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Los peritos de oficio en la Provincia de Buenos Aires padecen desde siempre los tratos inadecuados por parte de muchos juzgados y tribunales.
Resulta elemental que un auxiliar del juez cuente con todas las facilidades que le permitan disponer de todos los elementos de juicio para realizar su dictamen contable de la mejor forma que resulte posible.
Para ello es necesario que se le faciliten los expedientes y documentación para estudiarlos, en todos los casos que así se requiera.
Las normas legales que regulan la actividad de los profesionales así lo establecen en forma taxativa. También así lo ordenan las normas reglamentarias de la Suprema Corte.
Sin embargo, es habitual que se retacee el préstamo y facilitación de la tarea del perito contador.
Otro problema grave, que se arrastra desde hace muchos años, no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino en varias jurisdicciones del país, tiene que ver con la desprotección del perito en las actuaciones judiciales en exhortos que provienen de otras provincias. Terminado el trabajo, muchos tribunales devuelven los expedientes a la provincia de origen, sin dar tiempo a que el perito perciba sus honorarios y haciendo casi imposible que ello ocurra en el futuro.
Por tal razón, tanto las normas legales como las reglamentaciones de la Suprema Corte indican que no se debe autorizar ninguna devolución de expediente sin que antes el perito hubiere reconocido expresamente que percibió la totalidad de sus emolumentos.
La Suprema Corte recuerda a los magistrados de la Provincia de Buenos Aires, el 6 de febrero de 2012, que están vigentes las regulaciones que establecen el préstamo de expedientes y la no devolución de estos en casos de exhortos, hasta el cobro por el perito.
Resolución 2659/04 de la SCJPBA
1.3.12
28.2.12
La realización de las pericias tienen sus tiempos y procedimientos
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La Asociación de Magistrados emitió el siguiente comunicado, en respuesta a lo manifestado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sugiriendo un plazo de quince días para la realización del peritaje que establezca responsabilidades en el accidente ferroviario producido en la Estación Once.
Los jueces tienen a su cargo la dirección de los procesos y asegurar que se lleven adelante con celeridad. Deben evitar dilaciones y demoras indebidas, cumplir y hacer cumplir los términos procesales.

La Asociación de Magistrados emitió el siguiente comunicado, en respuesta a lo manifestado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sugiriendo un plazo de quince días para la realización del peritaje que establezca responsabilidades en el accidente ferroviario producido en la Estación Once.
Los jueces tienen a su cargo la dirección de los procesos y asegurar que se lleven adelante con celeridad. Deben evitar dilaciones y demoras indebidas, cumplir y hacer cumplir los términos procesales.
Los
peritajes no se encuentran entre sus funciones, sino que son encargados a
técnicos, y la complejidad de la tarea es la que determina cuales son los
tiempos necesarios para arribar a las conclusiones.
Sólo quien tiene a cargo cada causa y decisión
jurisdiccional puede fijar dichos plazos y no son válidas requisitorias
formuladas desde otros poderes y fuera de los procesos puntuales en los que las
partes interesadas pueden plantear sus pretensiones. Exigencias externas a esos
procesos solo pueden generar incertidumbre, confusión y desconfianza en la
Justicia.
COMUNICADO
N° 007/2012 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación
El FBI contrató 250 contadores forenses e impulsa la investigación de los delitos de cuello blanco
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Se busca prevenir a los futuros inversionistas del riesgo de invertir sus ahorros en productos poco seguros; el fraude financiero ha aumentado un 52 por ciento respecto de 2008.
Fuente: Diario La Nación

El actor Michael Douglas y el FBI, juntos contra los delitos financieros
Se busca prevenir a los futuros inversionistas del riesgo de invertir sus ahorros en productos poco seguros; el fraude financiero ha aumentado un 52 por ciento respecto de 2008.
El FBI busca prevenir a los futuros inversionistas del riesgo
de invertir sus ahorros en productos poco seguros. Y para ello, ha contratado
los servicios del actor Michael Douglas, protagonista de una nueva campaña
contra el fraude financiero.
La cantidad de evasión fiscal ha aumentado un 52 por ciento respecto del año
2008, haciendo una totalidad de 1800 casos hacia fines del 2011, según esta
oficina federal norteamerciana, muy preocupada por este crecimiento.
Con la frase "La avaricia es buena", extracto de su película "Wall Street",
el actor intenta apelar a los escrúpulos de los inversores que comenten dichas
ilegalidades. "Si un acuerdo parece demasiado bueno para ser verdad,
probablemente así lo sea", advierte en el anuncio.
En su mensaje, Douglas recomienda recurrir a las oficinas federales locales para
dar pistas o denunciar casos del uso de información privilegiada, como sucede en
el film en el que encarnó a un ambicioso agente de bolsa neoyorquino. Por esta
actuación ganó el Oscar a mejor actor, muchos años antes de que las prácticas
sobre hipotecas basuras de algunas firmas de Wall Street llevaran a la crisis
financiera de 2008.
Michael Douglas recomienda denunciar al FBI los casos de
uso de información privilegiada, al igual que sucede en su película "Wall
Street" Kevin Perkins, asistente del FBI y director de la oficina de
investigación criminal, comento que la agencia federal comenzó a enfocarse en el
crimen financiero, por lo cual han contratado a 250 contadores forenses.
Por otra parte, Timothy Gallagher, jefe de la sección Crímenes Financieros,
indica como la oficina opera en estos momentos como un centro de inteligencia
para indicar los lugares donde se evidencia más actividad criminal.
Con Michael Douglas como cara visible, el FBI busca alertar a los
norteamericanos: "Nuestra economía es cada vez más dependiente del éxito e
integridad de los mercados financieros", asevera el actor.
27.2.12
Gustavo Vera líder de La Alameda podría ser asesinado
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Un luchador contra la trata de mujeres y los talleres de trabajo clandestino y esclavo, tiene en riesgo su vida por realizar muy bien su trabajo desinteresado en favor de la sociedad.
Reproducimos la nota publicada en el Blog de la Fundación La Alameda.
El viernes 24 se presentaron ante una escribania, varios testigos de identidad reservada de la causa que la Alameda impulsa contra Madahos y otros prostìbulos «vip`» de Recoleta desde el pasado 2 de febrero.
Los testigos revelaron ante escribano pùblico y para luego ser presentado ante el juzgado federal y el Ministerio de Seguridad de la Naciòn que los dueños de Madahos Mario Sasain, Daniel Fay, Gustavo Gonzalez y especialmente uno de los lugartenientes de ellos, Julian De Nicolo tuvieron varias reuniones en el local denunciado en las noches del 3 y 4 de febrero en las que a viva voz manifestaron su intenciòn de «dar vuelta» a Gustavo Vera y todos los que esten involucrados en la denuncia que se presentò el 2 de febrero. Los testigos aclararon que en el lenguaje de la noche «dar vuelta» significa matar, asesinar. También denunciaron que ellos han recibido graves amenazas verbales y telefònicas de esta gente, asi como también otros que no son testigos pero que los dueños sospechan que si. De hecho, en el acta notarial, los testigos hacen constar que los dueños de Madahos y Julian de Nicolo han elaborado una «lista negra» con varias personas que ellos consideran que podrìan estar colaborando con la denuncia de la Alameda y han comenzado a amenazarlas.
Los testigos tambièn manifestaron ante escribano pùblico que a la noche siguiente de la denuncia penal y al escrache de la Alameda, el abogado de los dueños de ese local, el Dr Claudio Lifchitz se reuniò con dos de los dueños y los gerentes de Madahos y manifestò «que se queden tranquilos que ya està todo arreglado con el juzgado». A la noche siguiente, concurrieron dos inspectores del Gobierno de la Ciudad a Madahos que ingresaron y subieron al primer piso para reunirse con Julian De Nicolo y Horacio Rosetto y luego se retiraron sin hacer acta de inspecciòn alguna. El sàbado a la noche fue el turno de gente « de la brigada» de la policia federal que tambièn se reunieron en el primer piso con De Nicolo y Rosetto sin hacer procedimiento alguno.
Los testigos sostienen que las amenazas son serias y que temen por la vida y seguridad propia y de sus familias y que estàn dispuestos a ratificar todo lo dicho en sede judicial y ante todos los organismos que correspondan.
La Alameda hace pùblico el contenido del acta notarial y alerta sobre las amenazas de muerte que han sufrido tanto su titular Gustavo Vera como los testigos de identidad reservada y sobre las extrañas reuniones con funcionarios pùblicos con los imputados en los dìas posteriores a la denuncia penal y al escrache.
Gustavo Vera amenazado por las mafias narcotraficantes y proxenetas
La Alameda hace responsable al Juzgado del Dr Martinez Di Giorgi y al Ministerio de Seguridad por la vida e integridad fìsica de Gustavo Vera y los testigos de identidad reservada ofrecidos en la causa y convoca a la ciudadania a manifestarse por todos los medios posibles para terminar con la trata y el narcoproxenetismo y con la corrupciòn municipal y policial que los sostiene.
La Alameda ratifica que seguirà denunciando y aportando pruebas contra esta mafia y que no se dejarà amedrentar por los sujetos que estàn acostumbrados a cometer delitos con total impunidad y publica sus nombres y apellidos tal como constan en el acta notarial.
Un luchador contra la trata de mujeres y los talleres de trabajo clandestino y esclavo, tiene en riesgo su vida por realizar muy bien su trabajo desinteresado en favor de la sociedad.
Reproducimos la nota publicada en el Blog de la Fundación La Alameda.
| Escrache al prostíbulo Madaho´s |
LA MAFIA DE MADAHOS PLANIFICA ASESINAR A GUSTAVO VERA
Y A TESTIGOS DE IDENTIDAD RESERVADA
El viernes 24 se presentaron ante una escribania, varios testigos de identidad reservada de la causa que la Alameda impulsa contra Madahos y otros prostìbulos «vip`» de Recoleta desde el pasado 2 de febrero.
La causa que se tramita en el juzgado Federal N° 2, a cargo de Marcelo Martínez
Di Giorgi, secretaría N° 3 bajo el expediente 990/12, investiga el
narcoproxenetismo en varìos locales nocturnos de Recoleta y en la misma la
Alameda aporta datos, filmaciones y testigos con reserva de identidad. Es de
pùblico conocimiento ademàs, que la Alameda acompaña a una ex victima de estos
locales, Carina Ramos, que ya habìa impulsado en noviembre pasado una denuncia
similar en el Juzgado de Canicoba Corral.
Los testigos revelaron ante escribano pùblico y para luego ser presentado ante el juzgado federal y el Ministerio de Seguridad de la Naciòn que los dueños de Madahos Mario Sasain, Daniel Fay, Gustavo Gonzalez y especialmente uno de los lugartenientes de ellos, Julian De Nicolo tuvieron varias reuniones en el local denunciado en las noches del 3 y 4 de febrero en las que a viva voz manifestaron su intenciòn de «dar vuelta» a Gustavo Vera y todos los que esten involucrados en la denuncia que se presentò el 2 de febrero. Los testigos aclararon que en el lenguaje de la noche «dar vuelta» significa matar, asesinar. También denunciaron que ellos han recibido graves amenazas verbales y telefònicas de esta gente, asi como también otros que no son testigos pero que los dueños sospechan que si. De hecho, en el acta notarial, los testigos hacen constar que los dueños de Madahos y Julian de Nicolo han elaborado una «lista negra» con varias personas que ellos consideran que podrìan estar colaborando con la denuncia de la Alameda y han comenzado a amenazarlas.
Los testigos tambièn manifestaron ante escribano pùblico que a la noche siguiente de la denuncia penal y al escrache de la Alameda, el abogado de los dueños de ese local, el Dr Claudio Lifchitz se reuniò con dos de los dueños y los gerentes de Madahos y manifestò «que se queden tranquilos que ya està todo arreglado con el juzgado». A la noche siguiente, concurrieron dos inspectores del Gobierno de la Ciudad a Madahos que ingresaron y subieron al primer piso para reunirse con Julian De Nicolo y Horacio Rosetto y luego se retiraron sin hacer acta de inspecciòn alguna. El sàbado a la noche fue el turno de gente « de la brigada» de la policia federal que tambièn se reunieron en el primer piso con De Nicolo y Rosetto sin hacer procedimiento alguno.
Los testigos sostienen que las amenazas son serias y que temen por la vida y seguridad propia y de sus familias y que estàn dispuestos a ratificar todo lo dicho en sede judicial y ante todos los organismos que correspondan.
