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12.8.13

Oyarbide tuerce y manipula investigaciones contables


por Alfredo Popritkin[1]

Un juez penal debe buscar la verdad para lo que aplica las leyes. Además utiliza todo su conocimiento y experiencia, pero en sentido positivo, para el bien. No se debe dejar influenciar y actúa con ecuanimidad, independencia y objetividad.
Una semana atrás la Cámara Federal reprendió por segunda vez a Oyarbide en la causa Schoklender y lo apartó del caso. Es una de las más duras sanciones que puede recibir un magistrado. El tribunal no ahorró en adjetivos contra el juez.
Dijo que realizó una investigación defectuosa desde sus inicios, que hizo un direccionamiento erróneo de la causa y que perjudicó el descubrimiento de la verdad. Todo lo contrario a lo que debía cumplir como juez.
Oyarbide manipuló el expediente para llenarlo de papeles y diligencias inconducentes. Con sus maniobras de distracción quiso aparentar que investigaba, pero todo iba dirigido hacia la nulidad, tarde o temprano.
En materia contable, para que ningún experto lo condicione con un indeseado dictamen concluyente, en forma adrede dividió el estudio en tres partes, que encargó a policías, a peritos contadores y al Banco Central. En lugar de unificar, fraccionó, para así asegurarse un camino hacia "la nada". Qué diferente serían las cosas si esa picardía su señoría la usara para el bien.
Pero ya unos años atrás, en la causa que investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, Oyarbide actuó mal. En aquella ocasión torció las evidencias, puso en boca de los peritos contadores lo que ellos nunca afirmaron. Los expertos señalaron numerosas observaciones que debieron dar lugar a una ampliación del peritaje. A pesar de ello, el juez forzó la interpretación, torció la realidad y dictó un meteórico e inapropiado sobreseimiento. Ese caso ya es materia de estudio de los investigadores de fraudes, pues contiene una cantidad de irregularidades que no tienen desperdicio.
La comisión de acusación del Consejo de la Magistratura analizó el comportamiento del juez. Por su contenido contable me presenté y rendí testimonio ante los consejeros. Pero entonces, una mayoría kirchnerista salvó a Oyarbide, quien previamente había salvado a los Kirchner. Una mano lava la otra.
Lo cierto es que la labor de la justicia no se encuentra bien representada por este juez, a quien solo lo sostiene la perversidad de un sistema que por el momento funciona a la perfección ante la mirada atónita de los ciudadanos.



[1] Nota enviada al diario Perfil, publicada el domingo 11 de agosto de 2013
Nota publicada en el Diario Perfil

18.9.12

Evidencias contables del desvío de fondos públicos

Se registra una "inconsistencia" detectada en los libros contables de The Old Fund sobre un supuesto préstamo que proviene de la Provincia de Formosa. 

En su balance correspondiente a 2010, se colocó ese dinero en el rubro de ingresos por "servicios prestados" -en vez de como un préstamo-, junto a otros aportes menores que sumaron un total de $ 7,8 millones.

Pero esos mismos libros de The Old Fund, hoy en manos del juez Lijo que investiga el caso Ciccone, registran aún más inconsistencias. Entre 2010 y 2012 sólo los firmó Vandenbroele, sin ningún contador. Reflejan, también, que la sociedad no registró ingresos, de ningún tipo, antes de su supuesto asesoramiento en Formosa. Ése fue su primer gran trabajo. Y no contaba con personal calificado, bajo relación de dependencia o contratado, para cumplir con ese asesoramiento financiero en una reestructuración entre una provincia y la Nación.

Otra "inconsistencia" alrededor del supuesto préstamo que arribó a la cuenta de The Old Fund en el Macro por medio del "mercado electrónico de pagos" es que el Banco de Valores, que figura como supuesta intermediaria en la ruta del dinero, desmintió que los $ 7,6 millones hubieran pasado por allí el 31 de agosto pasado.

Por ésta y otras contradicciones , el Banco Macro también quedó bajo la lupa de los investigadores judiciales.

10.3.12

Bonadio ordenó un peritaje para determinar cómo gastó la empresa los fondos recibidos



En casos excepcionales, trascendentes y complejos los jueces suelen designar más de un perito oficial de la Corte Suprema para actuar en las pericias.

En momentos en que el plantel del Cuerpo de Peritos Contadores está reducido a la mitad, dado que solo once contadores atienden todos los casos de delitos económicos que llegan a la justicia penal, ahora se suma éste mega peritaje, que además tiene el aditamento de la urgencia que le ha trasmitido la presidente y que requiere la sociedad, en especial las víctimas y familiares. Además el juez fijó un plazo de 30 días para su realización.

