente a los principales problemas que afectan la institucionalidad en aquellas iniciativas de los gobiernos en ejercicio, que pretenden alterar las normas legales y constitucionales y los derechos de los ciudadanos.

Estas organizaciones civiles independientes, nucleadas como una entidad de segundo grado, intentan reflejar el pensamiento, la mirada y los derechos de la sociedad, y en especial, de los ciudadanos que no cuentan con vos, salgo al momento de concretarse los actos eleccionarios a través de su voto.

Por su parte, Contadores Forenses ha realizado una importante cantidad de acciones tendientes a evidenciar y probar delitos económicos de corrupción que afectan los intereses generales, tales como: investigación de declaraciones juradas de funcionarios públicos, análisis de estados contables y financieros de entidades públicas, denuncias realizadas en donde los aspectos económicos mantienen un rol fundamental, procesos complejos de lavado de dinero, atención de las solicitudes de necesidades puntuales de fiscales y magistrados que no puedan satisfacerlas a través de los mecanismos establecidos de investigación, denuncias contra funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, magistrados del Poder Judicial, funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, con acceso a recursos pertenecientes al Estado.

El accionar de nuestra ONG se materializa a través de informes técnicos, peritajes, auditorías forenses, redacción de puntos periciales, presentaciones como amigos del tribunal, dictámenes, declaraciones en juicios orales como testigos expertos. Participamos de acciones de capacitación de contadores públicos, abogados, magistrados, peritos y empresarios.

Desde la función que hemos cumplido como peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el nacimiento y desarrollo de Contadores Forenses, se han investigado a cinco presidentes de la nación, decenas de secretarios, subsecretarios de estado y demás funcionarios públicos de los tres poderes. Varias de estas investigaciones han permitido reunir evidencias que han posibilitado a los jueces intervinientes el dictado de sentencias definitivas. 

De esta manera silenciosa, se contribuye, en forma técnicamente válida, al cumplimiento de los objetivos tendientes a evitar, investigar, evidenciar y desarticular hechos de corrupción. Así, ha sido posible que una ONG pequeña y escasa de recursos económicos, produzca efectos significativos en beneficio de la sociedad civil. 

También desde Contadores Forenses se ha estimado, con base a experiencias propias, la envergadura y monto de la corrupción alcanzados en diferentes gobiernos. Se ha estimado un perjuicio al Estado del orden de los 10.000 millones de dólares durante el periodo menemista y de 20.000 millones de dólares en los periodos kirchneristas.

Como conclusión, digamos entonces, que las organizaciones civiles contribuyen a la sociedad, al combatir los delitos contra el Estado, con la finalidad de conocerlos primero y prevenirlos luego.

Alfredo Popritkin, 16/8/2023, Argentina
contadoresforensesong@gmail.com


30.3.23

La Universidad como instrumento de la política

El ministro de economía Sergio Massa busca legitimar la salida de títulos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados 

El perjuicio para ANSES y los jubilados es tan obvio que no es necesaria la intervención de organismos de las ciencias económicas que le den validez.

El cambio en el destino de los títulos en dólares no requiere de ningún dictamen técnico. Cualquier voltereta que se pretenda dar para justificar la decisión, sería un artilugio propio de la contabilidad creativa.


No es adecuado utilizar la Facultad de Ciencias Económicas ni ninguna otra prestigiosa entidad educativa, para convalidar medidas sospechadas de engañosas o fraudulentas.


Sergio Massa y Emiliano Yacobitti tejieron una cercana relación mientras compartían bancas en la Cámara de Diputados.


La UBA, la Facultad y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas están conducidas, en los hechos, por los mismos grupos de personas.


Hoy Massa es ministro de economía y Yacobitti tiene una larga historia e influencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde llegó a ocupar el cargo de vicedecano.


Además, ocupa el cargo de vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo integró el consejo directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.


La universidad pública no debe enredarse en cuestiones políticas y menos aún cuando de ello se esperan resultados a favor de una decisión gubernamental. Así ha sido desde el nacimiento de la entidad pública eductativa, hasta que ello comenzó a cambiar hace algunas décadas atrás.


En forma creciente se viene mal utilizando la Facultad de Económicas gobernada en los hechos por el diputado Emiliano Yacobitti. Él es el real sucesor de Alberto Barbieri en la conducción de la casa de estudios e incluso de la Universidad de Buenos Aires.


Yacobitti, además de ser un dirigente universitario y a la vez un alto exponente de la política partidaria, ha utilizado cuestionados métodos de éxito y crecimiento en su carrera.


Desde hace tiempo se viene poniendo en juego el prestigio de la Facultad para espurios objetivos políticos, como ha sido el reciente apoyo de la aprobación del Presupuesto Nacional, a cambio de un incremento en los recursos destinados a la mencionada Facultad.


