14.3.12

Ricardo Jaime: Con retraso se dispuso la pericia contable



Los peritos contadores de la Corte Suprema examinan sus cuentas y las de su familia para determinar si se enriqueció ilícitamente cuando fue secretario de Transporte.
El juez Norberto Oyarbide ordenó el inicio del peritaje contable para determinar, si como lo dijo el fiscal Carlos Rívolo, el círculo familiar y de negocios no pudo justificar bienes por una cifra cercana a los $12.000.000.
El juez les dio a los peritos 20 puntos de pericia para realizar una verdadera radiografía de los bienes que desde 2003 y hasta julio de 2011 (dos años más de lo que Jaime estuvo en el cargo) consiguieron tanto él como quienes lo rodeaban.
El peritaje deberá establecer si Silvia Reyss, ex pareja de Jaime, tenía ingresos para comprar tres autos, un yate, un departamento en Río Gallegos, una casa en un country en Córdoba, las acciones de la empresa que armó con sus hijas, un departamento en Florianópolis. También se debe explicar cómo hizo Julieta Jaime una de las hijas del ex funcionario para comprar una casa en Carlos Paz con sus magros ingresos. Se debe determinar cómo hizo María Filomena Pfaffen, 82 años, madre de Reyss y jubilada, para adquirir una casa en un country en San Isidro-que usaba Jaime- por un valor de $450.000. Un ejecutivo de la Terminal de Retiro, a la que Jaime debía controlar, compró en comisión esa casa en San Isidro para que la anciana descansara a más de 2000 km de su hogar en Río Gallegos.
De los 20 puntos que Oyarbide pidió que los peritos analicen hay varios que se relacionan con el empresario Claudio Cirigliano, quien tuvo con Jaime un vínculo muy cercano, a pesar de que el ex secretario debía controlar a las empresas del Grupo Plaza y Trenes de Buenos Aires (TBA). Por ejemplo, los peritos deben determinar cómo fue la compra de un yate de U$S 1.000.0000 que se investiga si es de Jaime:en esa operación participaron allegados a Cirigliano. Un auto y la lancha que estaban a nombre de Reyss tenían domicilio en una oficina ligada a Cirigliano. La compra de un avión de U$S 4.000.000 que Jaime usaba como propio y se cree que adquirido con el aporte de varios empresarios del transporte también entró en el peritaje.


10.3.12

Bonadio ordenó un peritaje para determinar cómo gastó la empresa los fondos recibidos



En casos excepcionales, trascendentes y complejos los jueces suelen designar más de un perito oficial de la Corte Suprema para actuar en las pericias.

En momentos en que el plantel del Cuerpo de Peritos Contadores está reducido a la mitad, dado que solo once contadores atienden todos los casos de delitos económicos que llegan a la justicia penal, ahora se suma éste mega peritaje, que además tiene el aditamento de la urgencia que le ha trasmitido la presidente y que requiere la sociedad, en especial las víctimas y familiares. Además el juez fijó un plazo de 30 días para su realización.

La pericia pide un análisis de cinco años de operaciones de fondos provistos por el Estado en concepto de subsidios, y de la aplicación que la empresa concesionaria realizó de esos recursos. El alcance de la pericia contable se extiende a la CNRT al solicitar información sobre la reacción del organismo de control en relación a los desvíos de fondos y las sanciones aplicadas.

La decisión de Bonadío colisiona con la acordada de la Corte que dispuso que los jueces no pueden indicar qué perito contador interviene en un determinado caso, sino que ello debe surgir de un sorteo informático, razón por la cual habrá que ver cómo se conforma la comisión pericial de peritos oficiales. Ello tiene su origen en la pericia que se realizó en la causa por enriquecimiento ilícito de los presidentes.

Seguidamente agregamos la nota del diario La Nación, que abordó este tema.

La Justicia investiga si existieron "desvíos" en los subsidios a TBA



El juez federal Claudio Bonadio ordenó determinar si hubo "desvíos" en los subsidios que recibió del Estado, desde 2007 hasta hoy, Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria que tenía a su cargo el tren de la tragedia de Once.


