Una alumna de la Universidad de Harvard preguntó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su incremento patrimonial, cuya respuesta tuvo repercusión periodística y social. El Diario Perfil consultó la opinión de Alfredo Popritkin de Contadores Forenses ONG.
30.9.12
27.9.12
Una pericia contable estudiará la evolución patrimonial del Ministro de Salud de la Nación
Por pedido del fiscal Carlos Brito, el juez federal Daniel Bejas solicitó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de la Nación que determinen si la evolución patrimonial del funcionario corresponde según el nivel de sus ingresos.
El período investigado es entre 2009 y 2010, es decir, desde que Juan Manzur dejó la vicegobernación de esta provincia para ocupar un cargo en el gabinete nacional.
El juez federal de Tucumán solicitó al perito que sea designado por la Corte que efectúe un informe "tendiente a determinar si medió un incremento apreciable y sin justificación durante los períodos correspondientes a los años 2009 y 2010 en el patrimonio del denunciado".
26.9.12
La Procuradora General de la Nación agradeció el apoyo a su postulación por parte de Contadores Forenses ONG
Contadores Forenses ONG conoció a la Dra. Alejandra Gils Carbó en ocasión del ejercicio de su cargo anterior de Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.
Por el desempeño independiente de ese cargo recibió embates de diferentes factores de poder, saliendo nuestra ONG en su apoyo. Fue así pudimos conocer su calidad moral y profesional.
Cuando supimos de su postulación para el cargo al que acaba de asumir, salimos en su apoyo, en el entendimiento que su designación constituía una decisión presidencial que le reportaría beneficios a nuestra Nación y en especial a los ciudadanos.
Una vez asumido el cargo, la nueva Procuradora nos ha hecho conocer su agradecimiento a través de la esquela que incluimos más arriba.
Es nuestro deseo que la Dra. Gils Carbó continúe actuando bajo los mismos principios que mantuvo en su cargo anterior. Desde aquí la saludamos con el mayor respeto y distinguida consideración.
EL CONSEJO DIRECTIVO
EL CONSEJO DIRECTIVO
24.9.12
Investigan por enriquecimiento el patrimonio del Ministro de Salud de la Nación
La Justicia federal de Tucumán avanza en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ministro de Salud nacional, Juan Manzur, y encargó a los peritos de la Corte Suprema de Justicia un informe contable sobre el patrimonio del funcionario de los períodos 2009-2010.
El pedido lo hizo el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, y en el oficio dirigido al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema solicita la realización de un informe pericial contable de los períodos 2009-2010.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado pidió el informe a fines de determinar "si medió un incremento apreciable y sin justificación" del ministro o bien de "cualquier otra persona interpuesta para disimularlo".
El informe pericial había sido una medida de prueba solicitada por el fiscal del caso, Carlos Brito, y tal cual dispuso el juez el trámite es de carácter "reservado y confidencial".
La denuncia contra el ministro, y ex vicegobernador provincial la realizó en 2010 el peronista disidente Oscar López, quien dio cuenta, sobre la base de informaciones periodísticas, que Manzur había declarado para ese año un patrimonio de poco más de 5 millones de pesos.
Entre sus bienes se enumeran varios vehículos, viviendas en distintas partes, y cuentas bancarias.
Si bien la pericia ordenada recientemente es sobre los períodos 2009 y 2010, en febrero de este año y por pedido del fiscal y el denunciante, se incorporó la declaración jurada de bienes realizada por Manzur de 2011 y en la cual se incrementó un 32 por ciento respecto al año anterior.
En el transcurso de la investigación, se pidió por oficio a la provincia de San Juan información sobre dos propiedades que tendría a su nombre la esposa de Manzur, Sandra Mattar, y en caso de pertenecerles, de cuánto es su valor.
También en la causa están incorporados informes pedidos a la Oficina Anticorrupción, en cuanto a datos de cuentas bancarias, y propiedades de Manzur; y también se indagó sobre el salario mensual que percibe el ministro desde 2009, año en que fue designado por Cristina Kirchner.
Es que el objetivo de la investigación es determinar si como funcionario, Manzur se enriqueció ilícitamente y si puede justificar su patrimonio teniendo en cuenta el salario que percibe.
Del resultado de la pericia contable depende en parte la suerte del ministro y vicegobernador tucumano (en uso de licencia) en la causa, ya que será clave para definir su situación en conjunto con informes sobre las propiedades y las declaraciones juradas presentadas durante su actuación como funcionario en Tucumán y ahora como ministro de la Nación.
Puntal.com.ar
20.9.12
Cursos sobre Pericias Contables en el Fuero Penal
Los Dres. Quintino P. Dell´Elce y Alfredo Popritkin están dictando un curso destinado a aspirantes al cargo de Perito Contador Oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este curso se inició en el mes de marzo y está prevista su finalización en el mes de noviembre, aunque podría prorrogarse conforme resulte el avance del concurso.
Los interesados se pueden sumar en cualquier clase y tomar las clases restantes. Participan contadores de Buenos Aires y del interior del país, situación facilitada pues las clases se dictan el cuarto lunes de cada mes, a primera hora, de 9 a 11 horas.
Su contenido tiene en cuenta los conocimientos que requiere el ejercicio de la función de perito oficial, desde aspectos procesales, periciales, prácticos, preparación de informes, relación con peritos de parte, actuación en las etapas de instrucción penal y de juicio oral. En cada clase se suman nuevos interesados.
Al contenido programado se le ha adicionado la asistencia a un juicio oral que ha permitido observar la mecánica de juzgamiento de un delito económico, la inter-relación del tribunal oral con las partes y la participación como testigos de los profesionales en ciencias económicas.
Complementariamente se ha dictado un curso intensivo, de contenido eminentemente práctico, donde se han analizado una cantidad variada de casos y peritajes en delitos económicos diversos.
En la fotografía se aprecia al Dr. Quintino P. Dell´Elce dictando una clase en las aulas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
18.9.12
Evidencias contables del desvío de fondos públicos
Se registra una "inconsistencia" detectada en los libros contables de The Old Fund sobre un supuesto préstamo que proviene de la Provincia de Formosa.
En su balance correspondiente a 2010, se colocó ese dinero en el rubro de ingresos por "servicios prestados" -en vez de como un préstamo-, junto a otros aportes menores que sumaron un total de $ 7,8 millones.
Pero esos mismos libros de The Old Fund, hoy en manos del juez Lijo que investiga el caso Ciccone, registran aún más inconsistencias. Entre 2010 y 2012 sólo los firmó Vandenbroele, sin ningún contador. Reflejan, también, que la sociedad no registró ingresos, de ningún tipo, antes de su supuesto asesoramiento en Formosa. Ése fue su primer gran trabajo. Y no contaba con personal calificado, bajo relación de dependencia o contratado, para cumplir con ese asesoramiento financiero en una reestructuración entre una provincia y la Nación.
Otra "inconsistencia" alrededor del supuesto préstamo que arribó a la cuenta de The Old Fund en el Macro por medio del "mercado electrónico de pagos" es que el Banco de Valores, que figura como supuesta intermediaria en la ruta del dinero, desmintió que los $ 7,6 millones hubieran pasado por allí el 31 de agosto pasado.
Por ésta y otras contradicciones , el Banco Macro también quedó bajo la lupa de los investigadores judiciales.
16.9.12
Un presidente y su vice discutieron sobre corrupción y fraude democrático en su gobierno
En pleno juicio oral por las "coimas en el Senado" Carlos Chacho Alvarez le dijo su verdad en forma clara y sin tapujos al abogado penalista Fernando De la Rúa, imputado por autorizar el pago de coimas a un grupo de legisladores
Álvarez declaró como testigo durante seis horas, en las cuales aseguró que tiene la "certeza política" de que se pagaron coimas y de que De la Rúa intentó "dar un golpe de autoridad" y desautorizarlos cuando no le pidió la renuncia al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibáñez. Ambos son mencionados como los funcionarios que habrían intervenido en el pago y que están sentados en el banquillo de los acusados.
La audiencia del juicio se transformó ayer en una especie de terapia de pareja en vivo cuando De la Rúa -como abogado en causa propia- tomó la palabra e interrogó al testigo que había dicho que las razones de su renuncia fueron las coimas.
"Renuncié porque usted ratificó en los cargos y promovió a los sospechados. Mi renuncia se debe a que no podía acatar sus decisiones. Desde el Senado yo necesitaba un gesto de apoyo y, al contrario, usted promovió a los sospechados. Necesitábamos gestos concretos y usted promovió un golpe de autoridad contra mi persona", le dijo.
-¿Esas fueron las razones de su renuncia?
-Tenía que oponerme a las decisiones que usted tomó. Si me hubiera quedado en el gobierno se hubiera radicalizado el problema.
-¿Era una competencia de poder?
-No, si hubiera sido así, me hubiera pasado a la oposición y nunca lo hice. Dejé mi fuerza política pagando los costos de un gobierno que fue un fracaso", le espetó en la cara Chacho.
De la Rúa no se inmutó y siguió repreguntando. Chacho lo toreó al considerar que el ex presidente creía que su intención era limar su autoridad y reprocharle su debilidad política evidente, según él, desde los tiempos de la campaña electoral.
Fue como espiar a dos personajes de la historia que, en vivo y 12 años después, debatían las razones de sus diferencias políticas que marcaron al país.
Chacho fue una figura central en el saga de las coimas, ya que fue quien se encargó de dar a publicidad, en una reunión de Labor Parlamentaria del Senado, el famoso anónimo en el que se describía el operativo de las coimas.
Álvarez respaldó sus certezas de que se pagaron sobornos en elementos políticos que fueron puestos en crisis por las preguntas de los defensores y no convencieron del todo al tribunal, que ahondó el interrogatorio.
Destacó el vicepresidente que se formó su certeza a partir de que el entonces senador Antonio Cafiero, que le dijo que supo de senadores que cobraron, y a partir de las notas de Joaquín Morales Solá en La Nación. Mencionó además que en el gobierno nadie dudaba de que se hubiera pagado y de que hubo un pedido para que renunciaran todos los senadores, y finalmente se cambiaron los jefes de bloque sin mayores protestas.
Ante las preguntas de la defensa de Santibáñez, admitió que no tenía pruebas concretas y ante la de los jueces Miguel Pons y Guillermo Gordo se allanó al reconocer que sus indicios eran políticos y concordantes.
13.9.12
Una costosa y demorada pericia en la causa Schoklender
Un año después de haber sido anunciada, en octubre se pondrá en marcha una pericia que prometió el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en la que se investiga la gestión de Sergio Schoklender en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y a un costo de 605 mil pesos. Se trata de un estudio encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para establecer eventuales inconsistencias entre los montos pagados por Nación, provincias y municipios por las obras y su ejecución real.
El informe, que demandará cuatro meses, fue autorizado el 27 de agosto último por la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura con la partida presupuestaria correspondiente, y el mes que viene será aprobado por el plenario del cuerpo. La semana pasada la confirmación llegó a los tribunales federales.
Una de las razones que expuso Oyarbide en septiembre de 2011 para encargarles el trabajo a los técnicos de la UBA era la supuesta demora que había detectado por parte de la Auditoría General de la Nación, que encabeza el radical Leandro Despouy. Sin embargo, en ese organismo se encuentra en plena ejecución una auditoría similar, cuyos resultados serán volcados en un expediente paralelo que tramita el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
En septiembre del año pasado, cuando habían pasado tres meses del inicio del expediente judicial, Oyarbide comunicó que había resuelto pedir dos estudios: uno, al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, para establecer la ruta del dinero público. Y el otro, a Ingeniería, para determinar si los montos pagados por las obras tenían correlato en los avances de obra en cada localidad en la que se hubiesen comenzado las tareas de construcción.
La pericia recién estará en condiciones de comenzar pasada la primera semana de octubre, una vez debatida y aprobada por el próximo plenario del Consejo de la Magistratura. En el cuerpo negaron ser responsables de la demora al afirmar que el tratamiento del pedido no demoró más de una semana una vez ingresado.
El pedido del juez generó debate en la Comisión de Administración. El consejero Daniel Ostropolsky, representante de los abogados, objetó los 605 mil pesos pedidos por la UBA, así como otro punto inusual que levantó suspicacias: los peritos exigieron el pago de sus honorarios por adelantado, según le informó a este diario Oscar Aguad, diputado radical e integrante político del consejo. Aunque no participó de la reunión de comisión, el legislador afirmó sin embargo compartir con Ostropolsky su preocupación por el valor tasado para el informe.