La Alameda hace pùblico el contenido del acta notarial y alerta sobre las amenazas de muerte que han sufrido tanto su titular Gustavo Vera como los testigos de identidad reservada y sobre las extrañas reuniones con funcionarios pùblicos con los imputados en los dìas posteriores a la denuncia penal y al escrache.
| Gustavo Vera |
Gustavo Vera amenazado por las mafias narcotraficantes y proxenetas
La Alameda denuncia que siendo 27 de
febrero aùn no se nos ha citado a ratificar la denuncia y aportar todas las
pruebas y testigos ofrecidos en la presentaciòn inicial, todo esto en el marco
de la jactancia pùblica de los dueños de Madahos y su abogado de que «esta todo
arreglado».
La Alameda hace responsable al Juzgado del Dr Martinez Di Giorgi y al Ministerio de Seguridad por la vida e integridad fìsica de Gustavo Vera y los testigos de identidad reservada ofrecidos en la causa y convoca a la ciudadania a manifestarse por todos los medios posibles para terminar con la trata y el narcoproxenetismo y con la corrupciòn municipal y policial que los sostiene.
La Alameda ratifica que seguirà denunciando y aportando pruebas contra esta mafia y que no se dejarà amedrentar por los sujetos que estàn acostumbrados a cometer delitos con total impunidad y publica sus nombres y apellidos tal como constan en el acta notarial.
25.2.12
Tragedia en Once: empresas que se enriquecen, funcionarios que acompañan y controles que no funcionan
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Causa Judicial: Ya en el arranque de la causa el fiscal Delgado se diferenció del juez Bonadío. Delgado pide se investiguen los subsidios pagados y el destino que le dio TBA a dichas sumas, mientras Bonadío desentendió al conductor del tren luego de una declaración que aseguraba que los frenos fallaron y que ya venían con fallas de otra estación, y que los problemas de mantenimiento venían siendo advertidos.
Gobierno: Formaría parte de un esquema de entrega de subsidios sin control y se deja flotando la connivencia de funcionarios. La cercanía de la relación con el titular del concesionario y la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación, a punto de compartir viajes presidenciales al exterior, muestran vínculos muy aceitados a alto nivel, debiendo determinarse hasta dónde han llegado.
Pruebas:
El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, dijo el 27 de febrero de 2012:

El choque del tren en la Estación Once de la ciudad
de Buenos Aires dejó el luctuoso saldo de 51 argentinos muertos, más de 700
heridos, miles de amigos y familias afectadas, además de toda una sociedad
indignada.
Desde este blog trataremos de aportar una mirada desde el manejo de los fondos públicos y las decisiones que inciden en las cuestiones económicas.
Desde este blog trataremos de aportar una mirada desde el manejo de los fondos públicos y las decisiones que inciden en las cuestiones económicas.
Subsidios: La Auditoría General de la Nación (AGN) anuncia la finalización de un
informe que analiza el análisis del cumplimiento de obligaciones
contractuales relacionadas con el mantenimiento de la seguridad pública y
operativa, verificación de los costos de referencia y evaluación de los
controles realizados en el marco de la redeterminación de los subsidios,
período 2007-2009.
El fiscal Delgado dirige su mirada hacia allí, hacia quienes desviaron dineros públicos.
El fiscal Delgado dirige su mirada hacia allí, hacia quienes desviaron dineros públicos.
Responsabilidades: Resulta que los informes de la AGN tienen como destinatarios los legisladores, que nada han realizado con ellos, ni siquiera los que pertenecen a partidos no oficiales. Todo lo demás ha funcionado igual que el resto de los controles, es decir, no han existido, se han eludido permanentemente.
Causa Judicial: Ya en el arranque de la causa el fiscal Delgado se diferenció del juez Bonadío. Delgado pide se investiguen los subsidios pagados y el destino que le dio TBA a dichas sumas, mientras Bonadío desentendió al conductor del tren luego de una declaración que aseguraba que los frenos fallaron y que ya venían con fallas de otra estación, y que los problemas de mantenimiento venían siendo advertidos.
Gobierno: Formaría parte de un esquema de entrega de subsidios sin control y se deja flotando la connivencia de funcionarios. La cercanía de la relación con el titular del concesionario y la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación, a punto de compartir viajes presidenciales al exterior, muestran vínculos muy aceitados a alto nivel, debiendo determinarse hasta dónde han llegado.
Pruebas:
- Informes de la AGN
- Informe de ACIJ
AGN: En la página web señala que entre las audtorías en trámite tienen:
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Además, el Colegio de Auditores de la AGN, en el acta n° 22 del 27 de diciembre de 2011 señala:
Se encuentra en ejecución el proyecto de auditoría, Secretaría de Transporte, CNRT y TBA, cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de la seguridad pública y operativa, verificación de los costos de referencia y evaluación de los controles realizados en el marco de la redeterminación de los subsidios, período 2007-2009. Se está realizando el análisis de la vista otorgada por el organismo auditado. El 19/12 ingresó el descargo. El proyecto de informe contempla casi la totalidad de los items pedidos por la Comisión Parlamentaria Mixta. |
El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, dijo el 27 de febrero de 2012:
Es posible que este hecho marque un punto de inflexión para el cambio.
El Estado debe controlar la afectación específica de los subsidios a los fines a que han sido aplicados en función de los objetivos previstos, tales como mantenimiento, seguridad, etc.
Con el informe de auditoría del año 2008 el Estado se encontraba en condiciones de rescindir el contrato de concesión del Ferrocarril Sarmiento, pero no lo ha hecho.
Esta nota continuará en los próximos días
Esta nota continuará en los próximos días
15.2.12
Concurso para Perito Contador Oficial en Resistencia
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El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco llamó a concurso abierto de oposición y antecedentes a fin de cubrir un cargo
de jefe de división con funciones de perito contador oficial en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en Resistencia.
Los postulantes deberán reunir los
siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado; tener 25 años de
edad como mínimo; poseer título de contador público expedido por universidad
nacional o privada reconocida oficialmente; matriculado con 5 años de
ejercicio en la profesión; residencia efectiva en la I circunscripción
judicial; carecer de antecedentes penales y de sanciones profesionales.
Las solicitudes de inscripción se
recibirán hasta el 18 de noviembre en la Secretaría de Superintendencia, a
través de la mesa de entradas del STJ.
Para concretar la inscripción se deberá presentar una
nota de pedido adjuntando: CV (con fotocopias simples de cursos, congresos,
certificados, etc. que acrediten lo expuesto); certificado de domicilio de la
provincia del Chaco; fotocopia del título de contador público; fotocopia de
DNI, constancia de buena salud, certificado de conducta emitido por la
policía del Chaco; constancias de matriculación, de antigüedad en el
ejercicio profesional y de sanciones disciplinarias, extendidas por el órgano
encargado del gobierno de la matrícula; además de cumplir con los demás
requisitos exigidos por el Reglamento Interno del Poder Judicial.
