Valiente actitud de la perito Contadora y Abogada María Eleonora Feser de la Procuración General de la Nación afectada a la causa en la que se investiga a Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito

La contadora designada por la Fiscalía de Carlos Rívolo se enteró de la sustracción de pruebas por parte del imputado Ricardo Jaime y reaccionó de inmediato alertando a las autoridades y realizando los procedimientos que derivaron en la condena penal del ex Secretario de Comercio de la Nación.

Feser, quien actúa como perito de la Fiscalía en la causa de enriquecimiento que se le sigue a Jaime, participó de los allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba, Capital.

Ni bien tomó conocimiento por información trasmitida por quienes participaron de las medidas, no dudó y adoptó los recaudos y dejó las constancias debidas, que derivaron en la realización de una causa penal por sustracción de pruebas y la condena a Jaime a seis meses de prisión.

Condena a Ricardo Jaime por sustracción de pruebas

Contadores Forenses ONG determinó anomalías contables en el contrato de compra de Petrobras

El diario La Nación recurrió a Contadores Forenses para analizar la operación de compra venta de la firma que pasó de pertenecer a la petrolera estatal brasileña Petrobras hacia el empresario Cristóbal López.

Dice el diario:

Las supuestas irregularidades se centran en los documentos que firmó el operador Jorge Rottemberg, que cobró al menos US$ 8,8 millones de López, pero que en 24 horas los transfirió mediante un "contrato de cesión de derechos al cobro".

Para el presidente de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, algunas de las "contradicciones" están en ese "contrato de cesión".

Rottemberg lo firmó con el estudio vinculado al operador João Augusto Henriques, quien admitió los sobornos ante la revista brasileña Época.

Para empezar, afirmó Popritkin, porque en ese contrato "no se describe el tipo de servicios y honorarios que generan comisiones y honorarios por hasta 10 millones de dólares, suma que representa más del 20 por ciento de la operación principal".

Ex perito contador de la Corte Suprema, Popritkin también remarcó que, según ese contrato de cesión, "cuanto más bajo resulte el precio de la transacción, mayores serán la comisión y los honorarios, lo que resulta inusual en operaciones legítimas". También, porque establece que Rottemberg no percibiría una retribución si no se concretaba la operación, "lo que hace pensar que no se trata de un trabajo profesional, sino de un pago con destino final a quienes aprueben la venta de la refinería y estaciones de servicio". Un segundo perito contador forense también expuso que en ese contrato de cesión falta la constancia de pago del impuesto de sellos en la ciudad de Buenos Aires, donde se consigna que se firmó, y que le daría fecha cierta.

Nota publicada por La Nación

Por primera vez la Corte Suprema de Justicia pidió aclaraciones periciales en una audiencia pública

En la expediente judicial por el cual el Grupo Clarín cuestiona la constitucionalidad de algunos artículos de la llamada Ley de Medios, en una audiencia pública el más alto tribunal de la nación realizó preguntas a quién actuó como perito, que junto a otros peritos presentó un informe escrito en el expediente.

Los expertos debieron respondieron en forma en el acto a las preguntas que se le formularon, brindando explicaciones breves y concretas.

Reproducimos las partes pertinentes de la versión taquigráfica, referidas al Licenciado en Economía, perito Alessandría.

Queremos hacer ahora unas preguntas al perito Néstor Rubén Alessandria. Queremos decir a las partes que estas preguntas fueron un poco extensas, pero todos los ministros hicieron sugerencias en relación a cuestiones planteadas en el expediente y por eso nos hemos dedicado básicamente a ordenarlas y que todas las preguntas puedan ser respondidas en un tiempo razonable. 

Después de que terminemos –son seis preguntas- con el perito, pensamos que las partes tienen derecho a argumentar cada una, 10 minutos, sobre si hay alguna otra cuestión que se haya dicho, como una suerte de réplica de lo que dijo la anterior. Pueden ir preparando mientras escuchamos las preguntas al perito. Doctor Abritta. 

Sr. SECRETARIO (Dr. Abritta).- Respecto de su respuesta al Punto 11 de la pericia. 

En particular, cuando contesta si la prohibición de propiedad cruzada prevista en el artículo 45, punto 2 (orden local), incisos c) y d), de la ley 26.522, afecta el régimen de libre competencia y el desarrollo de la industria de medios, usted considera que ser titular de un canal de televisión abierta y de una licencia de cable implica ahorros para las empresas por tratarse de una "economía de alcance". 