La pericia pide un análisis de cinco años de operaciones de fondos provistos por el Estado en concepto de subsidios, y de la aplicación que la empresa concesionaria realizó de esos recursos. El alcance de la pericia contable se extiende a la CNRT al solicitar información sobre la reacción del organismo de control en relación a los desvíos de fondos y las sanciones aplicadas.

La decisión de Bonadío colisiona con la acordada de la Corte que dispuso que los jueces no pueden indicar qué perito contador interviene en un determinado caso, sino que ello debe surgir de un sorteo informático, razón por la cual habrá que ver cómo se conforma la comisión pericial de peritos oficiales. Ello tiene su origen en la pericia que se realizó en la causa por enriquecimiento ilícito de los presidentes.

Seguidamente agregamos la nota del diario La Nación, que abordó este tema.

La Justicia investiga si existieron "desvíos" en los subsidios a TBA



El juez federal Claudio Bonadio ordenó determinar si hubo "desvíos" en los subsidios que recibió del Estado, desde 2007 hasta hoy, Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria que tenía a su cargo el tren de la tragedia de Once.


También que, de constatarse esos desvíos, se le informe cuál fue la reacción de la autoridad de control: si éstos fueron "observados" y si "se concretó alguna acción legal correctiva". Entre 2003 y 2010, TBA cobró 1924 millones de pesos en concepto de subsidios, que en los últimos años se convirtieron en los principales ingresos de la empresa.
Bonadio encomendó la tarea, anteayer, a un colegio de peritos, que, por orden del juez, deberá estar presidido por el decano del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, Héctor Chyrikins, y otros dos expertos oficiales que se designarán por sorteo. Bonadio pidió que lo hicieran ellos "en virtud de la excepcionalidad de la presente causa en razón del interés público comprometido en virtud del fallecimiento de 51 personas y la existencia de más de 700 personas heridas".
Se tratará de un gigantesco peritaje que deberá responder, en un plazo de 30 días, a 17 puntos detallados por el juez. Hasta ahora, Bonadio se había concentrado en averiguar cómo fue el choque, en qué estado estaba el tren y qué responsabilidad le cabía al maquinista. Para eso, dispuso el primer peritaje, que está en manos de un grupo de expertos en ingeniería ferroviaria.
El nuevo estudio que dispuso avanza, en simultáneo, en otra línea de investigación: las condiciones del servicio. Determinar, por lo pronto, si la empresa concesionaria manejó como debía los millones que recibió del Estado y, de no haber sido así, qué hizo el Gobierno al respecto.
Esta línea fue señalada, desde sus primeras presentaciones en la causa, por el fiscal Federico Delgado, que le había solicitado al juez que se hiciera de los documentos de TBA e investigara cómo gastó la empresa los fondos públicos que recibió.
Pero, entonces, para Bonadio aún no era el momento de pensar en los subsidios. Esta diferencia provocó el primer roce entre el juez y el fiscal, que hoy están abiertamente enfrentados. Hasta tal punto que esta semana Delgado acusó por escrito al juez de esconderle el expediente e impedirle cumplir con su "rol de acusador". El peritaje contable ordenado por Bonadio anteayer deberá elaborar una tabla con todos los subsidios, identificados uno por uno, que recibió TBA desde 2007, agrupados por mes y por línea ferroviaria; la norma legal que autorizó a entregarlos y el destino previsto.
También, los ingresos recibidos por la compañía "por otros conceptos" (por ejemplo, pasajes) y cada uno de los gastos en los que incurrió, con especial detalle en lo que respecta a los de mantenimiento.
Además, el juez pidió determinar si existieron distribuciones de dividendos entre los accionistas de TBA y si se pagaron honorarios a los miembros del directorio de la compañía. Cómo se aprobaron, cuándo y por qué montos.
También, que "informe si resulta cumplido el destino de los fondos conforme a los programas previstos y determine los desvíos observados, si los hubiere". De ser así, que se indague si tales desvíos fueron subsanados, si los observó la "autoridad de control" y si dispuso alguna sanción.
El juez notificó del peritaje a las partes del proceso que -según prevé la ley- podrán designar sus peritos. Como el Estado fue aceptado como querellante por Bonadio la semana pasada, el Gobierno tiene derecho a elegir a un experto de su confianza para participar del estudio.
Por Paz Rodriguez Niell
Fuente: La Nación

El Diario Tiempo Argentino abordó el tema:


El juez Bonadío ordenó investigar las cuentas y el patrimonio de TBA

El magistrado ordenó una pericia contable para conocer qué ingresos recibió la concesionaria en materia de subsidios estatales



En la causa caratulada “Córdoba, Marcos Antonio s/descarrilamiento”, está claro que para el juez el conductor del tren no es el principal responsable de la tragedia. De hecho, ordenó una pericia contable para determinar qué ingresos percibió la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) por subsidios estatales y tarifas por pasajes, para determinar la situación patrimonial de la firma de los hermanos Cirigliano. Con esos datos, el punto siguiente de la pericia será establecer cuánto invirtió en “mantenimiento del material rodante y sistema de vías”.