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7.2.12
Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina
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Constitución Nacional (art. 85)
El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación.
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.
La dirección se encuentra a cargo de un presidente, un colegio de seis auditores generales y las comisiones de supervisión.
El organismo cuenta con nueve gerencias, la auditoría interna y la secretaría de asuntos institucionales y legales.
Trabajan en el organismo 600 personas, entre profesionales y personal auxiliar.
Las gerencias son las siguientes:
- Control de gestión del sector no financiero
- Control financiero del sector no financiero
- Control del sector financiero y recursos
- Control de entes reguladores y empresas prestadoras de servicios públicos
- Control de deuda pública
- Control de transferencias de fondos nacionales
- Control de cuenta de inversión
- Planificación y proyectos especiales
- Administración y finanzas
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Los controles que no funcionan
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Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
El Estado argentino cuenta con suficientes controles. Los encontramos en los tres poderes del Estado.
Poder Ejecutivo
Cantidad de contadores, economistas, auditores, inspectores e investigadores integran la Contaduría General de la Nación (CGN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Todos ellos dedicados al control interno y de gestión, de las transacciones que realizan las diferentes dependencias del Estado.
Además, se les suman otros organismos que coadyuvan a efectuar controles, análisis e investigaciones, tales como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA), la Sueperintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Poder Legislativo
El control externo se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el organismo que asiste al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, que resulte completa, clara y veraz.
Poder Judicial
Dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se trabaja en la investigación de hechos delictivos. Se hace a través de estructuras propias y también con la ayuda de oficinas auxiliares.
Los 12 juzgados federales de la Capital Federal y muchos otros diseminados por el territorio nacional están dedicados a la investigación de casos criminales contra el Estado. Asimismo, las dos salas de la Cámara Federal y 6 tribunales orales federales.
Asimismo, dentro del Ministerio Público funcionan entidades con dedicación específica a estos casos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina de control de Delitos contra la Administración Pública, así como otras especializadas como Unidad Fiscal de delitos Tributarios y Contrabando, la Unidad Fiscal de delitos de Lavado de Dinero, la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, la Unidad Fiscal de delitos de la Seguridad Social, la Unidad Fiscal de delitos contra el PAMI y la Unidad Fiscal de delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil.
En ayuda del Poder Judicial, colaboran el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Procuración del Tesoro Nacional.
A pesar de estas super-estructuras al servicios del control de la administración pública y de las investigaciones delictivas, los sistemas de administración y control del Estado Nacional y el sistema judicial de investigaciones de delitos contra el Estado, funcionan -en general- con serias deficiencias.
6.2.12
La Policía Federal presenta pericia contable en la causa Sckoklender
La información sobre los movimientos de dinero asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas fue entregada al juez en un informe técnico realizado por peritos de la Policía Federal.
El juez federal Norberto Oyarbide comenzó a analizar el extenso informe realizado por la División Patrimoniales de la Policía. El estudio de ese documento será tomado en cuenta para resolver el pedido del fiscal Jorge Di Lello de llamar a declaración indagatoria a más de 60 acusados.
Se trata del primer informe integral relacionado con las maniobras que se les achacan a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a varios socios y allegados de los exapoderados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.
Hasta ahora, Oyarbide contaba sólo con un estudio realizado por el Banco Central relacionados con determinadas cuentas bancarias, pero que no entrecruzaba los datos.
El juez le había encargado el 26 de octubre de 2011 a la fuerza de seguridad, la realización del estudio bajo la premisa de cruzar informes contables de la Fundación Madres, del Central, de la Inspección General de Justicia y de la AFIP, relacionados con movimientos financieros y cambios de cheques a cargo de los imputados en el expediente.
En paralelo el magistrado aguarda el resultado de una pericia contable, estudio que le encargó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema en conjunto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A través de ese peritaje, el juez espera establecer si hubo sobreprecios en la ejecución de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos, de Madres, o una eventual subejecución de las construcciones encargadas por el Gobierno nacional o las administraciones provinciales y municipales.
Oyarbide optó por reclamar los informes a la Policía Federal, la Corte y al Banco Centra,l en lugar de aguardar un estudio completo que preveía realizar la Auditoría General de la Nación (AGN).
En ese momento el juez hizo saber que prefería no estar sometido a los tiempos del órgano de control que maneja el radical Leandro Despouy. En cambio, la AGN arrancó con una auditoría a pedido del otro juez que estudia las obras de las Madres, Marcelo Martínez de Giorgi.
Hasta ahora, los informes del Central, los únicos incorporados a la causa, dieron cuenta de presuntos desvíos de fondos públicos por parte de socios o empleados de empresas cercanas a Schoklender, como Meldorek o Antártica Argentina.
El mecanismo detectado por la autoridad monetaria consistía en la supuesta derivación de recursos que salían del Estado nacional y que tenían como destino la fundación Madres, hacia compañías sospechadas de haber sido creadas al sólo efecto de absorber esos fondos. Y en el final de la cadena, el Central estableció que el dinero terminaba por ser cobrado por empresarios ligados a los Schoklender e incluso por empleados de escasos ingresos de las compañías señaladas.
Fuente: UBA y Ambito
.
El juez federal Norberto Oyarbide comenzó a analizar el extenso informe realizado por la División Patrimoniales de la Policía. El estudio de ese documento será tomado en cuenta para resolver el pedido del fiscal Jorge Di Lello de llamar a declaración indagatoria a más de 60 acusados.
Se trata del primer informe integral relacionado con las maniobras que se les achacan a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a varios socios y allegados de los exapoderados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.
Hasta ahora, Oyarbide contaba sólo con un estudio realizado por el Banco Central relacionados con determinadas cuentas bancarias, pero que no entrecruzaba los datos.
El juez le había encargado el 26 de octubre de 2011 a la fuerza de seguridad, la realización del estudio bajo la premisa de cruzar informes contables de la Fundación Madres, del Central, de la Inspección General de Justicia y de la AFIP, relacionados con movimientos financieros y cambios de cheques a cargo de los imputados en el expediente.
En paralelo el magistrado aguarda el resultado de una pericia contable, estudio que le encargó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema en conjunto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A través de ese peritaje, el juez espera establecer si hubo sobreprecios en la ejecución de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos, de Madres, o una eventual subejecución de las construcciones encargadas por el Gobierno nacional o las administraciones provinciales y municipales.
