Confusión, dudas, opacidad, desinformación, tecnicismo, son algunos de los términos que nos vienen a la mente mientras analizamos algunas declaraciones juradas de funcionarios, subidas al sitio web de la Oficina Anticorrupción.
Su análisis para llegar a conclusiones pasó a ser una misión imposible.
Si lo viéramos desde la óptica de quienes impulsaron la reforma del año año pasado, diríamos: misión cumplida! Ahora sí que casi nadie podrá sacar muchas conclusiones, ni siquiera los más expertos.
Nos encontramos con rubros mezclados unos con otros, compleja
terminología tributaria, cálculos por diferencias o que siguen disposiciones
impositivas.
La propia presidenta Cristina Fernández explica al final de la
DJ 2013, explica de qué manera calculó el incremento en el valor de las sociedades que le
pertenecen y los criterios de valuación, basada en razones técnicas y escudada
en los impuestos a las ganancias y bienes personales, que no permiten
establecer con claridad el real incremento patrimonial de los funcionarios. Traducido: chino básico.
Antes de la reforma de la ley de declaraciones juradas, que
comenzó a regir el año pasado, la información brindada a los ciudadanos era
aceptable. En lugar de mejorar lo que ya existía, se degradó, a punto tal que
cada vez sabemos menos sobre el patrimonio de los funcionarios.
El formulario diseñado utiliza terminología tributaria por lo que el simple lector no entiende buena parte de lo que lee.
La nueva norma omite datos y bienes de familiares, de
sociedades, posibilita negocios incompatibles y mezcla monedas no homogéneas.
Esta mayor complejidad y confusión dificulta el control, las comparaciones y favorece las irregularidades y el fraude.
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