También que, de constatarse esos desvíos, se le informe cuál fue la reacción de la autoridad de control: si éstos fueron "observados" y si "se concretó alguna acción legal correctiva". Entre 2003 y 2010, TBA cobró 1924 millones de pesos en concepto de subsidios, que en los últimos años se convirtieron en los principales ingresos de la empresa.
Bonadio encomendó la tarea, anteayer, a un colegio de peritos, que, por orden del juez, deberá estar presidido por el decano del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, Héctor Chyrikins, y otros dos expertos oficiales que se designarán por sorteo. Bonadio pidió que lo hicieran ellos "en virtud de la excepcionalidad de la presente causa en razón del interés público comprometido en virtud del fallecimiento de 51 personas y la existencia de más de 700 personas heridas".
Se tratará de un gigantesco peritaje que deberá responder, en un plazo de 30 días, a 17 puntos detallados por el juez. Hasta ahora, Bonadio se había concentrado en averiguar cómo fue el choque, en qué estado estaba el tren y qué responsabilidad le cabía al maquinista. Para eso, dispuso el primer peritaje, que está en manos de un grupo de expertos en ingeniería ferroviaria.
El nuevo estudio que dispuso avanza, en simultáneo, en otra línea de investigación: las condiciones del servicio. Determinar, por lo pronto, si la empresa concesionaria manejó como debía los millones que recibió del Estado y, de no haber sido así, qué hizo el Gobierno al respecto.
Esta línea fue señalada, desde sus primeras presentaciones en la causa, por el fiscal Federico Delgado, que le había solicitado al juez que se hiciera de los documentos de TBA e investigara cómo gastó la empresa los fondos públicos que recibió.
Pero, entonces, para Bonadio aún no era el momento de pensar en los subsidios. Esta diferencia provocó el primer roce entre el juez y el fiscal, que hoy están abiertamente enfrentados. Hasta tal punto que esta semana Delgado acusó por escrito al juez de esconderle el expediente e impedirle cumplir con su "rol de acusador". El peritaje contable ordenado por Bonadio anteayer deberá elaborar una tabla con todos los subsidios, identificados uno por uno, que recibió TBA desde 2007, agrupados por mes y por línea ferroviaria; la norma legal que autorizó a entregarlos y el destino previsto.
También, los ingresos recibidos por la compañía "por otros conceptos" (por ejemplo, pasajes) y cada uno de los gastos en los que incurrió, con especial detalle en lo que respecta a los de mantenimiento.
Además, el juez pidió determinar si existieron distribuciones de dividendos entre los accionistas de TBA y si se pagaron honorarios a los miembros del directorio de la compañía. Cómo se aprobaron, cuándo y por qué montos.
También, que "informe si resulta cumplido el destino de los fondos conforme a los programas previstos y determine los desvíos observados, si los hubiere". De ser así, que se indague si tales desvíos fueron subsanados, si los observó la "autoridad de control" y si dispuso alguna sanción.
El juez notificó del peritaje a las partes del proceso que -según prevé la ley- podrán designar sus peritos. Como el Estado fue aceptado como querellante por Bonadio la semana pasada, el Gobierno tiene derecho a elegir a un experto de su confianza para participar del estudio.
Por Paz Rodriguez Niell
Fuente: La Nación

El Diario Tiempo Argentino abordó el tema:


El juez Bonadío ordenó investigar las cuentas y el patrimonio de TBA

El magistrado ordenó una pericia contable para conocer qué ingresos recibió la concesionaria en materia de subsidios estatales



En la causa caratulada “Córdoba, Marcos Antonio s/descarrilamiento”, está claro que para el juez el conductor del tren no es el principal responsable de la tragedia. De hecho, ordenó una pericia contable para determinar qué ingresos percibió la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) por subsidios estatales y tarifas por pasajes, para determinar la situación patrimonial de la firma de los hermanos Cirigliano. Con esos datos, el punto siguiente de la pericia será establecer cuánto invirtió en “mantenimiento del material rodante y sistema de vías”.

La ecuación tiene una tercera pata, que se desprende de documentación que el juez ya analizó: qué obligaciones asumió la empresa.

La pericia consta de 20 puntos. Si bien el juez aspira a que los resultados fluyan rápidamente, lo cierto es que el trabajo no comenzará de inmediato. Bonadío notificó a todas las partes y les informó que pueden designar peritos de parte para que intervengan en las experticias, con el objetivo de garantizar el control de la prueba.

