16.9.14

Facilitan los fraudes en los balances

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, dictó una disposición que permite que los auditores de estados contables puedan firmarlos sin que se encuentren pasados a los libros de contabilidad.

Este es el efecto que produce la norma. Un auditor puede emitir un dictamen sobre los balances de empresas sin que se encuentren pasados a los libros.

La nueva disposición deja de lado una sana práctica que impedía firmar un dictamen sobre balances no pasados y ese control lo efectúa el auditor en forma previa a suscribirlo. Además, hasta ahora el Consejo Profesional controlaba que esta afirmación la realice el contador público. Esto significa que su incumplimiento implicaba sanciones profesionales.

En materia de fraudes contables la norma que se suprime es de gran importancia, pues su inexistencia abre la puerta a la realización de diferentes clases de delitos. Por empezar facilita la circulación de dobles y triples juegos de estados contables y además permite el atraso del libro dónde se pasan los balances, lo que da lugar a antedatar registraciones sin que ello pueda ser detectado.

Por otra parte, entendemos que la nueva disposición no respeta la jerarquía de las normas, pues la obligación emana de un decreto ley de 1957 que está vigente (artículo 28), que se pretende suprimir a través de un memorando de la secretaría técnica de un organismo profesional.

12.9.14

El patrimonio de los funcionarios públicos analizado por dos periodistas reconocidos

El periodista Oscar Gómez Castañón realizó una entrevista a Alfredo Popritkin con motivo de la difusión de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

La nueva legislación introdujo cambios que dificulta el conocimiento de los ciudadanos sobre la evolución del patrimonio.

Todo ello se analiza en el reportaje además de señalar casos puntuales de algunos importantes funcionarios.

Audio del reportaje

El periodista Daniel Santoro realizó un reportaje a Alfredo Popritkin por la misma temática. En este caso, centrado en el patrimonio de la presidenta Cristina Fernández y el vicepresidente Amado Boudou.

También se analizó el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción y el resultado de la aplicación de la recientemente reformada ley sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Todo ello es con motivo de la reciente aparición de las declaraciones juradas del año 2013, publicadas en internet.

Audio de la entrevista


11.9.14

Lavado de Dinero: AVINA destaca una nueva capacitación. Plan para los meses próximos

La Fundación AVINA destaca la actividad que viene cumpliendo Contadores Forenses.

En el curso de este año participamos en dos oportunidades en la ciudad de Rosario, en la Universidad Abierta Interamericana y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, luego una en la ciudad de Tucumán, cuatro en Buenos Aires, Universidad de Palermo, Legislatura porteña (que ilustra AVINA en su sitio web), Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

En lo que resta del año tenemos programadas actividades sobre Lavado de Dinero en la ciudad de Mendoza (octubre), dos en Buenos Aires, evento anual de FOPEA y posgrado Forense Contable en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (noviembre).


10.9.14

La presidenta CFK declara pasivos contra sí misma

Clarín 10/9/2014
En la declaración patrimonial del año 2013 la presidenta Cristina Fernández declara $5.000.000 de pasivos con empresas que le pertenecen a ella y su familia.

Cuando existen vínculos de control entre diferentes personas, los créditos y pasivos, así como los resultados recíprocos, deben eliminarse al momento de exponer la situación financiera y económica consolidada.

Estos criterios surgen de las normas contables profesionales de las ciencias económicas.

Esto ocurre en relación a las sociedades Hotesur S.A. y Panatel.

Además, cabe señalar la omisión en que incurrió la presidenta al no consignar en los años 2012 y 2013 el porcentaje de participación que posee en las sociedades Los Sauces, Hotesur, Panatel y CO.MA.SA.

Publicado en diario Clarín

9.9.14

La pericia contable que determina el lavado de dinero para la campaña presidencial

Diario Perfil 9/09/2014
Una pericia prueba que hubo lavado en la campaña electoral del kirchnerismo de 2007, dice el diario Perfil.

Los recaudadores de la primera campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner quedaron más complicados en la Justicia tras la presentación de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema, afirma el diario Perfil.

El documento sostiene que el Gobierno se valió de empresas que no pueden justificar los aportes que supuestamente realizaron. En el caso de tres aportantes la conclusión fue, que a pesar de la documentación presentada por las empresas y los bancos con los que operaron, no se puede identificar el origen del dinero aportado a la campaña.

El juez federal Ariel Lijo ordenó al Cuerpo de Peritos un análisis de los movimientos bancarios y comerciales de una serie de droguerías proveedoras del Estado que PERFIL denunció en 2009.

La pericia confirma oficialmente -dice el diario- que el empresario Sebastián Forza aportó cheques por $ 200 mil a la campaña pero que los orígenes del dinero son “desconocidos”. “Para las fechas en que fueron debitados los cheques se efectuaron depósitos en efectivo para cubrir esos importes”. Es decir que el aporte realizado por la droguería de Forza, Sanford Salud, fue “cubierto con depósitos en efectivo” cuyo origen no está declarado. La empresa estaba en convocatoria de acreedores y no podía justificar esos cheques. Forza hacía negocios con el mexicano Jesús Martínez Espinoza, condenado luego por narcotráfico.

