Piden peritaje a la Corte por campañas
Por Mariano Martín
Cinco empresas que hicieron aportes para la campaña del Frente para la Victoria en 2007 serán sometidas a un peritaje de la Corte Suprema de Justicia. El informe fue pedido por el juez federal Ariel Lijo sobre compañías de medicina y droguerías, algunas de ellas ligadas a la causa por la denominada «mafia de los medicamentos», que instruye su colega Norberto Oyarbide. Una de las compañías es Droguería Urbana, del empresario Marcos Hendler, principal proveedor de medicamentos de alto costo de la obra social de los camioneros, que preside Hugo Moyano.
El juez Lijo envió el pedido al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Con el informe el magistrado buscará indagar sobre las presuntas inconsistencias. Los aportantes serían meros dadores de cheques para permitirles a los recaudadores del partido Frente para la Victoria justificar ingresos de dinero. La investigación de Lijo está orientada al posible delito de lavado de dinero.
Las empresas que el magistrado pidió investigar son: Droguería Urbana, de Marcos Hendler; la prestadora de servicios médicos Iter Medicina; la droguería Bristol Park; Multipharma, de Néstor Lorenzo, y Seacamp junto con su sucesora, Sanfor Salud, relacionadas con el empresario asesinado Sebastián Forza y su mujer, Solange Bellone. Todas las compañías fueron señaladas por la denuncia de la Coalición Cívica por haber realizado aportes cercanos a los 310.000 pesos, el máximo permitido para las campañas electorales por parte del sector privado.
El expediente, que atravesó controversias de competencia entre varios jueces, volvió a cobrar velocidad con la orden del magistrado. Para entonces, Lijo ya había obtenido el detalle de las composiciones societarias de todos los aportantes privados de la campaña del FpV y apartado aquellas empresas en las que había encontrado posibles inconsistencias.
De hecho, Oyarbide instruye una causa con puntos en común derivada de su expediente por la mafia de los medicamentos, en la que figuran mencionados el exsuperintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli junto a los funcionarios Sebastián Gramajo y Hernán Diez como responsables de la recolección de fondos para la campaña de 2007.
Para avanzar en el pedido de la pericia a la Corte Suprema, Lijo apeló también a una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le había enviado la Unidad de Información Financiera (UIF) con movimientos presuntamente irregulares de cambios de cheques por parte de las droguerías y las prestadoras de salud.
El empresario Gabriel Brito, expropietario de Global Pharmacy y protagonista de la causa por la mafia de los medicamentos, le dijo a este diario que «hay más compañías que hicieron aportes irregulares» y que, según estimó, saldrán a la luz en el expediente que investiga Lijo. Brito fue decisivo en el avance de las causas ligadas a los medicamentos y a los aportes, luego de que confesara ante la Justicia que un monto que se le atribuyó como colaborador del FpV nunca llegó a entregarlo, aunque figuró de ese modo en los registros del partido que luego se impuso en los comicios generales de 2007.
Fuente: Diario Ambito Financiero