Oyarbide optó por reclamar los informes a la Policía Federal, la Corte y al Banco Centra,l en lugar de aguardar un estudio completo que preveía realizar la Auditoría General de la Nación (AGN).
En ese momento el juez hizo saber que prefería no estar sometido a los tiempos del órgano de control que maneja el radical Leandro Despouy. En cambio, la AGN arrancó con una auditoría a pedido del otro juez que estudia las obras de las Madres, Marcelo Martínez de Giorgi.
Hasta ahora, los informes del Central, los únicos incorporados a la causa, dieron cuenta de presuntos desvíos de fondos públicos por parte de socios o empleados de empresas cercanas a Schoklender, como Meldorek o Antártica Argentina.
El mecanismo detectado por la autoridad monetaria consistía en la supuesta derivación de recursos que salían del Estado nacional y que tenían como destino la fundación Madres, hacia compañías sospechadas de haber sido creadas al sólo efecto de absorber esos fondos. Y en el final de la cadena, el Central estableció que el dinero terminaba por ser cobrado por empresarios ligados a los Schoklender e incluso por empleados de escasos ingresos de las compañías señaladas.
Fuente: UBA y Ambito
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31.1.12
Pericia contable en Paraguay define la causa contra un Ministro de la Corte
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| Diario de Paraguay |
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Sugestivo peritaje de fiscalía para archivar investigación al ministro
Un sugestivo peritaje de las contadoras Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez, del Laboratorio Forense de la fiscalía, posibilitó el “archivo” de la investigación por enriquecimiento ilícito del ministro de la Corte Víctor Núñez, su esposa Julia Albertini y su hija Cathia Núñez. Además, la Contraloría General también dictaminó que “existe correspondencia de bienes”
La clave para que Núñez no posea “enriquecimiento ilícito” fue no atribuirle
siete lujosos dúplex que la firma Animex -donde su esposa María Julia Albertini
es directora- tiene en el barrio Villa Virginia de Lambaré y una casa de 300.000
dólares en el distrito de la Recoleta de Asunción, que está inscripta a nombre
de la SA en los Registros Públicos.
Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez concluyeron que esa firma tenía recursos financieros y que solo poseía como saldo en caja poco más de G. 15 millones.
Las profesionales iniciaron la pericia contable a Animex SA el 14 de julio de 2011.
Esa pericia concluyó: “los recursos financieros que sirvieron para solventar las inversiones y gastos de la sociedad Animex SA provienen de los ingresos generados por las actividades de la sociedad, tales como la actividad comercial, alquileres de inmuebles, los ingresos provenientes de la actividad ganadera, préstamos obtenidos de terceros y aportes de los accionistas, capitalizados y a capitalizar, conforme se observa en el resumen general de saldo en caja, según balance general y flujo de efectivo al cierre del 31 de diciembre de 2009, de G. 15.829.151...”.
De esta forma se descartó el enriquecimiento ilegítimo, porque supuestamente Núñez posee correspondencia de bienes y, por ende, se descarta el lavado de dinero a través de Animex.
El dictamen fue trascendental porque con ese aval más el examen del contralor Rubén Velázquez y sus auditores, el fiscal de Delitos Económicos, René Fernández, solicitó el 27 de diciembre del año pasado la desestimación de la causa.
El “archivo” fue concretado la semana pasada por el juez penal de garantías de feria, Hugo Sosa Pasmor, quien interina a Humberto Otazú, juez penal de Delitos Económicos.
De esta forma, el resultado pericial del Laboratorio Forense del Ministerio Público está en duda porque una investigación periodística reveló el crecimiento económico de la firma Animex, y que sus bienes serían los del ministro. La sociedad anónima compró una residencia de 300.000 dólares (donde vive el ministro), siete dúplex en Lambaré y un campo de 800 hectáreas en la zona de Villa Oliva, por más de G. 1.300 millones.
La credibilidad de la perita Graciela Álvarez sigue en juego porque debe expedirse sobre la fortuna del senador Víctor Bernal.
Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez concluyeron que esa firma tenía recursos financieros y que solo poseía como saldo en caja poco más de G. 15 millones.
Las profesionales iniciaron la pericia contable a Animex SA el 14 de julio de 2011.
Esa pericia concluyó: “los recursos financieros que sirvieron para solventar las inversiones y gastos de la sociedad Animex SA provienen de los ingresos generados por las actividades de la sociedad, tales como la actividad comercial, alquileres de inmuebles, los ingresos provenientes de la actividad ganadera, préstamos obtenidos de terceros y aportes de los accionistas, capitalizados y a capitalizar, conforme se observa en el resumen general de saldo en caja, según balance general y flujo de efectivo al cierre del 31 de diciembre de 2009, de G. 15.829.151...”.
De esta forma se descartó el enriquecimiento ilegítimo, porque supuestamente Núñez posee correspondencia de bienes y, por ende, se descarta el lavado de dinero a través de Animex.
El dictamen fue trascendental porque con ese aval más el examen del contralor Rubén Velázquez y sus auditores, el fiscal de Delitos Económicos, René Fernández, solicitó el 27 de diciembre del año pasado la desestimación de la causa.
El “archivo” fue concretado la semana pasada por el juez penal de garantías de feria, Hugo Sosa Pasmor, quien interina a Humberto Otazú, juez penal de Delitos Económicos.
De esta forma, el resultado pericial del Laboratorio Forense del Ministerio Público está en duda porque una investigación periodística reveló el crecimiento económico de la firma Animex, y que sus bienes serían los del ministro. La sociedad anónima compró una residencia de 300.000 dólares (donde vive el ministro), siete dúplex en Lambaré y un campo de 800 hectáreas en la zona de Villa Oliva, por más de G. 1.300 millones.
La credibilidad de la perita Graciela Álvarez sigue en juego porque debe expedirse sobre la fortuna del senador Víctor Bernal.
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24.1.12
Concurso de Peritos Contadores Oficiales - Nota II
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El Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con una dotación de 22 Peritos Oficiales, que en la actualidad se encuentra reducido a la mitad, por las vacantes que se han venido produciendo.
Ante el cúmulo de causas penales que recibe este cuerpo y la complejidad de las mismas, el número de peritos resulta insuficiente, razón por la cual se hace necesario acelerar los pasos tendientes a cubrir los cargos.
El proceso de selección de peritos puede demandar aproximadamente un año, razón por la cual se prevé que la situación actual subsistirá durante todo el año 2012.
El concurso debe cumplir con una serie de pasos reglamentarios, tendientes a seleccionar a los mejores profesionales disponibles.
