Los contadores forenses apoyamos la independencia de los jueces, en especial aquellos que defienden a los más débiles

Nos preocupa y nos ha sensibilizado el abuso de poder de integrantes del Consejo de la Magistratura y el ataque a los jueces que de manera esforzada vienen dictando justicia.

Algunos miembros del Consejo de la Magistratura, siguiendo instrucciones, buscan separar de sus cargos, a dos jueces probos.

Por esta razón apoyamos a los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes han dictado fallos que frenaron el desvío de fondos de la ANSeS, en perjuicio de los jubilados.

Estos jueces se pronunciaron a través de sentencias y medidas cautelares tendientes a alcanzar equilibrio y ecuanimidad, poniendo límites al poder discrecional del gobierno y en particular de los directivos de ANSeS y colocar en su lugar a los derechos patrimoniales de los ciudadanos de la tercera edad, los abuelos jubilados.

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Contadores Forenses ONG se reunió con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal

Dr. Mariano Borinsky

El Dr. Mariano Borinsky es el flamante y joven presidente del más alto tribunal penal de Argentina recibió a Conforen.

Fue un encuentro amistoso en donde nos contó la cantidad de tareas y responsabilidades que tiene a su cargo, no solo las vinculadas con las causas que llegan a la Sala IV a la que pertenece, sino todo lo relativo a las cuestiones se superintendencia, personal, y mantener en todo un grado de eficiencia y control.

En relación a las organizaciones de la sociedad civil se mostró auspicioso, dispuesto a trabajar en forma coordinada. Nos comentó que están trabajando en la redacción de un reglamento para el buen funcionamiento de los Amigos del Tribunal, a fin de poder participar en las causas que así lo requieran por su complejidad e importancia.

Le hicimos saber acerca de la conveniencia que la justicia penal mejore en lo relativo a la redacción de cuestionarios periciales y la posibilidad que existan protocolos que se pueden elaborar con la participación del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales referidos a la investigación de los diferentes delitos.

Nos hizo notar que la Sala IV a la que pertenece, está publicando en el sitio web del Poder Judicial el calendario de audiencias, y que espera que las restantes salas se sumen a esa iniciativa. En efecto, si observamos el sitio www.pjn.gov.ar, ingresando por "Fueros con Competencia en todo el País", "Justicia Federal de Casación Penal", en la solapa "Calendario de Audiencias" aparen, por ahora, "Sala IV" y todas las audiencias que a la fecha se encuentran programadas por los próximos dos meses.

Por ejemplo, allí se observan dos Audiencias en causas de Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación, del 6/03/2014, a las 11:55 horas, en causa nro. 783/2013 y a las 12:00 horas en causa nro. 1253/2013.

El organismo creado para controlar el lavado de dinero es utilizado para perseguir a medios de prensa

José Sbatella - UIF

La UIF es la oficina creada con el objetivo de detectar casos de lavado de dinero a través de información que recibe de personas y entidades, realizar un análisis de verosimilitud y dar cuenta de ello a la justicia para se inicie -si corresponde- una investigación criminal.

No solo interesa perseguir la acción de lavado de dinero de origen ilegal, sino que importa combatir -de ese modo- otros delitos graves y organizaciones criminales. Nos referimos a perseguir el narcotráfico, contrabando de armas, trata de personas, y también, la corrupción de funcionarios públicos.

En lugar de ello, la UIF se ha desviado en los objetivos que le dieron nacimiento. No solo no cumple debidamente sus funciones, porque es ineficiente y fue debilitada en la capacidad operativa y la calidad profesional, sino que se ha dedicado a perseguir a quienes no están alineados con el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido se ha constituido como querellante en una causa contra el Grupo Clarín. No queremos señalar que la investigación no debe realizarse, sino que lo que afirmamos es que los organismos públicos no deben actuar -de ninguna manera- para atacar a quienes no se enrolan en sus líneas de pensamiento y acción política.

Esta situación conlleva a una inusitada y peligrosa gravedad institucional, cuyos alcances y límites pueden conducir al país hacia rumbros no deseados por los ciudadanos.

Enriquecimiento de funcionarios públicos

La mirada desapasionada de las últimas dos décadas nos marcan claramente períodos con características diferentes, pero también con algunas similitudes.

En los años ´90, varios funcionarios de las presidencias de Carlos Menem experimentaron crecimientos en sus patrimonios y esto ha quedado inserto en el imaginario colectivo.

Recordemos sino, a personas como Gostanián o Alderete, aunque la exponente más notable que será recordada por siempre, es María Julia Alsogaray.

También Lestelle, Adelina de Viola, Matilde Menéndez y otros, formaron parte de la partida de personajes acreedores de casos penales ante la justicia federal.

Más allá de no perder cuanta oportunidad de negociado surgía a la vista, podemos distinguir el gobierno de Menem porque algunos aprovechados han seguido el camino del engorde del patrimonio individual.

Aunque no podemos olvidar que en esa época se perfeccionó el reparto de los plus salariales complementarios, que se les dio en llamar “sobresueldos”, o sobres por debajo de la mesa, de cuyos beneficios participaron decenas de funcionarios de primer y segundo rango, para lo cual echaron mano a fondos reservados para casos muy especiales, previstos para situaciones de inteligencia y seguridad nacional.

El contador Blanco Alvarez

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Hizo un trabajo excepcional, meticuloso y con gran rigurosidad. Es el experto contable que dictaminó sobre la pericia relativa al patrimonio de los presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner.

Le pidieron que revisara la pericia contable oficial en el enriquecimiento ilícito y detectó junto a otro experto un sinnúmero de irregularidades, aspectos sospechosos y falta de información.

Todo ello lo informó por escrito al reemplazante de Manuel Garrido en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles.

Noailles tenía todo lo necesario para apelar el sobreseimiento dictado por Oyarbide, contaba con el sustento técnico de Eduardo Blanco y con el tiempo suficiente como para elaborar un buen escrito de apelación. Sin embargo, algo o alguien lo hizo no apelar, e incumplir con su obligación.

La suerte de Blanco Alvarez estaba signada. Quien había arriesgado todo en la preparación de un impecable trabajo que comprometía a la más alta magistratura del Estado argentino, fue acallado y desarraigado.