Por su parte, el Diario Página12, agrega:


Hora de peritajes contables




Que los peritos informen para qué se usaron en cada caso y si cumplieron la finalidad establecida o si hubo “desvíos”; también solicitó que precisen otros ingresos y todos los egresos de dinero.

Requirió a la vez precisiones sobre los montos de dividendos y honorarios que distribuyó la empresa a accionistas y directores respectivamente; pidió determinar, por último, qué tipo de controles hubo sobre los subsidios desde la Secretaría de Transporte y si realizó observaciones o impuso sanciones de algún tipo. En total son 17 puntos de pericia.

Los investigadores cuentan con los libros contables de TBA, que la Justicia ya secuestró. Las cifras de subsidios se compararían con informes de la Jefatura de Gabinete.

El juzgado también dispone de todos los informes de los últimos años de la AGN, que incluso el propio titular, Leandro Despouy, fue a explicarle en persona a Bonadío. En el más reciente, que abarca la gestión de TBA hasta 2010, la auditoría dice que en siete años recibió transferencias del Estado por 1924 millones de pesos; los subsidios, añade, aumentaron un 146 por ciento entre 2006 y 2010. En 2003 representaban el 33 por ciento de los ingresos de TBA y seis años después llegaron a representar el 75 por ciento.

Ahora los peritos de la Corte tendrán que sacar sus propias conclusiones y evaluar los mecanismos de control aplicados.

En una nueva nota Página 12, amplía:


Bonadío tendrá los peritajes contables de TBA en un mes

El juez federal Claudio Bonadío fijó un plazo de 30 días para que los peritos de la Corte Suprema presenten los resultados de los estudios contables sobre los “subsidios y tarifas percibidos” por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), desde 2007, y lo “invertido en mantenimiento del material rodante y sistema de vías”. 

Además, el juez solicitó que se determine si la asamblea de TBA aprobó el pago de dividendos y honorarios a los integrantes del directorio de la empresa, que preside Claudio Cirigliano.



“Dispóngase un plazo de treinta días para la realización del presente peritaje”, consignó el juez en la resolución dirigida al decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, Héctor Chyrikins, a quien encomendó la realización de los estudios. 

En los detalles a dilucidar, Bonadío también solicitó que se detalle cuáles fueron las integraciones del directorio de TBA, desde 2007 hasta la fecha.

Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado criticó a Bonadío por "una suerte de apropiación" de la causa penal "desde el 6 de marzo al menos". La acusación de la fiscalía apunta a que, desde ese día, el magistrado no responde a los pedidos de Delgado para ver la causa y obtener fotocopias de las fojas para "intervenir y asistir" en la investigación.


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9.3.12

El juez impone el secreto del sumario a los peritos



El juez Claudio Bonadío dispuso el secreto del sumario para que los peritos  no informen a nadie acerca de los temas técnicos relacionados con el avance de la pericia.

Lo hizo, según dice la resolución, con la finalidad de evitar la propagación de resultados parciales.


Los medios periodísticos dieron a conocer el resultado de una "pericia preliminar", una vez que los expertos verificaron los últimos cuatro vagones del tren colisionado.


Preocupa al juez que con su difusión se quiera construir e imponer mediáticamente una versión que luego no se ajuste con la realidad, según dice la resolución.


Así las conclusiones de los distintos peritajes o constancias de la causa quedarían confrontadas con la “imagen mediáticamente construida” que el conjunto de la población se haya hecho.


Recuerda Bonadío la obligación de mantener reserva por parte de los peritos de todo aquello que llegue a su conocimiento como resultado de las diligencias periciales.


Trae a cuento que se produce la derogación en el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales en la fase de investigación del proceso penal, y sostiene que dicho principio de publicidad no es aplicable.


Que la fiscalización del público, a todas las fases del proceso penal, sino tan solo al juicio oral que lo culmina y al pronunciamiento de la Sentencia, dice el magistrado.


Dice que lo que se pretende con el secreto sumarial es evitar los denominados juicios paralelos.


Que esta medida -dice Bonadío- en ningún modo obsta o entorpece la labor de los peritos de oficio o de parte, ya que sólo restringe lo que los mismos pueden comunicar a las partes respecto de los estudios parciales que se realicen para cumplir con la manda pericial.
Que con la finalidad de evitar que la propagación de resultados parciales generen confusión y sean utilizados en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población en general, se habrá de disponer el secreto de la marcha de dicha medida hasta su conclusión.