La ecuación tiene una tercera pata, que se desprende de documentación que el juez ya analizó: qué obligaciones asumió la empresa.

La pericia consta de 20 puntos. Si bien el juez aspira a que los resultados fluyan rápidamente, lo cierto es que el trabajo no comenzará de inmediato. Bonadío notificó a todas las partes y les informó que pueden designar peritos de parte para que intervengan en las experticias, con el objetivo de garantizar el control de la prueba.

Por su parte, el Diario Página12, agrega:


Hora de peritajes contables




Que los peritos informen para qué se usaron en cada caso y si cumplieron la finalidad establecida o si hubo “desvíos”; también solicitó que precisen otros ingresos y todos los egresos de dinero.

Requirió a la vez precisiones sobre los montos de dividendos y honorarios que distribuyó la empresa a accionistas y directores respectivamente; pidió determinar, por último, qué tipo de controles hubo sobre los subsidios desde la Secretaría de Transporte y si realizó observaciones o impuso sanciones de algún tipo. En total son 17 puntos de pericia.

Los investigadores cuentan con los libros contables de TBA, que la Justicia ya secuestró. Las cifras de subsidios se compararían con informes de la Jefatura de Gabinete.

El juzgado también dispone de todos los informes de los últimos años de la AGN, que incluso el propio titular, Leandro Despouy, fue a explicarle en persona a Bonadío. En el más reciente, que abarca la gestión de TBA hasta 2010, la auditoría dice que en siete años recibió transferencias del Estado por 1924 millones de pesos; los subsidios, añade, aumentaron un 146 por ciento entre 2006 y 2010. En 2003 representaban el 33 por ciento de los ingresos de TBA y seis años después llegaron a representar el 75 por ciento.

Ahora los peritos de la Corte tendrán que sacar sus propias conclusiones y evaluar los mecanismos de control aplicados.

En una nueva nota Página 12, amplía:


Bonadío tendrá los peritajes contables de TBA en un mes

El juez federal Claudio Bonadío fijó un plazo de 30 días para que los peritos de la Corte Suprema presenten los resultados de los estudios contables sobre los “subsidios y tarifas percibidos” por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), desde 2007, y lo “invertido en mantenimiento del material rodante y sistema de vías”. 

Además, el juez solicitó que se determine si la asamblea de TBA aprobó el pago de dividendos y honorarios a los integrantes del directorio de la empresa, que preside Claudio Cirigliano.



“Dispóngase un plazo de treinta días para la realización del presente peritaje”, consignó el juez en la resolución dirigida al decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, Héctor Chyrikins, a quien encomendó la realización de los estudios. 

En los detalles a dilucidar, Bonadío también solicitó que se detalle cuáles fueron las integraciones del directorio de TBA, desde 2007 hasta la fecha.

Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado criticó a Bonadío por "una suerte de apropiación" de la causa penal "desde el 6 de marzo al menos". La acusación de la fiscalía apunta a que, desde ese día, el magistrado no responde a los pedidos de Delgado para ver la causa y obtener fotocopias de las fojas para "intervenir y asistir" en la investigación.


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20.8.11

Se investiga la compra de Radio Del Plata por la empresa Electroingeniería. Juez cuestionado


La Cámara Federal le ordenó al cuestionado juez Rodolfo Canicoba Corral que siga investigando, pues hay pruebas que acreditarían que Electroingeniería compró la AM Radio Del Plata con fondos públicos, bajo la forma de publicidad oficial.
El informe contable realizado por Contadores Forenses ONG es la base de la investigación judicial, y fue corroborado, en parte, por una pericia de dos destacadas expertas, una perito oficial del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otra del Ministerio Público Fiscal.
Lamentablemente el juez negó a nuestra ONG conocer el estado de la causa rodeando el trámite de misterio, a pesar de ser nosotros los iniciadores de la investigación. Indudablemente de habernos permitido participar, la pesquisa se hubiese enriquecido, pues se trata de un delito económico complejo que requiere del conocimiento de los contadores forenses.
Aunque la actitud del juez no es de extrañar. El presidente de nuestra entidad señaló en el expediente que su señoría debería excusarse de actuar en esta causa, toda vez que fue denunciado por Alfredo Popritkin cuando era perito de la Corte Suprema, en el año 2004. Ello ocurrió por las amenazas recibidas durante una audiencia donde se investigaba el desvío de fondos reservados.
Si bien este estado de situación no garantiza una investigación rigurosa e imparcial, seguimos atentos a cualquier novedad que se produzca.
Algunos comentarios sobre el tema: