15.3.12

Vínculos entre el Fiscal y el Perito Contador de Parte


Una breve noticia publicada en el diario La Nación es materia de interesante reflexión en la actividad de los peritos de parte.

Un contador que presta asesoramiento contable al fiscal de la causa que investiga al exSecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue propuesto como perito de parte por la defensa de Jaime.

El fiscal habría señalado que tal circunstancia no debía completarse, no obstante lo cual el perito contador de parte procedió a aceptar el cargo.
Publicación del Diario La Nación

El fiscal al entender que esa relación que lo une al contador-asesor podría entrar en colisión con el comportamiento ético que requieren los procesos penales, procedió, entonces, a recusar al perito, entendiendo que el caso entraría entre los supuestos que establece el Código Procesal Penal.

Es de entender que el fiscal trataría de evitar posibles nulidades futuras en el supuesto de mantenerse oculta esta situación. Que de esta manera el juez o la Cámara Federal deberán resolver si el perito de parte puede o no comenzar a actuar en el caso.

Resulta interesante apreciar hasta qué grado llega la necesaria objetividad e imparcialidad que deben tener los peritos, que a pesar que el fiscal es una parte del proceso y no quien juzgará el caso, el funcionario consideró necesario exteriorizar la situación y efectuar el planteo.

Más allá del resultado final de esta incidencia, entendemos que la cuestión conlleva más una cuestión ética de cada profesión o función, que un impedimento procesal. Entendemos que el supuesto no alcanza para hacer lugar a la recusación del perito, pero ello no obsta a que le comprenda a este un impedimento ético por asistir a dos partes contrarias en un mismo proceso.

De cualquier manera, es un interesante caso de ejercicio profesional pericial con un contenido ético y académico de valor doctrinario. Un dato adicional sería, conocer la resolución final que pudiera tener este caso.

Fuente: Diario La Nación del 14 de marzo de 2012

14.3.12

Ricardo Jaime: Con retraso se dispuso la pericia contable



Los peritos contadores de la Corte Suprema examinan sus cuentas y las de su familia para determinar si se enriqueció ilícitamente cuando fue secretario de Transporte.
El juez Norberto Oyarbide ordenó el inicio del peritaje contable para determinar, si como lo dijo el fiscal Carlos Rívolo, el círculo familiar y de negocios no pudo justificar bienes por una cifra cercana a los $12.000.000.
El juez les dio a los peritos 20 puntos de pericia para realizar una verdadera radiografía de los bienes que desde 2003 y hasta julio de 2011 (dos años más de lo que Jaime estuvo en el cargo) consiguieron tanto él como quienes lo rodeaban.
El peritaje deberá establecer si Silvia Reyss, ex pareja de Jaime, tenía ingresos para comprar tres autos, un yate, un departamento en Río Gallegos, una casa en un country en Córdoba, las acciones de la empresa que armó con sus hijas, un departamento en Florianópolis. También se debe explicar cómo hizo Julieta Jaime una de las hijas del ex funcionario para comprar una casa en Carlos Paz con sus magros ingresos. Se debe determinar cómo hizo María Filomena Pfaffen, 82 años, madre de Reyss y jubilada, para adquirir una casa en un country en San Isidro-que usaba Jaime- por un valor de $450.000. Un ejecutivo de la Terminal de Retiro, a la que Jaime debía controlar, compró en comisión esa casa en San Isidro para que la anciana descansara a más de 2000 km de su hogar en Río Gallegos.
De los 20 puntos que Oyarbide pidió que los peritos analicen hay varios que se relacionan con el empresario Claudio Cirigliano, quien tuvo con Jaime un vínculo muy cercano, a pesar de que el ex secretario debía controlar a las empresas del Grupo Plaza y Trenes de Buenos Aires (TBA). Por ejemplo, los peritos deben determinar cómo fue la compra de un yate de U$S 1.000.0000 que se investiga si es de Jaime:en esa operación participaron allegados a Cirigliano. Un auto y la lancha que estaban a nombre de Reyss tenían domicilio en una oficina ligada a Cirigliano. La compra de un avión de U$S 4.000.000 que Jaime usaba como propio y se cree que adquirido con el aporte de varios empresarios del transporte también entró en el peritaje.


10.3.12

Bonadio ordenó un peritaje para determinar cómo gastó la empresa los fondos recibidos



En casos excepcionales, trascendentes y complejos los jueces suelen designar más de un perito oficial de la Corte Suprema para actuar en las pericias.

En momentos en que el plantel del Cuerpo de Peritos Contadores está reducido a la mitad, dado que solo once contadores atienden todos los casos de delitos económicos que llegan a la justicia penal, ahora se suma éste mega peritaje, que además tiene el aditamento de la urgencia que le ha trasmitido la presidente y que requiere la sociedad, en especial las víctimas y familiares. Además el juez fijó un plazo de 30 días para su realización.

La pericia pide un análisis de cinco años de operaciones de fondos provistos por el Estado en concepto de subsidios, y de la aplicación que la empresa concesionaria realizó de esos recursos. El alcance de la pericia contable se extiende a la CNRT al solicitar información sobre la reacción del organismo de control en relación a los desvíos de fondos y las sanciones aplicadas.

La decisión de Bonadío colisiona con la acordada de la Corte que dispuso que los jueces no pueden indicar qué perito contador interviene en un determinado caso, sino que ello debe surgir de un sorteo informático, razón por la cual habrá que ver cómo se conforma la comisión pericial de peritos oficiales. Ello tiene su origen en la pericia que se realizó en la causa por enriquecimiento ilícito de los presidentes.

Seguidamente agregamos la nota del diario La Nación, que abordó este tema.