Días pasados en esta misma causa se produjo una reacción de la Asociación de Magistrados, que emitió un comunicado cuando la Presidenta de la Nación señaló por cadena oficial que esperaba que la pericia técnica  no demore más de quince días, según publicamos en este mismo Blog.
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8.3.12

Una década de progresos de la AGN


La Auditoría General de la Nación cumple 10 años de una misma línea de trabajo de este organismo que controla la actividad del Estado en la República Argentina.

Sin temor a equivocarnos podemos decir que en el año 2003 la AGN era un organismo cuya labor no se traducía en aportes sustanciales en materia de control y sus informes no tenían las características necesarias para adoptar decisiones tendientes a mejorar la gestión de gobierno.

Con el correr del tiempo, la tarea fue mejorando, tanto en la cobertura de los organizamos controlados, como en la calidad de los trabajos de auditoría y en especial en la claridad y utilidad de los informes que coronan una labor.

No solo comprendieron las auditorías contables, sino que se extendieron a las auditorías de gestión y las de naturaleza técnica.

La diversidad de los organismos y actividades comprendidas no fue un obstáculo para el cumplimiento de una labor de utilidad creciente en el tiempo.

Corresponde señalar que a medida que la tarea de la AGN fue mejorando en su contenido y presentación, lo que acompañaron con una constante independencia en su actuación respecto de los entes controlados y personas e intereses comprometidos, fueron crecientes las presiones que intentaron morigerar las conclusiones de los dictámenes hasta llegar a producir acciones tendientes al desplazamiento de su titular.

Como premio a ese esfuerzo la propia Corte Suprema eligió voluntariamente a la AGN Argentina como organismo voluntario para que la controle, como una muestra de confianza y trabajo republicano.

Resultó muy difícil mantenerse en el cargo de presidente de la Auditoría y conservar la independencia y rigurosidad de los informes. Desde el retaceo de la información, la utilización de otros organismos para crear disputas y los más disimiles intentos de cambiar la línea de trabajo resultaron ser constantes con las que el organismo tuvo que convivir.

No solo se mantuvo el nivel y profundidad de las tareas, sino que cada vez se fue perfeccionando un poco más la información producida, pensando siempre en el ciudadano de a pie.

Si bien todo este esfuerzo tiene un líder que es el presidente de la AGN, quisimos aquí resaltar una década de trabajo conjunto de toda una institución, que ha venido cumpliendo sin desgano con una difícil tarea.

Contadores Forenses ONG agradece a la Auditoría General de Nación el trabajo realizado y espera que más allá de las personas y los intereses políticos, el control siga siendo independiente y riguroso, y se constituya en una política de Estado, pues lo necesita un país en desarrollo, con una democracia jóven como Argentina.


6.3.12

Subsidios a TBA por 550 millones de dólares. La AGN señala deficiencias en TBA y formula recomendaciones


La Auditoría General de la Nación realizó un detallado informe relacionado con los servicios públicos ferroviarios prestados por la empresa TBA, que se encuentran en la órbita de la Secretaría de Transporte y con el control de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).

Sobre el final, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
  • Aplicar las sanciones contempladas en la normativa que rige la ejecución de las obras, ante los incumplimientos detectados que así lo ameriten.
  • Intimar a TBA para que de cumplimiento a las tareas de mantenimiento.
  • Impulsar los procedimientos para efectivizar la aplicación de las sanciones.
  • Evaluar la posibilidad de dar a publicidad las sanciones impuestas por la CNRT.
  • Despejar la incertidumbre respecto de las solicitudes de redeterminación de precios de las obras, de modo de contribuir a normalizar los atrasos verificadas en su ejecución.
  • Exigir en tiempo y forma la presentación de la documentación.


Subsidios

TBA es una empresa que se sostiene de los subsidios que le aporta el Estado, y en una mínima parte de los servicios de transporte que deberían ser el fuerte de su actividad. Podríamos decir que en lugar de realizar una actividad de transporte con subsidio, la subvención del Estado a través de los subsidios se ve acompañada con una mínima actividad de transporte. 

Los ingresos por "subsidios" de la empresa TBA pasaron entre el año 2003 y 2009 de ser el 33% al 76%. Es decir, la mayor actividad que realiza la empresa es la de obtener subsidios provenientes del Estado, y tan solo un 16% provienen del transporte. Por cada $100 ingresados en TBA, $76 provienen de subsidios. El resto son conceptos diversos.

