Conclusiones
- La responsabilidad por el suministro es indelegable del Estado Nacional. Para el ejercicio de la misma, el Estado cuenta con un conjunto
de instituciones especializadas bien definido: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Estas instituciones y sus funcionarios forman parte de la cadena de responsabilidades que determinaron la gran falla en el suministro eléctrico en el área Metropolitana en diciembre de 2013.
- La crisis actual del sector eléctrico, que se encuadra dentro de la crisis estructural general de la energía en nuestro país, no se puede resolver con medidas aisladas y mucho menos de carácter
populista y demagógico.
- Cualquier acción será estéril en tanto el país no cuente con un Plan de Mediano y Largo Plazo, que permita reordenar los diferentes sectores, para así encarar el futuro.
- En tanto y en cuanto no se cuente con un Plan de Mediano y Largo Plazo, que permita reordenar los diferentes sectores, para así encarar el futuro, cualquier medida coyuntural será estéril.
- No hay solución a este problema creado por la mala política energética sin un cambio en dicha política y sin un cambio en el equipo energético. La realidad indica claramente que el sector eléctrico, en la jurisdicción federal está virtualmente intervenido, sin controles, con precios arbitrarios fijados por la administración y obras e inversiones decididas en el Ministerio de Planificación lo que hace pensar
que nada cambiará, antes bien empeorará.
- Una eventual nacionalización de EDENOR y EDESUR no aportará ninguna solución, y podría aún empeorar todo en tanto se mantengan las condiciones vigentes, y el gobierno siga sin admitir su propia responsabilidad, la que surgirá claramente si se realiza un análisis transparente de toda la cadena de responsabilidades que generaron esta situación.
- Ante la eventual estatización de las compañías es necesario denunciar los intereses que se mueven detrás de una decisión de ese tipo: por un lado, algunos sectores sindicales que añoran mayor grado de influencia; por otro, agrupaciones ligadas al oficialismo que vienen mostrando una notable avidez para ocupar cargos jerárquicos sin experiencia alguna, que ya hemos visto fracasar gestionando otras empresas, y también sectores empresariales, amigos del oficialismo, que verían la posibilidad de grandes negocios, a partir de las cuantiosas inversiones necesarias.
- Existe el riesgo de que se desate nuevamente un clamor de tinte nacionalista para concretar estas acciones, al cual se podrían sumar, como ya lo han hecho en el pasado, los populistas que apoyan sin
conocer las consecuencias de las decisiones.
- Nuestro país debe cambiar la política energética y los modos con los que se ha gestionado el sector en los últimos diez años. Los resultados son desastrosos y están a la vista de todos.
- Para los usuarios del área Metropolitana que han sufrido como nunca
antes en la historia los cortes indiscriminados e indeterminados en el tiempo, con empresas superadas por las circunstancias y un Gobierno ausente, lo más importante sería que el Gobierno, como autoridad concedente responsable de la prestación de este servicio público, hiciera cumplir los contratos correspondientes, incluyendo en ello la normalización del Ente Regulador.
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