La Justicia investiga si existieron "desvíos" en los subsidios a TBA



El juez federal Claudio Bonadio ordenó determinar si hubo "desvíos" en los subsidios que recibió del Estado, desde 2007 hasta hoy, Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria que tenía a su cargo el tren de la tragedia de Once.


También que, de constatarse esos desvíos, se le informe cuál fue la reacción de la autoridad de control: si éstos fueron "observados" y si "se concretó alguna acción legal correctiva". Entre 2003 y 2010, TBA cobró 1924 millones de pesos en concepto de subsidios, que en los últimos años se convirtieron en los principales ingresos de la empresa.
Bonadio encomendó la tarea, anteayer, a un colegio de peritos, que, por orden del juez, deberá estar presidido por el decano del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, Héctor Chyrikins, y otros dos expertos oficiales que se designarán por sorteo. Bonadio pidió que lo hicieran ellos "en virtud de la excepcionalidad de la presente causa en razón del interés público comprometido en virtud del fallecimiento de 51 personas y la existencia de más de 700 personas heridas".
Se tratará de un gigantesco peritaje que deberá responder, en un plazo de 30 días, a 17 puntos detallados por el juez. Hasta ahora, Bonadio se había concentrado en averiguar cómo fue el choque, en qué estado estaba el tren y qué responsabilidad le cabía al maquinista. Para eso, dispuso el primer peritaje, que está en manos de un grupo de expertos en ingeniería ferroviaria.
El nuevo estudio que dispuso avanza, en simultáneo, en otra línea de investigación: las condiciones del servicio. Determinar, por lo pronto, si la empresa concesionaria manejó como debía los millones que recibió del Estado y, de no haber sido así, qué hizo el Gobierno al respecto.
Esta línea fue señalada, desde sus primeras presentaciones en la causa, por el fiscal Federico Delgado, que le había solicitado al juez que se hiciera de los documentos de TBA e investigara cómo gastó la empresa los fondos públicos que recibió.
Pero, entonces, para Bonadio aún no era el momento de pensar en los subsidios. Esta diferencia provocó el primer roce entre el juez y el fiscal, que hoy están abiertamente enfrentados. Hasta tal punto que esta semana Delgado acusó por escrito al juez de esconderle el expediente e impedirle cumplir con su "rol de acusador". El peritaje contable ordenado por Bonadio anteayer deberá elaborar una tabla con todos los subsidios, identificados uno por uno, que recibió TBA desde 2007, agrupados por mes y por línea ferroviaria; la norma legal que autorizó a entregarlos y el destino previsto.
También, los ingresos recibidos por la compañía "por otros conceptos" (por ejemplo, pasajes) y cada uno de los gastos en los que incurrió, con especial detalle en lo que respecta a los de mantenimiento.
Además, el juez pidió determinar si existieron distribuciones de dividendos entre los accionistas de TBA y si se pagaron honorarios a los miembros del directorio de la compañía. Cómo se aprobaron, cuándo y por qué montos.
También, que "informe si resulta cumplido el destino de los fondos conforme a los programas previstos y determine los desvíos observados, si los hubiere". De ser así, que se indague si tales desvíos fueron subsanados, si los observó la "autoridad de control" y si dispuso alguna sanción.
El juez notificó del peritaje a las partes del proceso que -según prevé la ley- podrán designar sus peritos. Como el Estado fue aceptado como querellante por Bonadio la semana pasada, el Gobierno tiene derecho a elegir a un experto de su confianza para participar del estudio.
Por Paz Rodriguez Niell
Fuente: La Nación

El Diario Tiempo Argentino abordó el tema:


El juez Bonadío ordenó investigar las cuentas y el patrimonio de TBA

El magistrado ordenó una pericia contable para conocer qué ingresos recibió la concesionaria en materia de subsidios estatales



En la causa caratulada “Córdoba, Marcos Antonio s/descarrilamiento”, está claro que para el juez el conductor del tren no es el principal responsable de la tragedia. De hecho, ordenó una pericia contable para determinar qué ingresos percibió la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) por subsidios estatales y tarifas por pasajes, para determinar la situación patrimonial de la firma de los hermanos Cirigliano. Con esos datos, el punto siguiente de la pericia será establecer cuánto invirtió en “mantenimiento del material rodante y sistema de vías”.

La ecuación tiene una tercera pata, que se desprende de documentación que el juez ya analizó: qué obligaciones asumió la empresa.

La pericia consta de 20 puntos. Si bien el juez aspira a que los resultados fluyan rápidamente, lo cierto es que el trabajo no comenzará de inmediato. Bonadío notificó a todas las partes y les informó que pueden designar peritos de parte para que intervengan en las experticias, con el objetivo de garantizar el control de la prueba.

Por su parte, el Diario Página12, agrega:


Hora de peritajes contables




Que los peritos informen para qué se usaron en cada caso y si cumplieron la finalidad establecida o si hubo “desvíos”; también solicitó que precisen otros ingresos y todos los egresos de dinero.

Requirió a la vez precisiones sobre los montos de dividendos y honorarios que distribuyó la empresa a accionistas y directores respectivamente; pidió determinar, por último, qué tipo de controles hubo sobre los subsidios desde la Secretaría de Transporte y si realizó observaciones o impuso sanciones de algún tipo. En total son 17 puntos de pericia.

Los investigadores cuentan con los libros contables de TBA, que la Justicia ya secuestró. Las cifras de subsidios se compararían con informes de la Jefatura de Gabinete.

El juzgado también dispone de todos los informes de los últimos años de la AGN, que incluso el propio titular, Leandro Despouy, fue a explicarle en persona a Bonadío. En el más reciente, que abarca la gestión de TBA hasta 2010, la auditoría dice que en siete años recibió transferencias del Estado por 1924 millones de pesos; los subsidios, añade, aumentaron un 146 por ciento entre 2006 y 2010. En 2003 representaban el 33 por ciento de los ingresos de TBA y seis años después llegaron a representar el 75 por ciento.

Ahora los peritos de la Corte tendrán que sacar sus propias conclusiones y evaluar los mecanismos de control aplicados.

En una nueva nota Página 12, amplía:


Bonadío tendrá los peritajes contables de TBA en un mes

El juez federal Claudio Bonadío fijó un plazo de 30 días para que los peritos de la Corte Suprema presenten los resultados de los estudios contables sobre los “subsidios y tarifas percibidos” por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), desde 2007, y lo “invertido en mantenimiento del material rodante y sistema de vías”. 

Además, el juez solicitó que se determine si la asamblea de TBA aprobó el pago de dividendos y honorarios a los integrantes del directorio de la empresa, que preside Claudio Cirigliano.



“Dispóngase un plazo de treinta días para la realización del presente peritaje”, consignó el juez en la resolución dirigida al decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, Héctor Chyrikins, a quien encomendó la realización de los estudios. 

En los detalles a dilucidar, Bonadío también solicitó que se detalle cuáles fueron las integraciones del directorio de TBA, desde 2007 hasta la fecha.

Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado criticó a Bonadío por "una suerte de apropiación" de la causa penal "desde el 6 de marzo al menos". La acusación de la fiscalía apunta a que, desde ese día, el magistrado no responde a los pedidos de Delgado para ver la causa y obtener fotocopias de las fojas para "intervenir y asistir" en la investigación.


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9.3.12

El juez impone el secreto del sumario a los peritos



El juez Claudio Bonadío dispuso el secreto del sumario para que los peritos  no informen a nadie acerca de los temas técnicos relacionados con el avance de la pericia.

Lo hizo, según dice la resolución, con la finalidad de evitar la propagación de resultados parciales.


Los medios periodísticos dieron a conocer el resultado de una "pericia preliminar", una vez que los expertos verificaron los últimos cuatro vagones del tren colisionado.


Preocupa al juez que con su difusión se quiera construir e imponer mediáticamente una versión que luego no se ajuste con la realidad, según dice la resolución.


Así las conclusiones de los distintos peritajes o constancias de la causa quedarían confrontadas con la “imagen mediáticamente construida” que el conjunto de la población se haya hecho.


Recuerda Bonadío la obligación de mantener reserva por parte de los peritos de todo aquello que llegue a su conocimiento como resultado de las diligencias periciales.


Trae a cuento que se produce la derogación en el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales en la fase de investigación del proceso penal, y sostiene que dicho principio de publicidad no es aplicable.


Que la fiscalización del público, a todas las fases del proceso penal, sino tan solo al juicio oral que lo culmina y al pronunciamiento de la Sentencia, dice el magistrado.


Dice que lo que se pretende con el secreto sumarial es evitar los denominados juicios paralelos.


Que esta medida -dice Bonadío- en ningún modo obsta o entorpece la labor de los peritos de oficio o de parte, ya que sólo restringe lo que los mismos pueden comunicar a las partes respecto de los estudios parciales que se realicen para cumplir con la manda pericial.
Que con la finalidad de evitar que la propagación de resultados parciales generen confusión y sean utilizados en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población en general, se habrá de disponer el secreto de la marcha de dicha medida hasta su conclusión.


Días pasados en esta misma causa se produjo una reacción de la Asociación de Magistrados, que emitió un comunicado cuando la Presidenta de la Nación señaló por cadena oficial que esperaba que la pericia técnica  no demore más de quince días, según publicamos en este mismo Blog.
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8.3.12

Una década de progresos de la AGN


La Auditoría General de la Nación cumple 10 años de una misma línea de trabajo de este organismo que controla la actividad del Estado en la República Argentina.

Sin temor a equivocarnos podemos decir que en el año 2003 la AGN era un organismo cuya labor no se traducía en aportes sustanciales en materia de control y sus informes no tenían las características necesarias para adoptar decisiones tendientes a mejorar la gestión de gobierno.

Con el correr del tiempo, la tarea fue mejorando, tanto en la cobertura de los organizamos controlados, como en la calidad de los trabajos de auditoría y en especial en la claridad y utilidad de los informes que coronan una labor.

No solo comprendieron las auditorías contables, sino que se extendieron a las auditorías de gestión y las de naturaleza técnica.

La diversidad de los organismos y actividades comprendidas no fue un obstáculo para el cumplimiento de una labor de utilidad creciente en el tiempo.

Corresponde señalar que a medida que la tarea de la AGN fue mejorando en su contenido y presentación, lo que acompañaron con una constante independencia en su actuación respecto de los entes controlados y personas e intereses comprometidos, fueron crecientes las presiones que intentaron morigerar las conclusiones de los dictámenes hasta llegar a producir acciones tendientes al desplazamiento de su titular.

Como premio a ese esfuerzo la propia Corte Suprema eligió voluntariamente a la AGN Argentina como organismo voluntario para que la controle, como una muestra de confianza y trabajo republicano.

Resultó muy difícil mantenerse en el cargo de presidente de la Auditoría y conservar la independencia y rigurosidad de los informes. Desde el retaceo de la información, la utilización de otros organismos para crear disputas y los más disimiles intentos de cambiar la línea de trabajo resultaron ser constantes con las que el organismo tuvo que convivir.

No solo se mantuvo el nivel y profundidad de las tareas, sino que cada vez se fue perfeccionando un poco más la información producida, pensando siempre en el ciudadano de a pie.

Si bien todo este esfuerzo tiene un líder que es el presidente de la AGN, quisimos aquí resaltar una década de trabajo conjunto de toda una institución, que ha venido cumpliendo sin desgano con una difícil tarea.

Contadores Forenses ONG agradece a la Auditoría General de Nación el trabajo realizado y espera que más allá de las personas y los intereses políticos, el control siga siendo independiente y riguroso, y se constituya en una política de Estado, pues lo necesita un país en desarrollo, con una democracia jóven como Argentina.


6.3.12

Subsidios a TBA por 550 millones de dólares. La AGN señala deficiencias en TBA y formula recomendaciones


La Auditoría General de la Nación realizó un detallado informe relacionado con los servicios públicos ferroviarios prestados por la empresa TBA, que se encuentran en la órbita de la Secretaría de Transporte y con el control de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).

Sobre el final, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
  • Aplicar las sanciones contempladas en la normativa que rige la ejecución de las obras, ante los incumplimientos detectados que así lo ameriten.
  • Intimar a TBA para que de cumplimiento a las tareas de mantenimiento.
  • Impulsar los procedimientos para efectivizar la aplicación de las sanciones.
  • Evaluar la posibilidad de dar a publicidad las sanciones impuestas por la CNRT.
  • Despejar la incertidumbre respecto de las solicitudes de redeterminación de precios de las obras, de modo de contribuir a normalizar los atrasos verificadas en su ejecución.
  • Exigir en tiempo y forma la presentación de la documentación.


Subsidios

TBA es una empresa que se sostiene de los subsidios que le aporta el Estado, y en una mínima parte de los servicios de transporte que deberían ser el fuerte de su actividad. Podríamos decir que en lugar de realizar una actividad de transporte con subsidio, la subvención del Estado a través de los subsidios se ve acompañada con una mínima actividad de transporte. 

Los ingresos por "subsidios" de la empresa TBA pasaron entre el año 2003 y 2009 de ser el 33% al 76%. Es decir, la mayor actividad que realiza la empresa es la de obtener subsidios provenientes del Estado, y tan solo un 16% provienen del transporte. Por cada $100 ingresados en TBA, $76 provienen de subsidios. El resto son conceptos diversos.

Ahora bien, es de suponer que el subsidio pagado por pasajero, debe ser siempre el mismo, salvo el ajuste por la inflación. Pues no fue así. A valores constantes los subsidios que el Estado pagó a TBA, entre 2003 y 2009, se quintuplicaron (aumentaron el 462%).

Los subsidios pagados por el Estado a TBA entre 2003 y 2010 ascienden a $ 1.924.625.755,67 que equivale a unos 550 millones de dólares.

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Concurso de Peritos Contadores Oficiales - Nota III


Se espera que en corto plazo se complete la circulación entre los ministros de la Corte Suprema, del expediente N° 7386/2011, en el que se dispuso el llamado a concurso para cubrir diez cargos de peritos contadores oficiales.

En estos momentos la Dra. Elena Highton de Nolasco tiene en estudio el expediente y solo resta que lo analicen los Dres. Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.

Se estima que en breve plazo dará comienzo el concurso para la selección de contadores públicos que se desempeñarán como peritos oficiales y se sumarán al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales.

Tal como informamos anteriormente, mediante la Acordada N°16 del año 2011 se  reglamentó el procedimiento que seguirá el trámite del concurso, los requisitos, la forma de evaluación y puntuación de los postulantes.

En atención a la disminución del número de miembros del cuerpo pericial y la cantidad de vacantes, se hace necesario completar el concurso para reforzar la dotación de expertos, tal como lo informamos poco tiempo atrás.

Reviste una especial importancia la tarea de selección de profesionales, pues quienes ejercerán la función, emitirán dictámenes sobre los temas financieros y contables más trascendentes de los próximos tiempos, que incidirán en las decisiones judiciales en materia de delitos económicos.

5.3.12

Protección de testigos: solicitamos se otorgue este beneficio a quienes luchan contra la trata de mujeres


Contadores Forenses junto a cinco ong´s y 18 referentes de la sociedad, solicitamos al juez federal que otorgue el régimen de "protección de testigos" a Gustavo Vera, titular de "La Alameda" y un grupo de testigos.

Todos ellos tienen en riesgo su vida por las denuncias realizadas en relación al establecimiento nocturno Madahos del barrio de Recoleta, presentada en el jugado federal n°2 a cargo del Dr. Marcelo Martínez Di Giorgi.

En una nota anterior hemos incluido información suministrada por la Fundación La Alameda, donde se dan detalles de los hechos denunciados.
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1.3.12

Préstamo de expedientes y pago de honorarios en exhortos


Los peritos de oficio en la Provincia de Buenos Aires padecen desde siempre los tratos inadecuados por parte de muchos juzgados y tribunales.

Resulta elemental que un auxiliar del juez cuente con todas las facilidades que le permitan disponer de todos los elementos de juicio para realizar su dictamen contable de la mejor forma que resulte posible.

Para ello es necesario que se le faciliten los expedientes y documentación para estudiarlos, en todos los casos que así se requiera.

Las normas legales que regulan la actividad de los profesionales así lo establecen en forma taxativa. También así lo ordenan las normas reglamentarias de la Suprema Corte.

Sin embargo, es habitual que se retacee el préstamo y facilitación de la tarea del perito contador.

Otro problema grave, que se arrastra desde hace muchos años, no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino en varias jurisdicciones del país, tiene que ver con la desprotección del perito en las actuaciones judiciales en exhortos que provienen de otras provincias. Terminado el trabajo, muchos tribunales devuelven los expedientes a la provincia de origen, sin dar tiempo a que el perito perciba sus honorarios y haciendo casi imposible que ello ocurra en el futuro.

Por tal razón, tanto las normas legales como las reglamentaciones de la Suprema Corte indican que no se debe autorizar ninguna devolución de expediente sin que antes el perito hubiere reconocido expresamente que percibió la totalidad de sus emolumentos.

La Suprema Corte recuerda a los magistrados de la Provincia de Buenos Aires, el 6 de febrero de 2012, que están vigentes las regulaciones que establecen el préstamo de expedientes y la no devolución de estos en casos de exhortos, hasta el cobro por el perito.


Resolución 2659/04 de la SCJPBA

28.2.12

La realización de las pericias tienen sus tiempos y procedimientos




La Asociación de Magistrados emitió el siguiente comunicado, en respuesta a lo manifestado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sugiriendo un plazo de quince días para la realización del peritaje que establezca responsabilidades en el accidente ferroviario producido en la Estación Once.


Los jueces tienen a su cargo la dirección de los procesos y asegurar que se lleven adelante con celeridad. Deben evitar dilaciones y demoras indebidas, cumplir y hacer cumplir los términos procesales.

Los peritajes no se encuentran entre sus funciones, sino que son encargados a técnicos, y la complejidad de la tarea es la que determina cuales son los tiempos necesarios para arribar a las conclusiones.

Sólo quien tiene a cargo cada causa y decisión jurisdiccional puede fijar dichos plazos y no son válidas requisitorias formuladas desde otros poderes y fuera de los procesos puntuales en los que las partes interesadas pueden plantear sus pretensiones. Exigencias externas a esos procesos solo pueden generar incertidumbre, confusión y desconfianza en la Justicia.


COMUNICADO N° 007/2012 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación

El FBI contrató 250 contadores forenses e impulsa la investigación de los delitos de cuello blanco







El actor Michael Douglas y el FBI, juntos contra los delitos financieros


Se busca prevenir a los futuros inversionistas del riesgo de invertir sus ahorros en productos poco seguros; el fraude financiero ha aumentado un 52 por ciento respecto de 2008.

El FBI busca prevenir a los futuros inversionistas del riesgo de invertir sus ahorros en productos poco seguros. Y para ello, ha contratado los servicios del actor Michael Douglas, protagonista de una nueva campaña contra el fraude financiero.

La cantidad de evasión fiscal ha aumentado un 52 por ciento respecto del año 2008, haciendo una totalidad de 1800 casos hacia fines del 2011, según esta oficina federal norteamerciana, muy preocupada por este crecimiento.

Con la frase "La avaricia es buena", extracto de su película "Wall Street", el actor intenta apelar a los escrúpulos de los inversores que comenten dichas ilegalidades. "Si un acuerdo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente así lo sea", advierte en el anuncio.

En su mensaje, Douglas recomienda recurrir a las oficinas federales locales para dar pistas o denunciar casos del uso de información privilegiada, como sucede en el film en el que encarnó a un ambicioso agente de bolsa neoyorquino. Por esta actuación ganó el Oscar a mejor actor, muchos años antes de que las prácticas sobre hipotecas basuras de algunas firmas de Wall Street llevaran a la crisis financiera de 2008. 

Michael Douglas recomienda denunciar al FBI los casos de uso de información privilegiada, al igual que sucede en su película "Wall Street" Kevin Perkins, asistente del FBI y director de la oficina de investigación criminal, comento que la agencia federal comenzó a enfocarse en el crimen financiero, por lo cual han contratado a 250 contadores forenses.

Por otra parte, Timothy Gallagher, jefe de la sección Crímenes Financieros, indica como la oficina opera en estos momentos como un centro de inteligencia para indicar los lugares donde se evidencia más actividad criminal.

Con Michael Douglas como cara visible, el FBI busca alertar a los norteamericanos: "Nuestra economía es cada vez más dependiente del éxito e integridad de los mercados financieros", asevera el actor.

Fuente: Diario La Nación

27.2.12

Gustavo Vera líder de La Alameda podría ser asesinado


Un luchador contra la trata de mujeres y los talleres de trabajo clandestino y esclavo, tiene en riesgo su vida por realizar muy bien su trabajo desinteresado en favor de la sociedad.


Reproducimos la nota publicada en el Blog de la Fundación La Alameda.

Escrache al prostíbulo Madaho´s


LA MAFIA DE MADAHOS PLANIFICA ASESINAR A GUSTAVO VERA 

Y A TESTIGOS DE IDENTIDAD RESERVADA










El viernes 24 se presentaron ante una escribania, varios testigos de identidad reservada de la causa que la Alameda impulsa contra Madahos y otros prostìbulos «vip`» de Recoleta desde el pasado 2 de febrero.

La causa que se tramita en el juzgado Federal N° 2, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi, secretaría N° 3 bajo el expediente 990/12, investiga el narcoproxenetismo en varìos locales nocturnos de Recoleta y en la misma la Alameda aporta datos, filmaciones y testigos con reserva de identidad. Es de pùblico conocimiento ademàs, que la Alameda acompaña a una ex victima de estos locales, Carina Ramos, que ya habìa impulsado en noviembre pasado una denuncia similar en el Juzgado de Canicoba Corral.

Los testigos revelaron ante escribano pùblico y para luego ser presentado ante el juzgado federal y el Ministerio de Seguridad de la Naciòn que los dueños de Madahos Mario Sasain, Daniel Fay, Gustavo Gonzalez y especialmente uno de los lugartenientes de ellos, Julian De Nicolo tuvieron varias reuniones en el local denunciado en las noches del 3 y 4 de febrero en las que a viva voz manifestaron su intenciòn de «dar vuelta» a Gustavo Vera y todos los que esten involucrados en la denuncia que se presentò el 2 de febrero. Los testigos aclararon que en el lenguaje de la noche «dar vuelta» significa matar, asesinar. También denunciaron que ellos han recibido graves amenazas verbales y telefònicas de esta gente, asi como también otros que no son testigos pero que los dueños sospechan que si. De hecho, en el acta notarial, los testigos hacen constar que los dueños de Madahos y Julian de Nicolo han elaborado una «lista negra» con varias personas que ellos consideran que podrìan estar colaborando con la denuncia de la Alameda y han comenzado a amenazarlas.

Los testigos tambièn manifestaron ante escribano pùblico que a la noche siguiente de la denuncia penal y al escrache de la Alameda, el abogado de los dueños de ese local, el Dr Claudio Lifchitz se reuniò con dos de los dueños y los gerentes de Madahos y manifestò «que se queden tranquilos que ya està todo arreglado con el juzgado». A la noche siguiente, concurrieron dos inspectores del Gobierno de la Ciudad a Madahos que ingresaron y subieron al primer piso para reunirse con Julian De Nicolo y Horacio Rosetto y luego se retiraron sin hacer acta de inspecciòn alguna. El sàbado a la noche fue el turno de gente « de la brigada» de la policia federal que tambièn se reunieron en el primer piso con De Nicolo y Rosetto sin hacer procedimiento alguno.

Los testigos sostienen que las amenazas son serias y que temen por la vida y seguridad propia y de sus familias y que estàn dispuestos a ratificar todo lo dicho en sede judicial y ante todos los organismos que correspondan.
La Alameda hace pùblico el contenido del acta notarial y alerta sobre las amenazas de muerte que han sufrido tanto su titular Gustavo Vera como los testigos de identidad reservada y sobre las extrañas reuniones con funcionarios pùblicos con los imputados en los dìas posteriores a la denuncia penal y al escrache.

Gustavo Vera


Gustavo Vera amenazado por las mafias narcotraficantes y proxenetas
La Alameda denuncia que siendo 27 de febrero aùn no se nos ha citado a ratificar la denuncia y aportar todas las pruebas y testigos ofrecidos en la presentaciòn inicial, todo esto en el marco de la jactancia pùblica de los dueños de Madahos y su abogado de que «esta todo arreglado».

La Alameda hace responsable al Juzgado del Dr Martinez Di Giorgi y al Ministerio de Seguridad por la vida e integridad fìsica de Gustavo Vera y los testigos de identidad reservada ofrecidos en la causa y convoca a la ciudadania a manifestarse por todos los medios posibles para terminar con la trata y el narcoproxenetismo y con la corrupciòn municipal y policial que los sostiene.

La Alameda ratifica que seguirà denunciando y aportando pruebas contra esta mafia y que no se dejarà amedrentar por los sujetos que estàn acostumbrados a cometer delitos con total impunidad y publica sus nombres y apellidos tal como constan en el acta notarial.






25.2.12

Tragedia en Once: empresas que se enriquecen, funcionarios que acompañan y controles que no funcionan




El choque del tren en la Estación Once de la ciudad de Buenos Aires dejó el luctuoso saldo de 51 argentinos muertos, más de 700 heridos, miles de amigos y familias afectadas, además de toda una sociedad indignada.

Desde este blog trataremos de aportar una mirada desde el manejo de los fondos públicos y las decisiones que inciden en las cuestiones económicas.


Subsidios: La Auditoría General de la Nación (AGN) anuncia la finalización de un informe que analiza el análisis del cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de la seguridad pública y operativa, verificación de los costos de referencia y evaluación de los controles realizados en el marco de la redeterminación de los subsidios, período 2007-2009.

El fiscal Delgado dirige su mirada hacia allí, hacia quienes desviaron dineros públicos.


Responsabilidades: Resulta que los informes de la AGN tienen como destinatarios los legisladores, que nada han realizado con ellos, ni siquiera los que pertenecen a partidos no oficiales. Todo lo demás ha funcionado igual que el resto de los controles, es decir, no han existido, se han eludido permanentemente.

Causa Judicial: Ya en el arranque de la causa el fiscal Delgado se diferenció del juez Bonadío. Delgado pide se investiguen los subsidios pagados y el destino que le dio TBA a dichas sumas, mientras Bonadío desentendió al conductor del tren luego de una declaración que aseguraba que los frenos fallaron y que ya venían con fallas de otra estación, y que los problemas de mantenimiento venían siendo advertidos.

Gobierno: Formaría parte de un esquema de entrega de subsidios sin control y se deja flotando la connivencia de funcionarios. La cercanía de la relación con el titular del concesionario y la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación, a punto de compartir viajes presidenciales al exterior, muestran vínculos muy aceitados a alto nivel, debiendo determinarse hasta dónde han llegado.

Pruebas:
AGN: En la página web señala que entre las audtorías en trámite tienen:
  • MPFIPyS y/o ST - Verificar la gestión y cont. realizados en los proced. de contrataciones de material rodante serv. ferrov.en el marco de los Tratados internacionales - 2004/2010 - y su posterior adm.
  • ST-CNRT- Est. Esp. transp. autom. pasaj. conformación empresarial y verificación estado  permisos explot. otorg.a las operadoras de transp. urbano de pasaj.-AMBA- a det - Estudio Especial
  • Secretaría de Transporte - Comisión Nacional Regulación del Transporte - CNRT - Trenes de Buenos Aires S.A.  - Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Gestión
Además, el Colegio de Auditores de la AGN, en el acta n° 22 del 27 de diciembre de 2011 señala:


Se encuentra en ejecución el proyecto de auditoría, Secretaría de Transporte, CNRT y TBA, cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento de la seguridad pública y operativa, verificación de los costos de referencia y evaluación de los controles realizados en el marco de la redeterminación de los subsidios, período 2007-2009.