Yacobitti ha sido cuestionado en el manejo de fondos durante su paso por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, de haber utilizado el apoyo de patotas para acceder a la titularidad de la Federación Universitaria Argentina y desde allí ocupar cargos de relevancia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde en la actualidad es vicedecano y en la conducción de la propia Universidad de Buenos Aires, ocupando el cargo de vicerrector.


Esa falta de transparencia en el manejo de fondos, es una constante que viene desprestigiando a la entidad, desde tiempo atrás, en hechos tales como la designación arbitraria de profesores, asignación de asesoramientos y auditorías de empresas públicas a docentes amigos relacionados al grupo dirigente, participación de la Facultad en la emisión de dictámenes complacientes en organismo públicos, selección de sus docentes en la justicia para cargos de peritos contadores oficiales y auditores, manejos irregulares de fondos, entre otros.


La intervención de la Facultad busca dar el visto bueno a una decisión económica inadecuada, que además afecta indebidamente activos que tienen un destino exclusivo y excluyente a favor de los jubilados actuales y futuros.


La Facultad de Ciencias Económicas emitió un comunicado a la comunidad, donde adelanta que en respuesta al pedido del ministro Massa, profesores e investigadores realizarán a título personal. La facultad no aclara quiénes fueron seleccionados a ese fin.



14.3.23

Qué dijo y cómo actuó la perito de Cristina Fernández de Kirchner

Actuación de una perito ingeniera en la causa Vialidad


La perito de parte de Cristina Fernández de Kirchner manipuló la información técnica para arribar a un dictamen a favor de su clienta. 

En la sentencia de la causa Vialidad el Tribunal Oral Nº 2 dijo:

"Como la perita reconoció tanto por escrito como en la audiencia de juicio, se trataba de un punto pericial de carácter normativo para lo cual recurrió a fuentes de conocimiento (tanto doctrina como jurisprudencia) que excedían su expertise y, evidentemente, también el punto pericial. Tal extremo puede verificarse con relativa facilidad al constatar el desarrollo argumental que tuvo que realizar, plagado de citas jurídicas y normativas que siquiera supo explicar de dónde las obtuvo ni la pertinencia de su aplicación al caso concreto. Nos centraremos sobre esta última premisa pues explica las razones por las cuales habremos de considerar que la declaración e intervención de la Ing. Alperovich fue parcial, tendenciosa y, por ende, con un poder convictivo prácticamente nulo".

Sigue diciendo el tribunal: "Por eso sostenemos que la respuesta de la Ing. Alperovich es un vano intento exculpatorio que se erige como la ideación de una coartada pretensamente técnica para asegurar la impunidad de las personas sujetas a investigación, sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada. Es que la Ingeniera no respondió el punto pericial, sino que aspiró a justificar el accionar de los imputados ante las irregularidades detectadas por el resto del colegio pericial. Para ello introdujo cuestiones de carácter jurídico y normativo que, además de exceder su conocimiento, siquiera resultaban aplicables al caso concreto. Para colmo, en términos argumentales, validaron la posición contraria que es la que, en definitiva, en esta sentencia daremos por cierto".

Completan lo dicho indicando que "las razones por las que la respuesta que brindó la Ing. Alperovich no puede ser tenida en cuenta por el tribunal. No sólo por los yerros argumentales y técnicos en los que incurrió nuevamente, sino también por una carencia absoluta de objetividad que merma severamente, por lo sostenido de ese vicio, su credibilidad y fiabilidad como perita".

Siguen: "Ante un marco regulatorio tajante y sin rendija para la interpretación (norma nacional, provincial y contractual), la Ing. Alperovich omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso. Puso sus conocimientos y admirables aptitudes creativas a la orden de una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico. No estudió el contenido de los expedientes licitatorios sino que buscó, por doquier, elementos que le permitieran sostener una hipótesis alternativa para la infracción analizada, diseñada a medida de las necesidades de las defensas. Pero para ello tuvo que recaer en un cúmulo de tergiversaciones y que, una vez más, hace mella en las aptitudes probatorias de su aporte técnico".

18.4.22

Curso sobre Fraudes, Delitos Económicos y Peritajes Contables

Realizado en conjunto con cuatro Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de Argentina

La ONG Contadores Forenses junto a 4 Consejos Profesionales de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, dictarán un curso, sin cargo, los días 2, 3 y 4 de Mayo, de 15 a 17 horas.

Para la inscripción, ingresar en:

https://www.eventbrite.com.ar/e/fraudes-delitos-economicos-y-peritajes-contables-tickets-318970237567

Objetivo: Trasmitir experiencias de ex peritos de la CSJN, profesores universitarios y profesionales de las ciencias económicas y el derecho penal. Exponer algunas claves de la investigación de delitos económicos. Desmenuzar aspectos fácticos para el enfoque de la prueba de libros y registros contables. Analizar casos reales sobre bases teóricas.

Expositores: Alfredo Popritkin, Quntino P. Dell´Elce, Elisabeth Garrido y Andrés Popritkin.