Ahora bien, deje de lado el aspecto económico, financiero y de eficiencia y explique, concretamente, si esta sinergia económica afecta o contribuye a la diversidad de contenidos. 

Lic. ALESSANDRIA.- Yo creo que lo que hace es ayudar a la sinergia entre ambos contenidos. Es decir que al tener por una parte el contenido y de ahí en más la distribución ayuda a una mejor expresión. 

Acerca de las cifras consignadas en las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Denuncia de la diputada Ocaña al vicepresidente Boudou

El régimen de declaraciones juradas de funcionarios, tiene algo más de diez años, con algunas modificaciones que se fueron realizando en ese lapso.

Era de esperar que la información que se venía brindando, mejorara en su calidad. Ello no ocurrió, pues la reforma del régimen realiza en este año 2013 reduce ampliamente la información pública y se adapta a la estructura que tienen las declaraciones juradas impositivas, las que son válidas para otros fines.

Ahora bien, resulta interesante el contenido de la denuncia realizada, pues en ella se plantean cuestiones que obligarán a definir y precisar judicialmente los criterios correctos en la realización de tales declaraciones.

Denuncia a Boudou por diferencia en las Declaraciones Juradas Patrimoniales

Los viáticos que cobran los funcionarios no justifican su incremento patrimonial

Una discusión técnica ha salido nuevamente a la luz: las sumas recibidas por los funcionarios, por diferentes conceptos, sirven para justificar su incremento patrimonial?

El vicepresidente de la nación Amado Boudou intentó justificar parte del incremento de su patrimonio con sumas percibidas para viáticos.

Esta situación ha generado dos cuestiones. Por un lado se plantea si los viáticos pueden ser utilizados con otro destino de aquel para el que fueron otorgados. Qué debe hacer el funcionario cuando estos viáticos no fueron utilizados.

Abrimos un paréntesis. En la causa de enriquecimiento ilícito seguida contra la ingeniera María Julia Alsogaray, esta funcionaria intentó justificar parte del aumento de su patrimonio con fondos reservados percibidos en calidad de sobresueldos. Estos fondos reservados se encontraban destinados a cubrir asuntos de seguridad e inteligencia del estado nacional. Su empleo con otro destino significaba un desvío de fondos y por ende un uso indebido de fondos públicos.

Por tal razón el tribunal oral no admitió el intento de María Julia, pero además, la funcionaria se encuentra procesada, junto a otros funcionarios, en la causa conocida como de pago de "Sobresueldos".

Estas son pautas que deberían ser precisadas por los jueces, pues al momento de arribar la causa a consideración de los peritos contadores oficiales para la realización del correspondiente peritaje, tendrán que saber cómo aplicar estos fondos, si deben excluirlos, o no, del cómputo de los ingresos.

Ahora bien, si estos viáticos percibidos por Boudou lo fueron de manera indebida, también se daría cabida a la denuncia formulada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a consideración del juez federal Ariel Lijo.

Los jueces darán menos información de sus bienes y la publicarán en Internet

Al igual que los funcionarios del Poder Ejecutivo, los jueces darán a conocer a la sociedad menos datos sobre su patrimonio personal.

Sus declaraciones juradas públicas no contendrán información de detalle, solo mostrarán los totales de cada rubro o concepto, tal como aparece en los formularios que se presentan en la AFIP.

En el año 2014 entrará en vigencia un sistema de publicación en el sitio web de la Corte Suprema denominado CIJ, Centro de Información Judicial, en coincidencia con las propuestas de las ONGs al tribunal en la reunión de la semana pasada.

Con los anuncios contenidos en la acordada, el tribunal perdió la oportunidad de ponerse al frente en cuanto a transparencia, pues en lo sucesivo los ciudadanos conocerán menos acerca de posibles incrementos dudosos o no justificados.

Varias ONGs entre la que se encontraba Contadores Forenses dialogamos con el Secretario General de la Corte a quien le hicimos conocer nuestras preocupaciones e interés, que -en general- no fueron tomadas en la nueva acordada.

A pesar que la disposición de la Corte -que aquí publicamos- invoca el principio de transparencia, lo cierto es que se ha quedado a mitad de camino y en el futuro los ciudadanos conoceremos menos información sobre la situación económica y patrimonial de los miembros del Poder Judicial.