Se está realizando el análisis de la vista otorgada por el organismo auditado. El 19/12 ingresó el descargo.


El proyecto de informe contempla casi la totalidad de los items pedidos por la Comisión Parlamentaria Mixta.




El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, dijo el 27 de febrero de 2012:
Es posible que este hecho marque un punto de inflexión para el cambio.
El Estado debe controlar la afectación específica de los subsidios a los fines a que han sido aplicados en función de los objetivos previstos, tales como mantenimiento, seguridad, etc.
Con el informe de auditoría del año 2008 el Estado se encontraba en condiciones de rescindir el contrato de concesión del Ferrocarril Sarmiento, pero no lo ha hecho.

Esta nota continuará en los próximos días

15.2.12

Concurso para Perito Contador Oficial en Resistencia




El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco llamó a concurso abierto de oposición y antecedentes a fin de cubrir un cargo de jefe de división con funciones de perito contador oficial en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Resistencia.


Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado; tener 25 años de edad como mínimo; poseer título de contador público expedido por universidad nacional o privada reconocida oficialmente; matriculado con 5 años de ejercicio en la profesión; residencia efectiva en la I circunscripción judicial; carecer de antecedentes penales y de sanciones profesionales.
Las solicitudes de inscripción se recibirán hasta el 18 de noviembre en la Secretaría de Superintendencia, a través de la mesa de entradas del STJ.
 Para concretar la inscripción se deberá presentar una nota de pedido adjuntando: CV (con fotocopias simples de cursos, congresos, certificados, etc. que acrediten lo expuesto); certificado de domicilio de la provincia del Chaco; fotocopia del título de contador público; fotocopia de DNI, constancia de buena salud, certificado de conducta emitido por la policía del Chaco; constancias de matriculación, de antigüedad en el ejercicio profesional y de sanciones disciplinarias, extendidas por el órgano encargado del gobierno de la matrícula; además de cumplir con los demás requisitos exigidos por el Reglamento Interno del Poder Judicial. 


7.2.12

Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina



Constitución Nacional (art. 85)

El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.



La dirección se encuentra a cargo de un presidente, un colegio de seis auditores generales y las comisiones de supervisión.
El organismo cuenta con nueve gerencias, la auditoría interna y la secretaría de asuntos institucionales y legales.
Trabajan en el organismo 600 personas, entre profesionales y personal auxiliar.
Las gerencias son las siguientes:
  • Control de gestión del sector no financiero
  • Control financiero del sector no financiero
  • Control del sector financiero y recursos
  • Control de entes reguladores y empresas prestadoras de servicios públicos
  • Control de deuda pública
  • Control de transferencias de fondos nacionales
  • Control de cuenta de inversión
  • Planificación y proyectos especiales
  • Administración y finanzas
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Los controles que no funcionan


El Estado argentino cuenta con suficientes controles. Los encontramos en los tres poderes del Estado.

Poder Ejecutivo
Cantidad de contadores, economistas, auditores, inspectores e investigadores integran la Contaduría General de la Nación (CGN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Todos ellos dedicados al control interno y de gestión, de las transacciones que realizan las diferentes dependencias del Estado.

Además, se les suman otros organismos que coadyuvan a efectuar controles, análisis e investigaciones, tales como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA), la Sueperintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Poder Legislativo
El control externo se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el organismo que asiste al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales, que resulte completa, clara y veraz.

Poder Judicial
Dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, se trabaja en la investigación de hechos delictivos. Se hace a través de estructuras propias y también con la ayuda de oficinas auxiliares.

Los 12 juzgados federales de la Capital Federal y muchos otros diseminados por el territorio nacional están dedicados a la investigación de casos criminales contra el Estado. Asimismo, las dos salas de la Cámara Federal y 6 tribunales orales federales.

Asimismo, dentro del Ministerio Público funcionan entidades con dedicación específica a estos casos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina de control de Delitos contra la Administración Pública, así como otras especializadas como Unidad Fiscal de delitos Tributarios y Contrabando, la Unidad Fiscal de delitos de Lavado de Dinero, la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, la Unidad Fiscal de delitos de la Seguridad Social, la Unidad Fiscal de delitos contra el PAMI y la Unidad Fiscal de delitos contra la Integridad Sexual y la Prostitución Infantil.

En ayuda del Poder Judicial, colaboran el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Procuración del Tesoro Nacional.

A pesar de estas super-estructuras al servicios del control de la administración pública y de las investigaciones delictivas, los sistemas de administración y control del Estado Nacional y el sistema judicial de investigaciones de delitos contra el Estado, funcionan -en general- con serias deficiencias.

6.2.12

La Policía Federal presenta pericia contable en la causa Sckoklender

La información sobre los movimientos de dinero asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas fue entregada al juez en un informe técnico realizado por peritos de la Policía Federal.

El juez federal Norberto Oyarbide comenzó a analizar el extenso informe realizado por la División Patrimoniales de la Policía. El estudio de ese documento será tomado en cuenta para resolver el pedido del fiscal Jorge Di Lello de llamar a declaración indagatoria a más de 60 acusados.

Se trata del primer informe integral relacionado con las maniobras que se les achacan a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como a varios socios y allegados de los exapoderados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Hasta ahora, Oyarbide contaba sólo con un estudio realizado por el Banco Central relacionados con determinadas cuentas bancarias, pero que no entrecruzaba los datos.