Ahora bien, es de suponer que el subsidio pagado por pasajero, debe ser siempre el mismo, salvo el ajuste por la inflación. Pues no fue así. A valores constantes los subsidios que el Estado pagó a TBA, entre 2003 y 2009, se quintuplicaron (aumentaron el 462%).

Los subsidios pagados por el Estado a TBA entre 2003 y 2010 ascienden a $ 1.924.625.755,67 que equivale a unos 550 millones de dólares.

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Concurso de Peritos Contadores Oficiales - Nota III


Se espera que en corto plazo se complete la circulación entre los ministros de la Corte Suprema, del expediente N° 7386/2011, en el que se dispuso el llamado a concurso para cubrir diez cargos de peritos contadores oficiales.

En estos momentos la Dra. Elena Highton de Nolasco tiene en estudio el expediente y solo resta que lo analicen los Dres. Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.

Se estima que en breve plazo dará comienzo el concurso para la selección de contadores públicos que se desempeñarán como peritos oficiales y se sumarán al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales.

Tal como informamos anteriormente, mediante la Acordada N°16 del año 2011 se  reglamentó el procedimiento que seguirá el trámite del concurso, los requisitos, la forma de evaluación y puntuación de los postulantes.

En atención a la disminución del número de miembros del cuerpo pericial y la cantidad de vacantes, se hace necesario completar el concurso para reforzar la dotación de expertos, tal como lo informamos poco tiempo atrás.

Reviste una especial importancia la tarea de selección de profesionales, pues quienes ejercerán la función, emitirán dictámenes sobre los temas financieros y contables más trascendentes de los próximos tiempos, que incidirán en las decisiones judiciales en materia de delitos económicos.

5.3.12

Protección de testigos: solicitamos se otorgue este beneficio a quienes luchan contra la trata de mujeres


Contadores Forenses junto a cinco ong´s y 18 referentes de la sociedad, solicitamos al juez federal que otorgue el régimen de "protección de testigos" a Gustavo Vera, titular de "La Alameda" y un grupo de testigos.

Todos ellos tienen en riesgo su vida por las denuncias realizadas en relación al establecimiento nocturno Madahos del barrio de Recoleta, presentada en el jugado federal n°2 a cargo del Dr. Marcelo Martínez Di Giorgi.

En una nota anterior hemos incluido información suministrada por la Fundación La Alameda, donde se dan detalles de los hechos denunciados.
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1.3.12

Préstamo de expedientes y pago de honorarios en exhortos


Los peritos de oficio en la Provincia de Buenos Aires padecen desde siempre los tratos inadecuados por parte de muchos juzgados y tribunales.

Resulta elemental que un auxiliar del juez cuente con todas las facilidades que le permitan disponer de todos los elementos de juicio para realizar su dictamen contable de la mejor forma que resulte posible.

Para ello es necesario que se le faciliten los expedientes y documentación para estudiarlos, en todos los casos que así se requiera.

Las normas legales que regulan la actividad de los profesionales así lo establecen en forma taxativa. También así lo ordenan las normas reglamentarias de la Suprema Corte.

Sin embargo, es habitual que se retacee el préstamo y facilitación de la tarea del perito contador.

Otro problema grave, que se arrastra desde hace muchos años, no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino en varias jurisdicciones del país, tiene que ver con la desprotección del perito en las actuaciones judiciales en exhortos que provienen de otras provincias. Terminado el trabajo, muchos tribunales devuelven los expedientes a la provincia de origen, sin dar tiempo a que el perito perciba sus honorarios y haciendo casi imposible que ello ocurra en el futuro.

Por tal razón, tanto las normas legales como las reglamentaciones de la Suprema Corte indican que no se debe autorizar ninguna devolución de expediente sin que antes el perito hubiere reconocido expresamente que percibió la totalidad de sus emolumentos.

La Suprema Corte recuerda a los magistrados de la Provincia de Buenos Aires, el 6 de febrero de 2012, que están vigentes las regulaciones que establecen el préstamo de expedientes y la no devolución de estos en casos de exhortos, hasta el cobro por el perito.


Resolución 2659/04 de la SCJPBA