7.9.12
La coima que no se contabilizó
La jueza de instrucción Alicia Iermini sobreseyó a los funcionarios del gobierno porteño que estaban imputados por el delito de cohecho. La magistrada descartó las supuestas coimas porque no estaban registradas en los libros contables, aunque en las computadoras secuestradas en la discoteca aparecen anotaciones donde se detalla la suma de 114.600 pesos y la leyenda “habilitación más abono cometa”. El monto equivale, al cambio de esa época, a 30 mil dólares exactos. Iermini exculpó, además, por el mismo delito, a los dueños y administradores del local, pero los envió a juicio oral por “doble homicidio culposo y lesiones culposas”.
Iermini fundamentó la decisión en que las presuntas coimas no están registradas en los libros contables, ni fueron corroborados con filmaciones, testimonios, fotografías y registros bancarios y contables. El criterio es diferente del utilizado en la causa por la tragedia de Cromañón, donde un papelito con la anotación “poli cien” fue suficiente para condenar a Omar Chabán y a un subcomisario por cohecho. La magistrada también desestimó los diálogos telefónicos entre Pantarotto y Camani sobre supuestas influencias para acelerar los trámites de habilitación de boliches.
6.9.12
21 casos de fraudes en la administración pública
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| Cantidad de pericias contables en relación a otras especialidades |
En el trabajo denominado "Los procesos judiciales en materia de corrupción. Los tiempos del proceso. Estado de situación" realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el "Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de delitos contra la Administración Pública (OCDAP) del Ministerio Público Fiscal se analizan 21 casos de fraudes contra la administración pública.
En particular extraemos aquí todo lo referido a las pericias contables, sin perjuicio que más abajo incluimos el informe completo realizado por las ONGs en colaboración con la Procuración General.
Es importante destacar que en la mayoría de las causas en las que se ventilan delitos que incluyen problemas patrimoniales, se realizan peritajes contables. En líneas generales el estudio es solicitado por la defensa que propone generalmente una gran cantidad de puntos de pericia. Por lo general, una vez que los puntos son propuestos por la parte, no existe un análisis crítico ni de los jueces ni de los fiscales que tienda a determinar si los puntos requeridos son relevantes, si pueden ser respondidos por los expertos o están formulados correctamente, etc. En definitiva, pese a que se sabe que una vez que la causa se va a los peritos tardará bastante tiempo en volver, no hay un análisis crítico de la utilidad del estudio y la formulación de los puntos periciales.
Por su parte, si bien el Ministerio Público Fiscal tiene la posibilidad de ofrecer peritos de parte y cuenta para ello con contadores que integran distintas oficinas del organismo, tal ofrecimiento resulta excepcional. Esa omisión lleva inexorablemente a la falta de control del estudio por la parte acusadora que queda en manos de los peritos oficiales y de los peritos de parte.
Este dato no es menor pues en la mayoría de los casos, la realización de este tipo de estudios en causas complejas demanda el análisis no solamente de cuestiones específicas, sino también de gran cantidad de documentación que es obtenida a veces de manera indiscriminada en allanamientos u otras medidas de prueba llevadas a cabo durante la instrucción. Si bien no será objeto de análisis, no puede dejar de destacarse que la manera genérica en que es requerida la documentación contable, la falta de fijación de períodos vinculados al hecho, la costumbre de pedir todo junto sin hacer antes un análisis de lo que va llegando para luego solicitar la documentación que vaya siendo necesaria y otras costumbres adquiridas por los operadores a la hora de recolectar la prueba, terminan insumiendo también una parte importante del tiempo que demanda la etapa de instrucción.
El cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra conformado por un total de 22 profesionales –nombrados a partir de la sustanciación de concursos públicos– pero, en la actualidad, debido en casi todos los casos a renuncias producidas para acogerse a los beneficios jubilatorios, cuenta solamente con 13 peritos en funciones (incluso uno de ellos se encuentra hoy en día actuando en comisión ante la Cámara Federal de ésta ciudad). Este organismo no se aboca solamente a casos de corrupción sino que también debe llevar a cabo tareas periciales y emitir las correspondientes opiniones técnicas en diversos delitos y recibe causas derivadas de Juzgados de Instrucción y Tribunales Orales Federales y Nacionales, las distintas Cámaras de Apelaciones y la Cámara de Casación así como también de la fiscalías de los mismos fueros e instancias. Sumado a ello, el caudal de trabajo de éste órgano se ve incrementado, toda vez que, de manera excepcional, acepta causas que tramitan ante los fueros Civil, Comercial y del Trabajo y actuaciones derivadas del Consejo de la Magistratura y de la Oficina de Auditores Judiciales.
En el afán de explicar el porqué de la sensible demora en la realización de los peritajes, en este caso, contables, se debe añadir a la gran cantidad de tareas que recae sobre el cuerpo de peritos contadores y la falta de profesionales en funciones, el desequilibrio que muchas veces se produce en la carga de trabajo asignada a cada uno de los expertos, motivada en el aleatorio mecanismo de adjudicación de causas. Es así que los expedientes, una vez recibidos por el sector Mesa de Entradas y controlada la documentación, se sortean para su reparto a través de un sistema informatizado que administra el centro de cómputos de la Corte Suprema, sin tener en cuenta factores como la complejidad y volumen de las actuaciones –ni siquiera en el caso de las denominadas ―megacausas–; circunstancia que, evidentemente, genera desigualdades en las tareas que les compete a los distintos peritos oficiales en actividad.
Resulta importante destacar, de la misma forma, que la actividad de cada perito contador consiste tanto en revisiones conceptuales del contenido de las causas y de los requerimientos previstos en los puntos del cuestionario pericial, como en el análisis crítico de la documentación, la emisión de opiniones profesionales y la asistencia a prestar declaración testimonial.
Frente a un panorama de 13 profesionales para atender la demanda de más de 100 dependencias (entre juzgados y fiscalías), y en una amplia diversidad de temas contables, cada uno con sus mayores o menores complejidades, las demoras aparecen como una consecuencia necesaria de la propia lógica del sistema.
Esta situación, lleva a que la actividad de los peritos de parte resulte determinante, puesto que en más de una oportunidad redactan la parte del informe que sustentará la posición de los peritos oficiales, lo que resulta decisivo a la hora de inclinar la balanza.
Un caso paradigmático resulta ser el conocido como ―"IBM-Banco Nación" (causa que tramita bajo el número 509 del Tribunal en lo Criminal Federal nro.3, caratulada ―"Dadone, Aldo y otros s/defraudación a la administración pública nacional") en el cual la fiscalía de juicio se opuso a la incorporación como elemento de prueba del informe pericial contable que daba por respondidos los requerimientos con lo esgrimido por el perito de parte, bajo el argumento de que los peritos oficiales no estaban en condiciones de responder el cuestionario pericial. En el caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro.3 remitió al cuerpo de peritos contadores un pedido de estudio pericial con fecha 3 de septiembre de 2007, el que fue devuelto el 19 de diciembre de 2008, es decir casi un año y medio después por los expertos contables con la siguiente respuesta: ―teniendo en cuenta que el cuestionario pericial ordenado en el oficio N°60 contiene preguntas referidas a temas informáticos que escapan al área técnico contable, las mismas serán contestadas, en informe por separado, por el perito [de parte] de esa especialidad que fuera designado en autos (...)". Tal como lo manifestó la Fiscalía oportunamente, los peritos contadores aceptaron el informe pericial tal como fue ordenado por el Tribunal y más que tardíamente pusieron de manifiesto que no estaban en condiciones de responder a puntos que no eran contables sino informáticos. En consecuencia, el Tribunal ordenó un informe de esta especialidad a expertos que previsiblemente no estarían en condiciones de responder al cuestionario y pese a que el Ministerio Público Fiscal ya se había opuesto específicamente en virtud de que la información requerida era sobreabundante y ya había sido recabada en otras oportunidades por otros informes que obraban en el expediente. El caso resulta más grave todavía si se considera que en el mismo expediente, once años antes, en el año 1996, el juzgado de instrucción debió dejar sin efecto el pedido de realización de prácticamente el mismo informe, pues la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación informó su imposibilidad de encontrar peritos que estuvieran en condiciones técnicas de llevarlo a cabo (fs.5291).
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| Pericias realizadas en las etas de instrucción y de juicio oral |
En cuanto al rubro "otras pericias" ahí podemos encontrar estudios técnicos sobre el mérito y oportunidad de por ejemplo un bien o servicio adquirido o contratado en una contratación pública irregular. Estos resultados responden al contenido económico de este tipo de criminalidad y a la necesidad de contar con este tipo de auxilios procesales.
El promedio de duración de un peritaje en este tipo de causas es de 1 año pero hay exámenes que se realizaron en un mes y otros que demoraron 39 meses (más de tres años).
En el cuadro podemos ver cuántos peritajes se hicieron durante la instrucción y cuantos durante la etapa oral.
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