Resulta necesario, entonces, que la Corte Suprema realice la convocatoria para el llamado a concurso, para que se presenten los postulantes interesados.
En el informe de gestión del Alto Tribunal del año 2011, se anunció la realización del concurso, razón por la cual es de esperar que en breve plazo se anuncie el cronograma del concurso.
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El Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con una dotación de 22 Peritos Oficiales, que en la actualidad se encuentra reducido a la mitad, por las vacantes que se han venido produciendo.Ante el cúmulo de causas penales que recibe este cuerpo y la complejidad de las mismas, el número de peritos resulta insuficiente, razón por la cual se hace necesario acelerar los pasos tendientes a cubrir los cargos.
El proceso de selección de peritos puede demandar aproximadamente un año, razón por la cual se prevé que la situación actual subsistirá durante todo el año 2012.
El concurso debe cumplir con una serie de pasos reglamentarios, tendientes a seleccionar a los mejores profesionales disponibles.
Resulta necesario, entonces, que la Corte Suprema realice la convocatoria para el llamado a concurso, para que se presenten los postulantes interesados.
En el informe de gestión del Alto Tribunal del año 2011, se anunció la realización del concurso, razón por la cual es de esperar que en breve plazo se anuncie el cronograma del concurso.
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18.12.11
Inscripción para el curso de Peritos Contadores Oficiales
El último lunes de cada mes, por la mañana tendrán lugar las clases a cargo de los ex peritos contadores oficiales Alfredo Popritkin y Quintino Dell´Elce.
Este curso de Actualización tiene por propósito analizar todos los temas relativos al concurso de peritos anunciado por la Corte Suprema, y pueden cursarlo todos aquellos contadores interesados en conocer las características del cargo de perito contador oficial, la bibliografía recomendada, los conocimientos previos que son requeridos, el reglamento de concurso de peritos, el reglamento de funcionamiento del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, así como también se analizarán casos de pericias contables penales y el funcionamiento y aplicación del Código de Procedimientos en Materia Penal, en la parte concerniente a la prueba de peritos.
En cada encuentro mensual se analizarán las novedades surgidas en relación al trámite del concurso y se responderán a todas las preguntas de los asistentes.
El Consejo tomará las inscripciones para el curso a partir del 25 de enero de 2012.
La Corte Suprema ha informado que el llamado a concurso será por 10 cargos vacantes que se necesitará cubrir.
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Fuente: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
13.12.11
Concurso de Peritos Contadores Oficiales - Nota I
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que se iniciaron las actuaciones del llamado a concurso público para cubrir 10 vacantes en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales y 36 vacantes en el Cuerpo Médico Forense.
A través de la Acordada N° 16 del corriente año 2011, se reglamentó el procedimiento para la selección de los peritos contadores que integrarán el organismo de investigación judicial que actuarán en las causas penales.
Allí se establecen las etapas del procedimiento de selección, que son las siguientes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que se iniciaron las actuaciones del llamado a concurso público para cubrir 10 vacantes en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales y 36 vacantes en el Cuerpo Médico Forense.
A través de la Acordada N° 16 del corriente año 2011, se reglamentó el procedimiento para la selección de los peritos contadores que integrarán el organismo de investigación judicial que actuarán en las causas penales.
Allí se establecen las etapas del procedimiento de selección, que son las siguientes.
![]() |
| Reglamento de Concursos de PCO - Art. 2° |
Como se puede observar, se prevén varios pasos, en razón de lo cual el trámite de selección demandará unos cuantos meses a partir de iniciación. Se espera que la Corte Suprema abra el concurso y establezca el cronograma.
29.11.11
Prestaron juramento las autoridades e integrantes del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales
TweetLas ministras del Máximo Tribunal Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay tomaron juramento a los Peritos Contadores Oficiales.
Héctor Chyrikins, Decano del Cuerpo
Alejandro Del Acebo, Vicedecano
Peritos Contadores Oficiales: Lucía
Güelfi, Antonio López, Rubén Miguel Pappacena, Adriana Noemí
Manna, Gregorio Jorge Larrocca, Aldo R. Lanfranconi, Oscar
Fernández, Héctor Roccatagliata, María del Carmen Penedo y María Fernanda
Vergara.
Todos los peritos respondieron afirmativamente cuando la Dra. Highton de Nolasco les preguntó según las respectivas creencias, si prometían desempeñar bien y fielmente vuestras funciones, de conformidad con lo que prescriben la Constitución y las leyes de la Nación.
Luego señaló que, tenemos un nuevo equipo de profesionales de la Corte Suprema que han prometido desempeñar los cargos bien y fielmente. Esperemos que esto sea así y sabemos no nos van a defraudar.
Video del acto
Fotografías
24.11.11
El juez Caputo y la fiscal Robiglio hicieron propuestas sobre pericias contables
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Se realizó una charla debate con la participación de magistrados y peritos contadores que actúan en los fueros penales.
Expuso el juez en lo penal económico Rafael Caputo, quien señaló que prefiere trabajar con la colaboración del Cuerpo de Peritos Contadores y no así con la AFIP, pues este organismo es parte interesada en los procesos.
La charla permitió explorar alternativas tendientes a un mejor resultado de las las investigaciones judiciales en el fuero penal económico.
Se refirió el Dr. Caputo a lo problemático que resulta obtener pruebas contables en relación a las "salidas no documentadas", las operaciones "en negro", "subfacturación de importaciones" y "giros en descubierto cuando investigan cheques sin fondos".
La Fiscal Carolina Robiglio, por su parte, aludió al marco general de la actuación de los peritos, la utilidad y pertinencia de la prueba y los puntos de pericia contable.
Todos coincidieron en la necesidad de trabajar en la elaboración o re-elaboración de cuestionarios periciales adecuados y que la tarea pericial se ajuste a las necesidades de los procesos judiciales.
El análisis tuvo lugar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, con la coordinación de la perito contadora oficial María Fernanda Vergara.
Se realizó una charla debate con la participación de magistrados y peritos contadores que actúan en los fueros penales.
Expuso el juez en lo penal económico Rafael Caputo, quien señaló que prefiere trabajar con la colaboración del Cuerpo de Peritos Contadores y no así con la AFIP, pues este organismo es parte interesada en los procesos.
La charla permitió explorar alternativas tendientes a un mejor resultado de las las investigaciones judiciales en el fuero penal económico.
Se refirió el Dr. Caputo a lo problemático que resulta obtener pruebas contables en relación a las "salidas no documentadas", las operaciones "en negro", "subfacturación de importaciones" y "giros en descubierto cuando investigan cheques sin fondos".
La Fiscal Carolina Robiglio, por su parte, aludió al marco general de la actuación de los peritos, la utilidad y pertinencia de la prueba y los puntos de pericia contable.
Todos coincidieron en la necesidad de trabajar en la elaboración o re-elaboración de cuestionarios periciales adecuados y que la tarea pericial se ajuste a las necesidades de los procesos judiciales.
El análisis tuvo lugar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, con la coordinación de la perito contadora oficial María Fernanda Vergara.
18.11.11
La Cámara Federal falló en la causa Skanska
La tarea llevada a cabo por cuatro peritos oficiales –dos contadores y dos ingenieros- y más de veinte peritos de parte (“constituyó un grupo de dimensiones sin antecedentes en este Cuerpo Pericial” –v. fs. 16051vta-), arrojó, entre otras cosas, lo siguiente:
- i) Plantas Compresoras: No existe un valor establecido en el mercado que permita conocer el precio de una planta compresora.
Sobreprecios
El uso abusivo de la palabra “sobreprecios” pareciera haber respondido a un intento de suplir ese faltante y reemplazar el contenido por la simbología del término. Si “sobreprecio” necesariamente está asociado a algo delictivo, debería reservarse el uso de esa palabra para la conclusión de un examen que diera cuenta de un variación de precios de naturaleza ilícita –por ejemplo, producto de un ardid-. Si por el contrario, el término no supone en sí un condimento delictivo, bien podríamos usarlo para describir que entre las primeras proyecciones y los acuerdos contractuales investigados en estas actuaciones existieron aumentos en los precios. Ya sea de uno u otro modo, lo deseable es que dentro del discurso la potencialidad de las palabras no se transforme en una estrategia para reemplazar los argumentos, como parece haber ocurrido en este caso.
Link a parte de la sentencia
El uso abusivo de la palabra “sobreprecios” pareciera haber respondido a un intento de suplir ese faltante y reemplazar el contenido por la simbología del término. Si “sobreprecio” necesariamente está asociado a algo delictivo, debería reservarse el uso de esa palabra para la conclusión de un examen que diera cuenta de un variación de precios de naturaleza ilícita –por ejemplo, producto de un ardid-. Si por el contrario, el término no supone en sí un condimento delictivo, bien podríamos usarlo para describir que entre las primeras proyecciones y los acuerdos contractuales investigados en estas actuaciones existieron aumentos en los precios. Ya sea de uno u otro modo, lo deseable es que dentro del discurso la potencialidad de las palabras no se transforme en una estrategia para reemplazar los argumentos, como parece haber ocurrido en este caso.
Link a parte de la sentencia
Causa Skanska: Análisis de las Pericias por la Cámara Federal - Nov2011
Causa Skanska
C. 45.461 Incidente de apelación de Madaro, Fulvio M. y otros s/procesamiento
Juzgado 7 Secretaría 13 Reg. N° 1289
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I) Contra la resolución del Sr. juez instructor, obrante en copias a fs. 1/655,que dicta el procesamiento de …
PERICIAS
La tarea llevada a cabo por cuatro peritos oficiales –dos contadores y dos ingenieros- y más deveinte peritos departe (“constituyó un grupo de dimensiones sin antecedentes en este Cuerpo Pericial” –v. fs.16051vta-), arrojó, entre otras cosas, lo siguiente:
Gasoducto Norte –TGN-
i) Plantas Compresoras: No existe un valor establecido en el mercado quepermita conocer el precio de una planta compresora. Las distintas variablescomprometidas –p. ej. diseño, emplazamiento, logística, proveedores, mano deobra, momento de la ejecución- lleva a concluir que “el precio de mercado es aquel en que comprador y vendedor se ponen deacuerdo en el precio de un producto”. Por otra parte, el “mercado” refierea los proveedores aptos para la prestación, tales como las empresas incluidasen un listado que TGN ha institucionalizado y que implica que fueronseleccionadas, auditadas, calificadas y habilitadas, al mismo tiempo de reunirlas especificaciones del pliego. Es decir, el mercado es un reducido número deempresas. Se concluye luego que “losalcances y estimaciones incluidos en lospresupuestos de TGN no guardan correlato con los alcances solicitados a losoferentes de Plantas compresoras invitados por TGN y nominados en su Lista ´0´”,ni con los costos de mercado a la fecha de su elaboración, ni tienen sustento en el proyecto técnicoelaborado para las obras de expansión (v. fs. 16065/16066). Como contracara, seasume que “los presupuestos elaboradospor los oferentes reflejan los precios para las obras licitadas a la fecha delConcurso, y pueden considerarse que están de acuerdo al alcance técnicosolicitado, con cumplimiento de todas las condiciones requeridas para cumplirel objetivo del Concurso” (v. fs. 16078).
ii) Gasoductos: En similar medida a lo dicho respecto de las plantas, aquítambién el precio de mercado “es aquel enque comprador y vendedor se ponen de acuerdo en el precio de un producto”.Por “mercado” debe entenderse el grupo reducido de empresas con posibilidad deconstruir gasoductos –las incluidas en la Lista 0 de TGN-. Se concluye, en este caso, que:“los alcances y estimaciones incluidos enlos presupuestos de TGN guardan correlato con los alcances solicitados a losoferentes de gasoductos invitados por TGN y nominados en su Lista ´O´” (v.fs. 16074).
iii) Las ofertas económicas presentadas en el marco de los concursosprivados CMPF0001 y GSDF0001 fueron presentadas siguiendo los lineamientosgenerales y particulares previstos en los pliegos, los que no incluían unprecio oficial a utilizar como referencia.
iv) Los pagos realizados por Nación Fideicomisos SA a los contratistas,por facturación originada en los Certificados de Obra, pasaron por un procesode control y revisión por parte de TGN. Los respectivos legajos de pago fueronvisados por el Enargas, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Flujograma deAdministración y Contabilización de la Obra de Fideicomiso de Gas Ampliación Norte (v. fs.16153vta.).
