9.10.12

Unidad Fiscal contra el Lavado de dinero, entrevista a su titular


Federico Di Pasquale comparte la experiencia de la UFI LavDin. La unidad nacida en 2006 ha recibido 1032 expedientes, el 10% de los ROS que recibe la UIF. Di Pasquale enfatiza la importancia de la colaboración del sector privado

La criminalidad organizada esta siempre un paso delante. Cuentan con una cantidad de recursos y una ingeniería jurídica y contable que permanentemente busca –y encuentra– nuevas formas de delinquir, nuevos métodos para blanquear capitales.

Nos obliga a un estudio constante para estar actualizados y ser capaces de detectar las nuevas formas de blanqueo de capitales. Los modos de delinquir están constantemente mutando, y es necesario mantenerse al día.

Las transacciones se hacen por medio de personas jurídicas que ni siquiera están constituidas en el país, es decir que desentrañar la madeja puede ser verdaderamente difícil. Nosotros encaramos la problemática apuntando siempre a las dos incógnitas fundamentales: qué actividad se desarrolla y de dónde provienen los fondos.

Para nosotros la idea es siempre ir por los bienes y los activos que se generaron a partir de la actividad ilícita. Tratamos de esa manera de evitar que esas organizaciones criminales puedan seguir funcionando como tal. Se trata más bien de atacar la sustancia de la organización. Y si es posible, recuperar ese capital para el Estado. 

Algunos casos son especialmente complejos, pues puede ocurrir que grandes estructuras productivas, que dan trabajo a muchas personas, se hayan constituido de esta manera. Requiere creatividad y cuidado para no desmantelar estas empresas lícitas constituidas con fondos ilícitos, procurando minimizar el daño económico y social.

Principalmente nos enfocamos en los expedientes que cuentan con una entidad suficiente, donde encontramos maniobras complejas y en los que advertimos que podría haber existido lavado de dinero y un delito precedente.

1.10.12

CFK en Harvard: "nos hemos sometido al veredicto de la justicia y con peritajes por parte de 12, 20, 30 peritos de la Corte, que han pasado por todas las instancias de primera, segunda, tercera y cámara"

Lynn Fine
Estudiante en Harvard
En la Universidad de Harvard una alumna preguntó a la Presidente Cristina Fernández de Kirchner "cómo se explica el aumento de su patrimonio".

Se trata de la primera declaración pública realizada por la presidenta respecto a la evolución de su patrimonio personal.

A continuación transcribimos la des-grabación de la pregunta y la respuesta, y agregamos el video.


Pregunta

-Muchas gracias señora Presidenta, mi nombre es Lynn y yo soy de los Estados Unidos, pero viví seis años en Argentina.

-Lo que yo quisiera preguntar, entiendo que usted no es economista como nos dijo, pero quería saber cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en ocho años.

Respuesta
-Mirá, en realidad no sé de dónde sacaste esas cifras, pero no ha sido así.

-Ha habido denuncias en mi país acerca de estas cuestiones, no solamente para mí, sino para muchísimos otros funcionarios, muchísimas otras personas.

-Y la verdad que la justicia lo ha determinado. Yo toda la vida he tenido una determinada posición económica que no fue desde que llegué a la presidencia. No sé cuanto tiempo viviste en Argentina.

-Pero todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión libremente, mi estudio jurídico era uno de los más grandes y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes.

-Y de hecho, lo he hecho a través de pericias y de cosas que me he visto obligada a hacer, como cualquier ciudadana, que es en este caso una ciudadana como en nuestro país, los funcionarios públicos, es el único país del mundo donde se produce un delito con inversión de la carga de la prueba.

-Vos sos economista, no es cierto? -No.

-Ah bueno. Yo soy abogada. Y en cualquier lugar uno es inocente hasta tanto es declarado culpable. El único delito que no es así es en el caso de enriquecimiento ilícito, en caso de un funcionario público.

-Hemos recibido denuncias obviamente de la oposición y también de denunciadores profesionales y nos hemos sometido, como se ha sometido cualquier persona al veredicto de la justicia y con peritajes por parte de 12, 20, 30 peritos de la Corte, que han pasado por todas las instancias de primera, segunda,  tercera y cámara. En fín.

-Pero, los números que manejás, infórmate bien, no son esos. Yo tenía una determinada, teníamos y tengo una posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada.

-Ahora soy una exitosa presidenta, también. Gracias.

Contadores Forenses ONG
Cabe aclarar que solo hubo una pericia contable requerida por el juez Norberto Oyarbide, relacionada al movimiento patrimonial del año 2008. En esa pericia intervinieron dos peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un perito de parte por la defensa presidencial.

30.9.12

La pericia contable sobre el patrimonio presidencial, una investigación inconclusa

Una alumna de la Universidad de Harvard preguntó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su incremento patrimonial, cuya respuesta tuvo repercusión periodística y social. El Diario Perfil consultó la opinión de Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG.

27.9.12

Una pericia contable estudiará la evolución patrimonial del Ministro de Salud de la Nación

Por pedido del fiscal Carlos Brito, el juez federal Daniel Bejas solicitó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de la Nación que determinen si la evolución patrimonial del funcionario corresponde según el nivel de sus ingresos.
El período investigado es entre 2009 y 2010, es decir, desde que Juan Manzur dejó la vicegobernación de esta provincia para ocupar un cargo en el gabinete nacional.
El juez federal de Tucumán solicitó al perito que sea designado por la Corte que efectúe un informe "tendiente a determinar si medió un incremento apreciable y sin justificación durante los períodos correspondientes a los años 2009 y 2010 en el patrimonio del denunciado".


26.9.12

La Procuradora General de la Nación agradeció el apoyo a su postulación por parte de Contadores Forenses ONG

Contadores Forenses ONG conoció a la Dra. Alejandra Gils Carbó en ocasión del ejercicio de su cargo anterior de Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

Por el desempeño independiente de ese cargo recibió embates de diferentes factores de poder, saliendo nuestra ONG en su apoyo. Fue así pudimos conocer su calidad moral y profesional.

Cuando supimos de su postulación para el cargo al que acaba de asumir, salimos en su apoyo, en el entendimiento que su designación constituía una decisión presidencial que le reportaría beneficios a nuestra Nación y en especial a los ciudadanos.

Una vez asumido el cargo, la nueva Procuradora nos ha hecho conocer su agradecimiento a través de la esquela que incluimos más arriba.

Es nuestro deseo que la Dra. Gils Carbó continúe actuando bajo los mismos principios que mantuvo en su cargo anterior. Desde aquí la saludamos con el mayor respeto y distinguida consideración.

EL CONSEJO DIRECTIVO

24.9.12

Investigan por enriquecimiento el patrimonio del Ministro de Salud de la Nación

La Jus­ti­cia fe­de­ral de Tu­cu­mán avan­za en una cau­sa por su­pues­to en­ri­que­ci­mien­to ilí­ci­to con­tra el mi­nis­tro de Sa­lud na­cio­nal, Juan Man­zur, y en­car­gó a los pe­ri­tos de la Cor­te Su­pre­ma de Jus­ti­cia un in­for­me con­ta­ble so­bre el pa­tri­mo­nio del fun­cio­na­rio de los pe­río­dos 2009-2010.

El pe­di­do lo hi­zo el juez fe­de­ral de Tu­cu­mán, Da­niel Be­jas, y en el ofi­cio di­ri­gi­do al Cuer­po de Pe­ri­tos Con­ta­do­res de la Cor­te Su­pre­ma so­li­ci­ta la rea­li­za­ción de un in­for­me pe­ri­cial con­ta­ble de los pe­río­dos 2009-2010.

Fuen­tes ju­di­cia­les in­for­ma­ron que el ma­gis­tra­do pi­dió el in­for­me a fi­nes de de­ter­mi­nar "si me­dió un in­cre­men­to apre­cia­ble y sin jus­ti­fi­ca­ción" del mi­nis­tro o bien de "cual­quier otra per­so­na in­ter­pues­ta pa­ra di­si­mu­lar­lo".