Acordada de la CSJN sobre DDJJ patrimoniales de funcionarios judiciales Ago2013

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura recibieron a Contadores Forenses y otras ONGs para tratar la reglamentación de las declaraciones juradas de los jueces y funcionarios judiciales

Recientemente se sancionó una nueva ley que modificó el régimen informativo sobre el patrimonio de los funcionarios de los tres poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal ya reglamentaron la nueva normativa. Aún no lo hizo el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial.

La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura recibieron las inquietudes y preocupaciones trasmitidas por las ONGs entre las que se encontró presente Contadores Forenses, así como también ACIJ, Poder Ciudadano, FARN y otras.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Mario Fera y el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Alfredo Kraut escucharon atentamente las exposiciones de las entidades no gubernamentales.

Ahora bien, Contadores Forenses propuso mejorar el contenido de la información presentada hasta al presente, en base a la experiencia recogida.

Se propuso agregar, por lo menos, lo siguiente:

1) en los casos que participaciones en sociedades, fideicomisos u otras formas o contratos asociativos, del país o del exterior, mayores al 10% del patrimonio del ente, se podría requerir que los funcionarios acompañen copia firmada de los últimos estados contables cerrados. Si esa participación representa más del 30% del activo del funcionario, se podría requerir, además, un detalle de los bienes de uso e inversiones del ente, incorporados desde que asumió como funcionario, con sus valores a la fecha del último cierre de balance o valuación. Esto apunta a que no se utilicen las sociedades, como una forma de ocultar patrimonios que en realidad pertenecen a los funcionarios.

2) informar las cuentas bancarias, depósitos y cualquier otro activo en el exterior que el funcionario, mantenga, incorpore o incremente mientras se encuentra en ejercicio del cargo o función pública. Esta suele ser otra forma de ocultar activos.

Además de compartir el documento inicial de aportes para la reglamentación:

Reglamentacion de la Ley de DDJJ Patrimoniales - CSJN by Conforen

Oyarbide tuerce y manipula investigaciones contables

por Alfredo Popritkin[1]

Un juez penal debe buscar la verdad para lo que aplica las leyes. Además utiliza todo su conocimiento y experiencia, pero en sentido positivo, para el bien. No se debe dejar influenciar y actúa con ecuanimidad, independencia y objetividad.

Una semana atrás la Cámara Federal reprendió por segunda vez a Oyarbide en la causa Schoklender y lo apartó del caso. Es una de las más duras sanciones que puede recibir un magistrado. El tribunal no ahorró en adjetivos contra el juez.

Dijo que realizó una investigación defectuosa desde sus inicios, que hizo un direccionamiento erróneo de la causa y que perjudicó el descubrimiento de la verdad. Todo lo contrario a lo que debía cumplir como juez.

Oyarbide manipuló el expediente para llenarlo de papeles y diligencias inconducentes. Con sus maniobras de distracción quiso aparentar que investigaba, pero todo iba dirigido hacia la nulidad, tarde o temprano.

En materia contable, para que ningún experto lo condicione con un indeseado dictamen concluyente, en forma adrede dividió el estudio en tres partes, que encargó a policías, a peritos contadores y al Banco Central. En lugar de unificar, fraccionó, para así asegurarse un camino hacia "la nada". Qué diferente serían las cosas si esa picardía su señoría la usara para el bien.

Pero ya unos años atrás, en la causa que investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, Oyarbide actuó mal. En aquella ocasión torció las evidencias, puso en boca de los peritos contadores lo que ellos nunca afirmaron. Los expertos señalaron numerosas observaciones que debieron dar lugar a una ampliación del peritaje. A pesar de ello, el juez forzó la interpretación, torció la realidad y dictó un meteórico e inapropiado sobreseimiento. Ese caso ya es materia de estudio de los investigadores de fraudes, pues contiene una cantidad de irregularidades que no tienen desperdicio.

La comisión de acusación del Consejo de la Magistratura analizó el comportamiento del juez. Por su contenido contable me presenté y rendí testimonio ante los consejeros. Pero entonces, una mayoría kirchnerista salvó a Oyarbide, quien previamente había salvado a los Kirchner. Una mano lava la otra.

Lo cierto es que la labor de la justicia no se encuentra bien representada por este juez, a quien solo lo sostiene la perversidad de un sistema que por el momento funciona a la perfección ante la mirada atónita de los ciudadanos.

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[1] Nota enviada al diario Perfil, publicada el domingo 11 de agosto de 2013

Nota publicada en el Diario Perfil