Gasoducto SUR –TGS-
i) Los peritosadelantan que no es posible hacer afirmaciones sobre la razonabilidad de losprecios de un gasoducto en base a valores conocidos de mercados nacionales einternacionales, pues los costos dependen de las condiciones particulares decada proyecto. En ese sentido, se repiten los conceptos anteriores: por“mercado” debe entenderse el grupo reducido de empresas con capacidad paraconstruir gasoductos, es decir, aquellas incluidas por TGS en la invitación acotizar. De seguido se concluye que: “…lospresupuestos económicos elaborados por TGS en el marco del proyecto deexpansión 2005 para la extensión del sistema de cañerías loops, tramos A1, A2,A3, B1 y tramo A4, guardan correlato con los costos de mercado a la fecha deelaboración tomando para ello el presupuesto del 23/11/2004” (v. fs. 16186vta.); también, que elpresupuesto elaborado por la licenciataria TGS resultaba adecuado al proyectotécnico presentado (v. fs. 16195).
ii) Dictaminan que no es posible comparar la oferta final con elpresupuesto elaborado por TGS, dada la falta de homegeneidad de los términos,sobre todo, debido a que la ofertacontiene costos asociados a la modalidad de contratación del financiamiento queno figuran en los montos presupuestados. Además, los presupuestos no estabancondicionados con un contratista específico, ni con la realización de tareas ola asunción de riesgos por parte de dicho contratista (v. fs. 16203). Porejemplo, excluída la financiación, la oferta final de Constructora NorbertoOdebrecht habría variado tan sólo 3, 17 % respecto del presupuesto (v. fs.16203vta y 16204).
iii) En lo relativo al circuito administrativo contable por el que pasaron los pagosrealizados al contratista y subcontratista, se explica que siguieron el procesode control y revisión por parte de TGS y posteriormente los legajos fueronvisados por el Enargas. Las notas de débito por mora pasaron el proceso derevisión de TGS y la aprobación por Nación Fideicomiso SA. En todos los casoslos conceptos pagados se encontraban comprendidos dentro de las estipulacionesdel contrato de construcción (v. fs. 16210). En cuanto a la incidencia delfinanciamiento en el precio final, se tiene en cuenta que: del expediente nosurgen elementos que les permitiese a los peritos hipotetitzar el costo de la obra de habersido realizada bajo otra modalidad de financiamiento; “el importe de 50.382.158.-, surge como consecuencia de una operatoriade características particulares, ya que no tenemos conocimiento de otroscontratos precedentes, para este tipo de obra, que incluyan concomitantementeconstrucción y gestión de financiamiento a cargo del mismo contratista” (v.fs. 16225).
iv) Aclaran que si bien las empresas Skanska SA, Contreras Hnos SA yTechint SA trabajaron tanto en las obras gerenciadas por TGN como en lasgerenciadas por TGS, no han realizado obras comparables (v. fs. 16226). Detodos modos, en lo que atañe a la materia que puede ser comparada –costosunitarios para la ampliación de gasoductos en la obra norte y la obra sur- lasdiferencias fueron de 0,01 % para Skanska y 3,04 % para Techint (v. fs. 16228).
v) Acerca de los reajustes y actualizaciones de los presupuestos de TGN yTGS, determinaron, en relación a la primera,una disminución de 1,05 % y, en relación a la segunda, un aumento significativo–en números redondos pasó de 225.000.000 a 254.000.000- atribuido avariaciones en el mercado (v. fs. 16230).
Porseparado, los peritospropuestos por Marcelo Brischetto, Jean Paul Maldonado y Roberto O. Phillips–TGN-, presentaron un informe donde preliminarmente explicaron las razones quelos llevaron a expedirse de manera independiente del resto: dificultadesdeliberativas dada la heterogeneidad de los integrantes del colegio, dentro delos cuales, algunos, no eran independientes y otros no reunían los requsitosnecesarios para ser peritos,más distintos desacuerdos que detallan. Luego, hicieron una serie decuestionamientos, entre ellos, que se haya soslayado que “los presupuestos [se refieren a los originarios] fueron formulados conforme a lo solicitadopor el Enargas y que los mismos no tuvieron por objeto hacer posterioresconstataciones de desvíos con las ofertas de los contratistas (hechoposterior), sino que el objetivo fue únicamente el de determinar valores paracuantificar y prever el financiamiento.- Es lógico que estos presupuestos deTGN no resulten útiles para saber hoyen que ítems o cómputos pudieron haber presentado diferencias significativas con las ofertas delos contratistas, pero esta circunstancia no autoriza a desestimar surazonabilidad dado el objetivo que conllevaban en el momento que fueronformulados. Para ello, como ya se señalara, se estudiaron analogías entre plantasy la incidencia de otros conceptos que hacen al precio de una obra. Por otrolado, las ofertas de las contratistas difieren en precios y de las mismas nosurgen volúmenes de trabajo a realizar.- También se soslaya apreciar las pautascon las que fueron confeccionados y que fueran expuestas por TGN a pedido delos PeritosOficiales, especialmente en lo que se refiere al cálculo por analogía sobre la base de los cuales se estimó el costodel rubro Construcción y Montaje referidos al aumento de la compresión.- Elobjetivo de quienes buscan desecharlos, tiene por finalidad demostrar que lospresupuestos fueron mal confeccionados y consecuentemente, justificar de esemodo las diferencias con las ofertas de los contratistas”. Siguiendo eserazonamiento, estos expertos llegan a la conclusión de que: “el presupuesto elaborado por TGN guardacorrelato con los costos de mercado, destacándose que los valores que sirvieronde base para la estimación, corresponden a la construcción de nuevas plantas,mientras que LUMBRERAS, LAVALLE y DEÁN FUNES fueron ampliaciones de plantaspreexistentes” (fs. 16232 y sstes).
Por suparte, el Fiscal Stornelli, una vez notificado de las conclusiones delperitaje, las impugnó por considerar que“no se ajustan al rigor científico que toda pericia requiere para tener validez como tal, puesse exhiben claramente teñidos de subjetividad o como meras conclusionesdeductivas que no se respaldan en rigor científico alguno, y que en muchoscasos no se ajustan a lo estricta y taxativamente requerido por el Tribunal enla encuesta pericial”.Resaltó el hecho que no se haya avanzado en aspectos cuantitativos, sobre todo,cuando se hablaba de precio de mercado y marcó lo que interpretaba comocontradicciones. El punto neurálgico de la protesta fue la utilización, comoelementos de referencia para establecer los valores de mercado, de aquellosvalores económicos que las empresas licitantes presentaran en la contratación.Consideró grave que se haya acudido a los valores sospechados para determinarlo que debía tomarse como valor de mercado. La misma queja se trasladó, entreotras cosas, al hecho de haber realizado comparaciones a la luz de las “ofertaspresuntamente fraudulentas”.
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