El in­for­me pe­ri­cial ha­bía si­do una me­di­da de prue­ba so­li­ci­ta­da por el fis­cal del ca­so, Car­los Bri­to, y tal cual dis­pu­so el juez el trá­mi­te es de ca­rác­ter "re­ser­va­do y con­fi­den­cial".

La de­nun­cia con­tra el mi­nis­tro, y ex vi­ce­go­ber­na­dor pro­vin­cial la rea­li­zó en 2010 el pe­ro­nis­ta di­si­den­te Os­car Ló­pez, quien dio cuen­ta, so­bre la ba­se de in­for­ma­cio­nes pe­rio­dís­ti­cas, que Man­zur ha­bía de­cla­ra­do pa­ra ese año un pa­tri­mo­nio de po­co más de 5 mi­llo­nes de pe­sos.

En­tre sus bie­nes se enu­me­ran va­rios ve­hí­cu­los, vi­vien­das en dis­tin­tas par­tes, y cuen­tas ban­ca­rias. 

Si bien la pe­ri­cia or­de­na­da re­cien­te­men­te es so­bre los pe­río­dos 2009 y 2010, en fe­bre­ro de es­te año y por pe­di­do del fis­cal y el de­nun­cian­te, se in­cor­po­ró la de­cla­ra­ción ju­ra­da de bie­nes rea­li­za­da por Man­zur de 2011 y en la cual se in­cre­men­tó un 32 por cien­to res­pec­to al año an­te­rior.

En el trans­cur­so de la in­ves­ti­ga­ción, se pi­dió por ofi­cio a la pro­vin­cia de San Juan in­for­ma­ción so­bre dos pro­pie­da­des que ten­dría a su nom­bre la es­po­sa de Man­zur, San­dra Mat­tar, y en ca­so de per­te­ne­cer­les, de cuán­to es su va­lor.

Tam­bién en la cau­sa es­tán in­cor­po­ra­dos in­for­mes pe­di­dos a la Ofi­ci­na An­ti­co­rrup­ción, en cuan­to a da­tos de cuen­tas ban­ca­rias, y pro­pie­da­des de Man­zur; y tam­bién se in­da­gó so­bre el sa­la­rio men­sual que per­ci­be el mi­nis­tro des­de 2009, año en que fue de­sig­na­do por Cris­ti­na Kirch­ner.

Es que el ob­je­ti­vo de la in­ves­ti­ga­ción es de­ter­mi­nar si co­mo fun­cio­na­rio, Man­zur se en­ri­que­ció ilí­ci­ta­men­te y si pue­de jus­ti­fi­car su pa­tri­mo­nio te­nien­do en cuen­ta el sa­la­rio que per­ci­be. 

Del re­sul­ta­do de la pe­ri­cia con­ta­ble de­pen­de en par­te la suer­te del mi­nis­tro y vi­ce­go­ber­na­dor tu­cu­ma­no (en uso de li­cen­cia) en la cau­sa, ya que se­rá cla­ve pa­ra de­fi­nir su si­tua­ción en con­jun­to con in­for­mes so­bre las pro­pie­da­des y las de­cla­ra­cio­nes ju­ra­das pre­sen­ta­das du­ran­te su ac­tua­ción co­mo fun­cio­na­rio en Tu­cu­mán y aho­ra co­mo mi­nis­tro de la Nación.

Puntal.com.ar

20.9.12

Cursos sobre Pericias Contables en el Fuero Penal

Los Dres. Quintino P. Dell´Elce y Alfredo Popritkin están dictando un curso destinado a aspirantes al cargo de Perito Contador Oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este curso se inició en el mes de marzo y está prevista su finalización en el mes de noviembre, aunque podría prorrogarse conforme resulte el avance del concurso.

Los interesados se pueden sumar en cualquier clase y tomar las clases restantes. Participan contadores de Buenos Aires y del interior del país, situación facilitada pues las clases se dictan el cuarto lunes de cada mes, a primera hora, de 9 a 11 horas.

Su contenido tiene en cuenta los conocimientos que requiere el ejercicio de la función de perito oficial, desde aspectos procesales, periciales, prácticos, preparación de informes, relación con peritos de parte, actuación en las etapas de instrucción penal y de juicio oral. En cada clase se suman nuevos interesados.

Al contenido programado se le ha adicionado la asistencia a un juicio oral que ha permitido observar la mecánica de juzgamiento de un delito económico, la inter-relación del tribunal oral con las partes y la participación como testigos de los profesionales en ciencias económicas.

Complementariamente se ha dictado un curso intensivo, de contenido eminentemente práctico, donde se han analizado una cantidad variada de casos y peritajes en delitos económicos diversos.

En la fotografía se aprecia al Dr. Quintino P. Dell´Elce dictando una clase en las aulas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

18.9.12

Evidencias contables del desvío de fondos públicos

Se registra una "inconsistencia" detectada en los libros contables de The Old Fund sobre un supuesto préstamo que proviene de la Provincia de Formosa. 

En su balance correspondiente a 2010, se colocó ese dinero en el rubro de ingresos por "servicios prestados" -en vez de como un préstamo-, junto a otros aportes menores que sumaron un total de $ 7,8 millones.

Pero esos mismos libros de The Old Fund, hoy en manos del juez Lijo que investiga el caso Ciccone, registran aún más inconsistencias. Entre 2010 y 2012 sólo los firmó Vandenbroele, sin ningún contador. Reflejan, también, que la sociedad no registró ingresos, de ningún tipo, antes de su supuesto asesoramiento en Formosa. Ése fue su primer gran trabajo. Y no contaba con personal calificado, bajo relación de dependencia o contratado, para cumplir con ese asesoramiento financiero en una reestructuración entre una provincia y la Nación.

Otra "inconsistencia" alrededor del supuesto préstamo que arribó a la cuenta de The Old Fund en el Macro por medio del "mercado electrónico de pagos" es que el Banco de Valores, que figura como supuesta intermediaria en la ruta del dinero, desmintió que los $ 7,6 millones hubieran pasado por allí el 31 de agosto pasado.

Por ésta y otras contradicciones , el Banco Macro también quedó bajo la lupa de los investigadores judiciales.

16.9.12

Un presidente y su vice discutieron sobre corrupción y fraude democrático en su gobierno

En pleno juicio oral por las "coimas en el Senado" Carlos Chacho Alvarez le dijo su verdad en forma clara y sin tapujos al abogado penalista Fernando De la Rúa, imputado por autorizar el pago de coimas a un grupo de legisladores


Por primera vez en 12 años, el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez polemizó en público con el ex presidente Fernando de la Rúa sobre las razones de su renuncia. Lo hizo durante el juicio sobre el supuesto pago de coimas a senadores para la aprobación de la ley laboral.

Álvarez declaró como testigo durante seis horas, en las cuales aseguró que tiene la "certeza política" de que se pagaron coimas y de que De la Rúa intentó "dar un golpe de autoridad" y desautorizarlos cuando no le pidió la renuncia al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibáñez. Ambos son mencionados como los funcionarios que habrían intervenido en el pago y que están sentados en el banquillo de los acusados.

La audiencia del juicio se transformó ayer en una especie de terapia de pareja en vivo cuando De la Rúa -como abogado en causa propia- tomó la palabra e interrogó al testigo que había dicho que las razones de su renuncia fueron las coimas.

"Renuncié porque usted ratificó en los cargos y promovió a los sospechados. Mi renuncia se debe a que no podía acatar sus decisiones. Desde el Senado yo necesitaba un gesto de apoyo y, al contrario, usted promovió a los sospechados. Necesitábamos gestos concretos y usted promovió un golpe de autoridad contra mi persona", le dijo.

-¿Esas fueron las razones de su renuncia?