El juez le había encargado el 26 de octubre de 2011 a la fuerza de seguridad, la realización del estudio bajo la premisa de cruzar informes contables de la Fundación Madres, del Central, de la Inspección General de Justicia y de la AFIP, relacionados con movimientos financieros y cambios de cheques a cargo de los imputados en el expediente.

En paralelo el magistrado aguarda el resultado de una pericia contable, estudio que le encargó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema en conjunto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A través de ese peritaje, el juez espera establecer si hubo sobreprecios en la ejecución de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos, de Madres, o una eventual subejecución de las construcciones encargadas por el Gobierno nacional o las administraciones provinciales y municipales.

Oyarbide optó por reclamar los informes a la Policía Federal, la Corte y al Banco Centra,l en lugar de aguardar un estudio completo que preveía realizar la Auditoría General de la Nación (AGN).

En ese momento el juez hizo saber que prefería no estar sometido a los tiempos del órgano de control que maneja el radical Leandro Despouy. En cambio, la AGN arrancó con una auditoría a pedido del otro juez que estudia las obras de las Madres, Marcelo Martínez de Giorgi.

Hasta ahora, los informes del Central, los únicos incorporados a la causa, dieron cuenta de presuntos desvíos de fondos públicos por parte de socios o empleados de empresas cercanas a Schoklender, como Meldorek o Antártica Argentina.

El mecanismo detectado por la autoridad monetaria consistía en la supuesta derivación de recursos que salían del Estado nacional y que tenían como destino la fundación Madres, hacia compañías sospechadas de haber sido creadas al sólo efecto de absorber esos fondos. Y en el final de la cadena, el Central estableció que el dinero terminaba por ser cobrado por empresarios ligados a los Schoklender e incluso por empleados de escasos ingresos de las compañías señaladas.

Fuente: UBA y Ambito

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31.1.12

Pericia contable en Paraguay define la causa contra un Ministro de la Corte



Diario de Paraguay


Se reproduce la nota completa

Sugestivo peritaje de fiscalía para archivar investigación al ministro


Un sugestivo peritaje de las contadoras Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez, del Laboratorio Forense de la fiscalía, posibilitó el “archivo” de la investigación por enriquecimiento ilícito del ministro de la Corte Víctor Núñez, su esposa Julia Albertini y su hija Cathia Núñez. Además, la Contraloría General también dictaminó que “existe correspondencia de bienes”


La clave para que Núñez no posea “enriquecimiento ilícito” fue no atribuirle siete lujosos dúplex que la firma Animex -donde su esposa María Julia Albertini es directora- tiene en el barrio Villa Virginia de Lambaré y una casa de 300.000 dólares en el distrito de la Recoleta de Asunción, que está inscripta a nombre de la SA en los Registros Públicos.

Graciela Álvarez y Elizabeth Benítez concluyeron que esa firma tenía recursos financieros y que solo poseía como saldo en caja poco más de G. 15 millones.

Las profesionales iniciaron la pericia contable a Animex SA el 14 de julio de 2011.

Esa pericia concluyó: “los recursos financieros que sirvieron para solventar las inversiones y gastos de la sociedad Animex SA provienen de los ingresos generados por las actividades de la sociedad, tales como la actividad comercial, alquileres de inmuebles, los ingresos provenientes de la actividad ganadera, préstamos obtenidos de terceros y aportes de los accionistas, capitalizados y a capitalizar, conforme se observa en el resumen general de saldo en caja, según balance general y flujo de efectivo al cierre del 31 de diciembre de 2009, de G. 15.829.151...”.

De esta forma se descartó el enriquecimiento ilegítimo, porque supuestamente Núñez posee correspondencia de bienes y, por ende, se descarta el  lavado de dinero a través de Animex.

El dictamen fue trascendental porque con ese aval más el examen del contralor Rubén Velázquez y sus auditores, el fiscal de Delitos Económicos, René Fernández, solicitó el 27 de diciembre del año pasado la desestimación de la causa.

El “archivo” fue concretado la semana pasada por el juez penal de garantías de feria, Hugo Sosa Pasmor, quien interina a Humberto Otazú, juez penal de Delitos Económicos.
   
De esta forma, el resultado pericial del Laboratorio Forense del Ministerio Público está en duda porque una investigación periodística reveló el crecimiento económico de la firma Animex, y que sus bienes serían los del ministro. La sociedad anónima compró una residencia de 300.000 dólares (donde vive el ministro), siete dúplex en Lambaré y un campo de 800 hectáreas en la zona de Villa Oliva, por más de G. 1.300 millones.   

La credibilidad de la perita Graciela Álvarez sigue en juego porque debe expedirse sobre la fortuna del senador Víctor Bernal.

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24.1.12

Concurso de Peritos Contadores Oficiales - Nota II


El Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con una dotación de 22 Peritos Oficiales, que en la actualidad se encuentra reducido a la mitad, por las vacantes que se han venido produciendo.

Ante el cúmulo de causas penales que recibe este cuerpo y la complejidad de las mismas, el número de peritos resulta insuficiente, razón por la cual se hace necesario acelerar los pasos tendientes a cubrir los cargos.

El proceso de selección de peritos puede demandar aproximadamente un año, razón por la cual se prevé que la situación actual subsistirá durante todo el año 2012.

El concurso debe cumplir con una serie de pasos reglamentarios, tendientes a seleccionar a los mejores profesionales disponibles.

Resulta necesario, entonces, que la Corte Suprema realice la convocatoria para el llamado a concurso, para que se presenten los postulantes interesados.

En el informe de gestión del Alto Tribunal del año 2011, se anunció la realización del concurso, razón por la cual es de esperar que en breve plazo se anuncie el cronograma del concurso.
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