Cuando los peritos analizaron los movimientos de la droguería Multipharma SA, aportados por el empresario Néstor Lorenzo en dos cheques de $ 310 mil y $ 66 mil, concluyeron que el aportante no puede justificar el valor de los aportes. Los expertos pidieron al juez “reconstruir la ruta efectiva del dinero” y determinar “quién es el titular real de los montos”. “Deberá evaluarse si el origen de dichos aportes respondió a un beneficio particular, o si se trató de una maniobra en la cual las empresas aportaron dinero del propio Estado nacional para financiarse”, agregaron.

En cuanto a los aportes a nombre de Carlos Horacio Torres, socio de Nestor Lorenzo, los peritos establecieron que son “sospechosos en cuanto al origen de los fondos” y que “el perfil económico financiero de Torres” no se condice con el nivel de los aportes que figuran a su nombre en la campaña presidencial K de 2007.

8.9.14

Boudou rectificó los valores del Audi y sus motos



Un próximo peritaje contable deberá revisar el valor de compra del Audi A4 y de las dos motos importadas, pues las cifras fueron rectificadas en la declaración jurada, sin una razón que lo justifique.

Recalde cobra en Aerolíneas $ 183.000 por mes



La declaración jurada de Mariano Recalde permite establecer que percibe durante el año 2014 una retribución mensual superior a los $180.000.

Mientras la empresa Aerolíneas Argentinas pierde fortunas, de las que se hace cargo el estado nacional, sin que la gestión de Mariano Recalde pueda revertir la crisis, su responsable y titular cobra una remuneración muy elevada.

Recordemos que Recalde es un abogado que no tiene ninguna experiencia previa en empresas aéreas, sin embargo recibe retribuciones como si fuera un especialista en la actividad.

Patrimonio de los funcionarios públicos: su evolución mediante el análisis de las #DDJJ

Argentina para armar - TN 7/9/2014
Al segundo año de la reforma de la ley sobre declaraciones juradas de funcionarios se sigue avanzando, en cada vez menos transparencia.

Contadores Forenses está participando en una campaña nacional para difundir el retroceso de la reforma y para ello participamos de un informe elaborado por ACIJ, nos prestamos a los reportajes de algunas radios, dimos nuestra opinión a los diarios Clarín y La Nación. Además, este periódico se dedicó al tema en su editorial, tomando "Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por funcionarios denuncia "un preocupante retroceso" al comparar las exposiciones actuales con las de la ley de ética pública, de 1999. Si bien en la norma de hace un año se amplió la cantidad de funcionarios que deben realizar una declaración jurada, lo cierto es que desaparecieron varias exigencias que eran sumamente valiosas."

Argentina para armar: VIDEO 

2.9.14

Clarín consulta a Contadores Forenses ONG por las DDJJ de funcionarios

Clarín 2/9/2014
Desde la presidenta Cristina Fernández a los miembros del gabinete todos presentan declaraciones juradas con menos información y la que se brinda es más difícil de interpretar.

El patrimonio de los funcionarios es cada vez más oscuro. Declaraciones juradas del año 2013

Confusión, dudas, opacidad, desinformación, tecnicismo, son algunos de los términos que nos vienen a la mente mientras analizamos algunas declaraciones juradas de funcionarios, subidas al sitio web de la Oficina Anticorrupción.

Su análisis para llegar a conclusiones pasó a ser una misión imposible.

Si lo viéramos desde la óptica de quienes impulsaron la reforma del año año pasado, diríamos: misión cumplida! Ahora sí que casi nadie podrá sacar muchas conclusiones, ni siquiera los más expertos.

Nos encontramos con rubros mezclados unos con otros, compleja terminología tributaria, cálculos por diferencias o que siguen disposiciones impositivas.
La propia presidenta Cristina Fernández explica al final de la DJ 2013, explica de qué manera calculó el incremento en el valor de las sociedades que le pertenecen y los criterios de valuación, basada en razones técnicas y escudada en los impuestos a las ganancias y bienes personales, que no permiten establecer con claridad el real incremento patrimonial de los funcionarios. Traducido: chino básico.
Antes de la reforma de la ley de declaraciones juradas, que comenzó a regir el año pasado, la información brindada a los ciudadanos era aceptable. En lugar de mejorar lo que ya existía, se degradó, a punto tal que cada vez sabemos menos sobre el patrimonio de los funcionarios.
El formulario diseñado utiliza terminología tributaria por lo que el simple lector no entiende buena parte de lo que lee.
La nueva norma omite datos y bienes de familiares, de sociedades, posibilita negocios incompatibles y mezcla monedas no homogéneas.
Esta mayor complejidad y confusión dificulta el control, las comparaciones y favorece las irregularidades y el fraude.