-Tenía que oponerme a las decisiones que usted tomó. Si me hubiera quedado en el gobierno se hubiera radicalizado el problema.

-¿Era una competencia de poder?

-No, si hubiera sido así, me hubiera pasado a la oposición y nunca lo hice. Dejé mi fuerza política pagando los costos de un gobierno que fue un fracaso", le espetó en la cara Chacho.

De la Rúa no se inmutó y siguió repreguntando. Chacho lo toreó al considerar que el ex presidente creía que su intención era limar su autoridad y reprocharle su debilidad política evidente, según él, desde los tiempos de la campaña electoral.

Fue como espiar a dos personajes de la historia que, en vivo y 12 años después, debatían las razones de sus diferencias políticas que marcaron al país.

Chacho fue una figura central en el saga de las coimas, ya que fue quien se encargó de dar a publicidad, en una reunión de Labor Parlamentaria del Senado, el famoso anónimo en el que se describía el operativo de las coimas.

Álvarez respaldó sus certezas de que se pagaron sobornos en elementos políticos que fueron puestos en crisis por las preguntas de los defensores y no convencieron del todo al tribunal, que ahondó el interrogatorio.

Destacó el vicepresidente que se formó su certeza a partir de que el entonces senador Antonio Cafiero, que le dijo que supo de senadores que cobraron, y a partir de las notas de Joaquín Morales Solá en La Nación. Mencionó además que en el gobierno nadie dudaba de que se hubiera pagado y de que hubo un pedido para que renunciaran todos los senadores, y finalmente se cambiaron los jefes de bloque sin mayores protestas.

Ante las preguntas de la defensa de Santibáñez, admitió que no tenía pruebas concretas y ante la de los jueces Miguel Pons y Guillermo Gordo se allanó al reconocer que sus indicios eran políticos y concordantes.


13.9.12

Una costosa y demorada pericia en la causa Schoklender

Un año después de haber sido anunciada, en octubre se pondrá en marcha una pericia que prometió el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en la que se investiga la gestión de Sergio Schoklender en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y a un costo de 605 mil pesos. Se trata de un estudio encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para establecer eventuales inconsistencias entre los montos pagados por Nación, provincias y municipios por las obras y su ejecución real.

El informe, que demandará cuatro meses, fue autorizado el 27 de agosto último por la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura con la partida presupuestaria correspondiente, y el mes que viene será aprobado por el plenario del cuerpo. La semana pasada la confirmación llegó a los tribunales federales.

Una de las razones que expuso Oyarbide en septiembre de 2011 para encargarles el trabajo a los técnicos de la UBA era la supuesta demora que había detectado por parte de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. Sin embargo, en ese organismo se encuentra en plena ejecución una auditoría similar, cuyos resultados serán volcados en un expediente paralelo que tramita el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En septiembre del año pasado, cuando habían pasado tres meses del inicio del expediente judicial, Oyarbide comunicó que había resuelto pedir dos estudios: uno, al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, para establecer la ruta del dinero público. Y el otro, a Ingeniería, para determinar si los montos pagados por las obras tenían correlato en los avances de obra en cada localidad en la que se hubiesen comenzado las tareas de construcción.

La pericia recién estará en condiciones de comenzar pasada la primera semana de octubre, una vez debatida y aprobada por el próximo plenario del Consejo de la Magistratura. En el cuerpo negaron ser responsables de la demora al afirmar que el tratamiento del pedido no demoró más de una semana una vez ingresado.

El pedido del juez generó debate en la Comisión de Administración. El consejero Daniel Ostropolsky, representante de los abogados, objetó los 605 mil pesos pedidos por la UBA, así como otro punto inusual que levantó suspicacias: los peritos exigieron el pago de sus honorarios por adelantado, según le informó a este diario Oscar Aguad, diputado radical e integrante político del consejo. Aunque no participó de la reunión de comisión, el legislador afirmó sin embargo compartir con Ostropolsky su preocupación por el valor tasado para el informe.